Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 1 de junio de 2013

LAS MAS DEL 1 DE JUNIO DE LA PORTADA EN LA JORNADA INTERNET

ASSA negociará cláusulas distintas para los de nuevo ingreso
Gremio y empresa alcanzan acuerdo esta madrugada; se evita así la huelga
Los trabajadores aceptan convenio que incluye incremento salarial de 4.7%
Recibirán además aumento directo de 1.5 por ciento en prestaciones
Abren mesa de negociación para fijar cláusulas de contrato para nuevo ingreso
Convienen Aeroméxico y ASSA aumento salarial de 4.7% y 1.5% a prestaciones
Se evitó la huelga prevista para la medianoche, después de una prórroga de dos horas
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En imagen de archivo, pilotos de ASPA y sobrecargos de ASSA se manifestaron porque devuelvan a sus puestos de trabajo a muchos de sus compañerosFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de junio de 2013, p. 11
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) aceptó por mayoría, la madrugada de este sábado, la propuesta de revisión salarial y contractual hecha por Aeroméxico, con lo que se evita la huelga programada inicialmente para la medianoche del viernes y, minutos antes de este límite, prorrogada por dos horas.
El convenio incluye un aumento salarial de 4.7 por ciento y 1.5 por ciento directo a prestaciones, así como la apertura de una mesa de negociación para fijar las condiciones de un contrato diferente para los sobrecargos de nuevo ingreso.
En tanto, el gobierno federal, por medio del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, se comprometió a realizar las gestiones necesarias para eliminar la causal de conflicto colectivo de naturaleza económica, esto es, el argumento de la empresa acerca de que un aumento mayor del costo laboral representaría una crisis que pondría en riesgo la viabilidad de la aerolínea.
Al término de la negociación, previo al fin del emplazamiento a huelga, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, propuso la integración de una comisión mixta de productividad y calidad del servicio, para que resuelva a más tardar el primero de julio próximo la propuesta relativa a nuevas condiciones laborales para los sobrecargos de nuevo ingreso.
Conesa dijo que para tomar acciones que mejoren la productividad y calidad de la empresa, por única ocasión creará un fondo equivalente a 1.5 por ciento del salario tabular anual de la planta de sobrecargos.
El dirigente de la ASSA, Ricardo del Valle, llegó a la sede de esta organización 45 minutos antes que venciera el emplazamiento a huelga para explicar a sus compañeros los pormenores del convenio propuesto; más tarde, ante la premura de los plazos legales se votó una prórroga de dos horas, la cual se informó vía telefónica al secretario del Trabajo, y en respuesta –con apoyo del altavoz– éste se dirigió a la asamblea para dar su palabra acerca de la vía de eliminación del referido conflicto colectivo de naturaleza económica.
Algunos de los sindicalizados que tomaron la palabra afirmaron que no se estaba ganando nada y que prevalecía la actitud mezquina de Aeroméxico, porque la revisión contractual en curso era un compromiso ganado por este sindicato desde hace tres años y lamentaron que no se haya reconocido el sacrificio de los sobrecargos que en diversas ocasiones aceptaron, con el fin de preservar su empleo, un nulo aumento salarial y de mejoras de trabajo.
Otros, en cambio, advirtieron que era necesario aceptar el convenio porque de lo contrario podrían correr el mismo riesgo de sus compañeros de Mexicana de Aviación, empresa que suspendió operaciones desde agosto de 2010, precisamente por el desborde de la crisis económica en esa aerolínea.
El dirigente Del Valle hizo énfasis en que estaba todo preparado para ir a huelga, pero que había que votar en favor o en contra de la última propuesta de la empresa y que posteriormente se armaría una comisión para definir los términos de la productividad y del contrato para los nuevos empleados.
El aumento salarial y de prestaciones entraría en vigor de inmediato, a partir de este sábado.
La linea, bandera del país
Aeroméxico es la línea insignia o bandera del país, con una flota de 55 aeronaves. Según datos de la empresa, transporta mensualmente a un millón 200 mil pasajeros dentro y fuera de la nación, equivalentes a movilizar a entre 25 mil y 45 mil personas diarias, en 300 vuelos.
