Redes sociales sí, Televisa no
La estrecha relación de Enrique Peña Nieto con Televisa proviene de lejos
–desde que fue gobernador del Estado de México–. El acuerdo fraguado por él y
aceitado con millones de pesos por el PRI para asegurar su triunfo en este 2012,
está convirtiéndose en un boomerang en su contra. Mal socio escogió: el
consorcio se ha caracterizado por su parcialidad informativa, el aplauso
acrítico al poder y el rechazar cualquier límite a la obtención de ganancias. La
ciudadanía consciente lo sabe.
El repudio social a la línea informativa se
manifestó en 1988 cuando Manuel Clouthier, candidato del PAN a la presidencia,
emprendió mítines de reparo creando un slogan que decía: “No veas Televisa
porque no dice la verdad”. En 2006 el reproche aumentó, estuvo a cargo de la
izquierda. Y en este año electivo la protesta es reeditada por los jóvenes
puesto que Televisa no aprende la lección. La televisora se hizo eco de la
acusación de infiltrados y porros lanzada por el PRI en contra de alumnos de la
Universidad Iberoamericana porque no estuvieron de acuerdo con que el abanderado
del tricolor hiciera proselitismo en su escuela y lo corrieron.
La respuesta
dinosáurica sólo exacerbó los ánimos y le dio impulso a un movimiento que
seguirá creciendo pues hay sustrato para ello. Además, 2012 no es 1988, ni 2006.
Los muchachos que hoy se manifiestan nacieron en plena crisis del sistema y
crecieron con instrumentos que han probado su eficacia entre la juventud como
aparatos de comunicación: los teléfonos celulares, internet y las redes
sociales. Sirviéndose de ellas organizan su descontento, convocan a marchas y se
expresan con un lenguaje nuevo, festivo, a tono con los tiempos.
Televisa,
que también actúa como dinosaurio porque el tamaño de sus intereses y la
costumbre de dominar no le permiten agilidad, ahora quiere rectificar. Tanto en
el noticiario que conduce Carlos Loret de Mola como en el de Joaquín López
Dóriga se transmitió la crónica de los hechos protagonizados por los jóvenes,
incluyendo la crítica a la cobertura informativa de la empresa. Otro boomerang:
la gente de todo el país se enteró de que no se quiere a Peña pues no se le
cree, pero tampoco a Televisa.
El consorcio se encuentra así atrapado entre
la espada y la pared: si dice mentiras perderá más credibilidad, si dice la
verdad su candidato acabará por hundirse y con él las enormes prerrogativas de
las que goza el oligopolio, sus ganancias descomunales y su poder fáctico.
La
noche del lunes 21 hubo otra información desconcertante, el IFE bajó su página
en donde cada semana se dan a conocer las cifras del monitoreo que realiza la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Según dijo el comunicador
de Televisa, el IFE señaló que la UNAM no tenía los datos. ¿Qué sucedió?
El repudio social a la línea informativa se manifestó en 1988 cuando Manuel Clouthier, candidato del PAN a la presidencia, emprendió mítines de reparo creando un slogan que decía: “No veas Televisa porque no dice la verdad”. En 2006 el reproche aumentó, estuvo a cargo de la izquierda. Y en este año electivo la protesta es reeditada por los jóvenes puesto que Televisa no aprende la lección. La televisora se hizo eco de la acusación de infiltrados y porros lanzada por el PRI en contra de alumnos de la Universidad Iberoamericana porque no estuvieron de acuerdo con que el abanderado del tricolor hiciera proselitismo en su escuela y lo corrieron.
La respuesta dinosáurica sólo exacerbó los ánimos y le dio impulso a un movimiento que seguirá creciendo pues hay sustrato para ello. Además, 2012 no es 1988, ni 2006. Los muchachos que hoy se manifiestan nacieron en plena crisis del sistema y crecieron con instrumentos que han probado su eficacia entre la juventud como aparatos de comunicación: los teléfonos celulares, internet y las redes sociales. Sirviéndose de ellas organizan su descontento, convocan a marchas y se expresan con un lenguaje nuevo, festivo, a tono con los tiempos.
Televisa, que también actúa como dinosaurio porque el tamaño de sus intereses y la costumbre de dominar no le permiten agilidad, ahora quiere rectificar. Tanto en el noticiario que conduce Carlos Loret de Mola como en el de Joaquín López Dóriga se transmitió la crónica de los hechos protagonizados por los jóvenes, incluyendo la crítica a la cobertura informativa de la empresa. Otro boomerang: la gente de todo el país se enteró de que no se quiere a Peña pues no se le cree, pero tampoco a Televisa.
El consorcio se encuentra así atrapado entre la espada y la pared: si dice mentiras perderá más credibilidad, si dice la verdad su candidato acabará por hundirse y con él las enormes prerrogativas de las que goza el oligopolio, sus ganancias descomunales y su poder fáctico.
