La paz del extractivismo en Colombia- Un reto al periodismo

La paz del extractivismo en Colombia

Raúl Zibechi

 

       La lucha entre la guerrilla y el Estado fue una verdadera guerra de clases en Colombia. El joven campesino liberal Pedro Marín se convirtió en Manuel Marulanda cuando la violencia, iniciada con el asesinato del jefe del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo forzó a huir al monte para salvar la vida. El bogotazo, el levantamiento popular urbano en respuesta al crimen, fue el epicentro de una guerra entre conservadores y liberales que en 10 años segó la vida de 200 mil colombianos.

 

Los campesinas pobres no fueron incluidos en el Frente Nacional que en 1958 selló la paz entre el poder conservador y los doctores liberales de las ciudades, porque la guerra se hizo para robarles la tierra y desorganizarlos como clase. Para sobrevivir se convirtieron en guerrilleros, crearon autodefensas y, con el tiempo y los desengaños, se hicieron comunistas. De esas confluencias nacieron las FARC en 1966, abriendo una nueva etapa en las luchas campesinas.

Fracasadas las ofensivas militares y ante la expansión territorial de las organizaciones armadas, se abrieron dos momentos de negociaciones. Bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) hubo una tregua en el marco de la cual nació la Unión Patriótica, en 1985, en la que se incluyó el Partido Comunista. La nueva fuerza consiguió cinco senadores, 14 diputados y 23 alcaldes, pero en los años siguientes fue prácticamente exterminada por paramilitares, militares y narcotraficantes. Cayeron asesinados 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y varios miles de militantes. Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se creó una zona de distensión en el río Caguán, que abarcó cuatro municipios y 42 mil kilómetros cuadrados. En paralelo, el gobierno firmó en 1999 el Plan Colombia con Estados Unidos, que subordinó la política de Pastrana y lo inclinó hacia la reanudación de la guerra.

En esta ocasión, todo indica que el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, con la posibilidad explícita de la dejación de las armas, puede poner fin a la guerra. Es posible que el otro grupo armado, el ELN, se incorpore a las negociaciones.

La nueva relación de fuerzas en Colombia, la región y el mundo hacen posible que se llegue al fin de una guerra de 60 años.

Lo primero es que la sociedad colombiana ha cambiado profundamente en este medio siglo. Se trata de una población mayoritariamente urbana, cuya principal demanda no es tierra, sino vivienda, que desea el fin del conflicto y participa en movimientos sociales que están impactando en las principales ciudades, donde ya no gobiernan ni los conservadores ni los liberales. Lo segundo es que las clases dominantes, cuya mejor expresión en estos momentos es el presidente Santos, acumulan ahora en torno al modelo extractivo (hidrocarburos, minería y monocultivos), ya no mediante el expolio al campesino. El mapa del extractivismo es el del conflicto armado. Dedicar una parte del gigantesco presupuesto de la guerra a obras de infraestructura es urgente para lubricar el flujo de commodities y seguir atrayendo inversiones.
 

El fin del conflicto visibiliza otra guerra: la de las multinacionales contra los pueblos. La Constitución de 1991 reconoce los territorios ancestrales de indígenas y afrodescendientes bajo el nombre de resguardos. Se han creado más de 600 resguardos indígenas que ocupan un tercio del territorio colombiano y son las zonas de expansión del extractivismo. La tercera cuestión es el cambio en la relación de fuerzas. Las fuerzas armadas colombianas se han fortalecido y tienen una elevada capacidad de combate. Las FARC se han debilitado, no pueden ganar en el terreno militar y perdieron legitimidad. Los cambios económicos, culturales y sociales trasladaron el eje de la conflictividad social a las ciudades. En las áreas rurales las FARC se enemistaron con los indígenas, que son la principal fuerza que resiste el modelo extractivo. La cuarta son los nuevos vientos geopolíticos. Los países sudamericanos no quieren conflictos. Venezuela está más preocupada por enderezar su economía. Brasil tiende puentes al empresariado colombiano y Brasilia busca consolidar la presencia de Bogotá en la Unasur. Los países del Mercosur, que puede ampliarse con Bolivia y Ecuador, apuestan a ganar la competencia económica con los que integran la Alianza del Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia).

 

Estados Unidos está reposicionando sus fuerzas armadas en el Pacífico para contener a China y no parece en condiciones de abrir nuevos escenarios bélicos en otras partes del mundo. Es posible que la Alianza del Pacífico, asentada en los TLC bilaterales, comience a tener un papel más activo en la diplomacia estadunidense que el Plan Colombia, sin llegar a suplantarlo como solución final a su declive hegemónico. Dependerá de quién ocupe la Casa Blanca en enero.

 

Por último, debe entenderse que el principal enemigo de Santos no es ni Hugo Chávez ni las FARC, sino Álvaro Uribe. Así como los militares se empeñaron en boicotear los procesos de paz anteriores, Uribe necesita la guerra para mantenerse a flote. Santos tiene, como señala Alfredo Molano en un exclente artículo titulado El tatequieto (El Espectador, 1º de setiembre de 2012), un argumento demoledor: enviarlo en un avión de la DEA hacia Estados Unidos.

 

Para los movimientos, el fin de la guerra no es la paz, sino la continuación de la lucha en un escenario más favorable. En pleno conflicto, afrontando represión y muerte, fueron capaces de realizar grandes movilizaciones, como la Minga Social y Comunitaria de 2008, impulsada por las comunidades nasa del Cauca, y de poner en pie el Congreso de los Pueblos, donde confluyen múltiples colectivos. Ahora se preparan para seguir caminando la palabra, defendiendo sus territorios de las multinacionales. Se avecina la paz del extractivismo, y con ella un nuevo ciclo de luchas de los de abajo.

