ASTILLERO- Zozobra social y vacío informativo- Maltrato a la niñez

Astillero

Rumores, miedo, control

Extrañas secuencias

Antorcha en Edomex

Disidencia e Internet

Julio Hernández López

SIMULACRO. Durante los trabajos de la glosa por el sexto Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, se realizó ayer un simulacro de evacuación en el Palacio Legislativo de San Lázaro

Foto José Antonio López

  

Las fiestas priístas de Toluca (por el primer año de gobierno estatal de Eruviel Ávila y por la adjudicación de un sexenio federal a Enrique Peña Nieto) fueron opacadas de manera grave por una extraña jornada de violencia, rumores, amenazas, confusión y descontrol en la parte oriental de esa entidad (sobre todo Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chalco), una región tan entrelazada con el colindante Distrito Federal que el temor y las especulaciones generadas por esos episodios oscuros lograron insertarse con rapidez y fuerza en los ánimos capitalinos (en especial, en Iztapalapa y en Tláhuac) hasta ahora desacostumbrados a las escenas de horror y descomposición que en otras latitudes del país constituyen la realidad cotidiana.

 

A diferencia de lo que va sucediendo en otras entidades, los hechos del miércoles y el jueves tienen referentes políticos inocultables. La violencia surgió del enfrentamiento entre miembros de Antorcha Campesina y Popular y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), a propósito de la delimitación de las áreas de trabajo con mototaxis que cada parte reclama para sí. No pareciera de origen una pelea ideologizada o relacionada con lo electoral, sino un subproducto trágico del sistema clientelar que usan dirigentes y partidos a partir de la obtención de permisos, concesiones, subvenciones, y otro tipo de apoyos para sus bases mantenidas en permanente tensión dialéctica: unos días deben marchar y manifestarse en respaldo de las pretensiones políticas de sus patrocinadores de cuello blanco; otros días deben presionar y protestar si lo ofrecido no es suficiente o si lo prometido no se cumple. Al fondo de esa estampa mexiquense de la guerra de los mototaxis están los líderes máximos: Aquiles Córdova Morán y Dante Delgado.

 

Pero la reyerta fúnebre del miércoles no culminó en sí misma. Se extendió de una manera extraña, aparentemente ajena a una lógica política. El antorchismo, que sufrió la muerte de dos de sus militantes en Chicoloapan, fue mencionado con amplitud en las redes sociales como causante de un estado de zozobra creciente que acabó en terror social. Otras voces aseguraban que la embestida violenta tenía como protagonistas a miembros del grupo de delincuencia organizada denominado La Familia. E incluso hubo testimonios de quienes reportaban con extrañeza que patrullas estatales hubieran recorrido zonas comerciales para alertar que ya venían hordas que atacarían establecimientos que por tanto deberían ser cerrados.

 

Tal como ha sucedido en otras latitudes, la información por Internet tuvo registros polarizados: desde quienes juraban estar en presencia de asaltos en vía pública, robos multitudinarios a negocios y comercios, balaceras y bandolerismo, hasta fuentes oficiales que aseguraban que nada estaba sucediendo, versión dada por buena en la mayoría de los medios electrónicos, sobre todo en los televisivos. Una vez más se trazó una distancia radical entre las percepciones difundidas a través de la red mundial y las posturas del oficialismo gubernamental y mediático, ganando las primeras, pues se le concedió mayor credibilidad a lo que en tumulto cibernético era reportado (entre imprecisiones, exageraciones e incluso, como ha pasado en otras ciudades, con el bombardeo intencional de tuiteros y feisbuqueros dedicados profesionalmente a generar intranquilidad y potenciarla).

 

Llama la atención, sin embargo, que tanto descontrol y abandono de responsabilidades gubernamentales en materia de seguridad pública se produzcan en una entidad que se ha esmerado en afinar su sistema represivo. No se hable solamente del caso extremo de San Salvador Atenco: basta ver la manera en que la estructura policial mexiquense actúa diariamente para mantener bajo control el conglomerado de intereses, tensiones y riesgos de explosión que forman la textura social y económica de la entidad. También habrá de considerarse como dato relevante el hecho de que el antorchismo pareciera tener frente a sí una etapa promisoria en cuanto están por tomar el poder federal dos de sus grandes aliados. Uno, más reciente, Enrique Peña Nieto; otro, casi fundacional, Carlos Salinas de Gortari (cuyo hermano Raúl fue el principal enlace).

 

La violencia, pero sobre todo la instalación del rumor y la confusión como mecanismos promotores del miedo social ayudan a fin de cuentas a inhibir las manifestaciones públicas de oposición a los poderes constituidos. Inoculan el virus del temor paralizante, pero también crean condiciones para que la represión y los abusos parezcan explicables en un contexto convulso, depositando la carga de la presunta responsabilidad de acontecimientos desafortunados en el atrevido ciudadano que viendo las circunstancias no prefiere guardarse en su casa y guardar silencio para alcanzar cierta protección presunta.