Cubre 38 por ciento de los destinos nacionales y un paro hubiera afectado la conectividad con 35 ciudades, tanto internacionales como 12 domésticas. La empresa advirtió que la suspensión de operaciones dejaría pérdidas de unos 150 millones pesos diarios.
Luego de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación, hace tres años, Aeroméxico tomó diversas rutas internacionales de aquella (como Londres o Buenos Aires, por mencionar un par), mientras que las nacionales fueron ocupadas por la propia Aeroméxico y otras como Volaris e Interjet.
Negociación
En las últimas horas de la negociación se frenó el avance porque –según fuentes consultadas– la empresa insistía en fijar un convenio para que la revisión salarial y contractual se realizara cada cuatro años y no uno y dos, respectivamente, como lo establece la ley.
El denominado contrato B, según ASSA, representaría una baja de 60 por ciento en los ingresos de los nuevos sobrecargos, respecto de los sueldos de los actuales.
Otro elemento que tensó las pláticas se relaciona con el plan de los directivos de mantener el conflicto como de orden económico y no como una negociación para mejorar las condiciones laborales de sus empleados, es decir, el equipo encabezado por Andrés Conesa aseveró que un aumento en el costo del contrato significa orillar a la aerolínea a su desaparición y, por tanto, poner en riesgo el empleo de 14 mil personas.
El director general de Aeroméxico había dicho que los sobrecargos de esta empresa ganan el doble que los de las aerolíneas clasificadas como de bajo costo, por lo que se insistió, hasta último momento, que una vía de solución era mantener todas las prestaciones de los integrantes de este gremio y cambiar el esquema de contratación para los de nuevo ingreso, condiciones que, afirmó, ya fueron aceptadas por pilotos y personal de tierra.
Esperemos que el gobierno apueste por la solución porque una sustitución de los sobrecargos en huelga significaría un mal precedente y una mala señal de la administración de Enrique Peña Nieto debido a que afectaría, por la vía de los hechos, el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga, como mecanismo para mejorar sus condiciones laborales, dijo Alejandra Barrales, quien durante su gestión como secretaria general de este gremio (en el último tramo de los años noventa) encabezó tres huelgas: dos requisadas por el gobierno y una efectiva de 14 horas.
 
Maestros, alumnos y padres logran reventar el esquema
Festejan en Seattle tras anular la imposición de los exámenes estandarizados
Derriban en Texas el movimiento favorable a esas pruebas, dice especialista
Comenzó en el país una revolución en el sector, considera otro experto
Fracasa esquema empresarial
Rebelión contra la reforma educativa
Revés a exámenes estandarizados en EU
En Seattle, Chicago y NY crecen protestas de padres y maestros
Es una propuesta corporativa libre de hechos y basada en la fe
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La Unión de Profesores de Chicago marchó contra el cierre de 54 escuelas, medida que algunos especialistas consideraron racista porque afectó, en su mayoría, a niños afroamericanosFoto Reuters
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 1º de junio de 2013, p. 2
Nueva York, 31 de mayo.
Maestros, estudiantes y padres de familia festejaron en Seattle el triunfo para anular la imposición de exámenes estandarizados, parte de una creciente rebelión en varios puntos del país –desde Texas a Illinois y Nueva York– contra una reforma educativa que busca emplear los exámenes para evaluar a estudiantes, maestros y escuelas con un esquema corporativo que para algunos es parte del esfuerzo para romper los sindicatos y privatizar lo que algunos llaman el mercado de la educación pública.
De hecho, algunos expertos afirman que ya se ha iniciado una revolución en la educación pública en este país. Es siempre difícil decir exactamente cuándo inicia una revolución. No soy experto, pero hasta yo puedo ver que una está tomando forma en la educación pública estadunidense, escribió John Tierney en la revista The Atlantic. Tierney fue profesor de política durante 25 años en el Boston College y después fue maestro en una preparatoria en la misma ciudad.
