Las atrocidades de alguien más
Noam Chomsky
Kim Phuc Phan Thi, embajadora de buena voluntad de la
Unesco, acompañada en Toronto por el fotógrafo de Associated Press Nick Ut,
quien en 1972 tomó la histórica imagen en Trang Bang de la entonces niña
vietnamita cuando huía de un ataque estadunidense con napalm
Foto Ap
En su perspicaz estudio Ideal Illusions: How the U.S. Government
Co-Opted Human Rights, el experto en asuntos internacionales James Peck
observa:
En la historia de los derechos humanos, las peores atrocidades son cometidas siempre por alguien más, nunca por nosotros, independientemente de quiénes sean
nosotros. Casi cualquier momento de la historia ofrece innumerables ejemplos. Limitémonos a las últimas semanas.
El 10 de mayo, se inauguraron las Olimpiadas de Verano en el lugar de
nacimiento griego de los antiguos juegos. Unos días antes, en un hecho
virtualmente inadvertido, el gobierno de Vietnam dirigió una carta al Comité
Olímpico Internacional expresando la
profunda preocupación del gobierno y el pueblo de Vietnam por la decisión del COI de aceptar a Dow Chemical Company como un socio global que patrocina el movimiento olímpico.
Dow suministró los químicos que Washington utilizó de 1961 en adelante para
destruir los cultivos y bosques en el sur de Vietnam, empapando al país con el
llamado agente naranja.
Estos tóxicos contienen dioxina, uno de los cancerígenos más letales que se
conocen, que afectó a millones de vietnamitas y a muchos soldados
estadunidenses. Hasta la actualidad en Vietnam, fetos abortados e infantes
deformes son muy probablemente efecto de estos crímenes; aunque, debido a la
negativa de Washington a investigar, tenemos sólo los estudios de científicos
vietnamitas y analistas independientes.
Se unieron al llamado vietnamita contra Dow el gobierno de India, la
Asociación Olímpica India y los sobrevivientes de la horrenda filtración de gas
en Bhopal en 1984, uno de los peores desastres industriales de la historia, que
mató a miles y lesionó a más de medio millón.
Union Carbide, la corporación responsable del desastre, fue adquirida por
Dow, empresa para la que el asunto no es problema menor. En febrero,
Wikileaks reveló que Dow contrató a la agencia investigadora privada
estadunidense Stratfor para monitorear a los activistas que buscaban
compensación para las víctimas y enjuiciamiento a los responsables.
Otro crimen importante con efectos persistentes muy graves es el ataque de la
infantería de marina de Estados Unidos contra la ciudad iraquí de Faluyá,
sucedido en noviembre de 2004.
A las mujeres y niños se les permitió escapar si podían. Después de varias
semanas de bombardeos, el ataque se inició con un crimen de guerra
cuidadosamente planeado: la invasión del Hospital General de Faluyá, donde se
ordenó a los pacientes y al personal que se tiraran al suelo, con las manos
atadas. Pronto las ataduras fueron desechas; el recinto era seguro.
La justificación oficial fue que el hospital estaba reportando víctimas
civiles, y por tanto se le consideraba una arma de propaganda. Gran parte de la
ciudad fue dejada en
ruinas humeantes, informó la prensa mientras los infantes de marina buscaban insurgentes en sus
madrigueras. Los invasores prohibieron el ingreso de la Media Luna Roja. A falta de una averiguación oficial, se desconoce la escala de los crímenes.
Si los actos de Faluyá son reminiscentes de los hechos ocurridos en el
enclave bosnio de Srebrenica, ahora de nuevo en las noticias con el juicio por
genocidio contra el comandante militar serbio Ratko Mladic, hay una buena razón.
Una comparación honesta sería instructiva, pero no hay temor de eso: una es una
atrocidad, la otra no, por definición.
Como en Vietnam, investigadores independientes están reportando los efectos a
largo plazo del ataque a Faluyá.
Investigadores médicos han encontrado aumentos drásticos en mortalidad
infantil, cáncer y leucemia, en niveles incluso más altos que en Hiroshima y
Nagasaki. Los niveles de uranio en muestras de cabello y del suelo están mucho
más allá que en casos comparables.
Uno de los raros investigadores de los países invasores es el doctor Kypros
Nicolaides, director del centro de investigación de medicina fetal en el King’s
College Hospital en Londres.
