American Curios- El nudo de la fiscalidad- El ordenamiento territorial y la paz del país

American Curios

Buenos deseos

David Brooks

Pasados los festejos de Año Nuevo y sobreviviendo profecías sobre el fin del mundo (incluida la inventada por los políticos en Washington llamada precipicio fiscal), la apertura del nuevo Congreso, los cambios en el gabinete presidencial y el intercambio infinito de buenos deseos, todo parece indicar que 2013 comienza como si 2012 no hubiera acabado.

 

Algunas de las primeras noticias de 2013 ofrecen indicios de cómo arranca el año en Estados Unidos:

Los estadunidenses le dan un nivel mayor de aprobación al comunismo que al Congreso federal. El Washington Post reporta que la última legislatura fue la menos popular desde que los encuestadores empezaron a registrar ese dato. Según Gallup, el índice de aprobación de ésta se desplomó a 10 por ciento en dos momentos el año pasado, el índice más bajo en los 38 años que se ha hecho ese sondeo. Otra encuestadora, Rasmussen, preguntó a estadunidenses qué opinión tendrían si este país se volviera comunista, y 11 por ciento dijo que lo aprobaría.

En otro rubro, se incrementaron las ventas de los rifles semiautomáticos AR-15 –el usado por el joven que mató 20 niños y seis adultos en la primaria Sandy Hook en Connecticut– días y semanas después de la matanza. Mientras tanto, los promotores del derechoa las armas no se apenaban al proponer que se necesita más gente armada en las escuelas para protegerse de otras personas armadas. La Asociación Nacional del Rifle propuso una guardia armada en cada escuela, el New Yorker calculó que serían cien mil escuelas, cien mil guardias, cien mil armas, unos cien millones de dólares, en un nuevo negocio para los socios empresariales de la asociación: negocio redondo.

Mientras tanto, los miles de jóvenes en uniforme militar desplegados en Afganistán –ya desde hace tiempo la guerra más larga en la historia de este país– continúan en ese campo de batalla; otros permanecen en Irak. El presidente Barack Obama y el Congreso acaban de aprobar un gasto militar de 633 mil millones para 2013, ninguna reducción a pesar de todo lo que se debate sobre el gasto público excesivo, pero en dos meses negociarán reducciones en gastos de asistencia pública. Hay prioridades.

En ese paquete de defensa, a pesar de sus promesas anteriores y las críticas de los principales organismos de derechos humanos, Obama permitió la continuación de operaciones de lo que los críticos llaman el gulag en Guantánamo, con sus 166 presos, 86 de ellos autorizados a ser liberados pero que permanecen ahí.

La guerra contra el terrorismo, aparentemente también eterna, continúa con Obama, que ha prolongado algunas de las políticas más controvertidas y cuestionadas por defensores de libertades civiles y derechos humanos formuladas primero por George W. Bush, incluida la detención indefinida de aquellos considerados enemigos, o los acusados de apoyar al enemigo en cualquier parte del mundo, y la intervención de comunicaciones por agencias de espionaje sin necesidad de orden judicial. En tanto, se fiscaliza a oficiales estadunidenses acusados de filtrar información a periodistas.
 

A todo esto, los veteranos de estas guerras patrióticas, festejados todos los días con la obligada consigna oficial de apoyo a las tropas, regresan de guerras justificadas falsamente a un país donde no hay empleo, donde sus viviendas son incautadas por no tener con qué pagar las hipotecas, y donde se calcula que en promedio, en cualquier noche aquí, más de 60 mil veteranos de guerra viven sin techo.

 

Por otro lado, en los primeros días del año ningún político nacional ha dicho una sola palabra sobre el cambio climático, a pesar de que continúan las pugnas sobre la asistencia de decenas de miles de millones de dólares para comunidades devastadas en Nueva York y Nueva Jersey por el huracán Sandy, mientras los polos se continúan derritiendo y las condiciones se preparan para más tormentas.

 

En Washington, los políticos empezaron el año con un acuerdo de último minuto para evitar el llamado precipicio fiscal (algunos le dicen el abismo, que sería más correcto para describir el juego político en torno a este tema), sólo para aplazar decisiones sobre cómo y cuánto más reducir el sistema de bienestar social en Estados Unidos que serán retomadas en un par de meses.

 

Sí se acordó incrementar un poco los impuestos que pagan los que gozan de ingresos de más de 400 mil dólares al año, lo cual fue calificado de gran logro por los defensores del presidente. Pero para algunos hasta eso fue un fracaso. El alcalde Michael Bloomberg, el hombre más rico de Nueva York, comentó que desde un principio él ha argumentado que no se puede resolver el problema del déficit presupuestal federal discriminando a un grupo sobre otro. El grupo discriminado al que se refiere es, en efecto, una minoría: los multimillonarios como él, que representan menos de 1 por ciento del país.