Como evidencia señaló el creciente número de maestros que se rehúsan a aplicar exámenes estandarizados, padres de familia que optan por sacar a sus hijos de la escuela el día de pruebas y el boicot de estudiantes. También hay cada vez más políticos y legisladores expresando públicamente sus dudas sobre los exámenes y otras iniciativas de la reforma educativa.
Hay cada vez más indicadores de que las reformas basadas en la evaluación de maestros y escuelas por examen estandarizado –con un esquema empresarial impulsado durante la pasada década por multimillonarios como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Michael Bloomberg (alcalde de NY) y la familia Walton (Walmart), entre otros, y endosadas por los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama– enfrentan su primer y mayor desafío en cada vez más esquinas del país.
En enero, maestros de la preparatoria Garfield en Seattle decidieron no aplicar el examen conocido como medidor de progreso académico (MAP son sus siglas en inglés), declarando que era una pérdida de tiempo y de fondos que podrían ser empleados mejor para otros fines de apoyo académico, además que era una manera injusta para evaluar a maestros.
Fueron amenazados con ser suspendidos por las autoridades escolares de la ciudad, pero empezaron a recibir apoyo de maestros no sólo en Seattle, sino de todo el país. Mientras tanto, cientos de maestros, estudiantes y padres de otras escuelas en la urbe empezaron a participar en el boicot de los exámenes (seis preparatorias se sumaron). Después de meses de lucha, la semana pasada las autoridades decidieron ceder y el superintendente de escuelas de la ciudad José Banda declaró que los MAP ahora son opcionales y que aquellos que deciden no usarlos tienen que buscar una forma alternativa para evaluar a los estudiantes.
Jesse Hagopian, maestro de historia y representante sindical en la preparatoria Garfield, dijo que se perciben como parte de movimientos en todo el país contra los exámenes estandarizados, desde padres que se rehusan a que sus hijos tomen los exámenes hasta la asociación de directores de escuelas del estado de Nueva York afirmando que ya basta con estas pruebas.
En entrevista con el programa de noticias Democracy Now, Hagopian afirmó que este triunfo –en el cual de manera unánime toda la facultad de su escuela votó en contra de instrumentar el examen– es “una crisis real para estos promotores de una reforma de educación corporativa… porque todo su sistema depende de… reducir la enseñanza y el aprendizaje a una sola calificación, que pueden utilizar para cerrar escuelas, como lo que estamos viendo en Chicago y Filadelfia, para degradar la educación, extraer ganancias de eso y privatizar nuestras escuelas, volviéndolas escuelas charter… Y creo que por eso es que tantos maestros, estudiantes y padres de familia en el país están celebrando este triunfo”.
Hagopian, como tantos otros opositores a la agresiva reforma educativa que se ha impulsado durante la pasada década, afirma que no están en contra de la evaluación de maestros y escuelas, y que de hecho sus colegas han elaborado alternativas que ofrecen medir todo tipo de capacidades que no se registran por los exámenes estandarizados. Estamos en contra de evaluaciones que no son culturalmente relevantes, no alineadas con nuestro currículum, y que no promueven el tipo de capacidades que creemos son necesarias en el mundo hoy.
Pero tal vez más sorprendente ha sido el movimiento de padres, maestros y estudiantes en Texas, donde la legislatura estatal –obligada por la presión popular– aprobó a finales de abril medidas para reducir el número y uso de los exámenes estandarizados en el estado. Esto sucedió en la cuna de la reforma educativa que se ha promovido a escala nacional, primero con George W. Bush, quien llevó a Washington su supuesto milagro en educación realizado como gobernador de Texas para aplicarlo a escala nacional, y el cual ha sido modificado, pero sin cambiar sus premisas, por el gobierno de Obama.
Todo empezó con un grupo de ocho madres en Austin y Houston, a quienes todos descartaron por ser novatas en la política. Pero su ira contra los mandatos estatales que sometían a sus hijos cada vez más a exámenes estandarizados y los efectos que eso tenía sobre la enseñanza impulsó una organización que al final abrumó a las fuerzas empresariales y políticas que habían convertido a Texas en la capital de los exámenes estandarizados, reportó el Austin American-Statesman.
