Los desaparecidos de Saynez
El secretario de Marina, Francisco Javier Saynez.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
La aparente honorabilidad de los elementos de la Marina Armada de México
en la guerra antinarco está en entredicho. El motivo: la desaparición de por lo
menos 50 personas en el corredor Monterrey-Nuevo Laredo. Numerosas denuncias y
testimonios coinciden en señalar a los marinos como los responsables de esos
delitos. De hecho, la CNDH ya le recomendó al titular de la Semar, Mariano
Francisco Saynez, presentarlos con vida o indicar dónde están sus
restos…
MONTERREY, N.L. (Proceso).- A mediados de 2011, en una supuesta barrida de
presuntos criminales, elementos de la Marina Armada de México desaparecieron a
por lo menos 50 personas en el corredor de 200 kilómetros que hay entre las
ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo.
Consuelo Morales Elizondo, directora del Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. (CADHAC), y Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos
Humanos de Nuevo Laredo, manifiestan que esa cifra procede tanto de testimonios
recabados como de denuncias formales.
Según Ramos, seis de tales casos motivaron que el 21 de agosto de este año la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera su primera recomendación a la
Secretaría de Marina (la 39/2012); en ésta el presidente del organismo, Raúl
Plascencia Villarreal, le recomienda al titular de la Semar, almirante Mariano
Francisco Saynez, encontrar a seis personas que fueron detenidas por efectivos
de la corporación antes de desaparecer. Y le pide que, en caso de no
presentarlos con vida, diga dónde están sus restos.
El activista Ramos, quien el 30 de agosto pasado participó en el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la
ONU, asegura que el gobierno federal ha querido ocultar las arbitrariedades de
la Semar debido a que es, según ha pregonado, una institución modelo en el
país.
En entrevista con Proceso, refiere que la CNDH le pide al secretario de
Marina investigar la desaparición de José Fortino Martínez Martínez, Diego Omar
Guillén Martínez, José Cruz Pérez Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez
Rivera y Joel Díaz Espinoza, desaparecidos durante la primera quincena de junio
del 2011. Un segundo grupo de personas, señala, había denunciado la desaparición
de nueve familiares entre los días 13 y 30 de ese mismo mes, pero se retractaron
por temor a represalias.
Según el activista neolaredense, a esas 15 desapariciones deben sumarse otras
25 presuntamente cometidas por personal de la Armada que no fueron formalmente
denunciadas.
Relata que a los seis desaparecidos que menciona la CNDH se les extrajo de su
casa y centros de trabajo para ser trasladados a un centro de detención de
Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León.
La esposa de José Fortino, quien se identificó como Oralia, manifestó que
después de presentar su denuncia pistoleros tirotearon su casa en la colonia
Arturo Cortez Villada, de Nuevo Laredo. La casa, que recibió 89 impactos de arma
larga en la fachada, estaba desocupada en el momento de la agresión.
Ramos sospecha que fue la misma autoridad la que orquestó la agresión, aunque
no puede probarlo. A él también intentaron secuestrarlo en la Ciudad de México
seguía hacía una diligencia relacionada con el caso. El ataque a la casa de
Oralia inhibió a más familias a denunciar.
El activista tamaulipeco precisa que la Semar tiene de plazo hasta este 10 de
septiembre para contestar la recomendación de la CNDH sobre los desaparecidos de
Nuevo Laredo, y recuerda que con la decisión de la Suprema Corte de quitar el
fuero a los militares en los casos en que civiles resulten dañados, la Corte
Marcial transfirió la investigación a la PGR para que se encargue del caso.
A su vez, Consuelo Morales dice a proceso que la CADHAC se enteró de 11
desapariciones forzadas atribuidas a la Marina en Sabinas Hidalgo, en el mismo
corredor hacia Nuevo Laredo.
En el mismo mes de junio del 2011, indica, hubo ahí dos operativos en los que
se llevaron primero a cuatro hombres y luego a otros siete, y solamente uno
regresó con vida. Los familiares de dos de ellos, Jesús Víctor Llano Muñoz y
René Asael Jasso Maldonado, presentaron entonces una denuncia penal, “pero no ha
habido investigación”.
“La Marina hizo como un barrido por todo ese sector. Por lo que se ve,
detuvieron a los que parecían delincuentes. Y ahora queremos que nos digan dónde
están”, indica.
Al respecto, Ramos confirma que las desapariciones de Sabinas Hidalgo tienen
relación con las de Nuevo Laredo, por coincidencias de tiempo, modo y lugar.
“A los de Nuevo Laredo los llevaron inicialmente a un campamento de la Marina
en Colombia, Nuevo León; luego los trasladaron a Miguel Alemán, Tamaulipas, y
esa fue la última ubicación de su paradero. En el caso de Sabinas, sabemos que
fueron llevados a Miguel Alemán, y eso fue lo último que se supo. Por eso
creemos que los casos están relacionados”, expresa.
El defensor de los derechos humanos en Nuevo Laredo advierte que, ante la
lentitud de la justicia mexicana, recurrirá a instancias internacionales para
denunciar las desapariciones de ciudadanos, y los casos aquí mencionados serán
su carta de presentación.
“En 15 meses la PGR no dio credibilidad a las denuncias de las familias,
porque decían que los agresores eran delincuentes disfrazados de marinos, la
clásica excusa de siempre. Nosotros entregamos pruebas de video y fotografía que
sirvieron a la CNDH para confirmar la participación de personal operativo de
Marina”, declara, y advierte que no solamente hay responsabilidad de quienes
perpetraron las desapariciones, sino también de quienes los encubrieron, que son
altos mandos de la Semar.
