Edomex acepta que durante la elección hicieron depósitos millonarios a particulares, "por error"- Calderón-Peña: la confirmación de una complicidad pactada- Acuerdos cupulares entre Calderón y Peña: reforma contra trabajadores, y van por más

Edomex acepta que durante la elección hicieron depósitos millonarios a particulares, "por error"

 

Al comparecer ante el Congreso local, el Secretario de Finanzas, Raúl Murrieta, admitió que existieron tres errores en los registros de las cuentas bancarias del Gobierno estatal, uno durante y dos después de la campaña presidencial, donde particulares aparecieron como beneficiarios de depósitos millonarios.

 

Al iniciar la glosa del primer informe de labores del Gobernador Eruviel Ávila, Murrieta aseguró que no sólo existió el error reportado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, donde el particular Marcos González Pak apareció como beneficiario de 50 millones de pesos de la cuenta 044420038008069350 de Scotiabank. Dicho movimiento ocurrió el 19 de junio.

 

Tras la denuncia del ahora diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, por un desvío a la campaña del priista Enrique Peña, dicho registro fue corregido por el Banco de México, quien emitió un nuevo comprobante donde quedó como beneficiario el Gobierno mexiquense.

 

Murrieta comentó que el error pudo deberse a una cuestión de "algoritmos", y aclaró que hubo otras dos pifias similares registradas después de los comicios presidenciales de julio, pero no precisó los montos.

 

El funcionario insistió en que la falla sólo fue en el registro, pues el dinero no fue desviado.

 

"(Dijeron) Que era un programa nuevo, mediante el cual ellos mandaban la información del banco, hacia el Banco de México, y lo que refirieron es que no había sido un caso aislado", señaló en posterior entrevista.

 

Legisladores del PRD, PT y MC cuestionaron que las cuentas bancarias del gobierno presentaran tales errores y reiteraron que recursos públicos fueron destinados a la campaña de Peña.

 

"Eso pasa porque les dicen: urge el dinero, mándalo y ocurre el error", concluyó el diputado del PT, Oscar González, al señalar que el Gobierno mexiquense está en quiebra por haber financiado la compra de la Presidencia de la República.

 

El diputado advirtió que mientras el Gobierno estatal destinó recursos para la compra de monederos electrónicos en la campaña presidencial, la deuda pública en el Estado asciende a 38 mil millones de pesos, a lo cual se suman los 42 mil millones de pesos que costarán los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mecanismo donde la iniciativa privada hace y da mantenimiento a 6 obras públicas.

 

"Que no nos vengan a mentir, los recursos públicos estuvieron al servicio de una campaña", acusó.

 

"¿Cómo puede equivocarse un banco en un depósito de 50 millones?", espetó Higinio Martínez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado también exigió conocer por qué dicha cantidad fue transferida de una cuenta pagadora del Gobierno estatal, abierta en BBVA Bancomer, a la referida de Scotiabank.

 

En respuesta, Murrieta argumentó que para obtener ganancias dicho dinero se envió durante las noches a Scotiabank.

 

El funcionario comentó que el destino final de los 50 millones fue la operación regular del Gobierno estatal, que incluye el pago de nómina.

Con información de Enrique Gómez

 

Calderón-Peña: la confirmación de una complicidad pactada

No es cierto que la transición comenzara con la reunión con ese fin entre los dos empleados de la oligarquía, pues lo que se llevó a cabo en Los Pinos fue la confirmación de una complicidad pactada. De ahí que ambos dieran la impresión de políticos “civilizados” capaces de superar “diferencias”, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era sellar compromisos que aseguran la continuidad de un régimen antidemocrático, ajeno a los intereses fundamentales del país y firmemente atado a los poderes fácticos.

Así dio comienzo una nueva etapa de un mismo proyecto entreguista, orientado a seguir despojando a la nación de sus riquezas, y al pueblo de lo poco que le toca de la renta nacional. El compromiso de garantizar una entrega de la Presidencia “tersa y apegada al Estado de derecho”, sale sobrando cuando en realidad los mismos intereses dominantes se mantienen intocados. El binomio PRI-PAN se consolida, por ahora, situación que compromete a los militantes de uno y otro partido a dejar de lado sus principios partidistas y actuar con base en el proyecto fundamental del grupo en el poder: asegurar la continuación del neoliberalismo en México.

Por eso se equivocan quienes de buena fe, incluso, opinan que el problema para la izquierda es la terquedad de Andrés Manuel López Obrador en ser el candidato. El fondo del mismo es que el Estado mexicano está cooptado por una oligarquía reaccionaria y antidemocrática que actúa como palafrenera de los grandes consocios trasnacionales que se han estado apoderando de los principales bienes nacionales. Se equivocan al decir que si Marcelo Ebrard hubiera sido el abanderado del Movimiento Progresista, “otro hubiera sido el resultado electoral”. Lo evidente es que tampoco lo hubieran dejado ganar, y los votos para la izquierda seguramente hubieran sido menos de los que obtuvo López Obrador.