Estoy seguro de que los estadunidenses usaron armas que causaron estas deformidades, dice Nicolaides.
Los efectos perdurables de una no-atrocidad enormemente mayor fueron
reportados en mayo por el profesor de derecho estadunidense James Anaya, el
relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Anaya se atrevió a entrar en territorio prohibido al investigar las
condiciones horribles entre lo que resta de la población nativa americana en
Estados Unidos;
pobreza, malas condiciones de salud, falta de logros en la educación formal (y) males sociales que exceden por mucho los de otros segmentos de la población estadunidense, informó Anaya. Ningún miembro del Congreso de Estados Unidos estuvo dispuesto a reunirse con el profesor. La cobertura de prensa fue mínima.
Los disidentes han estado mucho en las noticias después del dramático rescate
del activista de derechos civiles chino ciego Chen Guangcheng.
La conmoción internacional, escribió Samuel Moyn en The New York Times el mes pasado, “despertó recuerdos de anteriores disidentes como Andrei D. Sajarov y Aleksandr I. Solyenitzin, los héroes del bloque oriental de otra era que fueron los primeros en convertir los ‘derechos humanos internacionales’ en un grito de batalla para los activistas en todo el planeta y en un elemento de alto perfil en las agendas de los gobiernos occidentales”.
Moyn es autor de The Last Utopia: Human Rights in History, publicado
en 2010. En The New York Times Book Review, Belinda Cooper cuestionó
que Moyn remontara la prominencia contemporánea de estos ideales a
las medidas abortivas de (el presidente Jimmy) Carter para insertar los derechos humanos en la política exterior y los acuerdos de Helsinki de 1975 con la Unión Soviética, enfocándose en los abusos en la esfera soviética. Encuentra a la tesis de Moyn poco convincente porque
una historia alternativa a la suya es demasiado fácil de montar.
Bastante cierto: La alternativa obvia es la que ofrece James Peck, la cual
difícilmente puede considerar la corriente dominante, aunque los hechos
relevantes son asombrosamente claros y conocidos al menos para los expertos.
Por ello en Cambridge History of the Cold War, John Coatsworth
recuerda que de 1960 al
colapso soviético en 1990, las cifras de prisioneros políticos, víctimas de tortura, y ejecuciones de disidentes políticos no violentos en Latinoamérica excedieron vastamente los de la Unión Soviética y sus satélites de Europa oriental. Pero al no ser atrocidades, estos crímenes, sustancialmente rastreables a la intervención estadunidense, no inspiraron una cruzada de derechos humanos.
También inspirado por el rescate de Chen, el columnista de The New York
Times escribe que
los disidentes son heroicos, pero pueden ser
irritantes para los diplomáticos estadunidenses que tienen importantes negocios que hacer con países que no comparten nuestros valores.
Keller critica a Washington por, en ocasiones, no estar a la altura de
nuestros valores con acción rápida cuando otros cometen crímenes.
Los disidentes heroicos no escasean dentro de los dominios de influencia y
poder de Estados Unidos, pero son tan invisibles como las víctimas
latinoamericanas. Mirando casi al azar alrededor del mundo, encontramos a
Abdulhadi al-Khawaja, co-fundador del Centro para los Derechos Humanos de
Bahréin, un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional que ahora
enfrenta la muerte en prisión por una prolongada huelga de hambre.
Y el padre Mun Jeong-hyeon, el anciano sacerdote coreano que resultó
gravemente herido mientras celebraba misa como parte de la protesta contra la
construcción de una base naval estadunidense en la isla Jeju, llamada Isla de la
Paz, ahora ocupada por fuerzas de seguridad por primera vez desde las matanzas
de 1948 a manos del gobierno sudcoreano impuesto por Estados Unidos.
Y el erudito turco Ismail Besikci, que enfrenta juicio de nuevo por defender
los derechos de los kurdos. Ya ha pasado gran parte de su vida en prisión por el
mismo cargo, incluido en los años 90, cuando el gobierno de Clinton estaba
ofreciendo a Turquía enormes cantidades de ayuda militar; en una época en que
los militares turcos perpetraron algunas de las peores atrocidades del
periodo.
Pero estos casos son todos inexistentes, en base a los principios estándar,
junto con otros casos demasiado numerosos para ser mencionados.
