MINERAS DE CANADÁ GENERAN CRISIS SOCIAL

Por: Andrea Vega - junio 26 de 2013 - 0:00INVESTIGACIONES, Investigaciones especiales - 19 comentarios

 

Mineras canadienses exploran y explotan terrenos y minas en México. Hasta 95% de las ganancias de esos proyectos sale del país. Pobladores de esas zonas denuncian impactos negativos a la salud, al ambiente y al tejido social.

Fotos: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Excellon Resources decía que sí. Era 18 de abril de 2013. Era la segunda audiencia entre los representantes de la empresa minera y los ejidatarios de La Sierrita, en Durango, y la compañía de origen canadiense aceptaba devolver mil 090 hectáreas arrendadas desde 2004. La comunidad del ejido La Sierrita pelea desde septiembre pasado en tribunales con la minera Excellon de México, filial de la canadiense, a la que demandó por incumplimiento del contrato establecido para el arrendamiento de 1100 hectáreas.

La minera ha explorado fuera de los territorios establecidos y se ha negado a cumplir con cláusulas como la implementación de una planta tratadora de agua y la concesión de los servicios del comedor a los ejidatarios. El anuncio del fin del conflicto a favor de la comunidad se difundió en la prensa. Se habló de un caso histórico. Ejemplo para otros. Pero Excellon no cumplió.

A la siguiente audiencia, la del 9 de mayo de 2013, la empresa no sólo no llegó con un documento de entrega de las tierras, sino que confirmó su intención de comprar 10 hectáreas, aunque tampoco presentó una oferta formal. Los ejidatarios interpretaron la acción como una más para desgastarlos. Otra burla a ellos, a la ley.

En el lado opuesto del país, en el sur, en Oaxaca, otra comunidad está también en lucha contra una empresa canadiense, en este caso es Fortuna Silver Mines. Parte de los pobladores de San José del Progreso acusan a su filial en México de estar provocando un conflicto social en la comunidad, entre quienes se oponen a la mina y quienes están a favor. Asesinatos y ataques con armas de fuego se imputan a la acción de la compañía en la región.

Cerca de ahí, en Guerrero, la mina Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp, detona diariamente, en el ejido de Carrizalillo, más de 70 mil toneladas métricas de tierra y utiliza cianuro para extraer oro. Activistas han levantado censos que revelan desde enfermedades respiratorias y en la piel, hasta abortos y bebés con malformaciones. La responsable de la clínica en la comunidad asegura que antes de la llegada de la mina se registraban sólo enfermedades comunes.

Tres casos que son sólo una muestra. De acuerdo a información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México hay 25 conflictos socio-ambientales con mineras, de éstas, 15 son empresas canadienses. Los motivos son: contaminación del medio ambiente, falta de consentimientos de las comunidades para el proyecto, problemas de salud, enfrentamientos sociales, entre otros.

Entre las empresas involucradas figuran: Goldcorp, BlackFire, Metallica Resources, Mine Finders, Great Panther, Fortuna Silver, Esperanza Silver, Gold Group, entre otras. Aunque está también el caso de Wirikuta, donde la empresa First Magestic Silver Corp pretendía explorar en tierras sagradas del pueblo wixarika, y muchos otros no registrados en este conteo.

No sólo en México las mineras canadienses avanzan explotando minerales y recursos, dejando una lista de quejas por violaciones a derechos humanos, a la salud y ambientales. Varios países de América Latina registran conflictos similares. Pero las canadienses tienen la vista bien puesta en el país y las autoridades no se hacen del rogar. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial, de acuerdo al Metals Economics Group.

A punto de concluir el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en la primera mitad de 2012, las autoridades salientes concesionaron a la industria minera 4 millones de hectáreas, a través de mil 343 títulos nuevos, lo que implica un crecimiento de 322% respecto al mismo lapso del año anterior.

Las estadísticas del último informe presidencial de Calderón Hinojosa indican que para la primera mitad de 2012 había 2 mil 611 sociedades inscritas en el registro público de minería; las nacionales representaban 48.5%, mientras que 41.5% tenía capital extranjero. Con cifras hasta diciembre de 2012, la Secretaría de Economía (SE) reportó que de las compañías foráneas, 71.83% son canadienses.

¿POR QUÉ CANADÁ INVIERTE TANTO EN MÉXICO?

Canadá, un país conocido por su tradición extractiva de minerales, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversores extranjeros en minas en el mundo. Jennifer Moore, coordinadora para Latinoamérica de Mining Watch, organización que desde 1999 monitorea las quejas contra las compañías mineras de su propio país, dice que allá se ha puesto mucho enfoque en la promoción de esa actividad. “El gobierno del país promueve a la industria y las empresas tienen el respaldo de las autoridades”.

Moore asegura que el interés en la región (60% de la inversión canadiense en el sector está en América Latina) se debe a que los marcos legales son más favorables para sus inversiones; como en el caso de México.

En el texto denominado Survey of mining companies 2010-2011, del Instituto Fraser, que se desprende de una encuesta realizada entre 3 mil compañías de todo el mundo, la canadiense Goldcorp destaca que en México existe un fuerte apoyo gubernamental para las actividades de exploración minera; apoyo implementado por las dependencias que tienen a su cargo administrar y asistir a la industria, lo cual -a decir del consorcio canadiense- se suma a una estructura impositiva favorable.

Y es que estas empresas pagan aquí muchos menos que otros territorios. Natural Resources Canada detalla que en su país, el gobierno cobra regalías mineras a una tasa que fluctúa entre 10 y 17%, según la provincia de que se trate. Estados Unidos aplica una tasa de 10% de regalías, más los impuestos regulares. Chile cobra 9 por ciento.

