Bomba de tiempo: Peña manda a esposa de exdiplomático defenestrado a la embajada de EU
Gabriela Rojas Jiménez.
Foto: J. Jesús Esquivel
Foto: J. Jesús Esquivel
Una designación que pasó casi inadvertida en México ha causado inquietud y estupor entre los diplomáticos mexicanos de carrera: la de Gabriela Rojas Jiménez como agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada de Estados Unidos. La funcionaria es hija de Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad, y es también esposa de Carlos Pascual, el exembajador estadunidense que ahora se encarga curiosamente de los asuntos energéticos de la cancillería de su país.
WASHINGTON (Proceso).- En una decisión que podría desembocar en un conflicto binacional de intereses, el gobierno de Enrique Peña Nieto nombró agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada en Estados Unidos a Gabriela Rojas Jiménez, esposa del exembajador estadunidense en México Carlos Pascual.
Rojas Jiménez es hija de Francisco Rojas, excoordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, y asumió su puesto en la sede diplomática la semana pasada, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, realizaba una visita oficial en Washington.
El nombramiento de Rojas Jiménez preocupó a algunos diplomáticos mexicanos de carrera, pues el esposo de la recién designada diplomática, el exembajador estadunidense en México, es un funcionario activo del Departamento de Estado.
Desde el 18 mayo de 2011 Pascual es el enviado especial y coordinador internacional de Asuntos Energéticos del Departamento de Estado, puesto que le asignó Hillary Clinton –exsecretaria de Estado– un par de meses después de que dejara la embajada en México.
“Puede ser una bomba de tiempo si se toma en cuenta el puesto que ocupa el embajador Pascual en el Departamento de Estado, ya que hay una determinación en el gobierno de México de sacar adelante la reforma energética este año… Se puede filtrar información confidencial al gobierno estadunidense”, comenta a Proceso un diplomático mexicano desde la Ciudad de México vía telefónica y hablando bajo la condición del anonimato por temor a represalias del gobierno de Peña Nieto.
La ira de Calderón
El 19 de marzo de 2011 en un comunicado de prensa Clinton anunció que Pascual, tras un año y medio como embajador de Estados Unidos en México, renunciaba al puesto. La entonces secretaria de Estado anotó que la decisión de Pascual se sustentó en la intención de preservar una estrecha relación entre los dos países y para “evitar desviar la atención de asuntos importantes” por conflictos con el presidente Felipe Calderón.
La disputa entre Calderón y Pascual comenzó por la publicación del contenido de los cables diplomáticos “clasificados” obtenidos y difundidos por el sitio en internet WikiLeaks, según los cuales el embajador tenía al tanto a sus jefes en Washington del fracaso de la lucha de Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En los despachos diplomáticos clasificados difundidos por el diario La Jornada, Pascual notificaba al Departamento de Estado acerca de la descoordinación que había en el gobierno de Calderón y del papel que jugaban el Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.
El 22 de febrero de 2011, poco después de conocer el contenido de los cables despachados a Washington por Pascual, Calderón –en entrevista con el periódico El Universal– tildó de “ignorante” al entonces embajador estadunidense.
Poco después, el 3 de marzo del mismo año, The Washington Post publicó en su página de internet una entrevista con Calderón en la cual el entonces mandatario mexicano declaró que le había perdido la confianza a Pascual. Según esa nota del Washington Post, Calderón personalmente había notificado a Obama su molestia con Pascual durante la reunión que habían tenido ese mismo día en la Casa Blanca.
Oficialmente, por lo menos en México, la salida de Pascual fue achacada a la inconformidad de Calderón por el contenido de los cables diplomáticos sobre su guerra contra el narco.
Sin embargo en la capital mexicana varios columnistas propagaban que la renuncia diplomática ocurrió por otros motivos. Las versiones periodísticas y los rumores dentro del círculo político en el que se encontraba Calderón, sostenían que la rabia de éste con Pascual se sustentaba en que el embajador estadunidense tenía un romance con Rojas Jiménez.
Los rumores en torno a esta relación especificaban que la molestia de Calderón se debía a que Rojas Jiménez, además de ser hija de un priista “de hueso colorado”, había sido esposa de Antonio Vivanco Casamadrid, su amigo personal y exasesor, a quien incluso nombró director de la Comisión Federal de Electricidad en reemplazo de Alfredo Elías Ayub.
Varios diplomáticos mexicanos de carrera aseguran que por los términos de la complejidad de la relación con Estados Unidos y sobre todo por el nuevo enfoque que quiere darle a ésta el gobierno de Peña Nieto, es inconcebible que Rojas Jiménez fuera nombrada agregada de Gobernación en la embajada de México.
“No puede ser, es la esposa de un embajador y alto funcionario del Departamento de Estado en activo”, declara a Proceso otro diplomático mexicano que pide la reserva de su nombre.
El jueves 18, durante la presentación de Osorio Chong en el Centro Académico Woodrow Wilson para hablar del resultado de su visita oficial de dos días a Washington, aunque con un perfil bajo Rojas Jiménez hacía su primera aparición pública como representante de Gobernación en la capital de Estados Unidos.
La esposa de Carlos Pascual se encargará de la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos –FBI, CIA y DEA–, del proceso y manejo de asuntos altamente sensibles en materia de seguridad y también de otras funciones políticas.
Regina, un año de impunidad
Regina Martínez.
MÉXICO, D.F., (apro).- El pasado 28 de abril, al cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, un grupo de reporteros de Xalapa rompió el miedo impuesto por el gobierno y el crimen organizado y salió a la calle a exigir lo que por derecho deberíamos tener todos los ciudadanos en el país: seguridad y libertad de expresión.
