Sosamontes y el premio a los corruptos
Posiblemente cuando esta columna llegue a Usted, Andrés Granier Melo ya esté en camino para rendir cuentas ante la sociedad tabasqueña. Pero el caso del ex Gobernador de Tabasco es apenas una pequeña muestra de las millones de acciones de corrupción que se cometen en México cada año por parte de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y que, encima, no sólo quedan impunes sino los catapultan hacia grandes puestos.
Todos los días, a veces con diferencias de horas, la prensa reporta sobre abusos de políticos mexicanos que le meten manos a las arcas públicas o, de la noche a la mañana, se convierten en millonarios gracias a los “negocios” que cierran desde su ámbito de poder. Lo hacen desde los más chiquitos hasta los grandotes, sin que nadie diga ni haga nada.
Las autoridades, desde la Procuraduría General de la República (PGR) hasta las dependencias de aplicación de justicia locales, son sordas y ciegas ante las evidencias que se presentan y dan vuelta a la página con una facilidad que indigna.
En los primeros siete meses del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se produjeron dos capturas mediáticas que, a la luz de los cientos de casos documentados en este mismo lapso, son sólo una piscacha.
Arrestar a Elba Esther Gordillo Morales, quien lideró por dos décadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin que la Procuraduría General de la República (PGR) corte de tajo todos los lazos de corrupción de “La Maestra” –incluidos los beneficios que hoy ostenta su familia y otros miembros del SNTE–, no es suficiente para acabar con el mal.
Tampoco lo es encarcelar a Granier Melo, un ex mandatario que incluso presumía por todo lo alto su riqueza, por un presunto lavado de dinero por 35 millones de pesos, una cantidad irrisoria frente a la deuda multimillonaria que dejó en Tabasco tras sus seis años de gobierno.
Se amaga con ir en contra del ex Gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y de su hijo, Luis Armando Reynoso López, y a pesar de las pruebas todo queda en una fianza de nueve millones de pesos. Como quitarle un pelo al gato.
En Youtube se difunde un video, presuntamente grabado en abril de 2010, en el que se ve al actual Alcalde perredista de Cancún, Julián Ricalde Magaña, recibiendo fajos de billetes –por tres millones de pesos– de su antecesor Jaime Hernández Zaragoza. Ricalde Magaña acepta haber recibido el dinero y argumenta que fue para gastos de la transición del gobierno, pero Hernández Zaragoza lo contradice y afirma que fue para el pago de una presunta extorsión. Otra vez: ahí están la evidencia y los personajes, pero nadie hace nada.
Apenas ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato revela que Eduardo García Sánchez, ex director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas durante la administración del ex Gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, está en calidad de desaparecido tras la orden de presentación que giró esa fiscalía para que declare por el desfalco de varios millones de pesos.
A pesar de que dicho funcionario tenía un salario neto de 40 mil pesos, sus amigos detallan una vida de lujos, al grado de invitarles viajes a Londres y presumir desde su Facebook sus escapadas de placer por diversas ciudades del mundo.
Contra Oliva Ramírez, actual miembro “distinguido” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), también pesan decenas de acusaciones por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Todas son graves, pero ahí están enlatadas.
Hoy, SinEmbargo publica una entrevista con Ramón Sosamontes Herreramoro, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD); ex titular de la Delegación Venustiano Carranza (1997-1999) y de la Delegación Iztapalapa (1999-2000); ex secretario de Asuntos Electorales del PRD, cuando la presidenta nacional de ese partido era Rosario Robles Berlanga, y también ligado al caso de corrupción y chantaje del empresario Carlos Ahumada Kurtz en marzo de 2004.
En un video, aún disponible en Youtube, el entonces perredista habla con el empresario argentino de cómo presionar a Andrés Manuel López Obrador, quien era el Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Ahumada Kurtz aclara que no es “un chantaje”, que es una reflexión de cómo va a perjudicar a López Obrador y a todo el PRD. Hablan de René Bejarano Martínez, de un Carlos (supuestamente Carlos Imaz Gispert, entonces jefe de la Delegación Tlalpan) y de un tercer personaje, Lázaro, quien le habría firmado un pagaré.
Ahumada parece darle a Sosamontes indicaciones de cómo editar los videos que, luego, el 4 de marzo de 2004, se hicieron públicos en Televisa, y en donde se observa a René Bejarano y a Carlos Imaz recibiendo fajos de billetes del empresario, a cambio de beneficios para sus compañías.
Pero, nueve años después, Ramón Sosamontes está de vuelta, como si nada, en el servicio público y, además, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Funge como titular de la Oficina de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, su jefa de siempre y quien, desde 1999 como funcionaria del GDF contribuyó con el despegue del corporativo de Carlos Ahumada, con quien tenía una relación sentimental. También, desde junio pasado y tras la salida de Rocío Bolaños Gómez, es el responsable del área de Comunicación Social de esa dependencia.
Es decir, la corrupción de los políticos y servidores públicos en México no sólo no es castigada sino que se le premia, y no hay ningún asomo de voluntad política del Presidente para ponerle un freno.
Para acabarla, el reciente Informe de Transparencia Internacional afirma que en nuestro país la expresión más preocupante de la corrupción está justo en los órganos de administración e impartición de justicia, con lo que este panorama es aún más desalentador y lastimoso para los ciudadanos que, indefensos ante el abuso, contemplan con impotencia las trácalas de los políticos.
FUENTE: sin embargo.mx
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