La calificación de la elección presidencial ocupó los discursos en el Congreso
El ritual del Informe deviene en protestas
La situación era ya insostenible con poblaciones asoladas por el crimen y policías frágiles
La lucha por la seguridad, decisión legal y ética: Calderón en su Informe
Sin mensaje político alguno, el documento ensalza logros y transformaciones en varios rubros
Los legisladores Ernesto Cordero y Jesús Murillo Karam reciben el sexto Informe de manos del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré
Foto Francisco Olvera
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 13
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 13
Sin mensaje político alguno dirigido al Congreso de la Unión, en su sexto y último Informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que la lucha por la seguridad
ha sido una decisión legal y ética, cuyo objetivo es recobrar la tranquilidad de los mexicanos, pues la situación era ya insostenible con poblaciones asoladas por el crimen e instituciones policiacas frágiles, vulnerables e incapaces frente a la delincuencia organizada.
Sin autocrítica, el Informe afirma que en los cinco ejes que integran el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se concretaron
transformaciones de fondoque han permitido a la población alcanzar mejores niveles de bienestar y desarrollo.
En materia económica, el documento sostiene que a pesar del difícil entorno financiero internacional, la economía de México está en una
etapa de crecimiento sostenido, basada en la conducción responsable de las finanzas públicas y un sistema financiero sólido y cada vez más incluyente.
En su último Informe, que consta de un compendio de 786 páginas, un anexo estadístico de otro tanto, un disco compacto y un resumen ejecutivo de 47 folios, el presidente Felipe Calderón no sólo se refiere a sus actividades en el último año, sino también presenta lo que a su juicio son los
los resultados más relevantesde todo su gobierno, iniciado el primero de diciembre de 2006.
Así, se refirió a los temas estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; democracia efectiva y política exterior responsable.
En la portada del Informe presidencial, todo en tono azul, aparecen diez integrantes –hombres y mujeres– del Ejército y de la Marina; en el centro, uno de la Policía Federal. Todos se muestran armados. Estas son las tres instituciones a las que ha recurrido el Ejecutivo federal para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El documento justifica que la necesaria intervención de las fuerzas federales, se dio debido a que regiones del país eran asoladas por el crimen, y las instituciones de seguridad y justicia eran frágiles, vulnerables e incapaces de hacer frente al problema de inseguridad.
Calderón afirmó que a casi seis años de gobierno se han registrado avances notables en esta materia.
El esfuerzo realizado permitió construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera, dice el documento.
Con una serie de cifras, el Informe presume avances en materia económica. Así, da siempre números positivos, y en algunos casos
históricos, en materia de crecimiento del producto interno bruto (PIB); expansión del empleo –con un millón 859 mil plazas formales en todo su gobierno registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social; inflación
ancladaen un bajo nivel, con 4.3 por ciento en promedio; crecimiento de los salarios mínimos y del poder adquisitivo; reservas internacionales sólidas y crecientes, y una estabilidad económica envidiable para no pocos países.
De manera similar, da cuenta de indicadores sociales en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos. Pero de manera especial en el tema de salud, en la que destacó principalmente la cobertura universal, gracias al crecimiento del Seguro Popular.
No deja de llamar la atención el poco avance que se observa en materia de seguridad o la incongruencia entre algunas de las afirmaciones hechas en el documento y los números que se dan en el mismo. Sólo una prueba de ello: se dice que por cada cien delitos federales cometidos, en materia de delincuencia organizada, sólo se logran 12.9 sentencias condenatorias, cuando en 2007 la cifra era de 21.2.
Además de lo que se perfila como un incumplimiento de su gobierno, sobre todo en materia penitenciaria. Se informa que los centros de reclusión construidos con financiamiento privado, a junio de 2012, apenas cuentan con un avance de 58.44 por ciento, por lo que se ve complicado que estén listos antes de diciembre, como ofreció inicialmente el gobierno federal.
En este caso están los centros penitenciarios de los estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora.
La democracia ha muerto; es una victoria pírrica de la corrupción
A la primera sesión de la 62 Legislatura faltaron 100 de sus integrantes
Inconformidad social
Legisladores se confrontan por resultados electorales y relegan Informe presidencial
Repudian la
justicia putrefactapor resolver a favor de Enrique Peña Nieto
Integrantes de #YoSoy132 protestaron afuera de la Cámara de DiputadosFoto José Carlo González
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 2
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 2
El sexto Informe de gobierno de Felipe Calderón fue ignorado por las bancadas del Congreso. Al iniciar los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura, la calificación electoral y la entrega de constancia de presidente electo a Enrique Peña Nieto ocupó los discursos y la atención de los representantes populares.
Los augurios de una sesión de Congreso General que pasaría por protestas que desbordaran la conducción de la ceremonia se limitaron a dos llamados al orden de Jesús Murillo Karam. Sólo cuando legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) desplegaron mantas y pancartas, y un monumental moño negro al pie de la tribuna, los priístas respondieron agitando banderitas tricolores.
Convocado para dar una primera revisión política al último Informe de Calderón, el Congreso se ocupó en repasar la coyuntura electoral.