La cuestión de fondo es cómo lograr que el Estado mexicano recupere su independencia, cuando en los hechos está demostrado que no será posible mediante procesos electorales controlados por la oligarquía, y particularmente por el monopolio televisivo, que ahora lo es a partir de alianzas estratégicas entre las dos cadenas, con la finalidad de obstaculizar cualquier posibilidad de competencia ajena a sus intereses. Porque a final de cuentas ese es el objetivo central de la lucha que nos espera: recuperar la autonomía de las instituciones del Estado, ahora al servicio de grupos oligárquicos que sólo buscan su fortalecimiento.

No es una demostración de “civilidad” la que dieron Calderón y Peña Nieto en la escalinata de Los Pinos, sino una muestra clara de que la cadena de complicidades está asegurada en los próximos años. Tal es el verdadero mensaje que dieron ambos, no la palabrería hueca de uno y otro. Salieron a decirle a los poderes fácticos que las cosas habrán de seguir igual, que no deben temer cambios que pudieran afectarlos, que pueden dormir tranquilos porque sus intereses estarán a salvo. Hasta Vicente Fox podrá respirar profundamente el aire limpio de su hacienda porfiriana: no será expulsado del PAN porque también tendrían que expulsar a Calderón: desde antes de las elecciones se ha dedicado a elogiar a Peña Nieto y solicitar a los mexicanos su apoyo a éste, mismo pecado que cometió Fox.

Por eso puede afirmarse que el regreso del PRI a Los Pinos, más que una “transición” es un retroceso histórico que habrá de dificultar aún más el proceso liberador del pueblo, pues con el mexiquense llegan también los peores días del antiguo priísmo depredador, pero sin el nacionalismo que caracterizó a sus dirigentes de entonces. Los problemas habrán de empezar cuando se vean obligados a ceder buena parte del botín a sus patrones extranjeros, pues con Calderón estos se fortalecieron de manera incontrovertible. Buen ejemplo de esta realidad, es que en este sexenio el territorio concesionado a mineras extranjeras abarca la cifra de 32 millones 573 mil hectáreas, superficie que supera la de los estados de Chihuahua y Chiapas juntos.

Ese es el verdadero fondo del por qué resulta una hipótesis insostenible suponer que Ebrard hubiera ganado las elecciones. La oligarquía está dispuesta a todo, incluida la represión más sanguinaria y cruda contra el pueblo, con tal de mantener sus privilegios, incluso acrecentarlos como lo demuestra su interés en que sea aprobada una reforma laboral que pondría de rodillas a los trabajadores. Ceder en el Congreso a esta injusta demanda, sería el principio de la instauración formal de una dictadura de corte fascista. No es una exageración decirlo así, sino apenas el esbozo de una realidad que convertiría al país en un territorio ajeno a las clases mayoritarias.

En la escalinata de Los Pinos, más que una demostración de “civilidad democrática”, vimos el empoderamiento de lo peor del sistema político mexicano. Ahora sí, como dice un viejo dicho popular: “Que Dios nos agarre confesados”.

Guillermo Fabela - Opinión EMET

 

Acuerdos cupulares entre Calderón y Peña: reforma contra trabajadores, y van por más

 

Tras los acuerdos cupulares alcanzados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el Congreso de la Unión se dan prisa por aprobar la reforma laboral enviada por el actual inquilino de Los Pinos y demandada una y otra vez por los organismos empresariales, sin que les preocupe mayormente el realizar un análisis exhaustivo para aquilatar la conveniencia o no de mandar al bote de la basura la histórica Ley del Trabajo promulgada en 1970 y que gracias a los gobiernos neoliberales se ha convertido en letra muerta.

 

La iniciativa enviada en forma por demás apresurada por Felipe Calderón al Congreso lejos está de hacer valer los principios fundamentales que postulaba y defendía la Ley de 1970, sobre todo en lo que se refiere a alcanzar el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Mucho menos abona el autodenominado “presidente del empleo”, que se convirtió en el mandatario del desempleo, a consolidar el trabajo como un derecho y un deber sociales y lo reduce, una vez más, a un simple artículo de comercio, sin que medie el respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta. Y ni que decir de que “la prestación de servicios laborales deben efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”, postulados que en estos momentos se convierten para millones de trabajadores mexicanos en una pura ficción.

 

Letra muerta desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los regímenes panistas, es el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo que establece que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El explosivo desempleo que prevalece actualmente, así como la prevalencia de la economía informal y el subempleo, sin que el actual gobierno federal haya logrado hacer algo para mejorar el mercado de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores, han arrojado a la basura, por omisión o por acción, los postulados de esa legislación, que ahora se pretende enterrar, de una vez y para siempre.