 

Además de ayudar al freno de las movilizaciones físicas, el cultivo del terror colectivo también puede servir para desacreditar el libre flujo de ideas, opiniones e información en Internet. Ya en el pionero Veracruz del rígido Javier Duarte se ofreció una probada de lo que al poder de tres colores le satisface: cárcel y multas para quienes tuiteen lo que en las alturas pueda significar perturbación social. Frenado ese proyecto legislativo en su momento, ahora podría ser retomado a partir del desorden sembrado en esos espacios de comunicación internética en episodios como los del oriente del estado de México y su colindancia con el Distrito Federal.

 

Y, mientras este domingo es respondida la pregunta lanzada por López Obrador, ¿Qué sigue?, entre versiones fundadas de que la vista está puesta en la reactivación de Morena, con evidentes propósitos de reincidencia electoral prioritaria, y en un recorrido paralelo de lucha social contra la imposición peñanietista, pero sobre todo contra los proyectos de PRI y PAN, en especial los relacionados con lo laboral y lo energético, ¡feliz fin de semana!

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Zozobra social y vacío informativo

El violento choque registrado anteayer por la mañana en el municipio de Chicoloapan, estado de México, entre dos grupos de transportistas antagónicos, además de saldarse con dos muertos y decenas de heridos, derivó posteriormente en un estado de zozobra y temor colectivos que se extendió a los municipios vecinos de Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl, así como a la delegación Iztapalapa, ante la difusión de versiones –principalmente en las redes sociales– sobre presuntas agresiones, tiroteos, disturbios y asaltos indiscriminados en la zona.

 

Aunque las autoridades de los distintos niveles negaron tales versiones e incluso señalaron a las redes sociales como generadoras de pánico colectivo, tal postura quedó desvirtuada por la incapacidad de esos mismos gobiernos para ofrecer información oficial oportuna, confiable y suficiente que permitiera tranquilizar a la población. Otro tanto puede decirse de la pobre cobertura realizada por la mayoría de los medios de comunicación tradicionales en torno a estos hechos.

 

Así, al evidente vacío de poder que se puso de manifiesto en Chicoloapan –y que se reproduce, por desgracia, en otras latitudes y circunstancias, desde la cuota diaria de violencia atribuible al crimen organizado hasta el conflicto religioso que persiste entre laicos y fundamentalistas en la Nueva Jerusalén–, se sumó, en horas recientes, un vacío informativo a todas luces indeseable y peligroso: si el primero de esos fenómenos ha permitido el encumbramiento de poderes fácticos –legales o no– en distintas zonas del territorio y ha abierto un terreno propicio para la expresión violenta de los descontentos y las divisiones sociales, el segundo ha dado pie, por vía de la proliferación de información fragmentaria, imprecisa o llanamente falsa, a alteraciones de la paz social, de la convivencia pública y de las actividades económicas y educativas, como quedó de manifiesto entre ayer y anteayer en la zona oriente de esta capital.

  

Por lo demás, dos acicates adicionales a la pérdida de referentes informativos confiables que ahora se han expresado son, por un lado, la percepción pública de un grupo gobernante que actúa desde una dimensión meramente formal y de espaldas a la realidad social y, por el otro, el descrédito en que se encuentran la mayoría de los consorcios mediáticos que operan en el país, tradicionalmente proclives al alineamiento respecto de las versiones oficiales y a la manipulación informativa.

  

De cualquier forma, el conjunto de los medios informativos falló en el hallazgo, el procesamiento y la difusión de un hecho real: grandes sectores de la población viven con miedo.

 

En la circunstancia nacional presente, caracterizada por el quebranto sistemático del orden legal y el estado de derecho en diversas regiones del territorio, la calma de la población es un elemento indispensable para evitar una pérdida generalizada de la gobernabilidad y la paz social. Por desgracia, la erosión de la capacidad comunicativa de las autoridades –que constituye uno de los principales instrumentos de mando de todo régimen político– representa, en el momento actual, un indicador contundente de su incapacidad para hacer frente en forma eficiente, lúcida y apegada a derecho a los distintos desafíos y amenazas que enfrentan el país y su población.

 

Maltrato a la niñez

Gabriela Rodríguez

Es muy sombrío el momento de México; sabemos que cada vez vamos peor y que la élite política que logró imponerse en el Poder Ejecutivo, así como la mayoría de quienes ocuparán las curules del Congreso, lejos de levantar nuestras esperanzas podrían hundirnos a profundidades más oscuras.