Como en todos los años desde que Calderón asumió el poder, el secretario de Gobernación –en esta ocasión Alejandro Poiré– desahogó en cinco minutos la entrega del paquete con el Informe presidencial.
En el salón de protocolo del recinto legislativo, el funcionario dijo a Murillo Karam, presidente de la mesa directiva, que con la entrega del documento se cumplió la obligación constitucional de presentar un reporte del estado de la nación.
La rendición de cuentas y la transparencia son características esenciales de una democracia plena, afirmó. También entregó las iniciativas de reforma a las leyes Federal del Trabajo y de Contabilidad Gubernamental.
Murillo respondió:
muchas gracias, señor secretario. Recibimos los documentos, las dos partes, el Informe y las iniciativas.
A ese pasaje se redujo la ceremonia que todavía hace ocho años constituía el contacto público entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la lectura del Informe ante el pleno.
Como es usual en las sesiones, la de este sábado también se caracterizó por el ausentismo de legisladores. Acudieron 112 de los 128 senadores, y 416 de los 500 diputados.
Fue el coordinador del MC, Ricardo Monreal Ávila, quien marcó el rumbo de las posturass de las bancadas, porque antes la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, pretendió que con una frase en el mensaje de Nueva Alianza se corrigieran los días recientes:
llegó el momento de darle vuelta a la página de los agravios y mirar adelante.
En el contraste de las posturas, Monreal reprochó la
justicia putrefactaque desechó todos los argumentos del Movimiento Progresista y anticipó que con el fallo a favor de Enrique Peña se podría llegar al extremo de que a partir de ahora los presidentes ya no sean electos por el voto popular, sino
en subastas periódicas.
Punzante, el discurso de Monreal aireó en el pleno el recuento de las anomalías electorales que se documentaron desde el Movimiento Progresista y por su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
La nación, señores, está de luto. Asistimos a las exequias de la democracia, delineó. Desde las curules de los partidos aliados al Movimiento Progresista se inició el coro, que persiste después de seis años:
¡es un honor estar con Obrador!
Los priístas y sus aliados del Partido Verde simplemente observaron la escena. Se imponía la decisión del tricolor de dar y esperar respeto durante la sesión.
Aún así, para no perder la oportunidad de los reflectores, el PVEM puso el balón sobre la cancha al PRI, para festejar la condición de presidente electo de Enrique Peña Nieto. El senador Carlos Puente, integrante de la telebancada, inició su discurso con la frase que avivó el griterío en las filas priístas.
Hoy empezamos a construir el México del siglo XXI, el México que con diálogo político, consenso, políticas públicas adecuadas y un Estado eficaz afrontará los retos del nuevo milenio, dijo Puente.
El aplauso que generó en sus aliados electorales recibió respuesta inmediata desde el ala de la izquierda.
¡Fraude, fraude!Situados en el centro, los priístas replicaron:
¡Peña, Peña, Peña!
Fue la primera ocasión en que Murillo Karam llamó al orden y la sesión continuó, tersa. Pero cuando Adriana Hernández Íñiguez –joven de La Piedad a la que sus compañeros le reconocen haber recuperado el distrito 5, con cabecera en Zamora, en manos del PAN durante 20 años– subía a la tribuna, casi 40 diputados del bloque de izquierda caminaron al pie de la secretaría, donde colocaron un festón y desplegaron mantas que decían:
La democracia ha muerto;
El destino de México no tiene precio;
AMLO, naciste en tiempo de mercenarios;
Es una victoria pírrica del cinismo y la corrupción;
El futuro del país está a la izquierda. Aquí estamos.
En ese momento, los diputados y senadores del PRI agitaron sus banderitas de tela. Sólo algunos volvieron a gritar:
¡Peña, Peña!, y quienes permanecían en la tribuna con sus mantas reviraron:
¡Fraude, fraude!
Por segunda ocasión, Murillo pidió orden y, como no ocurría en años, el silencio fue inmediato. Adriana Hernández culminó su mensaje, se decretó un receso para recibir el documento presidencial y, 20 minutos después, sólo reinició la sesión para informar que el Ejecutivo había cumplido su obligación, y enseguida concluyó el acto protolocario, en un día en que se habló de todo, menos del Informe de Calderón.
Pasó de $701 mil millones en 2006, a 811 mil millones este año
Los pagos anuales realizados han servido apenas para amortizar intereses
Desde 1995 se han entregado $513 mil millones, según informes de Hacienda
Las autoridades financieras estimaron que en 30 años se cubriría el total
El monto de la deuda generada por el salvamento de 1995 creció a 811 mil 105 millones: Hacienda
$188 mil millones por intereses del rescate bancario y va en aumento
Estudio del Banco Mundial identifica las fallas de la reforma financiera que derivaron en crisis
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 28
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 28
El monto del rescate de la banca, puesto en marcha desde hace 17 años, lejos de disminuir aumentó en lo que va de la presente administración en 15.6 por ciento, al pasar de un saldo de 701 mil 399 millones de pesos al cierre de 2006 a 811 mil 105 millones de pesos al término del primer semestre de 2012, revelan informes oficiales.
