Contubernio PRI-PAN en el reparto de notarías
Mariana Gómez del Campo, coordinadora de campaña de
JVM en D.F.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Prominentes miembros del Partido Acción Nacional
(PAN) acusaron al priista Enrique Peña Nieto de haber “regalado” notarías a sus
amigos, dos días antes de dejar el gobierno del Estado de México, pero
repentinamente guardaron silencio.
Quizá porque uno de los notarios favorecidos es también un militante del PAN:
José Manuel Gómez del Campo Gurza, hermano de Mariana, diputada local, candidata
a senadora y coordinadora de la campaña de Josefina Vázquez Mota en el Distrito
Federal.
Más aún: El flamante notario es primo de Virginia Gómez del Campo, esposa de
Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto, y
prima segunda también de Juan Ignacio Zavala, vocero de Vázquez Mota.
“Ni la conozco”, asegura Zavala el portavoz. “Es como el caso de Marcia: No
la conozco, nunca la he visto”, afirma al referirse a Marcia Matilde Gómez del
Campo Tonella, copropietaria de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde
hace tres años murieron 49 bebés por un incendio.
Y es que la campaña “Peña no cumple”, auspiciada por el presidente del PAN,
Gustavo Madero, y promovida por la aspirante a senadora Laura Rojas y el
queretano Ricardo Anaya, candidato a diputado federal, se desvaneció después de
que, el 17 de abril, fracasó la “mesa de la verdad” para definir si el
exgobernador incumplió con uno de sus compromisos en Tlalnepantla.
Ahí, Anaya y Rojas acusaron a Peña Nieto de haber regalado notarías a
personas afines, como Alejandro Murat, hijo del exgobernador de Oaxaca José
Murat; Eduardo Segovia, quien como contralor exoneró a Arturo Montiel de los
cargos por corrupción, y María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora de
Justicia en el caso de la muerte de Paulette Gebara Farah.
Pero Gómez del Campo Gurza, primo hermano de Margarita Zavala, mujer de
Felipe Calderón, fue uno de los abogados a los que Peña Nieto les entregó una
notaría el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de terminar su mandato de
gobernador.
José Manuel Gómez del Campo Gurza es notario número 149, con domicilio en
Metepec, municipio conurbado a Toluca y uno de los más prósperos del Estado de
México en materia inmobiliaria.
Su padre, José Manuel Gómez del Campo López, es el notario público 136, de la
colonia Cuauhtémoc, y sus servicios han sido solicitados numerosas ocasiones en
Petróleos Mexicanos (Pemex) desde que el abogado general de la paraestatal era
César Nava, amigo íntimo de Mariana Gómez del Campo.
EPN y AMLO: Los dos escenarios
El aspirante presidencial priista, Enrique Peña
Nieto y su homólogo perredista, Andrés Manuel López Obrador.
Foto: Eduardo Miranda y Benjamin Flores
Foto: Eduardo Miranda y Benjamin Flores
MÉXICO, DF, 13 de junio (apro).- A escasas dos semanas de la elección
presidencial, las preferencias ciudadanas sobre los cuatro candidatos se han ido
cerrando hasta quedar dos claramente en la pelea: Enrique Peña Nieto y Andrés
Manuel López Obrador, cuyos márgenes de diferencia en las últimos sondeos se han
ido estrechando, al grado de que algunos encuestadores han tenido que reconocer
que conforme se acerca el 1 de julio podría darse el escenario de un empate
técnico.
La posibilidad de un escenario de competencia entre Peña Nieto y López
Obrador era algo impensable entre los priistas hasta que el viernes 11 de mayo
su candidato fue repudiado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana
(Uia), naciendo el movimiento estudiantil #YoSoy132, el que ha dado un vuelco al
proceso electoral.
Subido en la nave preparada especialmente para él por Televisa en los últimos
cinco años, Peña Nieto viajaba por aguas tranquilas las primeras semanas de la
campaña. No había vientos que lo despeinaran y todo era miel sobre hojuelas.
Hasta que irrumpieron los jóvenes que no sólo lo despeinaron, sino que le
sacaron una mueca de desesperación que hoy le sigue marcando el rostro.
