Pobreza, violatoria de todos los derechos humanos
Violatoria de derechos humanos, la pobreza en México es un flagelo insuperable. Las cifras oficiales muestran que hay 28 millones de personas sin acceso a la alimentación, la mayoría en el sector rural y de origen indígena. El saldo del calderonismo: 81 millones de personas que padecen por lo menos una carencia: salud, educación, vivienda o seguridad social
Érika Ramírez / José Luis Santillán, fotos
El gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo negativo en materia de combate a la pobreza: si se habla de atención a zonas prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios; pobres extremos, 11.7 millones de personas; pobres moderados, 52 millones; sin acceso a la alimentación, 28 millones de mexicanos, y 81 millones de personas con al menos una carencia social.
Al margen de los discursos oficiales que hablaron de “vivir mejor”, mientras que los índices de desarrollo humano en 2007 indicaban que había 11 municipios en el país en condiciones de vida similares a los del África Subsahariana, a finales del mandato calderonista se reportaron 125 ayuntamientos en esa situación de vulnerabilidad.
La miseria en México se extendió y se profundizó: el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que son 51 millones 993 mil personas en situación de pobreza, 3 millones 155 más que al inicio del sexenio calderonista.
El incremento se ha registrado a pesar del gasto multimillonario que realizó la administración federal en la materia. Tan sólo el Programa Oportunidades (principal política gubernamental en materia de combate a la pobreza) dispuso de 162 mil 893 millones 320 mil pesos en este sexenio.
Además de este presupuesto público, el gobierno de Calderón Hinojosa contrató deuda por 45 mil 486 millones con el Banco Mundial, bajo el concepto del impulso a proyectos de combate a la miseria.
Para el Coneval, “el nivel de acceso y la calidad de los programas de protección social es desigual: se le otorgan beneficios diferentes a personas similares”.
Indígenas, los más pobres
La pobreza en México tiene rostro de indígena. Y es que de acuerdo con el mapa de la marginación son los pueblos indios los que se encuentran sumidos en la miseria subsahariana.
Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional, al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, consideradas las entidades con mayor número de pueblos originarios.
Según el informe Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas según su índice de rezago, del Coneval, le siguen Veracruz, con 1 millón 386 mil; Estado de México, 1 millón 240 mil; Oaxaca, 1 millón 14 mil; Guerrero, 977 mil; Puebla, 864 mil; Michoacán 551 mil; Guanajuato, 445 mil; San Luis Potosí, 380 mil, y Jalisco, 362 mil.
Desde 2010 se identificó que en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) viven pueblos indios. Se trata de 1 millón 553 mil 433 personas, de las cuales el 77.7 por ciento habla alguna lengua indígena, indica el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados.
En su informe Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, advierte que “la población indígena es doblemente vulnerable: por un lado, dada la condición de pobreza en la que viven y, por otro, por su condición de indígenas”.
En septiembre pasado, Contralínea publicó que “durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008” (edición 302).
La reducción presupuestal afectó necesidades de salud, educación y previsión social en comunidades indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Presentado a principios de noviembre pasado por el Coneval, el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012 indica que “la desnutrición de niños indígenas es el doble que la del promedio nacional”.
En este país “vive un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto”, indica el Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2007.
En la Iniciativa de Apoyo Integral para la Superación de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el gobierno federal acepta que no obstante los “esfuerzos” realizados a través de programas gubernamentales, de la sociedad civil, empresas y fundaciones, no se ha logrado superar la pobreza en el país.
Ver infografía estática:
Las carencias de los mexicanos
Informes oficiales evidencian que en México hay 28 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación, según el Coneval. Casi una cuarta parte del país no tiene ni para comer.
La Medición de pobreza 2010 a nivel nacional del Coneval indica que durante 2008 había 23.8 millones de personas sin acceso a la alimentación. Es decir, el 21.7 por ciento de la población. Para 2010, 4.2 millones de mexicanos se sumaron a este rubro. Con ello, el 24.9 por ciento de la población tiene dificultades para conseguir alimentos.
Además, 35.8 millones de mexicanos carecen de servicios de salud y representan el 31.8 por ciento de la población. Según el organismo público, este porcentaje se redujo en 9 puntos al pasar de 44.8 millones (40.8 por ciento) a los más de 35 millones.
El rezago educativo en México lo padecen más de 23 millones de personas. El informe muestra que bajo esta situación había 24.1 millones de personas (21.9 por ciento) en 2008. La cifra disminuyó en 0.9 por ciento, al llegar a 23.2 millones en 2010.
En el rubro de “carencia en el acceso a la seguridad social” se encuentran 68.3 millones de mexicanos. Las cifras reportadas para 2008 muestran que para este periodo se registraban 71.3 millones.
