ASTILLERO- El miedo a la democracia- El tribunal de la ignominia

Astillero

Capítulos de éxito

Como de telenovela

Felipe elogia a Felipe

AMLO y la resistencia

Julio Hernández López

ZÓCALO CERCADO. El acceso al Zócalo fue cerrado, con motivo del mensaje que dará hoy Felipe Calderón en Palacio Nacional

Foto Luis Humberto González

 

       El sistema juega a restaurar la normalidad mientras la irritación y el conformismo sociales juegan a las vencidas. Técnicamente ha terminado el proceso electoral con la declaratoria de presidente electo en favor de Enrique Peña Nieto y, a partir del cumplimiento de esa formalidad, las piezas del entramado institucional peñanietista, calderonista e izquierdista moderno exhortan a cerrar el expediente, ver hacia delante y ponerse a trabajar, pero el tamaño del agravio que registra una parte de la sociedad genera protestas en lo inmediato (el 132 dando algunos pasos fuertes hacia delante, enfrentando a granaderos y policías en el tribunal electoral, dando paso libre a automovilistas en casetas federales de peaje y organizando marchas en todo el país), lleva al candidato desplazado a declarar ilegitimidad en el presunto triunfador, a hablar claramente de resistencia civil y a convocar a una tardía reunión en el Zócalo nueve días después (concediendo un tiempo precioso al asentamiento del priísta impugnado) y coloca en estado de alerta, con la mano dura en posición de arranque, al aglomerado de intereses que en torno de Peña Nieto cree llegado el momento de defender lo ganado, haiga sido como haiga sido, y de meter orden ejemplar para que el negocio sexenal no entre en riesgo.

 

La legalidad ha sido puesta de manera aplastante al servicio del candidato predestinado a recibir testimonio oficial de triunfador. Ni uno solo de los alegatos del Movimiento Progresista fue considerado positivamente: siete a cero. Goleada por unanimidad. Catástrofe procesal de los abogados del lopezobradorismo frente a la presunta sapiencia jurídica del comandante en jefe de la defensa del caso Peña Nieto, el hidalguense Jesús Murillo Karam, que hizo triunfar la miopía, la sordera, la cerrazón, la complicidad y el enjuague político entre las vestimentas ceremoniales de los magistrados que privilegiaron la formalidad y tejieron discursos de aprobación para que, al final, el acomodaticio presidente del tribunal electoral extendiera el certificado de compra de la Presidencia de la República sin siquiera alguna sombra de duda, amonestación o reconvención plena: rechinando de limpia habría sido esa victoria peñanietista.

 

El ganador oficial ha ido cumpliendo los protocolos del priísmo clásico: de inmediato pronunció un discurso de aceptación del regalo hecho por los magistrados, con los lugares comunes que luego fueron retomados como deslumbrante consigna por los voceros periodísticos que de inmediato han girado el rumbo del canto de los elogios: del Felipe que se va al Enrique que va llegando. Luchar por México, aceptar las derrotas, cumplir con la democracia, cerrar filas, ponerse a trabajar, son algunas de las proclamas del coro realineado. Nada de dudas, disidencia, protestas, movilizaciones, resistencia ni oposición más que en los niveles y canales previamente autorizados por esas autoridades políticas y mediáticas. En cambio, EPN convoca a los legisladores recién instalados a escribir un nuevo capítulo de éxito y a trabajar en equipo. Extrañas exhortaciones si provienen de alguien que en diciembre pasado sufrió en Guadalajara a la hora de precisar asuntos de lecturas. Más aun si el fraseo de ahora pareciera referirse a la elaboración de libretos para capítulos de telenovelas de éxito, pero ajenas a la vida real.

 

Peña Nieto tiene enfrente el calendario minado que obliga a una larga espera antes de instalarse en Los Pinos y a pesar de su impaciencia ha de ver a otros actores políticos ocupar el foro que él quisiera ya en exclusiva para él: Felipe Calderón aprovecha las circunstancias, envía un informe de labores correspondiente a su sexto año de estar encaramado en el poder, se llena de elogios por sí mismo (aparte de los que diariamente enjareta a los mexicanos a través de apabullante propaganda difundida por radio y televisión), filtra su propuesta de reforma laboral al amparo de la figura de las iniciativas preferentes de ley, y se ha organizado para hoy una fiesta privada en Palacio Nacional; Vicente Fox reaparece con ganas de cobrar por los servicios ya prestados al peñanietismo y por los que habrán de venir y llama a López Obrador a no perturbar la marcha del país, y Josefina Vázquez Mota anuncia el retorno a México, y a actividades privadas, luego de las largas vacaciones fuera del país con las que demostró que el proceso electoral le valió gorro, que su candidatura no solamente fue decorativa sino manipulada, sin ánimo verdadero de lucha y compromiso, mera argucia felipista para simular competencia, encarecer negociaciones con EPN y dividir cualquier expectativa de unificación opositora contra el retorno del PRI.