A partir de ese viernes negro, las campañas fueron otras. Cada candidato
recibió el impacto de este movimiento irreverente y revitalizador de acuerdo a
su propia circunstancia. El más beneficiado fue Andrés Manuel López Obrador, el
candidato de las izquierdas, quien en un acto realizado en la histórica Plaza de
las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde ocurrió la matanza estudiantil de 1968,
hizo un reconocimiento a los jóvenes estudiantes, cuidándose de no usarlos como
lo pretendieron hacer la panista Josefina Vázquez Mota y el aspirante de Nueva
Alianza (Panal), Gabriel Quadri.
Otros eventos se unieron a la insurgencia del movimiento estudiantil y que
también han dado un vuelco a las campañas, sobre todo la del priista, fue la
persecución judicial en Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, el
priista Tomás Yarrington; las revelaciones de los contratos de propaganda entre
Televisa y Peña Nieto; las declaraciones de Vicente Fox apoyando al candidato
del PRI, así como las marchas multitudinarias anti-Peña Nieto, y las encuestas
de algunos medios, como Reforma, que rompieron con las tendencias de otros
sondeos, como la de Milenio que todos los días machacan con datos poco claros de
una supuesta superioridad del priista, aunque haya eventos que apuntes a todo lo
contrario.
El telón de una historia con un final cantado se ha caído y en los últimos
días hay una percepción social de que la elección no está definida y que habrá
un cierre apretado entre Peña y López Obrador.
Ante este escenario, hay dos actores que tienen en sus manos la posibilidad
de definir el tono del escenario postelectoral a partir de las reacciones que
haya ante cualquier resultado.
De una parte está el Instituto Federal Electoral (IFE) como árbitro que no
genera todas las confianzas necesarias para dirimir un conflicto de grandes
magnitudes, ya que sus integrantes responden más a intereses de partido que a la
ciudadanía. La lentitud con que han reaccionado sus consejeros ante las
evidentes faltas de los candidatos, como el excesivo gasto en propaganda del PRI
o la “guerra sucia” desatada por el PAN, no genera la certidumbre necesaria para
cualquier árbitro; todo lo contrario, ha generado señales incertidumbre.
De la otra parte está el movimiento estudiantil que ante la victoria del PRI
podría iniciar un movimiento de insurgencia ciudadana de largo plazo o, en caso
de un triunfo de López Obrador, tendría que redefinir su papel como actor social
de cambio, como impulsor del nuevo gobierno o como agente crítico del mismo.
Los ánimos de la sociedad no perfilan un escenario fácil para cualquiera que
gane. Sobre todo cuando se ha incentivado una vez más la “guerra sucia”
electoral que, en 2006, provocó fuertes enfrentamientos en la sociedad y en las
familias.
Ante este escenario hay varias interrogantes: ¿Peña Nieto y los priistas van
a aceptar pacíficamente una derrota ante López Obrador? ¿Cuál va a ser la
actitud de aquellos priistas que están coludidos con grupos del crimen
organizado al verse desprotegidos? ¿Cuál va a ser la posición que tomen los
simpatizantes de López Obrador ante una posible segunda derrota consecutiva? ¿Se
irán nuevamente por la vía de la resistencia civil y la confrontación?
Pero quizá la pregunta más pertinente sería ¿cuál va a ser la posición que
tome Felipe Calderón ante un escenario de confrontaciones? ¿Qué hará si gana
López Obrador, a quien odia de una manera clasista e irracional?
Es necesario ver los dos escenarios para ver qué posición tomarán los
distintos actores involucrados, entre ellos la sociedad que a través de los
jóvenes está teniendo un papel determinante más allá del voto que emitirá el
domingo 1 de julio.
Las falacias de las pruebas
Exhiben pruebas Enlace sin aplicar en Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
Foto: José Luis de la Cruz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Causa de conflictos más que de soluciones, la
aplicación acrítica de pruebas estándares, léase Evaluación Nacional de Logros
Académicos en Centros Escolares (ENLACE) o Evaluación Universal al Magisterio,
está movilizando a las secciones contrarias a la mafia apoderada del SNTE, y aun
ha creado un gran descontento y confusión entre los docentes en unos 18 estados,
la crítica de investigadores y expertos en educación, y el rechazo de padres de
familia y de otros sectores de la sociedad que no han obtenido respuestas a sus
observaciones respecto a la eficacia y la pertinencia de este tipo de
pruebas.