(El libro más reciente de Noam Chomsky es Occupy. Chomsky es
profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts en Cambridge, Massachusetts)
Una reforma perfectible
Miguel Concha
La reforma al Código Penal del Distrito Federal, promulgada el
pasado 6 de junio por el jefe de Gobierno, tiene como objetivo homologar la
tipificación de la tortura con los estándares internacionales, con el fin de
erradicar su práctica en la actuación, omisión y/o aquiescencia de autoridades y
servidores públicos de esta ciudad capital. Rescata algunas de las propuestas
impulsadas desde la sociedad civil y por los asambleístas del DF, así como de la
propuesta que se discutió entre marzo y abril de 2011 en la Mesa
Interinstitucional para la Implementación de Justicia, del Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
Entre ellas: 1) Que la tortura es un delito que se comete en contra de la
dignidad de las personas, en el que se infligen dolores o sufrimientos, ya sean
físicos o mentales a una persona, incluida la violencia sexual, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un
acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o intimidarla o
coaccionarla a ella o a otra, o por cualquier otro fin. Se extiende además al
supuesto en el que existe la posibilidad de anular la personalidad de la víctima
y disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o
angustia sicológica. 2) Se precisa que todo servidor público que en el ejercicio
de sus funciones conozca de hechos constitutivos de este delito, está obligado a
denunciarlo de inmediato.
3) Se dispone que no son excluyentes de responsabilidad situaciones de
inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones, medidas de
seguridad, ni la justificación de haber recibido orden de un superior jerárquico
o cualquier otra autoridad. 4) Otro elemento de relevancia es el hecho de que se
asume que la tortura es un delito imprescriptible; es decir, que su denuncia no
está condicionada a un lapso de tiempo, ya sea por la víctima, un tercero o por
la autoridad.
5) En este último caso, si el servidor o autoridad no hacen la denuncia
respectiva, incurrirían también en responsabilidad penal. 6) Desaparecen las
subcategorías de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o los
indefinibles
dolores o sufrimientos gravesde la legislación federal.
Durante los últimos años las denuncias por tortura en México han aumentado.
No así la persecución y el castigo de los responsables. Es una práctica que
persiste para fabricar culpables y atropellar derechos humanos, y ha sido
evidenciada en informes de mecanismos de la ONU, organismos civiles nacionales e
internacionales, y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, es importante dejar en claro que el derecho constitucional de
acceso a la justicia no implica en este caso solamente admitir una denuncia e
iniciar una investigación, sino que, en virtud de lo que dispone ahora el
artículo primero de la Constitución, en lo que se refiere a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, debe ajustarse a los instrumentos internacionales y apoyarse en protocolos como el de Estambul, evitando dilaciones.
Las preocupaciones que se recogen de la experiencia en materia de tortura del
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria son precisamente la
dilación y los obstáculos que existen en la integración de averiguaciones
previas, que atentan contra el derecho al debido proceso, porque la denuncia no
se integra por ese delito, sino por abuso de autoridad, o porque se le resta
gravedad consignándolo como malos tratos, lo que implica una pena menor y una
menor garantía en la reparación del daño. Todo ello sin considerar además el
hecho de que no se facilita a la defensa de las víctimas el acceso a los
expedientes. La obstrucción a una defensa adecuada existe también cuando
intencionalmente se proporciona información sesgada sobre alguna averiguación
previa. Y cuando para justificar la impunidad y la deficiencia en sus
actuaciones el Ministerio Público dicta el no ejercicio de la acción penal, que
se tiene que combatir en amparo tantas veces como aquél decida cerrar la
investigación, o hasta que la víctima o sus representantes se hayan cansado.
El acceso a la justicia de las víctimas de tortura es en México
imperceptible, pues en la parte procedimental la dilación en la integración de
la averiguación previa es una práctica común, ya que existen diligencias que no
se llevan a cabo con oportunidad. El no ejercicio de la acción penal es además
comúnmente acordado, lo que hace que cuando se combate en amparo se dejen las
investigaciones en la incertidumbre, de tal forma que pueden pasar muchos años
antes de integrar una investigación y/o consignarla. En las solicitudes de
acceso a la información pública que ha hecho el Centro Vitoria, la Procuraduría
General de Justicia del DF (PGJDF) ha referido que no tiene una base de datos,
registros o documentación anterior a 2007, y afirma que desde ese año, hasta
febrero de 2012, existe una sola averiguación previa por tortura consignada sin
detenido. Ello a pesar de que hay denunciantes, o que la Comisión de Derechos
Humanos del DF haya emitido hasta ahora 44 recomendaciones por tortura, que
involucran a la PGJDF, a la Secretaría de Seguridad Pública y al sistema
penitenciario.