El acceso a los servicios básicos de la vivienda está limitado para 18.5 millones de mexicanos. Según el Coneval, los registros oficiales en 2008 eran de 21.1 millones de personas. En tanto, la “carencia en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda” la pedecen 17.1 millones de mexicanos.
El organismo público, que depende de la administración federal, enfatiza que la pobreza extrema se incrementó en tan sólo 2 años en casi 2 puntos porcentuales. “Entre 2008 y 2010 la población en pobreza pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 millones a 52 millones de personas. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento; en términos del número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en 11.7 millones”.
Fracaso de Oportunidades
Julio Boltvinik Kalinka, profesor e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), asegura que al gobierno del panista Calderón Hinojosa no le interesó atender el tema de la pobreza.
El doctor en ciencias sociales critica al principal programa de combate a este flagelo: Oportunidades, operado por la Sedesol, ya que fue pensado para que los niños y jóvenes alcanzaran niveles educativos más altos con las becas que da, pero sin acceso al mercado laboral una vez terminados los estudios.
“Las familias pueden recibir más de 2 mil pesos al mes. Una cifra sustancial, con un apoyo alimentario muy bajo. Les dan un poco de acceso a la salud en el medio rural porque incluye un paquete de medicamentos. Con esta idea se planeó el programa que propone que estudiando más los jóvenes ya no serían pobres; pero a los 10 años de evaluación, los resultados son terribles”, explica.
Para Boltvinik Kalinka no basta con aumentar los índices en educación, salud y alimentación; es muy importante que la economía crezca y ofrezca empleos bien remunerados. “Debe haber auge en la actividad agropecuaria. Si no hay apoyo para sembrar, [para] riego y todo lo que antes hacía el mexicano en el medio rural, cómo va a prosperar la agricultura, sector en donde se encuentran los más pobres del país. Hay una crisis acompañada por el desinterés del expresidente de la República en el tema de pobreza”.
Aumento de la pobreza
Un estudio realizado por el doctor Julio Boltvinik, en conjunto con un equipo de investigadores, evidencia que el 81 por ciento de la población se encuentra en algún nivel de pobreza.
El documento Evolución de la pobreza y la estratificación social en México y el Distrito Federal 1992-2010 expone que con datos proporcionados por el Coneval y resultado de la intersección de la pobreza multidimensional de 46.2 por ciento, el 74.9 por ciento por necesidades básicas insatisfechas (que ahora se llaman “con una o más carencias sociales”) y 52 por ciento “con ingreso inferior a la línea de bienestar, la pobreza definida según el criterio de unión, daría 81.7 por ciento de pobreza. De ahí resulta que sólo 18.3 por ciento de la población no es pobre multidimensional y tampoco es vulnerable.
Además, hace una comparación porcentual del incremento de pobreza en los últimos dos sexenios, de lo que resulta que “la pobreza de patrimonio de la metodología aplicada durante el gobierno de Vicente Fox que era de 53.1 por ciento de la población en 1992, y similar en 1994 (52.4 por ciento), aumenta bruscamente con la crisis de 94-95 [sic] hasta 69 por ciento en 1996 (casi 17 puntos porcentuales); baja después casi continuamente hasta 2006 en que llega a 42.6 por ciento, casi 26 puntos porcentuales menos; pero repunta en 2008 a 47.4, y a 51.3 por ciento en 2010 (un repunte en cuatro años de casi nueve puntos porcentuales); por lo cual en 2010 su nivel es sólo 1.8 puntos porcentuales menor que en 1992 (3.4 por ciento menos)”.
El investigador enfatiza que en el periodo de 2000 a 2006 la pobreza patrimonial en el medio rural bajó 14.5 puntos porcentuales (de 69.2 por ciento a 54.7). Fue una baja “espectacular” para el periodo, dice.
Sin embargo , durante 2004-2010 pasó de 41.1 por ciento a 45.5 en el medio urbano, y de 54.7 a 60.8 en las zonas rurales. El alza, expone la investigación, se encuentra asociada al alto incremento en los precios de los alimentos.
Pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial
El Coneval también demuestra el incremento de la pobreza en este sexenio, a través de su medición alimentaria, de capacidades y patrimonial. El aumento fue de hasta 6.5 millones de personas en el primer rubro.
De quienes no tienen ingresos para adquirir sus alimentos, el organismo de la administración federal registró en 2006 a 14.7 millones de mexicanos, cifra que aumemntó a 21.2 millones en 2010.
La “pobreza de capacidades” –insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación– pasó de 22.1 millones de mexicanos en 2006 a 30 millones en 2010.
En tanto, la “pobreza patrimonial” –sin recursos para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación– registró en 2006 a 45.5 millones de personas a 57.7 millones en 2010.