Durante todo el sexenio se han impuesto la prueba ENLACE (la semana pasada se
hizo en toda la educación básica), la correspondiente a la OCDE denominada
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas
en inglés), y, parcialmente, exámenes similares a sectores del magisterio
(porque aún no se ha alcanzado consenso de a quiénes y cuándo se aplicará una
Evaluación Universal), reflejos de una obsesiva política educativa que ha tenido
de todo: tumbos, regaños, tóxicos espectáculos, dimes y diretes, cambios
superficiales de secretarios, ocurrencias y despilfarros, pero ningún resultado
educativo sustancial ni comprobable.
Desde la lejanía y la indiferencia con la que se ve la educación desde las
oficinas de la SEP, nadie, ningún funcionario ha podido aclarar por qué después
de tantas pruebas y exámenes no ha ocurrido el mejoramiento en la calidad de los
procesos de aprendizaje, ni por qué cerca del 90% de los estudiantes de las
escuelas públicas se encuentran muy por debajo de la media de conocimientos
elementales en lectura y escritura, en razonamiento y en desempeño respecto de
lo que durante años han estudiado, ni por qué hoy se tiene el terrible deterioro
del sistema escolar, de su infraestructura, una mayor desigualdad en el acceso y
permanencia en el sistema, e incluso una criminal irresponsabilidad en términos
de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de educación, que se
ha conculcado en beneficio de los intereses familiares y políticos del SNTE y
sus secuaces. Ninguna respuesta concreta. Pura demagogia.
Estas pruebas estándares, como lo han comprobado innumerables investigaciones
especializadas, generan problemas mayúsculos cuando se aplican de forma
indiscriminada, como lo hacen la SEP y el SNTE, porque crean prácticas que se
reducen al pase de la prueba y a la obtención de los recursos asociados a ella;
porque diferencian de forma arbitraria a escuelas, docentes y estudiantes dentro
de rangos de eficacia absurdos, y porque están propiciando un jugoso negocio
para las empresas que formulan y editan la prueba y para los que la venden de
manera fraudulenta.
Peores aún son los resultados irreversibles educativos y pedagógicos, debido
a que estas pruebas, como se ha demostrado profusamente de manera científica,
son instrumentos que miden pero no comprenden las distintas realidades
escolares, y ni siquiera los niveles educativos reales que tienen los maestros y
los alumnos. Esto es así porque al estandarizar preguntas y respuestas cerradas
no puede conocerse la riqueza de los aprendizajes y conocimientos que están
alcanzando las distintas escuelas en su diversidad y en sus contextos, en la
capacidad de razonamiento y deducción que ofrece y hace posible esta diversidad,
y, por el contrario, se reproduce lo peor de los viejos esquemas de repetición y
memorización, de control autoritario y vertical, y de imposición de un
currículum irrelevante.
Cuando se estandariza, se pretende una homogeneidad lingüística, de prácticas
sociales y culturales, de conocimientos y habilidades que ponen en desventaja
sobre todo a los sectores siempre excluidos del sistema educativo –de manera
amplia a los hijos de campesinos, de indígenas y de trabajadores de los barrios
marginados de las ciudades–, con lo que se reproduce una mayor desigualdad
pedagógica y social. Cuando se busca, peligrosamente, que estos instrumentos se
generalicen, lo que tendremos enfrente será un sistema que estará concentrado en
la preparación y el logro de las pruebas, pero no en elevar la calidad de lo que
se enseña y aprende.
Felizmente, le queda poco tiempo a este gobierno para seguir atormentando a
los docentes y alumnos con sus pruebas y amenazas de represión legal y laboral.
Existen muchas más alternativas de evaluación cuantitativa y cualitativa que se
pueden poner en marcha si ocurre un cambio en serio que haga posible transformar
la SEP y dejar atrás estos años ominosos para la educación. Evaluación sí, pero
para transformar la educación, no para golpear, amedrentar y diferenciar a los
docentes y a las escuelas, y menos para hacer más ricos a los de por sí
ostentosos líderes sindicales y burócratas de medio pelo.
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