 

Un reto al periodismo

Ricardo Alarcón de Quesada *

El gobierno de Estados Unidos incurrió en flagrante violación de la Constitución y las leyes para asegurar las injustas condenas a los Cinco patriotas cubanos que pronto cumplirán 14 años de castigo arbitrario e ilegal. No fue un hecho aislado sino un empeño sistemático que abarcó todo el tiempo del proceso contra los Cinco y en el que invirtió muchos millones de dinero público. Acerca de su duración, las personas involucradas, el volumen de recursos utilizados y otros aspectos importantes de esta operación sólo se tiene una información muy parcial.

 

Comoquiera que esa conducta obligaría a las autoridades –tanto a los tribunales como al Ejecutivo– a disponer la inmediata liberación de nuestros compañeros, Washington ha conspirado también para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del encubrimiento.

Tal es la esencia del Afidávit (Declaración Jurada) que Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández Nordelo, acaba de presentar a Joan Lenard, jueza del Distrito Sur de Florida. Es un texto que respalda su solicitud anterior en la que demandó la anulación de la condena de Gerardo o, como alternativa, que la jueza ordene el descubrimiento de todas las pruebas que el gobierno esconde y le conceda una audiencia oral.

Aunque hay muchas otras violaciones referidas en el proceso de apelación –ahora en su última, extraordinaria, etapa– este documento se concentra en la conjura del gobierno con los medios locales de Miami para sancionar de antemano a los acusados y hacer imposible un juicio justo.

La sustancia de esa conspiración consistió en usar esos medios para desatar una campaña propagandística de odio y hostilidad sin precedente. Emplearon para ello a un numeroso grupo de periodistas –en realidad agentes encubiertos del gobierno– que publicaron artículos y comentarios repetidos día y noche hasta producir un auténtico vendaval desinformativo. Entre el 27 de noviembre de 2000 –día en que empezó el juicio– y el 8 de junio de 2001 –cuando fueron declarados culpables– sólo en The Miami Herald y El Nuevo Herald aparecieron 1111 artículos, un promedio de más de 5 por día. Algo semejante ocurrió con el Diario de Las Américas saturando completamente la prensa escrita.

Los periodistas cobraban de Radio y TV Martí, o sea, del presupuesto federal estadunidense. Dichos individuos hacían trabajos adicionales en esos dos medios y los diseminaban en el área de Miami donde ambas señales anticubanas tenían entonces y tienen todavía hoy difusión directa, por sí mismas, y son reproducidas además a través de medios locales (esta es otra violación de la ley norteamericana que prohíbe la propaganda oficial dentro del territorio estadunidense).

No se trata solamente de Radio y TV Martí y de los diarios impresos. Los llamados periodistas actuaron también en emisoras locales de radio y televisión, en español y en inglés, y usaron otras publicaciones, algunas gratuitas, que allá circulan.
 

Era imposible escapar a esa incesante propaganda en ningún rincón del sur de Florida.

 

Pero la acción delictiva de los periodistas –y del gobierno que les pagaba– fue más allá de la propaganda. Durante el juicio la defensa denunció varias veces que buscaban influir sobre los miembros del jurado divulgando incluso materiales que la propia jueza había prohibido presentar, los cuales, obviamente, sólo pudo entregarles la Fiscalía.

 

Como si fuera poco, los periodistas se dedicaron, asimismo, a hostigar a los testigos y a los jurados. Éstos últimos se quejaron a la jueza alegando que sentían temor, que eran perseguidos con cámaras y micrófonos, algo reconocido, varias veces, por la señora Lenard, quien pidió al gobierno, evidentemente sin éxito, la ayudase a evitar situaciones que manchaban la imagen del sistema judicial estadunidense. (Por ejemplo, Transcripción Oficial del juicio, páginas 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).

 

En agosto de 2005 los tres jueces de la Corte de Apelaciones decidieron unánimemente declarar nulo el juicio de Miami porque se había realizado bajo lo que ellos describieron como una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad creada precisamente por los medios locales. Cuando dictaron el histórico fallo los tres jueces no sabían, no podían saberlo ellos ni nadie, que el responsable de esa tormenta perfecta era la Fiscalía que prevaricó abiertamente incumpliendo su obligación constitucional de preservar la legalidad y garantizar un juicio justo.

 

La primera noticia de la conspiración del gobierno con sus periodistas pagados surgió un año después, en septiembre de 2006. Desde entonces el gobierno ha resistido los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil estadunidense para que muestre el alcance de esos pagos y sus contratos en conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA). La Fiscalía también se ha opuesto a la demanda incluida en las apelaciones extraordinarias de nuestros compatriotas y ha amenazado con recurrir a los privilegios ejecutivos y a razones de seguridad nacional para perpetuar el ocultamiento.

 

EL caso de los Cinco tiene una extraña relación con la prensa y la profesión periodística. En Miami los medios fueron un instrumento decisivo para condenarlos. Fuera de Miami los castigan con el silencio.

 

La irrefutable denuncia de Martin Garbus plantea un reto a los profesionales del periodismo. ¿La ocultarán otra vez haciéndose así cómplices de quienes mancillaron su noble oficio? ¿O tratarán de salvar la honra de su profesión reclamando que los farsantes sean desenmascarados y que la verdad y la justicia prevalezcan?

 

*El autor preside la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento)