La reforma al 24 constitucional, una vergüenza- ¿Genera la competencia calidad y eficiencia en los servicios?- ¿Fracasó el modelo neoliberal-asistencialista en Brasil?

La reforma al 24 constitucional, una vergüenza

Bernardo Barranco V.

En forma y fondo la reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa ha sido de bochorno. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló, el pasado 19 de junio, la declaratoria de la reforma al artículo 24 constitucional, referido a libertad religiosa. Recordemos la presión que ha ejercido la jerarquía de la Iglesia católica desde que Carlos Aguiar Retes asumió la presidencia de la CEM en 2006 hasta la visita del papa Benedicto XVI, marzo de 2011, en la que el secretario de Estado Tarsicio Bertone remachó el tema en una gran cena ante la clase política de Felipe Calderón y altos prelados católicos. El Poder Legislativo ha construido una reforma cuyo proceso ha estado salpicado de suspicacias y desconfianzas. La Cámara de Diputados, con una prisa sospechosa, aprueba el 15 de diciembre de 2011 las reformas al 24. Para ello, implementó en su aprobación y modificación un procedimiento que no respetó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales ni en el pleno de la Cámara, violando el principio jurídico de exhaustividad y de legitimidad. La discusión de los diputados fue pobrísima entre reproches procedimentales, tomas de la tribuna y negociaciones apuradas de última hora; poco o nada se afrontaron temas sustanciales de las libertades. La jerarquía católica y la derecha no quedaron conformes con el resultado final, no tanto porque se incorporaron libertades no religiosas como las éticas y de conciencia, sino porque se frustra la intención de introducir de manera directa la educación religiosa en escuelas públicas, vía los padres de familia, como se apuntaba en el proyecto original. La reforma es una vacilada, exclamó entonces con trágico humor José Luis Soberanes. Al pasar la reforma al Senado, se opera un mercadeo pues se saca del congelador la reforma al artículo 40, sobre el carácter laico del Estado mexicano, y ambos se someten a subasta. Resultado: ambas reformas, el 40 y el 24 van de la mano. Tampoco hubo debate de fondo y los foros convocados por el Senado fueron pura simulación.

 

La reforma considerada no prioritaria en la agenda del país se politiza. El proceso es viciado de origen y queda claro que la reforma al artículo 24 constitucional es consecuencia de un acuerdo político cupular que articula los intereses de la jerarquía con el pragmatismo de corto plazo de la clase política. Los actores de la operación son principalmente de la fracción mexiquense del PRI, por lo que la paternidad de la reforma se le atribuye a pactos del entonces precandidato Enrique Peña Nieto con el obispo presidente de la CEM, entonces Carlos Aguiar Retes, contando con el aval de Felipe Calderón y sus huestes panistas.

Si la reforma fue aprobada con apresuramiento en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo que pasar un año y dos meses para ser aprobada por los congresos estatales y lograr así el cincuenta por ciento más uno de las legislaturas locales, requeridos para su promulgación definitiva. El proceso fue accidentado, sufrido e inédito. Las principales reticencias para aprobarlas en las diferentes entidades emanaron del propio PRI, de sus corrientes liberales y masónicas que siguen siendo fuertes en muchas entidades del país. También se generaron potentes movilizaciones sociales, conducidas por Foro Cívico México Laico que aglutinó diversas organizaciones sociales. De manera relevante se generó la reacción en contra de numerosas iglesias evangélicas y de manera decisiva destaca la Iglesia La luz del mundo, que mostró múscu­lo y capacidad de convocatoria en gran parte de las entidades mexicanas que por momentos llegaron a inquietar a las legislaturas locales y los obispos. En diversas entidades los congresos locales tuvieron que encarar la presión y movilización social de repudio a una reforma socialmente objetada. Sin embargo, la disciplina se impuso, la manija estaba en el PRI pues cuenta con la preponderancia de la mayoría de los congresos: numerosos legisladores con amargura relatan la presión que estableció Peña Nieto a las legislaturas estatales rebeldes, argumentando el cumplimiento de los compromisos contraídos. Hubo seis estados en que la reforma fue rechazada: Morelos, Michoacán, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas. En los demás hubo jaloneos, presiones y hasta traiciones. Por ejemplo, en Coahuila, el Congreso da una dramática reversa frente a la presión del PRI de México, según consta en la voz de los propios diputados, aprobando la reforma que días antes había rechazado en un dictamen. Algo parecido pasó en Veracruz, estado con una fuerte presencia de masones liberales, en la que el propio gobernador tuvo que desdecirse. En esa ruta fueron Puebla y Jalisco.
 