La noche del lunes 21 hubo otra información desconcertante, el IFE bajó su página en donde cada semana se dan a conocer las cifras del monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Según dijo el comunicador de Televisa, el IFE señaló que la UNAM no tenía los datos. ¿Qué sucedió?
El exgobernador, en cuatro causas judiciales
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos elabora un
expediente judicial por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
contra el exgobernador priista de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington
Ruvalcaba.
“Estamos recabando información en los casos de narcotráfico y lavado de dinero que tienen que ver con el Cártel del Golfo y Los Zetas, donde se menciona el nombre del exgobernador”, confía a Proceso una funcionaria de la citada dependencia.
Las causas criminales y civiles que se han dado a conocer en días recientes en Texas “son parte del expediente que se está elaborando para el caso del señor Yarrington (pero) también contamos con la información que al respecto nos está proporcionando el gobierno de México”, añade la funcionaria, quien pide el anonimato.
El presunto involucramiento de Yarrington con el tráfico de drogas y el lavado de dinero en Estados Unidos –y hasta con un asesinato político en Tamaulipas– está presente en cuatro acciones judiciales en Texas:
En la demanda criminal contra Antonio Peña Argüelles, que se develó el pasado 6 de febrero en la Corte Federal del Distrito Oeste, en San Antonio; en la causa criminal contra Fernando Alejandro Cano Martínez ante la Corte Federal de Distrito Sur, en Brownsville; en la demanda civil para decomisar un condominio en la Isla del Padre, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Corpus Christi, y en una demanda civil presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste en San Antonio para confiscar un terreno de 18.6 hectáreas.
El eventual proceso en Estados Unidos contra el exgobernador, según la fuente, podría implicar un juicio muy complicado porque está sustentado sólo en declaraciones de “informantes de la DEA” y de “personas encausadas judicialmente” en este país.
“Estamos recabando información en los casos de narcotráfico y lavado de dinero que tienen que ver con el Cártel del Golfo y Los Zetas, donde se menciona el nombre del exgobernador”, confía a Proceso una funcionaria de la citada dependencia.
Las causas criminales y civiles que se han dado a conocer en días recientes en Texas “son parte del expediente que se está elaborando para el caso del señor Yarrington (pero) también contamos con la información que al respecto nos está proporcionando el gobierno de México”, añade la funcionaria, quien pide el anonimato.
El presunto involucramiento de Yarrington con el tráfico de drogas y el lavado de dinero en Estados Unidos –y hasta con un asesinato político en Tamaulipas– está presente en cuatro acciones judiciales en Texas:
En la demanda criminal contra Antonio Peña Argüelles, que se develó el pasado 6 de febrero en la Corte Federal del Distrito Oeste, en San Antonio; en la causa criminal contra Fernando Alejandro Cano Martínez ante la Corte Federal de Distrito Sur, en Brownsville; en la demanda civil para decomisar un condominio en la Isla del Padre, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Corpus Christi, y en una demanda civil presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste en San Antonio para confiscar un terreno de 18.6 hectáreas.
El eventual proceso en Estados Unidos contra el exgobernador, según la fuente, podría implicar un juicio muy complicado porque está sustentado sólo en declaraciones de “informantes de la DEA” y de “personas encausadas judicialmente” en este país.
El homicidio del candidato
La presunta relación de Yarrington con el narcotráfico y el lavado de dinero
se hizo pública por primera vez ante la juez federal Nancy Stein Nowak, de la
Corte en San Antonio.
En la demanda criminal contra Peña Argüelles, el agente de la DEA Stephen A. Parkinson describe la relación del acusado, del hermano de éste, Alfonso Peña Argüelles, y de Yarrington con los líderes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, Z-40, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y con los del Cártel del Golfo.
La DEA acusa a Antonio Peña de conspiración para lavar dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas. La demanda ante Stein señala que el 29 de noviembre de 2011 Alfonso Peña Argüelles fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por órdenes de Treviño Morales pues “el ahora occiso se quedó con 5 millones de dólares que pertenecían a Los Zetas”.
“Alfonso Peña Argüelles fue asesinado por Los Zetas debido al robo de ganancias procedentes de la venta de drogas que se entregaron a los hermanos Peña Argüelles a nombre de Treviño Morales” a fin de “conseguir influencia política en el gobierno de Tamaulipas por medio del exgobernador Tomás Yarrington”, se lee en la página 3 de las 14 que integran la acusación del agente de la DEA.
Entre las evidencias que el Departamento de Justicia presentó a la Corte de San Antonio está un mensaje de texto que supuestamente Treviño Morales envió a Antonio Peña Argüelles horas antes del asesinato de su hermano. En ese mensaje el capo zeta le informaba que tenía secuestrado a Alfonso, lo amenazó de muerte y exigió la devolución de los 5 millones de dólares.