 

López Obrador, en tanto, prepara las propuestas de resistencia civil que planteará a sus seguidores en el Zócalo capitalino el próximo 9. Sigue siendo el máximo imán para concentrar gente en plazas públicas, pero las circunstancias han cambiado mucho para él. Necesita dar un nuevo giro, para pasar de candidato (amoroso, luego frío, finalmente indignado de nuevo) a dirigente social. Pero requerirá hacer a un lado la zanahoria electoral y, aun cuando es legítimo y natural que tenga en mente la conversión de Morena en asociación política nacional y, después, en partido político, debería evitar que esos proyectos nuevamente comiciales lleguen a contaminar el proceso de resistencia civil y lucha contra la imposición de Peña Nieto.

 

La movilización popular contra los resultados electorales formalmente establecidos dependerá de las expectativas sensatas que proponga el lopezobradorismo, de la capacidad de conducción organizada que mantenga el movimiento 132, del impacto que en la conciencia social tenga la campaña de adormilamiento y normalización que proponen las televisoras y otros medios alineados con el peñanietismo, y del talante que predomine en las cúpulas priístas, el de la mano dura o el de la negociación y mediatización. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Tribunal oficioso-Rocha

rocha@jornada.com.mx

El miedo a la democracia

Carlos Fazio /IV

Consumatum est. Enrique Peña será el nuevo mandarín en palacio al servicio de los poderes fácticos. En sendos actos de simulación deliberativa mediática y propagandística, los días 30 y 31 de agosto un puñado de jueces absolutistas, mezquinos y arrogantes concluyeron las operaciones de trabajo sucio en las cloacas del sistema político mexicano. En un unánime fallo farragoso, reduccionista, falto de pulcritud y signado por una parcialidad obsecuente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la demanda de la coalición Movimiento Progresista para invalidar los comicios y declaró a Peña presidente electo. Con precipitación torpe, evidente abuso de las formas y rudeza innecesaria con atisbos de burla, los magistrados desecharon todas las impugnaciones presentadas. De manera legal triunfó la imposición. Y, como hace seis años, asistimos a la coartada de la legalidad y a un obsceno ejercicio de autobombo. A una nueva parodia institucional con actores de cuarta; a otro episodio de la política como espectáculo.

 

Con su inequívoco mensaje orwelliano, los magistrados volvieron a ratificar que se puede ganar con trampas y a la mala, y el perdedor debe acatar los resultados en nombre de la democracia y la unidad nacional, so riesgo de ser catalogado como violento, orillado al margen de la ley y criminalizado. Lo novedoso, en la coyuntura, fue que Alejandro Luna Ramos y su patota de leguleyos por consigna tuvieron que actuar como un escuadrón de escarmiento. Su víctima principal: Andrés Manuel López Obrador, el enemigo oficial. También quedó claro que la misión del tribunal era consumar el asalto de la Presidencia y poner a la chusma aturdida (Chomsky dixit) en su lugar. Es peligroso que el pueblo conozca su propia fuerza y quiera autodeterminarse. La mayoría debe resignarse al consumo de fantasías e ilusiones, no participar. La participación es deber de los hombres responsables. De allí que fuera la de estos jueces de barandilla una operación de adoctrinamiento y de control del pensamiento. Expertos en artimañas, con argucias baratas utilizaron la ley como instrumento particular de la dominación hegemónica. ¿Objetivo? En la transición, intentar mantener a raya a la vociferante y terca multitud, encarnada en Morena y el movimiento #YoSoy132.

Los que poseen las riquezas y dominan México desean un público disciplinado, apático y sumiso, que no cuestione sus privilegios y el ordenado –aunque violento– mundo en que medran. De allí, que, básicamente, como enseña Noam Chomsky, las decisiones tomadas por los tribunales y los hombres de leyes no estén dirigidas a garantizar la voluntad popular, sino a fortalecer la tiranía privada. A beneficiar al gran capital, como antítesis de la democracia. Como decía John Dewey, mientras exista un control sobre el sistema económico, hablar de democracia es una farsa.

Cómplices del IFE y la partidocracia, el discurso autista, cínico y clasista de los magistrados exhibió su papel en el reparto: imponer a Peña y amenazar a la plebe. No en vano, las dos primeras palabras del mexiquense al recibir su constancia fueron la legalidad. Su proyección lo traicionó: se sabe un ungido ilegal. Ahora, su misión será servir de administrador en un Estado niñera del poder corporativo; un Estado de bienestar para los ricos y privilegiados. Eso no se discute, aunque las mayorías no alcancen a percibirlo de manera evidente.
 

Durante los años del neoliberalismo las grandes empresas han intentado minar y demoler los últimos resabios del antiguo contrato social. Tras dos fracasos parciales de los gobiernos del PAN, la tarea, hoy, ha sido encargada al pichón de dinosaurio priísta. La misión de Peña es imponer las contrarreformas estructurales que faltan. Entre ellas, la laboral. Y seguir subsidiando y/o rescatando al gran capital. En campaña, el muñeco de Televisa no podía decir a las masas de trabajadores pobres y despolitizados –a quienes sus operadores compraron con tarjetas Soriana y Monex–: Vótenme, quiero matarlos y violarlos (como ocurrió bajo su mando directo con dos muchachos y 23 mujeres en San Salvador Atenco en 2006), o: Vótenme, quiero hambrearlos y empobrecerlos más. De allí que recurriera a una demagogia populista simplista y a renovadas formas de aceitar un clientelismo político narcotizado.