Si bien laicidad y libertad religiosa van de la mano, muchos juristas temen que esta reforma podría minar el carácter laico del Estado en materia educativa. Ya hubo amagos en Puebla, donde legisladores panistas, invocando la libertad religiosa de los padres, querían establecer catecismo en las escuelas públicas. La iniciativa no prosperó, pero queda como inquietante precedente. Estas querellas podrían concluir en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia con las reservas que todos tenemos. Hay que reconocer, asimismo, que la promulgación del artículo 24 se opera en una atmósfera enrarecida en términos de la política y la religión. Muchos políticos y funcionarios públicos han salido del clóset y de manera retadora han invocado signos religiosos para ejercer su mandato. El temor radica en que la Iglesia católica utilice dicho recurso para imponer su agenda. Afortunadamente, México es una sociedad más abierta y plural, todas las libertades son bienvenidas. El Estado laico, por tanto, es un instrumento de convivencia pacífica y armónica en una sociedad diversa. La laicidad garantiza la democracia de un país que debe proteger sobre todo a sus minorías y hace respetar los derechos humanos de los ciudadanos sin distingo alguno de credo ni de condición. La laicidad, más que un concepto o fotografía conceptual, es un proceso histórico y dinámico, por lo que tiene que debatirse, trabajarse y dotarse de contenidos que expresen la práctica y los anhelos de la sociedad. Por ello, la contienda por dimensionar la libertad religiosa en el contexto de un Estado laico, en México apenas empieza.
fuente: la jornada opinion

 

¿Genera la competencia calidad y eficiencia en los servicios?

Asa Cristina Laurell

En todo el mundo hay protestas y debates intensos sobre las medidas tomadas por los gobiernos para hacer más eficientes los servicios sociales a la población. En el centro de ellas está la ideología neoliberal que ha inspirado los recortes y las privatizaciones en salud y educación en el supuesto de que incrementan la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

Para revisar estas proposiciones me referiré a Suecia, cuyo gobierno de derecha comparte la premisa de que la competencia de mercado es esencial para la eficiencia, la calidad y la equidad. Además es significativo que estos servicios se financian principalmente por recursos públicos fiscales. O sea, se han instrumentado arreglos institucionales conducentes a promover la competencia de mercado y no la privatización directa del financiamiento.

Así, el sistema de salud sueco ilustra los efectos de la competencia de mercado y su pilar principal es un sistema mercantil de compra-venta de servicios, inspirada en la llamada nueva gestión pública: NGP (New Public Management). La NGP es la ideología administrativa de la economía neoclásica y postula que los servicios de salud producen y considera que atender a personas enfermas es lo mismo que producir, por ejemplo, televisores. La NGP ha tenido fracasos muy serios, pero tiende a perpetuarse como corriente ideológico-administrativa, a pesar de sus crueles decepciones (Lapsley, I, 2009. Abacus 45(1): 1-21) derivadas de su dependencia costosísima de consultores privados globales; los fracasos de la introducción masiva de tecnología informática; la evaluación compulsiva del cumplimiento de metas cuantitativas; la racionalización productiva continua y el impulso al capital de riesgo en el sector público.

El mercado de salud se ha desarrollado mediante dos medidas complementarias. Por un lado, se ha autorizado el libre establecimiento de prestadores privados de servicios de salud, particularmente en el primer nivel, para que compitan por los contratos financiados con recursos públicos. Por el otro, se ha determinado un tabulador de remuneraciones a los prestadores que reciben sus ingresos según los servicios efectivamente realizados y las metas cumplidas. Es decir, cada uno de los prestadores, privados y públicos, recibe sus ingresos en función de la demanda experimentada y no hay presupuestos históricos o a la oferta de servicios.
 

La base del mencionado tabulador es un sistema de intervenciones explícitas para cada tipo de servicio con protocolos de atención, cuyo costo se calcula en función de GDR (Grupos de Diagnóstico Relacionados). Por ejemplo hay servicios explícitos para los servicios de urgencias, de hospitalización y cirugías de enfermedades particulares, así como de consulta general y especializada, etcétera. Los tabuladores, elaborados por consultores privados a instancia de los políticos, sufren cambios constantes y son diferentes para cada provincia o en cada contrato. Esto conlleva que es extremadamente difícil supervisar si la codificación de los diagnósticos es correcta y el prestador puede incrementar sus ingresos usando con astucia los GDR mejor pagados.

 

Además, ha provocado que el prestador dé preferencia a los casos de atención rápida sobre los que requieren más tiempo o que niegue la atención requerida. Estos comportamientos se refuerzan por el afán de lucro entre los prestadores privados, pero se han diseminado entre los prestadores públicos para garantizar los recursos necesarios para operar los centros de salud y clínicas. Así, este sistema de pago ha introducido incentivos perversos en un área en la que el prestador toma la mayor parte de las decisiones sobre qué servicios ofrecer por la asimetría de conocimientos con el paciente.

 

La evaluación de los prestadores es obligatoria, pero sólo se basa en la medición del cumplimiento de metas cuantitativas y no evalúa la calidad de la atención; por ejemplo, el tratamiento correcto o la supervivencia de los pacientes. Los pocos estudios realizados al respecto han demostrado que los prestadores privados tienden a calificar peor que los públicos e incluso se han negado a hacer públicos los componentes de atención efectivamente realizados en cada uno de los protocolos de los GDR. Esto hace suponer que no son más eficientes o que ofrecen más calidad, sino que se orientan por el objetivo de lucro. En efecto el capital de riesgo en salud tienen las tasas de ganancia más altas de todas las empresas privadas.