La recomendación
La recomendación de la CNDH para la Marina Armada de México, dirigida al
secretario Saynez Mendoza, se refiere a la desaparición forzada de seis personas
en Nuevo Laredo, así como a tratos crueles contra 20 de sus familiares. No
menciona los nombres de las víctimas, quienes, sostiene, fueron detenidas sin
orden de aprehensión y sin haber sido puestas a disposición de alguna
autoridad
La CNDH inició su investigación con base en el expediente CNDH/2/2011/5186/Q,
abierto a raíz de una denuncia por desaparición y cateos ilegales en domicilios
de Nuevo Laredo.
La recomendación señala que, en torno a las desapariciones ocurridas durante
los días 2 y 5 de junio de 2011, los familiares presentaron las quejas ante la
CNDH los días 7, 16 y 20 de ese mes.
En la búsqueda de los desaparecidos fue solicitada información a Semar,
Sedena, PGR, Procuraduría de Tamaulipas y Secretaría de Protección y Seguridad
Pública de Nuevo Laredo. Los resultados fueron infructuosos.
En respuesta a la investigación, el 14 de junio del 2011 la Semar publicó el
boletín 195/2011, en el que rechazaba los cargos: “Con relación a diversas notas
informativas difundidas en distintos medios de comunicación escritos y
electrónicos, sobre la presunta detención arbitraria de personas por parte de
elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, durante los primeros días de junio, se niega categóricamente que
personal naval haya participado en dichos aseguramientos”.
Y concluye: “Si bien es cierto que personal de Infantería de Marina opera
actualmente en Nuevo Laredo, dichas acciones están enfocadas a la recopilación
de información de inteligencia, y en fechas recientes no se ha asegurado a
persona alguna en esa zona de Tamaulipas. Lo anterior, a fin de no crear
confusión en la opinión pública, la cual pudiera derivar en detrimento de la
imagen de la Secretaría de Marina-Armada de México”.
Los familiares y la CNDH insistieron en la participación de la Marina en los
hechos. Por ello, la Semar publicó el 1 de julio el boletín 216/2011,
relacionado con el mismo caso, en el que reconoce que tuvo contacto con los
detenidos, aunque niega su arresto.
Precisa: “Al operar información de inteligencia que apuntaba que en varios
domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la
delincuencia organizada, y al reconocer dichos lugares el día 5 del actual, se
reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas,
de nombres José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez
Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez
Rivera”.
Pero “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el
personal naval haya asegurado y menos aun privado ilícitamente de su libertad a
estas personas. Asimismo, debe señalarse que no se encontraron elementos que
permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal”.
Según la recomendación de la CNDH, la Unidad Jurídica de la Marina informó
que fueron trasladados de Nuevo Laredo, localidad en la que fueron detenidos, al
poblado de Colombia, y al no encontrar elementos que los ligaran a una célula
criminal, se determinó liberarlos.
De esta manera, “por motivos de seguridad”, el 6 de junio fueron
transportados a la Central Camionera de Miguel Alemán para que se trasladaran
por sus medios a Nuevo Laredo, aseguró la Marina.
Como consecuencia de las detenciones arbitrarias, en las que los elementos de
la Marina irrumpieron violentamente en las viviendas y los centros de trabajo,
en presencia de familiares, las víctimas colaterales del abuso han necesitado
ayuda psicológica.
En las conclusiones de la recomendación, en las que cada víctima es
identificada con la letra “V” y un número para proteger su identidad, se dan a
conocer los resultados de pruebas a las que fueron sometidas.
Como en estos casos “se concluye que V13, hermano de 17 años de V3, mostró
trastorno depresivo mayor con riesgo suicida, como consecuencia del evento
traumático sufrido por la desaparición forzada de su hermano; V14, hermana de
V3, mostró un estado depresivo severo con la posibilidad de desarrollar una
depresión mayor; V15, hermana del desaparecido, mostró trastorno de ansiedad
generalizada.
“V16, también hermana de V3, mostró trastorno distímico; todos ellos, con
secuelas, entre las que se encuentran alteraciones en el sueño, trastornos de
apetito, actitudes de aislamiento social y familiar, recuerdos e ideas sobre la
violencia a la que fue sometido V3, disminución del nivel de energía, y
sensación de impotencia con profunda tristeza al no poder obtener información
acerca de su familiar.”
Al final de la presentación, Raúl Plascencia hace nueve recomendaciones al
almirante Saynez, entre las que está la consistente en que gire órdenes para que
sean presentados con vida los seis detenidos o que entregue sus restos a los
familiares.
Otra es que indemnice a los desaparecidos y a 20 familiares afectados por las
detenciones, que les aporte atención médica y psicológica, y que instruya que
sean dadas becas de estudios a los nueve niños afectados por estos eventos hasta
que terminen su instrucción académica o encuentren un trabajo digno.
Otra recomendación apunta a que colabore con la PGR en la averiguación
correspondiente para llevar a los responsables ante la justicia; que ordene al
personal de Semar abstenerse de ocultar información; que no se usen vehículos
particulares en labores de seguridad, y que se intensifiquen los cursos de
capacitación de sus elementos en materia de derechos humanos.
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