También hizo una acusación muy seria: “Además tu hermano ha estado diciendo aquí que tú y Tomás Yarrington, junto con Costilla (Jorge Eduardo Costilla Sánchez, capo del Cártel del Golfo) asesinaron al candidato (priista) a gobernador (de Tamaulipas) Rodolfo Torre Cantú (el 28 de junio de 2010) porque afectaba los negocios de construcción y estaba protegido”.
El caso contra Peña Argüelles sostiene que este hombre, detenido por las autoridades estadunidenses el 8 de febrero de 2012, hizo transferencias bancarias de México a Estados Unidos y a la inversa con dinero procedente del tráfico de drogas con el objeto de comprar casas, terrenos, vehículos y otros bienes dentro del territorio estadunidense.
A Peña la demanda lo identifica como “el enlace” entre Yarrington y los dos principales capos de Los Zetas.
Con el testimonio de cuatro informantes del agente Parkinson, se notifica a Stein que uno de ellos –identificado como CS-3– varias veces “observó a Antonio Peña Argüelles reunirse con Tomás Yarrington en Nuevo Laredo, México, y en Estados Unidos… En 2008 Antonio Peña Argüelles se reunió en varias ocasiones con Tomás Yarrington en una casa en San Antonio” que rentaba el exgobernador.
Otro informante, CS-4, asegura, según la causa federal SA-12-M-120: “Aproximadamente entre 2000 y 2001 Peña Argüelles comenzó a trabajar para Tomás Yarrington lavando dinero procedente de la venta de drogas, fondos que Yarrington recibía por parte del Cártel del Golfo. Peña Argüelles coordinaba las actividades de lavado de dinero y los bienes de Yarrington en Estados Unidos y en México”.
Como otra de las pruebas de la DEA contra Peña Argüelles se enlistan los números telefónicos guardados en el celular del acusado: ahí están los de Yarrington y Treviño.
En la demanda criminal contra Peña Argüelles, el agente de la DEA Stephen A. Parkinson describe la relación del acusado, del hermano de éste, Alfonso Peña Argüelles, y de Yarrington con los líderes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, Z-40, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y con los del Cártel del Golfo.
La DEA acusa a Antonio Peña de conspiración para lavar dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas. La demanda ante Stein señala que el 29 de noviembre de 2011 Alfonso Peña Argüelles fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por órdenes de Treviño Morales pues “el ahora occiso se quedó con 5 millones de dólares que pertenecían a Los Zetas”.
“Alfonso Peña Argüelles fue asesinado por Los Zetas debido al robo de ganancias procedentes de la venta de drogas que se entregaron a los hermanos Peña Argüelles a nombre de Treviño Morales” a fin de “conseguir influencia política en el gobierno de Tamaulipas por medio del exgobernador Tomás Yarrington”, se lee en la página 3 de las 14 que integran la acusación del agente de la DEA.
Entre las evidencias que el Departamento de Justicia presentó a la Corte de San Antonio está un mensaje de texto que supuestamente Treviño Morales envió a Antonio Peña Argüelles horas antes del asesinato de su hermano. En ese mensaje el capo zeta le informaba que tenía secuestrado a Alfonso, lo amenazó de muerte y exigió la devolución de los 5 millones de dólares.
También hizo una acusación muy seria: “Además tu hermano ha estado diciendo aquí que tú y Tomás Yarrington, junto con Costilla (Jorge Eduardo Costilla Sánchez, capo del Cártel del Golfo) asesinaron al candidato (priista) a gobernador (de Tamaulipas) Rodolfo Torre Cantú (el 28 de junio de 2010) porque afectaba los negocios de construcción y estaba protegido”.
El caso contra Peña Argüelles sostiene que este hombre, detenido por las autoridades estadunidenses el 8 de febrero de 2012, hizo transferencias bancarias de México a Estados Unidos y a la inversa con dinero procedente del tráfico de drogas con el objeto de comprar casas, terrenos, vehículos y otros bienes dentro del territorio estadunidense.
A Peña la demanda lo identifica como “el enlace” entre Yarrington y los dos principales capos de Los Zetas.
Con el testimonio de cuatro informantes del agente Parkinson, se notifica a Stein que uno de ellos –identificado como CS-3– varias veces “observó a Antonio Peña Argüelles reunirse con Tomás Yarrington en Nuevo Laredo, México, y en Estados Unidos… En 2008 Antonio Peña Argüelles se reunió en varias ocasiones con Tomás Yarrington en una casa en San Antonio” que rentaba el exgobernador.