  

Como generación, estoy desilusionada y tengo un sentimiento parecido a la culpa, por las muy deterioradas condiciones en que esté el país y por el reto que dejamos a las nuevas generaciones: si quieren un mundo justo y una vida digna para todos, tendrán que construir nuevamente la sociedad y sus instituciones.

 
Al cierre del presente año habrá 60 millones de mexicanos en situación de pobreza por ingresos. Afirma José Luis de la Cruz, especialista del Tecnológico de Monterrey: en este sexenio se sumaron más de 14 millones a la pobreza de ingresos y la pobreza alimentaria creció en 44.2 por ciento. (Sin embargo, 5/09/2012).

 
Como no existe peor maltrato que la pobreza, hay que reconocer que como Estado y como ciudadanos adultos hemos maltratado a las niñas, a los niños, a los adolescentes y jóvenes. En mi colaboración anterior hablé del ambiente de inseguridad que perciben los niños y niñas de seis a 15 años, según se desprende de la Consulta Infantil y Juvenil que aplicó el Instituto Federal Electoral en el presente año, así como del reclamo de las personas menores de edad por mayor libertad de expresión y castigo a los delincuentes y a los corruptos.
 
Ahora me voy a referir a otra parte de la consulta: al maltrato en la casa y en la escuela. La Convención de los Derechos de la Niñez y el artículo 4º constitucional –además de otras leyes secundarias– protegen el interés superior de la infancia y mandatan procurar las condiciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo personal y social de los menores.
 
En esa consulta se encontró que a menor edad hay mayor maltrato, y que esta percepción disminuye conforme aumenta la edad: 18.8 por ciento de niñas y niños de seis años reporta maltrato en su casa,14 por ciento de los niños y 11 por ciento de niñas de seis a nueve años reciben maltrato y golpes en la casa; en ese mismo grupo de edad, 10 y 7 por ciento de niños y niñas, respectivamente, reportan que la maestra o el maestro los maltrata en la escuela. En el grupo de 10 a 12 años el maltrato en la casa es reportado por 8 por ciento y en la escuela, 6 por ciento. En el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el maltrato en casa presenta un promedio de 6 por ciento. Sin embargo –por una razón que el instrumento no permite comprender–, el maltrato en la escuela se eleva, es reportado por 17 por ciento de las chicas y 20 por ciento de los muchachos. ¿La disputa generacional? ¿La dificultad para educar pacíficamente a personas con mayor capacidad para defenderse?

 

A pesar de la dificultad para estudiar el abuso sexual, la consulta indaga con preguntas inteligentes esta compleja forma de violencia. 10.5 por ciento de los niños y niñas de seis a nueve años contestó de manera afirmativa a la pregunta: Yo siento que en mi casa tocan mi cuerpo y me piden que no lo cuente (13 por ciento de niños y 9 por ciento de niñas). El porcentaje de abuso sexual también disminuye con la edad, pero no deja de ser alarmante: 9 por ciento de los niños y 6 por ciento de las niñas de 10 a 12 años reportan que Tocan mi cuerpo contra mi voluntad y me siento mal, con mismos porcentajes en la casa y en la escuela. En el grupo de 13 a 15 años, 5 por ciento reporta abuso sexual en la casa y 3.5 por ciento en la escuela. Al analizar estos datos por sexo, los hombres de todas las edades tienen mayor percepción de los distintos tipos de maltrato, incluida la violencia sexual.

 

Una manera de analizar el maltrato es como medio para disciplinar los cuerpos y sostener el poder. El sociólogo Pierre Bourdieu nos alerta sobre la manera que en la clasificación por edad y por sexo está la cuestión de poder, las formas de imponer límites y de producir un orden ante el cual cada quien debe mantenerse y ocupar su lugar: la división lógica entre jóvenes y viejos es arena de disputa que ocurre en todas las sociedades como forma de reservar el patrimonio, la sabiduría y el poder en los segundos (P Bourdieu, La juventud no es más que una palabra, ensayos en sociología y cultura, México, Conaculta/ Grijalvo, 1990).

 

El encubrimiento de pederastas ha ocurrido en las altas esferas eclesiales, y en la élite política del PRI están los casos del góber precioso, Ulises Ruiz, Fidel Herrera y el de Emilio Gamboa Patrón, actual líder del Senado; yo no quisiera pensar que este nuevo alineamiento político pueda estar destrás del abandono del país al que Lydia Cacho fue orillada.

 

Hoy tendríamos que valorar las expresiones de maltrato a niñas, niños y jóvenes como un gesto de resistencia ante la pobreza material y el abuso político del poder, pero también como germen para la construcción de nuevas y más democráticas formas de relación social en la familia y en las instituciones sociales. Me parece que no podemos ni deberíamos dejar ese enorme reto a nuestros niños.

Twitter: @Gabrielarodr108

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