La reforma penal promulgada del delito de tortura en el DF es quizás la más
importante realizada hasta ahora en el país. Ello, no obstante, es perfectible
si se atiende a los estándares más altos. Por lo que la apuesta es a la
construcción de una ley especializada en la materia, que involucre a las
diferentes instituciones administrativas, de justicia y elaboración de
leyes.
CFE: manejo desastroso
La amplia inconformidad ciudadana por los cobros exorbitantes en las
tarifas de electricidad –que se expresa en las más de 64 mil quejas ante la
Procuraduría Federal del Consumidor entre 2011 y lo que va de este año–, y la
crítica situación que enfrentan miles de usuarios y familias en el país como
consecuencia de los mismos, son las expresiones sociales más visibles del manejo
ineficiente y antinacional realizado por las últimas administraciones en la
industria de propiedad pública, particularmente en la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Además de la injustificable proliferación de
cobros estimadosa los usuarios de energía eléctrica de todo el territorio –lo que en sí explica en parte el descontrolado aumento en las tarifas–, en la actual ofensiva a la economía de las familias y las pequeñas empresas convergen factores de larga data.
Debe recordarse, en primer lugar, que desde el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari la administración federal dio un paso determinante en la llamada
privatización silenciosadel sector, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que actualmente permite que compañías trasnacionales produzcan más de la mitad de la electricidad que se consume en el país, y condiciona a la paraestatal a entregar sumas crecientes a empresas particulares. Por añadidura, en los últimos años la CFE ha invertido enormes cantidades de recursos en la compra de gas natural importado para suministro de compañías privadas, política que resulta doblemente improcedente: por un lado, porque mientras el gas natural es adquirido en el extranjero, a precios impredecibles, se permite que Petróleos Mexicanos queme anualmente más de mil millones de pies cúbicos de ese combustible; por el otro, porque aun si fuera el caso que el país no pudiera extraer suficiente cantidad del producto, existen otras vías de generación eléctrica que podrían subsanar ese déficit, como la eólica o la hídrica.
Finalmente, en los años recientes, de acuerdo con informes oficiales, la CFE
se ha endeudado en forma sostenida con empresas privadas, la mayoría
extranjeras, mediante los proyectos de inversión diferidos en el gasto
(Pidiregas), aun en casos en que la paraestatal tenía capacidad de invertir en
obras de infraestructura.
El empeño de las administraciones federales por disminuir el peso del Estado
en el sector eléctrico en beneficio de particulares podría explicar, por sí
mismo, el creciente debilitamiento financiero de la paraestatal, que el año
pasado exhibió pérdidas por 17 mil 168 millones de pesos. Pero a ello debe
sumarse la omisión de las autoridades federales para combatir la extendida
corrupción en las oficinas de la CFE y para contrarrestar el robo de energía,
que en la última década ha costado, según estimaciones de especialistas, 240 mil
millones de pesos.
La situación actual de la bautizada
empresa de clase mundialabre amplios márgenes para los cuestionamientos en torno a lo que parece ser una política gubernamental orientada a desacreditar al Estado como un administrador eficiente y transparente de las entidades a su cargo, a fin de presentar como viables y hasta necesarias las desincorporaciones y privatizaciones abiertas –proscritas en la Constitución– y a las que se ha opuesto la sociedad. Por añadidura, los malos manejos administrativos de la CFE echan por tierra los argumentos esgrimidos por el gobierno federal hace casi tres años para justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro: a fin de cuentas, si el argumento usado para la desaparición de ese organismo fue –según el discurso oficial– la supuesta inviabilidad financiera, operativa y la corrupción en su interior, todo parece indicar que el gobierno se empeña en conducir a la CFE a un escenario similar.
Es de obvia necesidad, en suma, que el próximo gobierno enmiende la
catástrofe social y financiera causada por el actual y sus predecesores en
materia energética, y reoriente el manejo del sector de acuerdo con las
prioridades nacionales y al interés social.
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