Otro informante, CS-4, asegura, según la causa federal SA-12-M-120: “Aproximadamente entre 2000 y 2001 Peña Argüelles comenzó a trabajar para Tomás Yarrington lavando dinero procedente de la venta de drogas, fondos que Yarrington recibía por parte del Cártel del Golfo. Peña Argüelles coordinaba las actividades de lavado de dinero y los bienes de Yarrington en Estados Unidos y en México”.
Como otra de las pruebas de la DEA contra Peña Argüelles se enlistan los números telefónicos guardados en el celular del acusado: ahí están los de Yarrington y Treviño.
Sobornos
La otra demanda criminal en Texas que implica al exmandatario tamaulipeco –la
B-12-435 contra Cano Martínez– no lo señala directamente, aunque sostiene que
con dinero proveniente del narcotráfico el encausado sobornó a las autoridades
de Tamaulipas de 1998 a la fecha.
El Departamento de Justicia le achaca a Cano dos delitos federales: lavado de dinero y declaraciones falsas ante instituciones financieras y fraude bancario. En la denuncia ante la Corte de Brownsville los fiscales acusan a Cano de lavar dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas en México y en Estados Unidos.
“Para garantizar la continuidad de las actividades ilegales, miembros y socios del Cártel del Golfo usaron porciones de las ganancias derivadas de las actividades de trasiego de drogas para pagar rutinariamente sobornos grandes a altos funcionarios en el estado de Tamaulipas y a candidatos políticos. Esos sobornos se pagan a cambio de poca o nula interferencia policiaca concerniente a las actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas”, señala el documento.
La implicación de Yarrington con el narcotráfico está implícita en la primera página del expediente, donde se dice que Cano, a nombre del Cártel del Golfo, sobornó a “altos funcionarios” del estado desde 1998 a la fecha. Aquél gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004.
Según varias fuentes federales de Estados Unidos, consultadas por Proceso, será durante el juicio contra Cano cuando salgan a relucir abiertamente los nombres de Yarrington y de otro personaje relacionado con él, Napoleón Rodríguez, a quien el Departamento de Justicia acusa de ser prestanombres del exmandatario tamaulipeco en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia asegura que de 2005 a 2009 y por conducto de varias empresas estadunidenses y mexicanas, Cano y “algunos de sus socios no encausados” cometieron los delitos de lavado de dinero y fraude bancario por varias decenas de millones de dólares con depósitos y giros bancarios electrónicos sustentados en 10 cuentas bancarias mexicanas y en por lo menos cinco bancos estadunidenses.
Las autoridades fundamentan el delito de fraude bancario del que acusan a Cano en los créditos solicitados por las empresas registradas en Estados Unidos, las que con documentación apócrifa recibieron financiamientos de hasta 15 millones de dólares. De ahí que el Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal de Brownsville decomisar bienes y cuentas bancarias de Cano en Estados Unidos por unos 20 millones de dólares.
El Departamento de Justicia le achaca a Cano dos delitos federales: lavado de dinero y declaraciones falsas ante instituciones financieras y fraude bancario. En la denuncia ante la Corte de Brownsville los fiscales acusan a Cano de lavar dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas en México y en Estados Unidos.
“Para garantizar la continuidad de las actividades ilegales, miembros y socios del Cártel del Golfo usaron porciones de las ganancias derivadas de las actividades de trasiego de drogas para pagar rutinariamente sobornos grandes a altos funcionarios en el estado de Tamaulipas y a candidatos políticos. Esos sobornos se pagan a cambio de poca o nula interferencia policiaca concerniente a las actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas”, señala el documento.
La implicación de Yarrington con el narcotráfico está implícita en la primera página del expediente, donde se dice que Cano, a nombre del Cártel del Golfo, sobornó a “altos funcionarios” del estado desde 1998 a la fecha. Aquél gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004.
Según varias fuentes federales de Estados Unidos, consultadas por Proceso, será durante el juicio contra Cano cuando salgan a relucir abiertamente los nombres de Yarrington y de otro personaje relacionado con él, Napoleón Rodríguez, a quien el Departamento de Justicia acusa de ser prestanombres del exmandatario tamaulipeco en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia asegura que de 2005 a 2009 y por conducto de varias empresas estadunidenses y mexicanas, Cano y “algunos de sus socios no encausados” cometieron los delitos de lavado de dinero y fraude bancario por varias decenas de millones de dólares con depósitos y giros bancarios electrónicos sustentados en 10 cuentas bancarias mexicanas y en por lo menos cinco bancos estadunidenses.
Las autoridades fundamentan el delito de fraude bancario del que acusan a Cano en los créditos solicitados por las empresas registradas en Estados Unidos, las que con documentación apócrifa recibieron financiamientos de hasta 15 millones de dólares. De ahí que el Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal de Brownsville decomisar bienes y cuentas bancarias de Cano en Estados Unidos por unos 20 millones de dólares.
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