 

El nuevo PRI es el viejo partido corrupto, vertical y autoritario de la guerra sucia y las privatizaciones, cuyo único logro fue aumentar el número de millonarios y acelerar la reducción de los salarios y de las condiciones sociales. La historia está fresca. Hoy, la mafiocracia se recrea. Pero el sistema de propaganda no quiere que la gente recuerde ni piense: puede apoderarse del gobierno y utilizarlo como instrumento de poder público. De allí que se le infantiliza. Pretenden que la población no se dé cuenta de nada. Que no pregunte, por ejemplo, cómo funcionan las grandes empresas, los bancos y las casas de bolsa. Cómo triangulan y lavan dinero sucio que proviene de actividades ilegales y criminales. Y cómo, en ocasiones como en la actual, esos recursos sucios sirven para imponer presidentes dóciles, manejables, controlables.

 

A veces, como ahora, los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial y otros sindicatos corporativos se ven obligados a decir su palabra para reforzar la de sus amanuenses. Es obvio que no están en los negocios para ser humanitarios como la madre Teresa de Calcula, y no es necesario buscar razones ocultas. Hacen negocios para que aumenten sus beneficios y sus acciones en el mercado. Y en ocasiones como la presente, fabrican presidentes para que administren sus intereses. Sepultada la equidad y consumado el fraude, tras dos sexenios panistas que profundizaron el modelo, México transita hacia una nueva fase de institucionalización de un Estado de tipo delincuencial y mafioso.

as letras chiquitas-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

El tribunal de la ignominia

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad.

 

El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.

En 2012, este ciclo de oprobio se cierra y se corona. La semana pasada, los magistrados del TEPJF no solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente ejemplar donde se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática. Todo pudor quedó en el pasado.

La irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con respecto a la posible determinancia, o relevancia, de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento los magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular que estaban haciendo su trabajo.

Por ejemplo, se atrevieron a tomar en serio la posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no existía ordenamiento jurídico que expresamente considerara esta posibilidad. Asimismo, aprovecharon el dictamen de validez de la elección presidencial para señalar con todas sus letras que se habían cometido violaciones graves a la Constitución. Aceptaron, entre otras irregularidades, que el excesivo protagonismo del presidente Fox durante la campaña había puesto en riesgo la validez de la elección presidencial. Los magistrados también reprocharon fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial haber violentado el marco jurídico al adquirir propaganda en radio y televisión.
 

Hoy, sin embargo, la desvergüenza es total. Ahora que por primera vez en la historia existe un recurso formal para impugnar la totalidad de la elección presidencial ante el TEPJF, los magistrados fueron aún más indolentes que en 2006. Desde lo que creen que es su olimpo en la avenida Carlota Armero, y sin tomarse la molestia de levantarse de sus escritorios, los magistrados rechazaron uno a uno todos los argumentos del Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar a absolutamente nadie por haber incurrido en alguna irregularidad. Tampoco utilizaron ninguna de sus amplias facultades legales para allegarse de pruebas adicionales.

 

En contraste, avalaron sin cuestionamiento alguno los puntos de vista del PRI y de Enrique Peña Nieto. No se probó la existencia de un esquema ilegal de financiamiento paralelo destinado a la compra y coacción del voto, ya que las operaciones mediante tarjetas de prepago tuvieron como destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional, y por finalidad, retribuirles por los servicios prestados al señalado instituto político, señalan en el dictamen de validez aprobado el viernes.

 

Seis meses antes de que la Unidad de Fiscalización del IFE emita su dictamen, los magistrados ya han llegado a conclusiones anticipadas sobre el origen y destino de los gastos de campaña de Peña Nieto. ¿No teníamos que esperar hasta febrero de 2012 para tener información fidedigna sobre la fiscalización de las campañas?

Con ésta y una infinidad de afirmaciones similares en la sentencia y el dictamen aprobados la semana pasada, queda claro que el TEPJF no se limitó a desechar las pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de defender al PRI. El doble estándar es evidente. Mientras una de las partes debe presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones de la otra parte son tomadas automáticamente como la verdad incuestionable.

 

El destacado jurista Netzaí Sandoval, en su libro más reciente, ya había anticipado el escenario actual: El ganador será, muy probablemente, el partido que con mayor cinismo elabore su estrategia para defraudar la voluntad popular. Y el Tribunal Electoral le levantará el brazo. Ricardo Monreal tiene razón: si seguimos por el mismo camino, tendría más sentido que en 2018 la Lotería Nacional anuncie una subasta que el IFE y el TEPJF organicen un proceso electoral para decidir quién sería el próximo presidente de la República.

www.johnackerman.blogspot.com • Twitter: @JohnMAckerman