 

La primera fuerza política en el Congreso, el PRI, está buscando en el Senado de la República que ambas cámaras creen una sola comisión especial para la discusión y dictaminación de la reforma laboral. Nada bueno augura que para integrar esa comisión se hayan registrado personajes de la política mexicana tan nefastos a los intereses de los trabajadores como el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps; el dirigente de la CROC, Isaías González; Armando Neyra de la CTM; y Diva Gastelum, una dirigente priísta sin la menor experiencia en materia laboral. Estos legisladores han manifestado su prisa y su decisión para establecer un grupo de trabajo bicamaral “que nos permitirá cumplir los tiempos que están cortos y fijar puntos de vista y opiniones, para que cuando la pase a la Cámara de Diputados sea rápido”.

 

En ningún momento se han puesto a reflexionar en lo que más conviene a los trabajadores, que tendría que ir en sentido contrario de aprobar una reforma laboral retrógrada, y que sin duda tendría que pasar por hacer valer otra vez los postulados de la Ley Federal del Trabajo, no sólo en la legislación sino en los hechos, en la realidad, de donde fueron eliminados gracias a la complacencia y a la omisión de los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón.

 

Frente a la aplanadora priísta y panista que se conformará para aprobar la reforma laboral calderonista, cuya matriz es sin duda la llamada “Ley Lozano”, la dirección colegida de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados determinaron unir fuerzas para rechazar por completo la iniciativa enviada por el actual inquilino de Los Pinos. Los diputados Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya, Socorro Ceceña, José Luis Muñoz, Roberto López y Alejandro Carbajal, precisaron que la bancada perredista considera una decisión apresurada e incongruente la asumida por Calderón a la hora de enviar la citada iniciativa.

 

Durante una reunión con los lideres sindicales de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, del STUNAM, Agustín Rodríguez, de los electricistas, Martín Esparza, y de la disidencia del SNTE, Artemio Ortiz, Aureoles consideró que “es imposible que en un plazo de 30 día, contenido en la reforma constitucional, se pueda legislar la iniciativa preferente”. Destacó que además no existe una legislación secundaria, “ni mucho menos vamos a legislar en contra de los intereses de los trabajadores”. Por su parte, Alfonso Raya considera que Calderón se burla del Congreso, porque “él sabe que en los términos en que envió su iniciativa, y sobre todo por el contenido de la misma, resultará imposible aprobar un adefesio de tal magnitud”.

 

Para los panistas el camino legislativo escogido por los priístas para aprobar la reforma laboral no es el más corto ni el que más los satisface. Luis Alberto Villarreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró complicada la creación de una comisión bicameral para discutirla, tal como lo propuso el PRI en el Senado. Dijo que hasta el momento a él no le ha llegado ninguna propuesta formal para formar esa comisión y destacó la contradicción en la que empiezan a caer los priístas al poner trabas a la reformas estructurales. Para el panista los del tricolor “quieren comenzar a defender no la libertad sindical sino la libertad de las cúpulas sindicales a no rendirle cuentas a sus agremiados”.

 

Por su lado, a los empresarios no les preocupa ni inquieta la posición del PRD y del PT y Movimiento Ciudadano. Saben que una alianza parlamentaria entre PRI y PAN sacará sin problemas la reforma laboral que ellos han empujado desde hace varios años. A los dirigentes empresariales les llama más la atención la negociación que al interior del PRI se tendrá que realizar para poder lograr el apoyo de sus propias organizaciones obreras. Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), considera que la aprobación de la reforma laboral no va a ser fácil si el PRI no se sienta a negociar con los sindicatos y en la iniciativa presidencial se “deja de lado” el tema de su autonomía.

 

El líder empresarial explica la necesidad de la dirigencia nacional del PRI y de sus coordinaciones parlamentarias en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de negociar con sus organizaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) . Dijo que seguramente estas organizaciones “le van a pedir que saquen la parte de la autonomía de los sindicatos”. Para el dirigente de los industriales del país esa será la única forma de que podrá ser aprobada la reforma laboral que quedó pendiente durante todo el calderonato. No obstante, considera que la iniciativa se tiene que encaminar a la productividad y el empleo, dejando para más adelante la autonomía de los sindicatos.

 

Los industriales y empresarios empujan fuerte la aprobación de la reforma laboral porque pugnan por la legalización de las nuevas formas de contratación, por horas, medios tiempos o tiempos específicos. Resaltan la importancia que tiene para ellos el tema de los salarios caídos, los cuales desean que sólo sean seis meses, máximo, y si pasa de ese periodo “que los pague el gobierno porque no es nuestro problema, son atrasos de las juntas (de conciliación y arbitraje), no de los empresarios”.

Lilia Arellano - Opinión EMET