Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 27 de junio de 2013

Astillero- Pemex: el plan «transformador»- Obligaciones, necesidades, deseos- PKC: la violación de los derechos laborales en México

Astillero
¿#BastaDePeñasyMontieles?
Góngora, su caída
Maritza, con Videgaray
Versini y sus tres hijos
Julio Hernández López
Foto
INVERSIÓN DE GENERAL MOTORS. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, precisó que la inversión de General Motors, de 691 millones de dólares –anunciada ayer por la empresa en la residencia oficial de Los Pinos– ‘‘está en consonancia con lo que estamos promoviendo y estamos buscando: que México sea un destino de inversiones productivas que vengan a generar empleo y sobre todo empleo bien remunerado; un empleo que esté sujeto a la seguridad social , a una constante capacitación y a la oportunidad de crecimiento individual dentro de los espacios de desarrollo que ofrecen las empresas que se vienen a establecer en México’’
Foto Presidencia
 
El ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel continúa fatigosamente en las dos vertientes de acción jurídica que enderezó contra quien fue su compañera, Ana María Orozco Castillo. A pesar de la generalizada repulsa que obtuvo en cuanto se conocieron los detalles de los procesos entablados contra la madre de sus hijos (uno, referente a las pensiones alimentarias; otro, por fraude respecto a un inmueble), el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue apelando de la sentencia absolutoria obtenida por Orozco Castillo en días pasados aunque ayer, debido a una extraña pifia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, por la mañana se informó que había desistido de tal apelación, lo que fue desmentido por el mismo órgano capitalino más tarde.
 
El caso de Góngora ha resultado especialmente escandaloso por la prominencia de los cargos judiciales que ocupó y por el talante crítico y progresista con el que usualmente actuó. Considerado como hombre de izquierda en la conservadora cúpula del Poder Judicial, aunque siempre respetuoso de formas e institucionalidad, desembocó abiertamente en la participación política al lado de Andrés Manuel López Obrador en su segunda candidatura presidencial, donde fue mencionado como parte del equipo de trabajo que el tabasqueño instalaría en caso de ganar y luego se integró al núcleo fundacional de Morena.
 
En tal contexto resultaron gravemente contradictorios los alegatos y el proceder del ministro en retiro contra quien fue su compañera e incluso contra los intereses de sus dos hijos. Indefendible fue su comportamiento y grotesco el hecho de que en segmentos que podrían considerarse de pensamiento avanzado anidaran las peores formas de relación familiar, criterios clasistas para la asignación de pensiones alimentarias, e incluso indicios de conflicto de intereses al haber dado empleo a su compañera en la misma Corte, y de tráfico de influencias en el litigio que llevó a la cárcel de manera censurable a la misma Orozco.
 
La irritación que provocó la conducta del ministro en retiro abre el camino al análisis y la denuncia de casos similares cometidos en las alturas del poder y en la planicie ciudadana. Un ejemplo de esa disposición se ha visto en ocho espacios periodísticos que concertaron ayer la publicación de un mismo texto bajo el título de #BastaDeGóngoras, con las firmas de Carlos Puig, Salvador Camarena, Katia D’Artigues, Gabriela Warkentin, Bárbara Anderson, Gabriel Bauducco, Yuriria Sierra y Nacho Lozano. A lo largo de dicho texto concertado se menciona directamente el caso de Góngora Pimentel y en términos generales los que han sucedido y siguen sucediendo en el país, pero sin citar, para dar mejor ejemplo de esos abusos de poder, lo referente a Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel, los mexiquenses acusados constante y documentadamente de faltar a sus obligaciones familiares y de utilizar su peso político para arrollar las pretensiones justicieras de dos mujeres.
 
Cierto es que en el cuerpo del mencionado texto común se invita al público a aportar ejemplos de abusos en una dirección electrónica, pero a juicio de este tecleador astillado mucho habría aumentado la contundencia y credibilidad del documento si se hubiesen mencionado los dos ejemplos tan notables de lo que finalmente sustentaron solamente en un ministro caído y no en dos poderosos con vigencia.
 
Y tampoco podría pretenderse una explicación de ese silencio respecto a Peña Nieto en función de la actualidad periodística. El pasado 25, la periodista Sanjuana Martínez dio a conocer en un portal de Internet, SinEmbargo, una grabación telefónica que habría sucedido entre marzo del año pasado y enero del presente, en la que presuntamente el actual ocupante de Los Pinos habría hablado con Maritza Díaz Hernández, con quien tuvo un hijo que hoy tiene nueve años de edad ( http://bit.ly/14Yr3yl ).
 
La señora Díaz ha denunciado de manera insistente la desobligada conducta de Peña Nieto hacia ese pequeño. Para conjurar el escándalo que podrían suscitar ése y otros episodios similares, el propio Peña Nieto abordó el tema siendo candidato presidencial, con lo que la voracidad mediática tan demostrada en otros casos se dio por saciada. En la grabación mencionada, la supuesta voz de quien fue gobernador del estado de México notifica a la madre de su hijo que en delante quien mantendrá comunicación con ella será ‘‘Videgaray’’, el ahora virtual vicepresidente del gabinete peñista.
 
El impulsor principal de la carrera del propio Peña, el ex gobernador Arturo Montiel, también ha sido acusado con insistencia de utilizar con pericia marrullera los vericuetos legales para impedir que tres hijos regresen con su madre, la francesa Maude Versini. Desde el 16 de diciembre de 2011, cuando llegaron a México a visitar a su padre conforme a un entendimiento entre los progenitores, esos tres pequeños han sido retenidos aquí y, a pesar de que la francesa ha ganado todos los juicios entablados al respecto, diversas maniobras leguleyas han ido posponiendo posteriores resoluciones, con el resultado concreto de que la madre sigue sin ver a sus hijos y el poderoso padre mexicano continúa haciendo sentir el poder de las influencias, sobre todo en este sexenio en el que hay agradecimiento siempre dispuesto a hacer favores al tío, maestro y promotor. Así que, ¿cuándo se publicarán textos concertados con la etiqueta específica de #BastaDePeñasYMontieles?
 
Y, mientras la violencia se mantiene abiertamente en Tamaulipas, donde ayer hubo enfrentamientos en Reynosa, y en Michoacán, donde policías comunitarios y pobladores tomaron el palacio municipal de Aguililla y continúan activos y recelosos en otras partes calientes de esa entidad, ¡hasta mañana, con Granier ya en la cárcel, en un proceso de generación propagandística (¡EPN, el gran justiciero que es capaz de poner tras las rejas a un miembro corrupto de su mismo partido!) que ya había sido advertido en esta sección.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Pemex: el plan transformador
John Saxe-Fernández
No se desanime, puede modificar la Constitución, dijo el senador Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda de Calderón, al ofrecerle a Enrique Peña Nieto los votos de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para la apertura total de Pemex al capital privado. Parece que la labor de Calderón se extiende más allá de dar cátedra sobre liderato global a los estudiantes/clientes de la Harvard Corporation que lo acoge con su enorme cauda de muertos, desaparecidos y desplazados. Esa hospitalidad ¿es por promover los intereses y la guerra irregular del Pentágono en México, ya que en su junta ejecutiva figuran ex secretarios del Tesoro como Robert Rubin y Larry Summers? Rubin, además, presidió la junta ejecutiva de Citigroup, matriz de Banamex, inversionista en ExxonMobil, la mayor entre las mayores (BP, ChevronTexaco, Shell, Amoco, Arco) aspirantes a incorporar el gas y petróleo de México a sus activos.
 
Rex Tillerson, gerente de Exxon, ya declaró que estarían dispuestos ... a invertir en el sector de petróleo y gas de México, sólo si el gobierno mexicano permite que la compañía sea dueña de algunas reservas energéticas. (La Jornada, 28/6/12) La promoción para privatizar la exploración y producción petrolera ya empezó. La SE anticipó que el plan que presentarán en septiembre incluirá la capacidad para realizar inversiones por medio de contratos de riesgo y EPN reiteró al Financial Times que abrirá el petróleo a los privados agregando, como exigen Exxon et al, que la reforma sería transformativa al incluir los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados.

Una todavía mayor regresión social y trato colonial –a la Afganistán– se deja ver en el reportaje del Wall Street Journal: “el plan contempla concesiones de 25 años (25-year contracts) de áreas designadas, permitiendo a las firmas privadas registrar las reservas como parte de sus activos (‘allowing private firms to book oil reserves’) lo que les facilita acceso a los mercados financieros globales”. Además, el plan incluye la creación de una agencia nacional de petróleo, una suerte de fondo soberano que administraría los ingresos petroleros del país.

La fuente no especificó el banco global a cargo del manejo de los multimillonarios depósitos. En el caso del gas y petróleo producido por los privados, dicha agencia le pagaría a las firmas los costos de producción y las ganancias (de haberlas) las compartiría el Estado con las compañías, dijeron las fuentes al WSJ. “Cuánto sería la parte del gobierno no ha sido determinado, aunque un alto oficial gubernamental dijo que podría ser de cerca de 70 por ciento (Ibid).
 
Las mayores que operan con el ADN de la Standard Oil de Rockefeller, han soñado esto desde que Lázaro Cárdenas las nacionalizó en 1938. En los tiempos del techo del petróleo –convencional– cuando toda nación cuida sus recursos, cayó como anillo al dedo a las petroleras el entreguismo de la cúpula que opera en lo oscurito del Pacto ¿por México?. Máxime cuando a las mayores se les dificultó lograr tasas adecuadas de reposición e incremento de las reservas, vitales para captar más inversión en el mercado. Desde el escándalo en Wall Street cuando Royal Dutch Shell infló el monto de sus reservas probadas en el mundo en 4 mil 350 millones de barriles (NYT, 19/4/04), la Securities Exchange Comission, encargada de certificar cada año ante los inversionistas el monto de las reservas de cada firma, intensificó la revisión de los informes sobre las reservas de gas y petróleo. El escándalo Shell, dice Steve Coll en su revelador Private Empire (Penguin, 2012 p. 158), hizo obvio que en la era del nacionalismo por los recursos, las presiones sobre las grandes petroleras para reponer reservas son tan severas como para inducir estas groseras distorsiones.
Las iniciativas energéticas, de seguridad y el expedito mecanismo del pacto que desciudadaniza la dinámica política reflejan la urgencia de las grandes petroleras ante las dificultades y obstáculos en el crecimiento de la produccion y el agotamiento de campos petroleros, que pierden entre 5 y 7 por ciento de su producción anual. (“Exxon has an oil shortage” WSJ, 28/IX/12)
 
El plan en México es semejante a diseños anteriores de ExxonMobil en África Occidental endosados por el Banco Mundial, con aprobación del Departamento del Tesoro entonces a cargo de J. Wolfenshon, y luego de Larry Summers, asesorados por T. Geithner: Exxon deposita a un banco global lo que estima le corresponde al gobierno por el gas y petróleo extraídos según sus registros de producción diaria. El banco resultó ser Citigroup, actual dueño de Banamex y de un jugoso bloque accionario de ExxonMobil.
 
Coda: un alto cargo de la SE mencionó al WSJ (18/6/13): Queremos dejar en claro en la Constitución cómo (las firmas privadas) pueden participar. Esto sería la constitucionalización de un traspaso de riqueza sólo comparable al despojo territorial formalizado en 1848.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Petróleo y migrantes-Fisgón
Obligaciones, necesidades, deseos
Manuel Pérez Rocha
La reforma (contrarreforma) a los artículos tercero y 73 de la Constitución, impuesta a través del Pacto por México por la cúpula empresarial mexicana y los tecnócratas y banqueros de la OCDE (como bien demostró Luis Hernández hace unos días en estas páginas), refuerza la jerarquización, el centralismo y el autoritarismo del sistema educativo mexicano y aleja la posibilidad de modernizarlo mínimamente.
 
Varios autores han puesto en evidencia que la principal tarea de la escuela premoderna, tradicional, es enseñar a obedecer, a respetar leyes y reglamentos. Obligación es la palabra central en la vida de la escuela tradicional, esto es, de la escuela hoy dominante en el sistema educativo mexicano (y otros similares), heredero del dogmatismo de la contrarreforma trentina, de los malogrados intentos de liberalismo educativo del siglo XIX y de la derrota de los esfuerzos auténticamente reformadores de los años 20 y 30 del siglo XX mexicano. Esta domesticación es esencial para el funcionamiento de la sociedad capitalista contemporánea y de toda sociedad basada en la dominación y la explotación. Esta función de la escuela se impone a costa de la solidez de los conocimientos y la formación intelectual, y se refuerza encubierta en los programas de formación cívica.

Por supuesto, para que esa tarea domesticadora se haga realidad en la formación de los futuros ciudadanos (futuros empleados), tiene que invadir todo el espacio del sistema escolar, no solamente la vida del aula y los estudiantes, también a los maestros y sus condiciones de trabajo, las funciones de los directores, supervisores y funcionarios medios, abarca lo que debe aprenderse, cuándo y cómo, esto es, la definición de los planes y programas de estudio.

Ya sean de origen legal o moral, las obligaciones no se cuestionan ni se discuten, y la consecuencia de su incumplimiento es una penalidad (legal o moral, la obligación se cumple para evitar un castigo, de la sociedad, de la autoridad o de la conciencia). Próximo al concepto de obligación está el de necesidad, pero éste nos remite a identificar una finalidad, un para qué. Una necesidad es un estado que debe superarse, satisfacerse, mediante una acción para alcanzar un fin, como la vida buena (no confundir con la buena vida), y los fines sí pueden (y deben) discutirse. Partir de la identificación de necesidades y no de obligaciones compromete a incorporar a la razón y a la ética en el proceso de decisión. En el sistema escolar convencional los planes, programas y métodos de estudio son obligatorios, no se discuten, los aprobó la autoridad, si no se cumplen vienen diversas consecuencias. En nuestro sistema de educación superior, caracterizado por una rigidez extrema, pues su función es controlar el acceso de los profesionistas al gremio respectivo, se logró hace unas décadas un tímido avance al aceptar que algunos cursos serían optativos, los demás, la gran mayoría, quedan como obligatorios. En la enseñanza básica todo es obligatorio y ahora con las nuevas reformas será cada vez más uniforme y estandarizado.
 
Una de las innovaciones que se introdujeron en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue la de excluir de los planes de estudio el término obligatorio y sustituirlo por el de indispensable (que es el extremo de lo necesario). No siempre se ha entendido el significado de esta modificación y en muchos casos se ha reducido a un mero cambio de palabra, de manera que sin justificación alguna, sin discutir sus fines (que era el propósito del cambio de lenguaje), se cataloga de indispensable a cualquier curso que un grupo de maestros quiere imponer.
 
La extrema rigidez de planes de estudio únicos en todos los niveles del sistema educativo debería dar lugar a una reforma sustentada en una clasificación meditada de los conocimientos y los objetivos formativos de cada curso o programa, a partir de sus fines, que podría incluir, entre otras, las siguientes categorías: indispensables (por ejemplo anatomía para ser médico), necesarios, altamente convenientes, convenientes, útiles, recomendables. En esas circunstancias, teniendo claros los fines de cada ciclo y curso, puede lograrse consenso debida y públicamente fundado acerca de lo que es indispensable o necesario, y lo que cae en alguna de las otras categorías y que puede quedar al arbitrio de cada maestro y cada estudiante. Por supuesto, hecha explícita la finalidad de lo catalogado como indispensable en un programa, el educando podrá libre y racionalmente decidir si se incorpora o no a él, si coincide con sus fines, su proyecto de vida y sus deseos.
Esta flexibilidad es realidad normal y cotidiana en muchas instituciones y sistemas educativos, de gran prestigio, en el mundo anglosajón. Esta flexibilidad debería extenderse desde la educación superior hasta la básica; un elemento formativo valioso en la educación básica sería que en todas las actividades los niños y jóvenes reflexionaran sobre la finalidad de cada una de éstas, su valor, sus valores de uso, y que incluso tuvieran ciertas opciones y pudieran tomar decisiones al respecto (como de hecho ocurre en escuelas que siguen proyectos modernos: escuelas activas, Freinet, Montessori y otros). La necesaria batalla contra el neoliberalismo no debe hacernos olvidar que tenemos pendiente lograr algunos valores del proyecto educativo del liberalismo.
 
En una sociedad adoctrinada por la televisión y la radio y otros medios con antivalores como el individualismo extremo y el hedonismo alocado, la educación tiene la ingente tarea de desarrollar valores éticos, interés por el conocimiento, compromiso con la sociedad y capacidad de decisión. Sin duda, una tarea igualmente importante de la escuela es contribuir a crear en los niños y jóvenes una sólida conciencia social e histórica, sentido de responsabilidad, y la atención a obligaciones (necesidades) ineludibles (con base en la razón y la ética), siendo una de éstas la de formarse una cultura propia. Pero esto no puede lograrse con un sistema centralizado, jerárquico y autoritario, premoderno, como el que consolidan las reformas recientes y lo que se anuncia para las leyes secundarias.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 
Libre tránsito-Hernández
PKC: la violación de los derechos laborales en México
Napoleón Gómez Urrutia
Mientras que en su país no lo hace porque hay una realidad de apego total a la legalidad, una empresa de capital finlandés comete en México la muy reprobable acción de violar nuestras leyes laborales, tal como lo está haciendo en contubernio con ella la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que ya es sólo un  remedo de la gran central sindical que fue hace décadas, y que en Coahuila la dirige el desprestigiado –y descalificado ante los ojos de los trabajadores– Tereso Medina.
 
Lo curioso y grave del asunto es que los propios directivos de la empresa PKC Arneses de México SA, de Ciudad Acuña, Coahuila, señalan con hipocresía que en su país, Finlandia, no son aceptados ni los sindicatos ni las compañías que establezcan contrataciones de protección. Una compañía como PKC Arneses en su país es altamente respetuosa de los derechos laborales y humanos, de la autonomía y la libertad sindical, porque así se lo exigen el gobierno de esa nación, los sindicatos y la sociedad, pero apenas se estableció en territorio mexicano bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes irresponsablemente le permitieron hacer lo que ha querido con sus trabajadores, como abusos, amenazas, despidos injustificados, violaciones a los derechos laborales y acoso sexual contra las empleadas, sin que exista quien los detenga y los obligue a cumplir con  la ley.