Desde 1995, cuando se aplicó el rescate de los bancos comerciales en México con cargo a los contribuyentes, se han destinado en total 513 mil 234 millones de pesos y de éstos tan sólo en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón se han pagado al menos 118 mil 298 millones de pesos, según revelan los informes de la Secretaría de Hacienda.El origen de la crisis bancaria mexicana se remonta a la reforma financiera emprendida desde 1989, cuando se procedió a quitar las regulaciones existentes sobre las tasas de interés y colocación del crédito; a la privatización acelerada de los bancos y a la apertura del mercado financiero a los flujos de capital extranjero.
Fernando Montes-Negrete y Luis Landa elaboraron un documento sobre el sector bancario en México, que fue publicado por el Banco Mundial. El texto identifica seis determinantes de la crisis financiera detonada en 1994-1995: Desbalanceada reforma y desarrollo del sistema bancario; incentivos incorrectos en la operación bancaria después de la privatización y toma excesiva de riesgos del sistema bancario.
Además, prácticas bancarias inapropiadas con corrupción y menosprecio de la importancia de mantener una conducta ética; cultura del no pago extendida; retraso e ineficiencia en la adopción de medidas remediales y compleja estructura de autoridades financieras (Banco de México, Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancacaria y de Valores) que regulan y supervisan el sector bancario.
El Banco Mundial ha estimado que el costo de la crisis alcanzó 135 mil millones de dólares, equivalente a 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) en términos del costo fiscal directo e indirecto.
Esta cifra se compone de 112 mil millones de dólares por el rescate y 23 mil millones de costos asociados a la provisión de liquidez y financiamiento, canje de bonos y pérdidas de reservas internacionales.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo supervisor del Congreso, ha estimado el costo del rescate bancario en un billón 260 mil millones de pesos.
Las autoridades financieras del país aseguraron que con la expansión de la economía el costo porcentual de la deuda bancaria se iba a ir reduciendo con el tiempo y estimaron que en un plazo de 30 años se completará el pago.
En 2006, cuando inició la gestión del presidente Felipe Calderón, la proporción de la deuda bancaria con respecto al producto interno bruto (PIB) era equivalente a 6.5 por ciento y en la primera mitad de 2012 se redujo apenas a 5.3 por ciento del PIB.
Un trabajo de Eugenia Correa, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, describe el origen de la crisis bancaria de hace 17 años. En muy corto plazo, entre 1989 y 1994, las elevadas tasas de interés reales, junto con la enorme entrada de capitales extranjeros al mercado financiero (a pesar de las políticas de esterilización parcial) se tradujeron en una muy dinámica expansión del crédito.
Explicó que la elevadas tasas de interés, acompañadas de descenso en el ritmo inflacionario e importantes expectativas de crecimiento económico que sembró el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se convirtieron en un incremento del crédito, pero en particular del refinanciamiento del principal y de la capitalización de los intereses devengados.
Por su parte, el rápido proceso de privatización bancaria, sucedido en el curso de 18 meses, llevó a un dinámico reposicionamiento en el mercado de los bancos y con ello a una modificación de su cartera de clientes, de sus estrategias para la administración de sus balances y a un incremento notable de las operaciones interbancarias como fuente de liquidez fundamental.
Todo ello contribuyó a elevar los márgenes de intermediación y a acelerar el crecimiento del crédito mismo con la capitalización de los intereses. Ese aumento del crédito se convirtió sólo parcialmente en incremento de la inversión productiva o en demanda agregada de productos nacionales durante 1991-1994.
La devaluación de casi 100 por ciento, junto con la elevación de las tasas de interés al inicio de 1995 generó un desbalance cambiario y crediticio en la operación de los bancos, de las mayores empresas y de las familias, solamente en el caso de los bancos era de más de 25 mil millones de dólares.
Sin embargo, aún antes del estallido de la crisis de 1994, la cartera vencida de los bancos superaba su capital contable (incluso con los criterios contables vigentes en aquel momento), posteriormente con el desbalance procedente de la devaluación y de la elevación de las tasas de interés, los bancos pasaron de la quiebra técnica a la quiebra plena.
Pese a las importantes erogaciones la deuda bancaria cargada a los contribuyentes mexicanos ha seguido en ascenso. En 2006 se situaba en un monto de 701 mil 399.6 millones de pesos; en 2007, ascendió a 712 mil 839 millones; en 2008 aumentó a 730 mil 963.3 millones; en 2009 subió a 751 mil 495.2 millones; en 2010 ascendió a 773 mil 615.2 millones; en 2011 se incrementó a 802 mil 493 millones y a junio de 2012 se ubica en 811 mil 105.3 millones de pesos.
De esta manera, se pude concluir que los pagos anuales sólo han contribuido a cubrir los intereses de la deuda bancaria. En 2006 se destinaron 38 mil 600 millones de pesos; en 2007, 28 mil 12 millones; en 2008, 30 mil 42 millones; en 2009, 31 mil 76 millones; en 2010, 13 mil 720 millones y en 2011 se canalizaron 15 mil 446 millones de pesos.
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