2 de junio de
2011
El
Documental de hoy…
Energía
Eólica en México
¡No
te rindas Oaxaca ¡
Testimoniales de pobladores del Istmo de Tehuantepec que pretenden
ser despojados de sus tierras para hacer negocios privados con la energía
eólica.
Gobierno de Calderón
crea 75 nuevos fideicomisos
El gobierno de Felipe Calderón ha creado 75 fideicomisos que administran 68 mil millones de pesos al margen de la fiscalización. La vigencia del secreto fiduciario garantiza opacidad en el ejercicio de esos recursos públicos, indican expertos en transparencia. En total, el Poder Ejecutivo cuenta con 364 fondos en su mayoría, constituidos durante las dos administraciones del PAN
De los 364
fideicomisos, mandatos y contratos análogos que sostiene la administración
pública federal actualmente, 75 se han creado en lo que va del gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa. Éstos acumulan la quinta parte del monto total de
recursos públicos resguardados en dichas figuras, que para marzo pasado sumaban
casi 360 mil millones de pesos.
Señalados por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) como proclives a la opacidad, los
fideicomisos públicos se han convertido en una figura jurídica socorrida por el
Poder Ejecutivo federal y local y por las instancias de los poderes Legislativo
y Judicial en el país. Tanto, que los 75 nuevos actos jurídicos acumulan
disponibilidades totales por 68 mil 897 millones de pesos.
Sin embargo, la
secrecía de los fideicomisos impide conocer siquiera el monto real de dinero que
resguardan, acusa la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autora del libro
Rendición de cuentas y
fideicomisos: el reto de la opacidad financiera.
Al inicio del
actual sexenio, existían 493 figuras fiduciarias que administraban 220 mil 393
millones de pesos. De éstas, 203 se habían constituido durante el gobierno de
Vicente Fox Quesada.
Para el primer
trimestre de 2011, 152 de los fideicomisos creados en la pasada administración
se mantienen vigentes y, sumados a los 75 del calderonismo, representan el 62
por ciento del total actual.
Tal como alerta
Sandoval Ballesteros, la única información que provee la administración federal
a los contribuyentes es la contenida en los informes trimestrales sobre las
finanzas públicas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ésta
se limita a registrar el total de egresos, ingresos y saldos, mas no detalla en
qué se han ejercido los miles de millones de pesos.
De acuerdo con esos
reportes, en 2009 fueron creadas la mayoría de las figuras fiduciarias
correspondientes a este sexenio. En ese mismo año, Hacienda dio a conocer
disponibilidades por casi 500 mil millones de pesos.
Se trataba entonces
de 29 figuras recién constituidas. De ésas, el Fondo de Apoyo para la
Reestructura de Pensiones es el que actualmente administra mayores recursos: 26
mil 119 millones de pesos.
Fideicomisos multimillonarios
En el más reciente
informe, la dependencia a cargo de Ernesto Cordero Arroyo anota 364
fideicomisos, mandatos y contratos análogos con disponibilidades por 359 mil 551
millones de pesos. Sin embargo, la mayor parte de ese monto (84.4 por ciento) se
concentra en apenas 25 actos jurídicos, casi todos creados durante las
administraciones panistas.
De éstos, seis
corresponden al sexenio calderonista: el Fondo de Apoyo para la Reestructura de
Pensiones; el Fideicomisos Público de Administración y Pago de Equipo Militar;
el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves; el Fondo Sectorial Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; México
Emprende, y el Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de
Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe.
En conjunto,
reportan un saldo de 47 mil 491 millones de pesos, equivalente al 69 por ciento
del monto total que operan los 75 actos jurídicos gestados en la actual
administración.
Del resto, los que
mayores disponibilidades reportan son el Fondo Nacional de Infraestructura, con
50 mil 441 millones de pesos, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, que
dispone de 29 mil 647 millones de pesos, los cuales fueron creados en el
gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Por el monto de los
recursos que administran, también destacan el Fideicomiso Fondo de
Estabilización de los Ingresos Petroleros (19 mil 724 millones de pesos) y el
Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley
Aduanera (15 mil 840 millones de pesos).
Este último fue
creado en 2004 por el entonces presidente Vicente Fox Quesada para
“transparentar” el manejo de los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de
Trámite Aduanero, que desde 1993 había sido depositado de forma irregular en el
fideicomiso privado 954-8, conocido como Aduanas I.
Los fondos de pensiones
La administración
pública federal ha creado fideicomisos de sistemas de pensiones, sobre todo para
las instituciones de banca de desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y Banco de
Desarrollo Rural.
Aunque éstos se
encuentran entre los 25 fideicomisos que mayores recursos concentran, es el
Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones el que más dinero público
posee. Dicho fondo tiene por objeto “apoyar la restructuración de los sistemas
públicos de pensiones, para contribuir a la consolidación de un sistema nacional
de pensiones basado en cuentas individuales, más equitativo y con mayor
cobertura”.
