Disputa del narco por el control territorial, detrás de rumores en el Edomex: Encinas-

Pánico desde las redes sociales

Ninguno de los tres niveles de gobierno ha sido capaz de controlar el crimen, dice Larios

Disputa del narco por el control territorial, detrás de rumores en el Edomex: Encinas

Debe Eruviel Ávila mayor explicación para identificar la fuente del pánico, señala el perredista

Imagen tomada de Internet

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Sábado 8 de septiembre de 2012, p. 4

El problema de fondo en la propalación de rumores a través de las redes sociales es que bandas criminales dedicadas al narcomenudeo y el cobro de piso se disputan el territorio en varios municipios del estado de México sin que el gobierno de la entidad quiera reconocerlo, advirtió el senador del PRD Alejan- dro Encinas.

A su juicio, los rumores sobre actos de violencia que miércoles y jueves provocaron pánico en municipios del oriente del estado de México colindantes con el Distrito Federal no surgieron de forma espontánea en las redes sociales. Quien diseñó una estrategia de ese tipo tiene recursos para hacerlo, y el gobierno del estado de México debería dar una mayor explicación para empezar a identificar la fuente y cómo surgió esa versión alarmante. El problema es mucho más complejo de lo que reconocen.

A su vez, el senador panista Héctor Larios aceptó que ninguno de los tres niveles de gobierno ha sido capaz de controlar al crimen organizado, por lo que se ha creado un clima propicio para dar credibilidad a rumores como los propalados el jueves pasado.

La ley ya sanciona el uso irresponsable de Internet: Corral

En tanto, Javier Corral Jurado (PAN) resaltó que no se puede pensar en una mayor regulación de Internet y las redes sociales, toda vez que ya hay leyes que sancionan el uso irresponsable de las mismas.

En entrevista por separado, Encinas insistió en que es un problema más complejo de lo que ha planteado el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, porque no se reduce al enfrentamiento por rutas de motos o bicitaxis, sino de entrada –dijo– con el poder caciquil de Antorcha Campesina y Popular, no sólo en Chimalhuacán, sino en varios municipios donde tiene el control de prácticamente todo: alcaldía, policía, direcciones de las escuelas, distribución del agua potable, recolección de la basura y los derechos de solicitantes de vivienda.

Ese control –agregó– ha llevado a Antorcha Campesina y Popular a chocar con distintos grupos de interés que no son estrictamente políticos, sino que están vinculados a actividades ilícitas. “Hay confrontación por el cobro de derecho de piso y el narcomenudeo.

“Evidentemente, hay redes que operan como halcones y narcomenudistas desde las motos y los bicitaxis, donde el enfrentamiento tiene que ver ya no con la ruta, sino con el control del territorio”, recalcó el perredista. Sostuvo que no sólo se trata de rumores, ya que ha habido hechos de violencia.

Señaló que el rumor tuvo una secuela de multiplicación en Iztapalapa y otras zonas del Distrito Federal, porque la relación e interdependencia entre la capital del país y el estado de México va mucho más allá de los límites territoriales. De todas formas –insistió–, el problema se concentra en Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Larios, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, apremió a autoridades municipales, estatales y federales a seguir trabajando para reducir el delito. Consideró que el Legislativo debe generar buenas leyes para combatir la delincuencia; el Poder Judicial necesita una fuerte limpia y el Ejecutivo perfeccionar las policías y los ministerios públicos. Los gobernadores y alcaldes también necesitan trabajar. Todos necesitamos bajar el nivel de crimen, puntualizó.

 

 

 

 

¿Designio desestabilizador?

Es posible que las jornadas de pánico y zozobra colectivos que tuvieron lugar entre el miércoles y el jueves en la zona oriente del valle de México –como consecuencia de la difusión de rumores sobre supuestos tiroteos, disturbios y asaltos en varias delegaciones de la capital y municipios mexiquenses conurbados– hayan tenido un origen distinto que el simple desorden informativo y la falta de capacidad gubernamental para contenerlo. Según informó ayer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuatro de los cinco detenidos por los hechos aseguraron haber recibido un pago de 400 pesos a cambio de propalar versiones sobre sucesos de violencia en esa zona del área metropolitana. De ser cierta, esa declaración pondría en perspectiva la realización de maniobras orquestadas con el claro propósito de propiciar el pánico generalizado en la población y alterar severamente el orden público en la principal mancha urbana del país.

 

 
Ciertamente, la información oficial sobre el tema sigue siendo escueta y no permite establecer con claridad la relación causal entre esa aparente voluntad de generar miedo y la forma en que éste se expresó durante dos días seguidos en la franja oriente de la ciudad de México y en los municipios mexiquenses colindantes. Es difícil determinar, por ejemplo, si la desolación observada en las calles y los espacios públicos, el ausentismo en las escuelas y la suspensión de las actividades en las empresas y los comercios de las áreas afectadas fueron efectos premeditados por actores e intereses todavía sin identificar o bien si éstos simplemente quisieron montarse en una ola de descontrol y temor provocada previamente por motivos inciertos. Si bien cualquiera de los dos escenarios daría cuenta de acciones ilícitas y orientadas a alterar el orden público y la paz social, el primero resultaría particularmente preocupante, en la medida en que exhibiría la vulnerabilidad en que se encuentra la principal zona metropolitana del país frente a poderes decididos a extender la sensación de desamparo, angustia y peligro entre la población

 
Por ahora, y ante la falta de elementos adicionales de juicio, un punto de partida plausible para las obligadas tareas de esclarecimiento y comprensión cabal de lo sucedido es cuestionarse qué individuos u organizaciones podrían tener las capacidades logísticas, financieras y operativas para orquestar una maniobra semejante y, sobre todo, a quién beneficia y a quién perjudica la creación de escenarios de pánico colectivo en la ciudad capital y en su área conurbada.
 

 

No se puede soslayar, por lo demás, que los sucesos referidos ocurren en el contexto de una intensa movilización social como consecuencia de las irregularidades observadas en los comicios federales pasados y de la cuestionable validación jurídica de los mismos por parte del máximo órgano jurisdiccional en la materia. En vísperas de que esa movilización tenga una de sus concentraciones más importantes, mañana en el Zócalo capitalino, no es ocioso preguntarse si sucesos como los referidos contribuyen o no a inhibir la participación política y masiva de la ciudadanía.

 

 

Tampoco se puede desvincular el temor social vivido en Iztapalapa, Iztacalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chimalhuacán y Chicoloapan de las condiciones particulares que se viven en esas delegaciones y municipios, de por sí afectados por el azote de la criminalidad común y, en algunos de ellos, por la irrupción de la violencia asociada a la delincuencia organizada; recorridos por rezagos económicos y sociales inveterados, por ineficiencias en infraestructura y en los servicios públicos, y por otros elementos que dan verosimilitud a rumores como los difundidos en días pasados al tiempo que multiplica su impacto.

 

 

Sería deseable y necesario que las autoridades municipales, delegacionales, estatales y del Gobierno del Distrito Federal atendieran, en sus respectivos ámbitos de competencia, esos rezagos, y que adoptaran las medidas preventivas necesarias para conjurar la aparición de escenarios similares en el futuro. Pero sobre todo es fundamental que esas autoridades asuman un compromiso con la verdad y la transparencia, y esclarezcan cuanto antes si los sucesos del 5 y 6 de septiembre obedecieron o no a un designio desestabilizador y, en todo caso, quiénes son los responsables y por qué motivo.