En México, apenas el pasado 29 de abril el Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputados que reforma diversas disposiciones de la ley minera y de la ley de coordinación fiscal para que las empresas paguen anualmente un impuesto de 5% sobre sus ganancias netas.

La minuta se analizará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, aunque hay senadores que han anticipado su rechazo a los planteamientos, como el perredista Armando Ríos Piter, quien ha calificado la propuesta como equivocada, por dedicarse sólo al tema fiscal, bajo una óptica deficiente, y sin explorar la problemática real, como la parte medio ambiental, laboral y el impacto a las comunidades.

La entidad encargada de otorgar las concesiones mineras es la Secretaría de Economía. Bajo la ley federal vigente, las empresas extranjeras deben solicitar una concesión minera y operar a través de una empresa mexicana, pero la empresa local puede estar completamente en manos de extranjeros. Este acuerdo permite a los inversionistas tener la propiedad total sobre el funcionamiento de sus minas y sólo pagar los impuestos correspondientes.

La SE otorga las concesiones sin consultar a las comunidades donde se asentarán las minas, pese a que muchas son de población indígena y México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que garantiza a  esos pueblos el derecho a ser consultados en lo referente a desarrollos en sus territorios tradicionales. La secretaría tampoco hace un estudio serio sobre los impactos en la región o sobre los beneficios para el país.

Rurik Hernández, fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (Rema), asegura que la dependencia sólo coteja que no haya otra concesión minera donde se está solicitando una nueva y si no se empalma con otra, la otorga. Pero no se encarga de verificar ningún otro aspecto, eso se lo deja al resto de las secretarías involucradas en los permisos para la operación de las minas. Basta con leer la ley y el reglamento mineros para corroborar que es verdad.

Eso quiere decir que primero se otorgan los derechos sobre el subsuelo y luego se analizan los impactos, suponiendo que estos se analizan bien, porque para el caso de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos, son las propias compañías mineras quienes pagan los estudios y no la autoridad, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); lo cual supone ya un conflicto de intereses.

El discurso oficial asegura que las inversiones extranjeras en minería y las concesiones traen consigo proyectos de largo plazo, la generación de infraestructura básica como caminos, drenaje,  alumbrado e infraestructura social, como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales.

También se pondera la promesa de la generación de empleos en las regiones y una derrama económica para el país, pero en buena parte de América Latina, dice Moore, donde las regalías y los impuestos son muy bajos, “las empresas mineras se llevan hasta 95% de las ganancias y son las comunidades locales las que pagan los costos por el impacto de su operación”.

Según el especialista en temas financieros Carlos Fernández-Vega, sólo en 2010, el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para explotación de minerales. Los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron –en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario– a alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año, los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares –cantidad 50% más alta que la percibida en 2009–, lo cual arroja una diferencia de 750 tantos a favor de las compañías.

En cuanto a los empleos, dependerá del tamaño del proyecto y la fase en la que se encuentra, durante la de construcción, pueden generar entre mil 500 y 2 mil empleos, pero estos no durarán más de dos años. Ya en la fase de explotación, el número de puestos de trabajo va de 150 a 200, y duran de siete a 10 años. “Es relativamente poco empleo y a corto plazo”, señala Moore.

Los impactos más graves para los territorios explotados, de acuerdo a Mining Watch, se generan hacia la fase de cierre de la mina. Entre 60 y 70% de ésta s generan drenaje ácido; es decir, la generación de ácido sulfúrico por exponer roca con cantidad de azufre al oxigeno y el agua. El agua acidificada con el ácido sulfúrico, puede disolver, a su vez, otros metales tóxicos que también se encuentran en las rocas.

No hay un caso donde se haya intentado regenerar una zona donde hubo una minera, dice Moore. “En Canadá, de hecho, hay muchas minas abandonadas, porque restaurar los sitios donde operaron costaría miles de millones de dólares, tan solo tratar el drenaje ácido cuesta docenas de millones de dólares y las empresas no se hacen cargo de eso”. Aunque, aun antes del cierre de las minas, diversos casos reportados señalan el impacto a las comunidades.

CASO DURANGO: EL DESPOTISMO DEL DINERO

En 2004, representantes de Excellon Resources llegaron hasta La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahualilo, en Durango, cerca de La Laguna, para solicitar la renta de cuatro hectáreas del área de uso común. La Asamblea General, órgano regulador de un ejido, aprobó el arrendamiento de esas tierras para la exploración en busca de plata, plomo y zinc.

Pero después, narra Dante López, miembro del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), Excellon les presentó a los representantes del Comisariado Ejidal un contrato por la renta de 27 hectáreas, por el mismo precio que correspondía a las cuatro solicitadas primero. “Los representantes del ejido no querían firmar el documento, pero los de Excellon les dijeron que tenían el poder suficiente para hacer que el gobierno les expropiara sus tierras si se negaban”.

Los ejidatarios trataron de dialogar pero, ante la falta de una buena asesoría legal, finalmente cedieron las 27 hectáreas en renta, donde la compañía instaló la boca de la mina, una trituradora y oficinas administrativas. Tres años después, la empresa minera pidió la venta de mil 100 hectáreas de uso común.

En este punto fue cuando intervino Prodesc para asesorar a los ejidatarios. Ya con la información adecuada y el respaldo del centro, la comunidad decidió que sólo rentaría las tierras por 15 años, mediante un contrato de ocupación temporal, prorrogable a otros 15 años, y en el cual se reconocerían, además de las de renta anual (que aumentaría año con año de acuerdo al índice inflacionario), cláusulas de índole social y medio ambiental.