El Fobaproa municipal- Desaparecidos: responsabilidad de Estado- Promesas y publicidad desmedida

El Fobaproa municipal

Jorge Carrillo Olea

Se podría catalogar como tragicomedia por lo que en el fondo representa como conducta antisocial sistematizada. Los municipios están tronados. Pasaron los años de tirar cohetes promovidos por la ignorancia e irresponsabilidad de Vicente Fox y llegaron los días de recoger las varas. Felipe Calderón siguió con el despilfarro incontrolado. Están tronados muchos de los ayuntamientos paupérrimos, los medianos y los grandes. Fox les abrió las arcas, alentó la fiesta, no promovió controles.

 

Algo relevante es que ya no se puede atribuir todo mal a un solo partido, como era tan cómodo. Está demostrado que en la mayoría de los municipios ha habido alternancias de los tres partidos y con todos ha resultado igual. En esa ensalada de tornasoles que son los 2 mil 441 municipios hay constantes: enormes endeudamientos, sí, pero también cabildos que los autorizaron y congresos con igual responsabilidad, gobernadores que nada quisieron ver. Otra constante es que nadie da cuenta de adónde fue a parar tanto dinero. Los responsables son los mismos, los que aprobaron y no vigilaron el gasto, como sería su deber. Fueron muchos los que ayudaron a matar la vaca.

Y ahora estamos ante el problema de que, acostumbrados a la generosa ubre, los presidentes municipales exigen hasta con enojos que se les rescate. Quieren que el gobierno federal –esto es, el tesoro nacional, que es de todos– asuma esas deudas. Plantean airosos que se les haga participantes de impuestos federales, principalmente IVA, ISR y transferencia de bienes. Lo peor de su situación es que sus leyes de ingresos son obsoletas y contraproducentes, retrógradas, cuando debieran ser promotoras, lo que es responsabilidad de ellos y de los congresos.

Pero eso sí, demandan una solución integral. Pues sí, quizá, pero primero que cumplan con sus propios deberes recaudatorios. Exigen airosos y con ese mismo temple se olvidan de que tienen a su disposición fuentes de ingresos que no administran eficientemente, porque no saben o porque temen: el impuesto predial, los consumos del agua y los muchos derechos que de un modo u otro provee el municipio.

Si así fuera el compendio, estaríamos hablando sólo de irregularidades y no se habría tocado el fondo: la corrupción, irresponsabilidad, ineptitud o ignorancia. Pero también otra lastimosa realidad es el disfrute de la impunidad. ¡Aquí no pasa nada! Pareciera ser una especie de grito de guerra retador y quienes lo pronuncian, hasta el momento tienen razón.
 

Un caso ejemplificativo sería el municipio de Cuernavaca, Morelos, que está verdaderamente destrozado en lo físico, acosado por el crimen, arruinado en sus finanzas y escéptico sobre el futuro. Su ayuntamiento contrató empréstitos por mil 200 millones de pesos (mdp). Su ingreso total, según su Ley de Ingresos para 2012 (periódico morelos.gob.mx), es de menos de 110 mdp. O sea la imposible aplicación absoluta al crédito sólo cubriría 9.2 por ciento anual.

 

Contrató en adeudo con la autorización de su cabildo, con el visto bueno de su Congreso y con la supervisión de nadie en su manejo. Fueron empréstitos dispuestos en una sola exhibición; no fue programado su ejercicio, aumentando brutalmente los intereses. Nunca hubo proyectos que los solventaran, nunca hubo objeto visible ni medidas de control.

 

El presidente municipal originador del desastre, Manuel Martínez Garrigós, goza de cabal salud. Es presidente del CDE del PRI local y diputado plurinominal, posiciones concedidas cuando ya era pública la magnitud y malversación de los fondos contratados. Esta situación se hizo oportuna y formalmente del conocimiento del CEN de su partido y nada, absolutamente nada pasó.