Mientras que en Finlandia, PKC se vanagloria de repudiar a ese tipo de sindicatos espurios, en México no sólo los acepta, sino que a su vez los protege argumentando el supuesto realismo de que así son las cosas aquí y no hay nada que hacer contra esta realidad. Tal parece que a PKC le han dado carta blanca para cometer toda clase de atropellos, los cuales no se atreve a perpetrar en su país, porque la debilidad e indiferencia, si no es que la corrupción que hay en México, tanto de las autoridades locales como las federales, le permiten toda clase de abusos.  La verdad es que esta es una de las muchas herencias negativas y antiobreras que le dejaron al gobierno de Enrique Peña Nieto los dos gobiernos conservadores del Partido Acción Nacional, sobre todo el segundo, encabezado por Felipe Calderón, quien puso a ejecutar toda una política destructiva en contra de los sindicatos democráticos al nefasto Javier Lozano Alarcón, uno de los dos peores secretarios del Trabajo y Previsión Social que haya tenido México, donde el otro fue su antecesor bajo el mando de Fox, Francisco Javier Salazar, la cual es una política que el actual presidente de ninguna manera debería aceptar por ser agresivamente injusta contra los trabajadores de todo el país.

Han habido intentos de la mayoría de los trabajadores de PKC Arneses de México desde hace más de dos años para darse una organización sindical propia e independiente, que en 2012 tuvo un primer episodio negativo por el fraude cometido contra ellos. A petición de estos empleados, el grupo independiente Worker Rights Consortium (WRC), investigó con rigor los hechos ocurridos desde 2011, tarea que realizó a solicitud del Sindicato Minero y del Comité Fronterizo de Obreras (CFO). Los mineros y el grupo internacional WRC, auspiciado por la estadunidense Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y por los United Steelworkers de Canadá y Estados Unidos, en su reporte, destacaron los siguientes hechos:
 
Primero. En las relaciones de la empresa PKC y sus trabajadores, que son más de 8 mil, se han cometido graves violaciones a los estándares laborales internacionales, como los Convenios 87, 98 y otros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto sobre la libertad sindical como sobre la negociación colectiva.
 
Segundo. PKC firmó un ilegal contrato de protección con la CTM en agosto de 2011, sin conocimiento y mucho menos el consentimiento de los trabajadores, como un medio para impedir que los obreros y obreras ejercieran su derecho a unirse a un sindicato de su elección, el Sindicato Minero, amenazándolos la empresa con despidos –que por lo demás ya ejecutó contra un centenar de ellos– y que la decisión libre de los obreros de afiliarse al Sindicato Minero llevaría al cierre de la empresa, lo cual es improbable, pero sí un claro chantaje.
 
Tercero. En complicidad con la CTM, PKC manipuló con fraudes la elección o recuento sindical de octubre de 2012 para impedir que los trabajadores se salieran del control de la empresa y de esa central sindical. Reporta WRC que mientras a los de la CTM la compañía los dejó pasearse abiertamente por sus instalaciones para hacer propaganda en contra de los mineros, a éstos últimos les impidió en absoluto todo movimiento libre en la planta, además de manipular el padrón de empleados, con lo cual perjudicaron a los trabajadores independientes. Al respecto, el grupo internacional WRC denuncia que  la CTM a menudo funciona como sindicato de protección, que no representa a los trabajadores, sino a los patrones.
 
Cuarto. Reinstalación inmediata de los 100 trabajadores cesados en diciembre de 2012,  conocidos como líderes del Sindicato Minero y por oponerse al contratismo de protección entre PKC y la CTM, y oposición total al hecho de que la empresa extranjera boletinó los nombres de estos trabajadores arbitrariamente despedidos a todas las compañías de la región para prohibirles su nueva contratación, así como realizar un recuento limpio en una nueva votación.
 
Quinto. Contra lo que afirman falsamente PKC y CTM, el Sindicato Minero sí está facultado legalmente en su objeto social para organizar y atender los problemas y situaciones de todas las empresas automotrices, maquiladoras y también las del transporte en general.
 
El gobierno de Peña Nieto no debe permitir bajo ningún pretexto o argumento que cualquier empresa nacional o extranjera transgreda las leyes laborales del país en detrimento de sus trabajadores.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Con-cierto consenso-Magú

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