“¿Quién permitió que estos big boys fueran a jugar con la educación? Ahora las madres tenemos que limpiar todo, como siempre”, indicó Theresa Treviño, siquiatra que ayudó a impulsar uno de los grupos de padres de familia –compuesto por toda la gama política– que han logrado inundar al Capitolio estatal y obligarlos a reducir, para empezar, de 15 a cinco los exámenes requeridos para egresar de las escuelas públicas.
Acusan que las reformas han sido un fracaso colosal.
De hecho, voceros de 86 por ciento de los distritos escolares de Texas afirmó que los exámenes están estrangulando nuestras escuelas públicas.
Entre los más asustados por esto, además de los promotores empresariales y políticos de estas reformas en todo el país, está la multinacional Pearson –la empresa de exámenes y servicios de educación más grande del mundo–, que se ha beneficiado con las reformas al diseñar y administrar los exámenes estandarizados. Pearson tiene un contrato de cinco años por un total de 468 millones de dólares para proveer las evaluaciones estatales en este sistema (la misma empresa está ampliando sus operaciones por todo Estados Unidos en este sector).
De hecho, el gasto de los estados en exámenes estandarizados ha crecido de 552 millones en 2001 a mil 700 millones en 2012, según cálculos del Pew Center y Brookings Institution.
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Manifestantes portan carteles durante una marcha de la Unión de Profesores de Chicago. La Junta de Educación estatal votó el 22 de mayo por el cierre de 54 escuelas de nivel primario, la mayor medida de este tipo en la historia de EU
Foto Reuters
 
Su organización, persistencia e inteligencia ha derrumbado al movimiento en favor de los exámenes en Texas. Lo lograron. Derrumbaron la máquina, festejó Diane Ravitch, tal vez la mayor experta en políticas de educación, ex secretaria asistente de Educación del gobierno federal y una de las criticas más feroces de las llamadas reformas basadas en modelos empresariales.
Por otra parte, directores de escuelas –cientos de ellos en Nueva York, como de otras partes del país– han denunciado públicamente el modelo basado en exámenes estandarizados para la evaluación de estudiantes, maestros y escuelas.
También se reportan rebeliones estudiantiles contra este modelo –de Carolina del Norte, Illinois y Colorado, a la costa oeste– la cuales rechazan los exámenes y otras medidas (reducción de personal, cierre de escuelas y más) con boicots, ocupaciones, y hasta protestas zombie, con las que se burlan de un modelo que los trata como sonámbulos.
La semana pasada, en las ceremonias de graduación de la escuela de posgrado de educación más antigua del país –Teachers College, que celebra su 150 aniversario y es parte de la Universidad de Columbia en Nueva York– algunos estudiantes realizaron una protesta silenciosa contra la oradora invitada, Merryl Tisch, por su papel clave en promover la agenda de las reformas de educación basadas en exámenes estandarizados y la semiprivatización de escuelas públicas. Mientras hablaba, algunos levantaron pancartas en las que se leía No soy una calificación de examen o nuestros estudiantes no son estadísticas. La presidenta de Teachers College, Susan Fuhrman, es integrante de la junta de directores de la empresa Pearson.
Asimismo, hace una semana maestros de Chicago realizaron acciones durante tres días contra el cierre de 54 escuelas públicas en barrios de bajo ingreso, mientras que sus contrapartes en Filadelfia junto con miles de estudiantes abandonaron clases para protestar contra recortes en el sistema educativo.
En el otoño de 2012, el sindicato del magisterio en Chicago realizó su primera huelga en 25 años contra el nuevo régimen de evaluaciones. En algunos estados, hasta una mitad de la evaluación de un maestro se determina ahora con las calificaciones de sus estudiantes en los exámenes estandarizados.