Este tipo de fondos
configura “casi un sistema pensionario alterno” al existente, dice el diputado
Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
El legislador del
Partido del Trabajo distingue otros tipos de fideicomisos: los de apoyos
financieros y subsidios, los de estabilización presupuestaria y los de
infraestructura. Dentro de esta última categoría se encuentra el Fondo Nacional
de Infraestructura, que involucra el mayor monto de recursos públicos de todos
los fideicomisos vigentes.
Creada desde la
década de 1990, esta figura habría de servir al actual gobierno federal para
poner en marcha su programa carretero, que se anunció como el proyecto más
ambicioso del gobierno de Calderón Hinojosa.
A menos de dos años
de que concluya el sexenio, apenas se ha ejercido una tercera parte de los
recursos destinados a dicha encomienda, critica el diputado.
Aunque la figura
del fideicomiso ha sido socorrida por los gobiernos federales desde hace muchos
años, Di Costanzo Armenta considera que los gobiernos panistas –en los que se
han creado 227 fideicomisos que se mantienen vigentes– “utilizan este mecanismo
como una herramienta para compensar sus ineficiencias”.
Además, recuerda
que una modificación a la Ley General de Deuda Pública Federal, hecha en 1995,
fortaleció el uso de los fideicomisos al incluir la figura de deuda contingente.
Ésta, explica el diputado, es un tipo de deuda que no pasa por el Congreso;
“entonces eso ayuda a que más se eche mano de esta
figura” en la actualidad.
Fideicomisos, un riesgo para el erario
El diputado petista
señala que el fideicomiso es una figura jurídica permitida en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, pero que al no estar regulado y ser un
mecanismo financiero flexible y amparado por el secreto fiduciario, es proclive
a ser aprovechado para manejar discrecionalmente recursos públicos.
En opinión de la
doctora Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM y experta en temas de fiscalización, transparencia y
rendición de cuentas, los gobiernos recurren a los fideicomisos porque son
mecanismos útiles para evadir la fiscalización del dinero que administran, aun
cuando éste provenga del erario.
El riesgo,
advierte, es el uso discrecional y desvío de recursos que pueden cometer quienes
se encargan de manejar dichos instrumentos, con el consecuente daño patrimonial
a las arcas públicas.
Otro peligro es que
en el caso de los fideicomisos de deuda –como el Fideicomiso de Apoyo al Rescate
de Autopistas Concesionadas–, ésta no se contabiliza, de modo que se desconoce
el nivel de deuda real que tiene el país, observa Di Costanzo
Armenta.
Menciona también
que dada la nula fiscalización que existe, tampoco se puede saber si los
recursos disponibles de un fideicomiso se reintegran a la Tesorería de la
Federación cuando éstos se extinguen.
Suspicaz, el
legislador considera que incluso hay riesgo de que a través de un fideicomiso se
cree un presupuesto “paralelo” al presupuesto público. Explica que el
presupuesto oficial podría contemplar sólo los gastos jurídicamente definidos
mientras el fideicomiso se consolida como un presupuesto “alternativo,
absolutamente discrecional”.
¿Nuevo mecanismo?
Aunque Di Costanzo
Armenta defiende al fideicomiso como un “buen instrumento financiero para
ejercer el gasto”, acepta que “sería conveniente” cambiar dicha figura en la
administración pública por una más transparente.
Otra vía para
reducir la opacidad de esta figura es regular su creación y vigilarla, arguye.
En el pasado periodo ordinario, el petista presentó sendas iniciativas de
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en este sentido.
Las modificaciones
proponen que el Ejecutivo federal incluya en el presupuesto de egresos anual el
número de fideicomisos que se propone crear, que su aprobación sea definida por
los diputados y que un representante de la ASF forme parte de los comités
técnicos de los fideicomisos.
Sin embargo, la
propuesta del petista se limita a los fideicomisos operados por el Ejecutivo
federal. Dada la autonomía presupuestal de la que goza el Poder Judicial, así
como los estados, ninguno de ellos podría fiscalizarse aun con dichos cambios a
la ley.
En el caso de los
fideicomisos del Poder Legislativo, Di Costanzo Armenta considera que éstos
también deberían fiscalizarse, porque “el buen juez por su casa empieza”. Sin
embargo, tras 69 meses de trabajo en la construcción de un nuevo edificio para
el Senado de la República, sigue sin conocerse el destino de los recursos que
integran el fideicomiso de inversión y administración para apoyar la
construcción y equipamiento de la nueva sede de la Cámara de
Senadores.
Para la
investigadora Sandoval Ballesteros, los fideicomisos sí podrían sustituirse.
Ejemplifica que en otros países de América Latina, como Chile y Colombia, se ha
recurrido a mecanismos más transparentes.
En Chile, explica,
existe una suerte de “fideicomiso ciego” para evitar que los fideicomisos sirvan
para pagar favores políticos; mientras que, en Colombia, el Estado administra
los recursos financieros a través de una “fiducia pública”, en la que se
prohíben los secretos fiduciario y bancario, y la entidad estatal que funge como
fideicomitente está obligada a abrir toda la información a los
interesados.
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