Mientras, para los no millonarios, la tasa de desempleo sigue en 7.8 por ciento al iniciar el año, producto de una anémica recuperación, con los pronósticos de que no se espera mucho más que una tasa de crecimiento del PIB mayor al 2 por ciento anual. Al mismo tiempo, bancos y grandes empresas reportan ganancias récord (pero indican que no tienen la intención de acelerar la generación de empleo).

 

Nadie les cree a sus representantes políticos, las ventas de armas continúan como si nada hubiera sucedido en una primaria en Connecticut, también las guerras –tanto las tradicionales con botas en el terreno como las realizadas a control remoto–; casi nadie habla de cambio climático como si algo llamado Sandy no hubiera pasado por estos lares, y mientras continúan las ganancias cada vez mayores de los más ricos, los demás están esperando el anuncio sobre cuánto menos se invertirá en generar empleo, salud, educación, las artes.

 

Los buenos deseos aparentemente no son suficientes para que un Año Nuevo no sea peor que el viejo. Pero a veces los deseos se vuelven hechos que logran renovar los años.

 

El nudo de la fiscalidad

León Bendesky

El debate fiscal en Estados Unidos, que se zanjó a última hora al final del año en el Congreso, expresa el profundo significado general que representa el financiamiento del Estado.

 

La decisión legislativa de quiénes deben pagar impuestos, por cuáles conceptos y de qué monto deben ser éstos es un elemento básico de las funciones de gobierno y marcan, de alguna manera, el carácter político, o digamos democrático, de una sociedad.

Por supuesto que la contraparte de la decisión política y financiera que define la fuente de los fondos públicos derivados de los impuestos es para qué y cómo se usan los recursos obtenidos. Es distinto aplicar impuestos al ingreso o al valor agregado; también lo es fijar precios de combustibles o energía eléctrica. También debe considerarse la eficiencia de la gestión pública y la corrupción. Por cierto, ambas, no son privativas de lo público, como bien se sabe.

Estos términos definen, finalmente, la legitimidad de los tributos e igualmente la disponibilidad y los precios de los bienes y servicios públicos, y con ello la del propio gobierno. La privatización de actividades públicas, más allá de las deformidades que se encuentran en este campo, es parte del nudo de la fiscalidad. Afecta la cantidad, calidad y precio al que se accede, y puede agravar las condiciones de la desigualdad.

La oposición del Partido Republicano a un alza de los impuestos a los estratos de mayores ingresos puede verse como un asunto ideológico primordialmente. A ello seguirá, en unos meses, la oposición al aumento de los gastos del gobierno y a la elevación del nivel de endeudamiento.

Una sucinta y extrema expresión de esto sería la tríada: responsabilidad fiscal, menos gobierno y mercados libres. El contenido que adquieren estos lemas es crucial y motivo de confrontación. Tiene repercusiones directas en la salud, educación, vivienda, pensiones y la infraestructura productiva.

También puede sustentarse en algún postulado que indicara que una mayor proporción del ingreso generado que queda en manos de ese grupo puede crear más inversión y crecimiento del producto. Esta última cuestión constituye una disputa abierta.

Los principios de la austeridad que enmarcan los ajustes fiscales en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos se aproximan más a la versión conservadora y no a una gestión más agresiva de la expansión del consumo y la inversión tanto privadas como públicas. Las consecuencias a corto y mediano plazos de una y otra no son triviales.

Pero además, en términos de fiscalidad, el asunto de la progresividad del impuesto a la renta, o bien la aplicación de un tributo especial a las ganancias de capital por operaciones realizadas en los mercados de valores o incluso sobre las herencias, tiene un componente valorativo que se aproxima a lo ético.
 

El problema de esto último es que tales valores son subjetivos y pueden defenderse ambas posiciones. En ciertos momentos las condiciones políticas tienden para un lado y en otros al contrario. Eso se aprecia con las medidas adoptadas en el gobierno de George W. Bush y lo que sucede ahora con Barack Obama. Ese es el meollo del precipicio fiscal. Por ello, una vez que se define la estructura de la tributación se convierte en algo impuesto, más no permanente. Las contribuciones no son voluntarias.

En cuanto a los aspectos ideológicos y éticos de las cosas que son públicas y que entrañan aspectos del dinero, las ganancias y su uso individual o colectivo no pueden, pues, eludirse. Tampoco las cuestiones relativas a la autoridad y los acuerdos, y, por otro lado, la libertad o la coerción. El punto clave es cómo se organiza la existencia social y, de preferencia, la coexistencia.

 

Jeremy Bentham, creador de la filosofía utilitarista, partía de los principios de la moral para proponer que el objetivo de la actividad política es la consecución de la mayor felicidad para el mayor número de personas. La utilidad es una medida y junto con la libertad conforman principios básicos del ordenamiento social. Ahí estamos anclados.