En febrero pasado, más de 200 activistas comunitarios, padres y estudiantes de 18 ciudades llegaron a Washington para enfrentar al secretario de Educación, Arne Duncan, por las clausuras masivas de escuelas públicas como resultado de las políticas de educación instauradas por el gobierno de Obama. Se unieron en una coalición que se llama Movimiento viaje a la justicia y registró varias quejas formales en la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación al denunciar que la clausura de la mayoría de las escuelas dañaba abrumadoramente a estudiantes de color; algunos calificaron las reformas como finalmente racistas.
Las escuelas son calificadas por resultados en los exámenes estandarizados con las fórmulas promovidas por el Departamento de Educación, sin tomar en cuenta, dicen opositores, que hay una correlación entre calificaciones bajas y el nivel socioeconómico de los estudiantes en estos planteles.
Sin embargo, Barack Obama y su gobierno muestran confusión ante lo que está ocurriendo. El presidente ha reiterado que prefiere que los maestros no enseñen para el examen, pero al mismo tiempo su programa federal Race to the Top (Carrera a la Cima) señala que estos exámenes se usan como la principal evaluación de cada maestro. o sea, sus carreras y la sobrevivencia de sus escuelas dependen de ellos.
Ante todo esto, tampoco sorprende que haya una crisis entre los maestros, una profesión en donde más de la mitad de los nuevos no aguanta más de cinco años antes de cambiar de carrera. Los veteranos tampoco. Ron Maggiano, maestro de una preparatoria pública en Virginia, quien ganó un par de premios nacionales por su creatividad y talento educativo, anunció su retiro, después de una carrera de 33 años, porque está harto de la obsesión con los exámenes estandarizados que él dice han minado la educación, reportó el Washington Post. No creo que yo esté abandonando el sistema de educación. Creo que el sistema de educación me abandonó a mí, dijo.
Gerald Conti, quien se jubiló después de 27 años como maestro en una preparatoria en el estado de Nueva York, difundió una carta explicando por qué se tenía que retirar, incluyendo la observación de que los políticos nos fallaron al vender los intereses de los niños a industrias como Pearson y cómo los sindicatos no hicieron lo suficiente contra los exámenes estandarizados, entre otras cosas. Me doy cuenta de que no estoy dejando mi profesión, en verdad, me ha dejado a mí, ya no existe. Después comentó que esto es resultado de la supuesta reforma, algo dirigido por gente que no sabe nada sobre educación.
El profesor emérito de educación de la Universidad de Illinois, Bill Ayres, en una carta abierta al presidente Obama enviada a principios de este año, identificó tres aspectos de la llamada reforma de educación que cada vez provocan mayor repudio entre los maestros, estudiantes y padres de familia: el traslado de bienes públicos del sector educativo, incluyendo instalaciones, a administradores privados; el desmantelamiento y represión contra la voz colectiva e independiente de maestros, y la reducción de la educación a una sola medida de evaluación que son los exámenes estandarizados.
Indica que no hay ninguna evidencia objetiva que esto lleve a un mejoramiento de la educación, por tanto la califica de una reforma libre de hechos y basada en la fe.
Concluye que estos tres pilares de la agenda de reforma que se han promovido descansan sobre una metáfora “seductora, pero totalmente imprecisa: la educación es sólo un bien más como cualquier otro –como un auto, un refrigerador, una caja de tuercas– que se vende y compra en un mercado”. Ante ello, se supone que una escuela es como un negocio administrado por un ejecutivo en jefe, con los maestros como trabajadores y los estudiantes como materia prima que circula por la línea de ensamble. Por ello, afirma, los opositores a este tipo de reforma afirman que la educación es un derecho humano fundamental, no un producto.
“Hemos tenido más de una década de exámenes estandarizados y ahora necesitamos admitir que no está ayudando… Basta ya”, exclamó Ravitch al apoyar el boicot a los exámenes por los maestros en Seattle. La ex subsecretaria de Educación antes era una de las principales promotoras de estas reformas.