 

A la punzante situación nacional viene a dar respiro el secretario de Hacienda, al hacer público que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no absorberá los todavía no cuantificados pasivos de los tampoco sumados municipios. Enfáticamente anunció la negativa a hacer que las arcas nacionales cubrieran los desvíos.

 

Ahora quisiéramos que se anunciara que se fincarán responsabilidades en lo jurídico, político, financiero y administrativo a tales ilegalidades e irregularidades y que la Ley de Contabilidad Gubernamental se aplicara con la adjudicación de responsabilidades que ella misma prevé. Iría muy al modo de lo que se anuncia al promover la Comisión Nacional Anticorrupción. ¡Algún día habrá que empezar! Ojalá no se estrenen subterfugios para una vez más frustrar al pueblo fortaleciendo la impunidad.

hienca@prodigy.net.mx

 

Desaparecidos: responsabilidad de Estado

Ayer, en un encuentro con familiares de personas desaparecidas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprometió al gobierno federal a coordinarse con instancias estatales, a fin de conducir la búsqueda de todos los desaparecidos, instalar un sistema telefónico para la recepción de datos de desapariciones y estudiar la integración de una fiscalía especializada en el problema.

 

Es pertinente recordar, como dato de contexto, que sólo en el sexenio pasado, encabezado por Felipe Calderón, el número de desapariciones forzadas fue de casi 21 mil. El fenómeno tuvo como telón de fondo la guerra contra la delincuencia emprendida desde los primeros días de su administración por el hoy profesor de Harvard. Si el calderonato exhibió una exasperante indolencia ante el tema de los desaparecidos, el simple hecho de que sea abordado por el actual gobierno es de por sí un paso positivo.

Sin embargo, no basta con promesas de agilizar las pesquisas policiales ni de instalar sistemas de información sobre las personas ausentes porque el problema de las desapariciones forzadas, en una escala como la que ha tenido lugar en México, es producto de una política de Estado y de un menosprecio institucionalizado por la vida y los derechos humanos básicos. Es inimaginable, en efecto, que decenas de miles de personas puedan desaparecer, en cualquier país del mundo, sin responsabilidad precisa, por acción o por omisión, de las máximas autoridades, y sin que medie el designio de permitir que individuos de todas las edades y condiciones sociales sean sustraídos con violencia de su entorno cotidiano.

Por ello, si en la administración que encabeza Enrique Peña Nieto existe la voluntad real de afrontar el problema, debe empezarse por un examen de las decisiones institucionales que hicieron posible este aspecto de la catástrofe de seguridad en que se encuentra el país, así como por un deslinde claro de las responsabilidades penales, administrativas y políticas que dejaron en estado de completa indefensión a las víctimas de desaparición forzada. En otros términos, resulta indispensable que el Ejecutivo federal, principal encargado constitucional de la seguridad pública y de la vigencia de las garantías individuales, revise las razones que lo llevaron a fallarle a la población de manera tan persistente. Más aun, es necesario que se esclarezcan los casos, no pocos, en que servidores públicos y efectivos de las diversas corporaciones militares y policiales han sido señalados como partícipes o incluso como protagonistas del delito de desaparición forzada y que se dé curso a las acciones legales en su contra a las que haya lugar.
 

Sin un deslinde nítido e inequívoco con respecto a la abulia con que el calderonismo y las gubernaturas de diversos signos políticos permitieron que miles de mexicanos fueran arrancados de su entorno, los actuales propósitos expresados por Osorio Chong resultan de escasa credibilidad y parecen, más que una serie de acciones firmes y decididas contra la desaparición forzada de personas, una manera de salir del paso ante los legítimos reclamos formulados por los familiares y cercanos de los ausentes.

 

El agravio de las desapariciones forzadas ha azotado en forma masiva al país en dos momentos de su historia reciente: durante las presidencias de los priístas Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) y en el pasado sexenio panista. Es claro que una nación democrática y sujeta al imperio de las leyes no puede permitirse la persistencia de ese fenómeno. Por el contrario, sus autoridades deben actuar con la radicalidad y la profundidad necesarias para que esta práctica, que configura delitos de lesa humanidad, no tenga lugar en México nunca más.