Hans Georg Petersen, académico de la Universidad de Potsdam, Alemania, asegura que “la pobreza es una violación de los derechos humanos y eso significa, en el contexto global, que todos tenemos la obligación de combatirla, en especial si los ciudadanos están viviendo en países ricos”.
Programas oficiales, paliativos de la pobreza
Según el capítulo “Igualdad de oportunidades” del Sexto informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “la política social de esta administración ha tenido como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad”.
Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México, dice que “en realidad la política que siguió el PAN (Partido Acción Nacional) es la continuación de lo que habían realizado los gobiernos priístas: un esquema en el que el Estado se coloca como un proveedor de mano de obra barata”.
Esto ocurre porque se establece como prioridad el dar educación básica, un nivel mínimo de salud, alimentación, tratar de incorporar a los pobres extremos al mercado laboral con salarios muy bajos, aunado a la pérdida del poder adquisitivo muy fuerte que padecen los pobres.
La especialista advierte que esta situación se va a agravar por el aumento de los precios de los alimentos.
“Los programas no los podemos ver como efectivos en la superación generacional de la pobreza porque los becarios del Oportunidades tienden a salir de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida, ya que no se crean los empleos en los lugares de origen.
“Los programas se han convertido en un paliativo para no dejar morir de hambre a los más pobres o por enfermedades curables. Es un juego de la incapacidad del Estado para crear mejores condiciones de vida, al mismo tiempo que los coloca en un nivel políticamente aceptable de educación y salud.”
Más de 800 zonas prioritarias
En diciembre de 2011 el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión emitieron una lista de más de 800 comunidades que requieren “atención prioritaria” debido a los índices de marginación que ahí se registran.
El gobierno federal declaró zonas de atención prioritaria rurales a 849 municipios que se encuentran en 22 entidades federativas, de las cuales 441 son zonas de muy alta marginación y 408 son de alta marginación y registran una población de 11 millones de habitantes.
El decreto, emitido el 12 de diciembre de 2011, indica que las zonas de atención prioritaria urbana se distribuyen en 335 mil 418 manzanas en 2 mil 105 localidades urbanas de 1 mil 259 municipios.
Los 10 municipios que encabezan esta declaratoria son Cochoapa el Grande, Guerrero; Batopilas, Chihuahua; San Juan Petlapa, Oaxaca; Del Nayar, Nayarit; Mezquital, Durango; Sitalá, Chiapas; Metlatónoc, Guerrero; San José Tenango, Oaxaca; José Joaquín de Herrera, Guerrero, y Mixtla de Altamirano, Veracruz.
Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “los problemas que tiene nuestro país son de índole estructural. Es necesario generar nuevas políticas públicas que sigan favoreciendo a los más vulnerables”.
Para el Coneval, los factores determinantes para que casi la mitad de la población sobreviva en condiciones de pobreza son: ingresos bajos, bajo nivel educativo, salud precaria, falta de ahorro y vivienda sin calidad.
Universalidad de la salud, falaciaEntre los logros presumidos por la administración calderonista se encuentra la supuesta universalidad del sistema de salud a través del Seguro Popular. Sin embargo, la investigación La calidad de la rendición de cuentas: transparencia y acceso efectivo al seguro popular en México pone en duda las declaraciones oficiales.En algunos países se otorga el servicio de salud a quien se presenta, sin preguntar nacionalidad, condición socioeconómica o migratoria, expone Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sin embargo, en el caso del Seguro Popular mexicano se piden más documentos que en otros servicios: acta de nacimiento certificada, CURP (Clave Única de Registro de Población), credencial de elector y comprobante de domicilio, explica el también doctor en sociología por la Universidad de Manchester.El experto indica que las personas que viven en las peores condiciones, mayor aislamiento y probablemente tengan menos competencias lingüísticas y de alfabetización tienen mucha mayor probabilidad de carecer de los documentos, de entender los procedimientos y por lo tanto de quedar excluidos.Según el Sexto informe de gobierno del expresidente Felipe Calderón, “a lo largo de los seis años de esta administración, se avanzó en la estrategia de desarrollo integral propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con la ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y educación, indispensables para alcanzar un mejor nivel de vida y participar plenamente en las actividades productivas”.La población afiliada al Seguro Popular se ha incrementado en por lo menos 6 millones de personas cada año. Sin embargo, la enorme disparidad existente en la infraestructura, la capacidad y la calidad en las distintas entidades federativas hace necesario no sólo que se nivele el financiamiento, sino que ese financiamiento tuviera consecuencias en la mejora y homogeneidad del servicio, lo cual no sucede.
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Fuente: Contralínea 313 / Noviembre de 2012
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