 
El primero de los 10 foros sobre la reforma educativa –acordados entre docentes y el gobierno federal– se realizó ayer en Morelia. Los mentores ratificaron su repudio a las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales. No es rechazo por capricho. Tenemos pruebas y argumentos para demostrar que se trata de una reforma con tintes empresariales y privatizadores, sostuvieron. El secretario de Educación de Michoacán afirmó que la sesión fue un ejercicio extraordinario de diálogo
Foto Ignacio Juárez /La Jornada Michoacán
 
Llama a consulta nacional popular; exige abrogar cambios constitucionales
Plantea la CNTE impulsar nuevo proyecto educativo para México
En Morelia, Michoacán, concluye foro regional de análisis
Destaca que al magisterio le asiste el derecho a disentir, a desobedecer malas leyes y a no aplicar programas analfabetizantes
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Aspecto del auditorio en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, durante la inauguración del foro sobre la reforma educativa
Foto Ignacio Juárez
Laura Poy Solano
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 1º de junio de 2013, p. 5
Morelia, Mich., 31 de mayo.
Al concluir el primer Foro Regional. Análisis y Perspectivas sobre la Reforma Educativa, el magisterio disidente dejó clara su exigencia ante funcionarios federales y estatales: abrogación inmediata de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, y un llamado para realizar una consulta nacional popular, a fin de impulsar un nuevo proyecto educativo para México.
Reunidos en el salón Michoacán del Centro de Convenciones de esta ciudad, que estuvo abarrotado con la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de al menos 10 entidades, Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán, afirmó que ésta es la primera ocasión, desde que se aprobó la mal llamada reforma educativa, que se abre a una verdadera consulta ciudadana un tema vital para el país.
Aseguró que un objetivo central de los nueve foros regionales y uno nacional acordados con el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación, es que no venimos aquí sólo a ser escuchados entre nosotros, queremos que las propuestas que aquí se presenten sean tomadas en cuenta. Como maestros, dijo, sabemos que nos asiste la razón. No es rechazo por capricho, tenemos las pruebas y los argumentos para demostrar que se trata de una reforma con tintes empresariales y privatizadores.
Por ello, en el posicionamiento político de la CNTE se destaca que al magisterio le asiste el derecho a disentir, a oponernos, a ampararnos, a desobedecer las malas leyes, a no aplicar planes y programas analfabetizantes y, en su caso, ir a la huelga en su modalidad de paro, pues afirman que la reforma educativa niega el derecho al trabajo y a la formación normalista, cancela la estabilidad en el empleo, niega la bilateralidad y la colectividad de la relación laboral, deforma el perfil docente y lo sujeta a competencias empresariales y criterios oscurantistas.
En el acto, que reunió a diputados locales y federales, entre estos últimos a Socorro Ceseña, del PRD, y a las senadoras panistas Luisa María Calderón, hermana del ex presidente Felipe Calderón, y Rocío Pineda Gochi, así como al secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, el secretario de Educación de la entidad, Jesús Sierra Arias, aseguró que con este foro se iniciaba un ejercicio extraordinario de diálogo, porque lo estamos haciendo de cara a todos. De forma abierta y democrática, donde los legisladores no están escuchando a control remoto lo que ocurre en el país.
Sin embargo, y pese al compromiso de asistir para escuchar las opiniones y propuestas de profesores de base y dirigentes magisteriales, sólo la legisladora perredista Ceseña permaneció las siete horas que duró el debate de los maestros, aunque los docentes demandaron ¡que no se vayan, dijeron que iban a quedarse!, pues incluso el secretario Sierra abandonó el lugar horas antes de que concluyeran los trabajos.
Luego de una conferencia magistral presentada por el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Hugo Aboites, quien alertó sobre los riesgos de una reforma educativa que recupera los errores del pasado, pues desde hace 25 años que se prometen los cambios que tomarán en cuenta la diversidad cultural y socioeconómica del país, y que tendrán como eje central la evaluación para alcanzar mejores niveles de calidad, tomó la palabra el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, el priísta Salomón Fernando Rosales Reyes.
Ante cerca de mil 500 docentes de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Chiapas, Distrito Federal, San Luis Potosí y Sonora, el legislador intentó explicar su posición para que, una vez aprobada la reforma constitucional, se pudieran generar consensos sobre lo que sí nos gusta, porque no podemos decir que todo está mal y no estoy de acuerdo, lo que propició la rechifla generalizada de los docentes.