 

¿Y qué tiene esto que ver con México? Todo, porque la reforma en salud en marcha se inspira precisamente por la NGP y ya se está trabajando en los GDR.

laurell9998@gmail.com
fuente: la jornada opinion

 

¿Fracasó el modelo neoliberal-asistencialista en Brasil?

Alejandro Nadal

Las manifestaciones en Brasil han desatado un debate de gran actualidad. Las posiciones se han polarizado y la derecha continental utiliza las manifestaciones para anunciar el fracaso del modelo populista brasileño. El desplome en los niveles de popularidad de Dilma Rouseff ha avivado las esperanzas de la derecha para recuperar la presidencia en 2014. El primer impulso de la izquierda consiste en señalar los logros económicos del programa del Partido de los Trabajadores desde la victoria de Lula en 2002.

 

La maniobra política de la derecha pasa por capitalizar la idea del fracaso del modelo económico del PT. Los términos del debate son los que le convienen a la derecha. Su ofensiva se basa en la falsificación: se presenta como populista o de izquierda utópica una estrategia de política económica que en el fondo conservó los elementos medulares del neoliberalismo y solamente añadió una política social reforzada. La falsificación en estos términos tiene una enorme desventaja para el PT y sus amigos. El PT tuvo que soportar largos años de gestión del modelo neoliberal y ahora que explotan las contradicciones, tiene que cargar con el descrédito de la crisis.

Cuando Lula asume el poder político, la estrategia del PT aceptó la arquitectura del neoliberalismo: apertura financiera y una férrea disciplina fiscal para generar un enorme superávit primario (para pagar las pesadas cargas financieras). Eran los años siguientes al desplome del neoliberalismo promovido por Cardoso y sus aliados en el FMI y en Estados Unidos. Lula aceptó la pretendida autonomía del banco central y designó como su gobernador a Henrique Meirelles, hasta entonces presidente del International Bank of Boston, uno de los principales acreedores de Brasil. El PT tampoco quiso echar marcha atrás en el gran tema de las privatizaciones y se opuso a las ocupaciones de tierras lanzadas por el Movimiento de los Sin Tierra. En síntesis, el PT asumió las restricciones que impone el neoliberalismo a un proyecto de desarrollo económico y social.

Hubo una importante excepción en el esquema del PT: la política de salarios y los programas. Bajo los gobiernos del PT los salarios comenzaron a repuntar y a recuperar algo de lo que habían perdido en las décadas anteriores. Mucho se habla de las políticas de corte asistencialista, como el programa Bolsa familia, pero lo que más impactó en el combate a la pobreza fue sin duda el incremento en los salarios.

El coeficiente de Gini, el indicador sobre desigualdad más utilizado, pasó de .599 a .539 entre 1995 y 2009. Para un lapso de catorce años no es lo más espectacular, pero no deja de ser un logro importante. El componente de política económica que más impactó esta evolución de la desigualdad fue el aumento de los salarios en los últimos diez años. Pero como se puede observar en mi artículo la semana pasada, la política fiscal es muy poco progresiva y contribuye a explicar la lenta evolución de la lucha contra la desigualdad. El aumento en los salarios no ha sido lo suficientemente fuerte y hoy está en peligro de revertirse.
 

La gran pregunta es si los logros del esquema brasileño son sustentables y permitirían seguir mejorando. La respuesta es muy probablemente en sentido negativo.

 

El crecimiento de la economía brasileña en los últimos seis años ha estado impulsado por el boom mundial de productos básicos (commodities). La demanda proveniente de China e India, así como el impacto de la especulación financiera en los mercados de futuros de algunos de estos productos, han sido el motor de este proceso. Esto le permitió a Brasil mantener un aposición holgada en el sector exportador.

 

Sin embargo, es bien sabido que descansar en un sector primario exportador no equivale a crear el motor de crecimiento que un buen proceso de desarrollo necesita. En cambio el sector exportador impulsado por un modelo de agro-negocios que fomenta la concentración de tierras y el endeudamiento de familias campesinas conlleva también un extraordinario costo ambiental. El mejor ejemplo es el de la soya transgénica que ha provocado el desastre en el cerrado brasileño, con la expulsión de la pequeña agricultura en una zona gigantesca y el desplazamiento de la ganadería hacia la zona de Amazonía legal.

 

El PT y la izquierda latinoamericana deben abrir los ojos frente a la evidencia. El modelo neoliberal no puede conducir al desarrollo económico y social. Simplemente no está diseñado para ese objetivo.

 

Las economías capitalistas son intrínsecamente inestables. Pero además, el modelo neoliberal de apertura financiera y comercial distorsiona profundamente el papel de las variables claves de cualquier economía capitalista, comenzando por la tasa de interés y el tipo de cambio. Estas distorsiones constituyen un gran obstáculo para la inversión productiva y el crecimiento. No es posible mitigar el daño de estas distorsiones en una sociedad con una política social sin tocar los pilares del neoliberalismo. Lo que está fracasando en Brasil es, una vez más, el neoliberalismo.
fuente: la jornada opinion