 

Promesas y publicidad desmedida

Iván Restrepo

Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) prometieron terminar con los grandes problemas de México. Destacadamente, la pobreza, la injusta distribución del ingreso, el desempleo, la impunidad y la corrupción, la inseguridad y la violencia, el mal uso y la destrucción de los recursos naturales, en especial del agua, los bosques y selvas. El licenciado Calderón fue pródigo en evaluar su administración muy favorablemente a través de una publicidad desmedida; recibió premios internacionales por lo que no hizo. Como en reforestación y combate al cambio climático. Pero, como muestra la tercera Evaluación del Desempeño Ambiental en México, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las políticas públicas dirigidas al medio ambiente y el sector agrario favorecieron a los que menos lo necesitaban, mientras algo tan importante como el agua está en grave crisis por mala gestión y uso irracional. Además, el costo por la pérdida de los recursos naturales asciende a 7 por ciento del producto interno bruto.

 

Por principio, una quinta parte de la población más pobre del país recibe apenas una décima parte de los subsidios concedidos a la tarifa residencial de energía eléctrica y menos de 8 por ciento de los subsidios a combustibles para transporte. Casi la totalidad de los apoyos a los precios agrícolas y 80 por ciento por concepto de electricidad para el bombeo de agua quedan en el pequeño sector más rico de los agricultores. Además, esos subsidios representan en términos monetarios el doble de lo destinado a combatir la desigualdad. Se conceden en México desde antes de que el panismo se hiciera del poder. Tan no han servido para reducir la pobreza que en este aspecto ocupamos el primer lugar entre los países de la OCDE. Y con 1.3 millones más de personas en extrema pobreza que en 2010.

En esta tercera y reciente evaluación se recomienda terminar con los subsidios ineficientes y, en cambio, establecer políticas de gasto social directo que beneficiarían mucho más a los más necesitados. Agregaríamos que la marginación social y económica en el agro tendría el principio de su fin si el gobierno decide, como lo acaba de prometer en Veracruz, reactivar el sector agropecuario para que ofrezca lo que desde hace varios lustros se importa. En especial los productos que forman la canasta básica. De esa manera se evitaría la salida de divisas, depender lo menos posible del exterior en alimentos y se crearían empleos. Invirtiendo bien en las comunidades indígenas y ejidales se garantizaría además la salud de bosques y selvas.
 

En la citada evaluación se asienta que, aunque el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua se triplicó en términos reales; no rindió los frutos esperados al preferir la inversión en infraestructura hidráulica en vez de sanear los servicios de agua en beneficio de millones de habitantes, en especial del sector rural. Pero, aun con esa inversión en infraestructura, el país registra ya un severo estrés hídrico por el crecimiento de la población, el agotamiento de fuentes naturales de abasto y el uso irracional del recurso. La OCDE refrenda lo sabido: la cantidad de líquido disponible por habitante disminuye desde hace años y será menor, pues en 20 años habrá 36 millones más mexicanos. Y porque ya tres cuartas partes de la población vive en regiones donde escasea el agua.

 

En paralelo, sigue la contaminación de ríos, lagos y acuíferos. Estos últimos están sobrexplotados (como en la cuenca de México) y registran una elevada contaminación. Los problemas que aquejan a los recursos hídricos no han sido abordados con políticas adecuadas, por lo que la OCDE aconseja remodelar el marco institucional para enfrentar los retos actuales y futuros de la producción agropecuaria y el desarrollo sustentable de los centros urbanos. En pocas palabras, se necesita hacer realidad las medidas anunciadas sexenio tras sexenio para evitar lo peor.

 

Pero no seamos pesimistas. Ya se nombraron a los integrantes que nos sacarán del atolladero gracias al Pacto por México. A éste lo coordina un buen ejemplo de PRI renovado, José Murat. Lo acompaña alguien del PAN de siempre, Juan Molinar, el de la guardería ABC.