Entre consignas como ¡en Michoacán, las reformas no pasaran!, y ¡diputados y senadores, del pueblo son traidores!, maestros de escuelas rurales, multigrado y urbanas de la entidad manifestaron su rechazo a la reforma y advirtieron que el actual sistema educativo nacional no da alternativas reales a la demanda de formación de millones de mexicanos. No es una respuesta a las necesidades de formar ciudadanos libres, democráticos y que no estén condenados a la pobreza.
Representantes de regiones de Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro, Maravatío, Huacana, Tacámbaro, Uruapan y Nueva Italia, demandaron la abrogación de la reforma y pidieron a los gobiernos federal y estatal apostar por una verdadera transformación del sector en en el país.
 
La dirección del Nacional Monte de Piedad se abstuvo de realizar la expulsión, programada para ayer, del Centro de Rahabilitación y Revitalización Romero de Terreros, y acordó efectuar una reunión el próximo miércoles con los responsables y benefi ciarios del sitio, donde personas de la tercera edad conviven y realizan terapias físicas. El NMP pretende darle otro uso al inmueble
Foto Guillermo Sologuren
 
Funcionario acuerda reunión; intentan resolver el conflicto
Ancianos evitan ser desalojados de edificio del Monte de Piedad
Sacarlos sería un acto de violencia institucional: González Schmal
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de junio de 2013, p. 35
La dirección del Nacional Monte de Piedad (NMP) se abstuvo de desalojar ayer el Centro de Rehabilitación y Revitalización Romero de Terreros, como estaba programado, y acordó realizar una reunión el mediodía del próximo miércoles con los responsables y beneficiarios del lugar para encontrar una solución al conflicto.
Como se informó ayer en estas páginas, los ancianos que acuden a dicho sitio desde hace 24 años para convivir, jugar y realizar terapia física, denunciaron que Nacional Monte de Piedad, dueño del edificio que le renta a la Fundación para la Promoción Humana –la cual proporciona servicios a personas mayores– intenta desalojarlos porque necesitan darle otro uso.
Ayer, personal del Monte de Piedad encabezado por el subdirector jurídico de la institución, Fernando Rivera González, se presentó en las instalaciones ubicadas en la calle de Épsilon 228, en la delegación Coyoacán, para comenzar el desalojo, pero ante la oposición de los usuarios decidió retirarse; antes acordó con ellos que el miércoles de la próxima semana se encontrarán ahí mismo para dialogar sobre el tema.
Ana María Rosales Burton, coordinadora del centro Romero de Terreros, aclaró que la Fundación para la Promoción Humana no había dejado en el abandono a los usuarios, sino que les había transmitido la propuesta de Nacional Monte de Piedad, de trasladarlos a otros lugares, en Tlalpan y en Aragón, para que no perdieran sus actividades.
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Una de las personas que son atendidas en el centro de rehabilitación demanda evitar el desalojoFoto Guillermo Sologuren
Personal del sitio indicó que el Monte de Piedad les había dicho que necesitaban esas oficinas para trasladar ahí a unos 800 empleados que trabajan en sedes del Centro Histórico, quienes supuestamente se encuentran en estado de vulnerabilidad ante un eventual sismo.
De igual forma, se les había explicado que el retiro del centro obedecía a la necesidad de remodelarlo, pero en un recorrido hecho por este diario no pudo observarse que la sede estuviera en malas condiciones.
El ex legislador Jesús González Schmal, quien se ostentó como representante de los ancianos que acuden al lugar, lamentó que la Fundación para la Promoción Humana esté dando bandazos, en lugar de defender a las personas de la tercera edad y advirtió que desalojarlas sería un acto de violencia institucional y un ataque a los derechos humanos.
Finalmente, fuentes cercanas a la dirección del Monte de Piedad aseguraron que la intención de retirar a los usuarios del centro es solamente para acondicionar el centro y señalaron que no pueden dar a conocer una postura oficial sobre el tema hasta la próxima semana.

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