 

Puede ser anecdótico que el actor Gerard Depardieu declare su rabia por pagar tan altas tasas de impuesto en Francia y busque cambiar de nacionalidad para pagar menos; Rusia lo acogió.

 

Pero la postura del primer ministro Ayrault, respecto de que esa actitud es patética y que pagar impuestos es un acto de patriotismo y estamos llamando a los ricos a hacer un esfuerzo especial por el país, parece muy descolocada, por decir lo menos, viniendo de tan prominente miembro del gobierno socialista.

 

Esto es así, sobre todo en el entorno de una crisis que lo que ha hecho es, precisamente, crear mayor concentración del ingreso en los países más ricos. Vaya que hasta Krugman, abierta y declaradamente liberal, llama en las páginas del New York Times al conflicto fiscal y a la creciente desigualdad del ingreso como lucha de clases.

 

La fiscalidad encierra muchos elementos de la conformación social y su dinámica. Es un asunto técnico en la medida en que la técnica es necesaria. El resto es sólo política y mucha o poca visión social.

 

El ordenamiento territorial y la paz del país

Iván Restrepo

Según la nueva estructura de la administración pública federal, la Secretaría de la Reforma Agraria tendrá a su cargo todo lo relacionado con el uso del suelo y la organización territorial y urbana del país. Así, le tocará formular las políticas que regulen el crecimiento de los asentamientos humanos (en especial de las zonas metropolitanas) a fin de hacer realidad el desarrollo sostenible y la adecuada distribución de la población tomando en cuenta principios de ordenamiento territorial no depredadores del medio ambiente. También queda bajo su responsabilidad el desarrollo agrario.

 

Para hacer realidad un verdadero desarrollo urbano y de la vivienda establecerá políticas que contemplen las necesidades de tierra y la disponibilidad de recursos. De manera destacada uno que está pésimamente utilizado y administrado: el agua. En este último campo, jugará un papel preponderante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El tema del ordenamiento territorial del país fue relegado los últimos 20 años en la agenda gubernamental. De hacer parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, terminó como un agregado más de la de Desarrollo Social. Mientras la antigua Secretaría de la Reforma Agraria tenía entre sus atribuciones la administración de los terrenos nacionales y baldíos y los asuntos relacionados con las tierras ejidales y comunales, precisamente las que encierran la mayor biodiversidad de México y son asiento de los grupos sociales más pobres, con menos calidad de vida.

Sobre la necesidad de establecer una política de Estado para lograr el desarrollo urbano sustentable insisten los principales especialistas y centros de investigación que se dedican a dicho tema. No fueron escuchados los últimos tres sexenios. Los frutos de esa desidia oficial se tienen ahora cuando en las áreas urbanas viven 82 millones de personas y se han conformado varias zonas metropolitanas. A la de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se suman ya las de Tijuana, León, Puebla, Toluca, Morelia, Torreón, entre otras. Ninguna cuenta con políticas de ordenamiento territorial sustentable. Su crecimiento es anárquico, desarticulado, ineficiente desde el punto de vista administrativo, con baja calidad de vida de la mayoría de sus habitantes; con elevada contaminación y la destrucción de los recursos naturales.
 

No hay duda de la enorme importancia de la nueva dependencia federal. Pero de nada servirá si sus políticas no se coordinan y complementan efectivamente con las de otras secretarías (las de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social y de Gobernación, por ejemplo) y con los estados y municipios del país. Y, además, si no hay la participación efectiva y oportuna de la población en la elaboración de las nuevas acciones de gobierno.

 

Con motivo del Año Nuevo, el obispo de la ciudad de Durango, Enrique Sánchez Martínez, proclamó la urgencia de que, para contribuir a la paz de México, al desarrollo de los pueblos o la misma salvaguardia del medio ambiente, se reconozca el derecho al uso del principio de la objeción de conciencia respecto de ciertas leyes y medidas gubernamentales que, a su juicio, atentan contra la dignidad humana. Pone dos ejemplos: el aborto y la eutanasia. Se refiere a que en el Distrito Federal el derecho al aborto está claramente reglamentado en la legislación. De paso, critica que en la capital del país y en Quintana Roo existan leyes que pretenden equiparar la familia con formas radicalmente distintas de unión que dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad. Luego de inútil esfuerzo por aterrizar lo que el obispo quiso decir en su proclama respecto a la paz y el medio ambiente, una cosa sí es clara: el reconocimiento a la objeción de conciencia es parte de una campaña de la Iglesia católica en su lucha contra el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. La jerarquía católica espera que sus buenas relaciones con el presidente Peña Nieto permitan incluir ese principio en la legislación mexicana.