Como ningún otro mandatario en todo México, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, tiene un horroroso récord: nueve reporteros asesinados en su breve periodo de dos años de gobierno.
El estado está silenciado para los periodistas que quieren informar a los ciudadanos la situación de emergencia que se sufre en cuestión de seguridad, y cuando alguno de ellos no acata las órdenes provenientes de algún grupo criminal o del gobierno –que a veces son lo mismo–, en el mejor de los casos reciben amenazas y en el peor de ellos la muerte.
Por segundo año consecutivo, Veracruz se ubicó como la entidad más violenta y de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el país. Los grupos criminales tienen al gobierno de Duarte de rodillas y sus ramificaciones llegan hasta la médula de su administración. Además, en su equipo de gobierno reina la anarquía, la falta de autoridad y la ineficacia ante los retos que la inseguridad plantea en todo el estado por la enorme corrupción y la vinculación de policías, alcaldes y funcionarios de todos los niveles con el crimen organizado.
Javier Duarte está completamente rebasado y sólo se sostiene por la gracia de Enrique Peña Nieto como un pago de los favores que el gobernador le hizo al apoyarlo financieramente en la campaña presidencial del año pasado.
Sólo habría que recordar el decomiso de 25 millones de pesos que se hizo previo a la elección en 2012, y este año la revelación que hizo el PAN de grabaciones en las que funcionarios del estado fraguan el uso electoral del programa nacional de combate a la pobreza.
No se puede explicar de otra manera la ingobernabilidad que se vive en todo el estado, donde diariamente hay muertos, ejecutados y desaparecidos. Los veracruzanos y los inmigrantes centroamericanos que cruzan por la zona saben que entran a un verdadero infierno.
Y también se tiene amordazada a la prensa, a los reporteros que se atreven a publicar la situación de violencia y la inseguridad que hay en pueblos, comunidades y ciudades de todo Veracruz.
La visita organizada el 28 de abril por Periodistas de a Pie –un grupo de 15 reporteros del Distrito Federal– a la capital del estado dio la oportunidad de que algunos reporteros se lanzaran a la calle para exigir la renuncia del gobernador, mejores condiciones de seguridad para informar y aclarar los asesinatos de 13 periodistas veracruzanos en los últimos dos gobiernos.
Los periodistas de la entidad no se sintieron solos el domingo, supieron que estaban acompañados por la réplica de la marcha de otros periodistas en otras 14 ciudades del país, y también en Los Ángeles, California.
A pesar de que esta acción no fue noticia en los principales medios de comunicación, es decir que no les importó que sus propios trabajadores demandaran seguridad, el fin de la impunidad y un alto a la violencia, a muchos reporteros veracruzanos la presencia de otros como ellos les dio algo de ánimo.
Pero aun así algunos preguntaban qué pasaría después de que terminara la manifestación, luego de que los reporteros visitantes dejaran el estado, es decir, si no habría represalias en su contra por haberse mostrado públicamente, si no serían también amenazados por el gobierno de Duarte o se les lanzarían los demonios del crimen organizado.
Duarte, como todos los gobernantes de este país, sobre todo Enrique Peña Nieto, tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la libertad para el ejercicio de la expresión sin cortapisas ni amenazas.
Sobre sus espaldas recaerá cualquier intento de reprimir, amenazar o golpear a los reporteros que nos manifestamos.
El 28 de abril el nombre de Regina Martínez se escuchó en 15 ciudades del país. Su tumba en la zona de bosques de Xalapa será un constante recordatorio para todo gobernante autoritario que pretenda silenciar a la sociedad y a la prensa.
La pequeña y frágil figura de esta reportera que nunca buscó premios, fama, ni dinero, es hoy, más que nunca, una imagen emblemática para aquellos reporteros, para aquellos medios que no olvidan la razón de su existencia: ejercer la libertad de expresión con responsabilidad social.
Como ningún otro mandatario en todo México, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, tiene un horroroso récord: nueve reporteros asesinados en su breve periodo de dos años de gobierno.
El estado está silenciado para los periodistas que quieren informar a los ciudadanos la situación de emergencia que se sufre en cuestión de seguridad, y cuando alguno de ellos no acata las órdenes provenientes de algún grupo criminal o del gobierno –que a veces son lo mismo–, en el mejor de los casos reciben amenazas y en el peor de ellos la muerte.
Por segundo año consecutivo, Veracruz se ubicó como la entidad más violenta y de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el país. Los grupos criminales tienen al gobierno de Duarte de rodillas y sus ramificaciones llegan hasta la médula de su administración. Además, en su equipo de gobierno reina la anarquía, la falta de autoridad y la ineficacia ante los retos que la inseguridad plantea en todo el estado por la enorme corrupción y la vinculación de policías, alcaldes y funcionarios de todos los niveles con el crimen organizado.
Javier Duarte está completamente rebasado y sólo se sostiene por la gracia de Enrique Peña Nieto como un pago de los favores que el gobernador le hizo al apoyarlo financieramente en la campaña presidencial del año pasado.
Sólo habría que recordar el decomiso de 25 millones de pesos que se hizo previo a la elección en 2012, y este año la revelación que hizo el PAN de grabaciones en las que funcionarios del estado fraguan el uso electoral del programa nacional de combate a la pobreza.
No se puede explicar de otra manera la ingobernabilidad que se vive en todo el estado, donde diariamente hay muertos, ejecutados y desaparecidos. Los veracruzanos y los inmigrantes centroamericanos que cruzan por la zona saben que entran a un verdadero infierno.
Y también se tiene amordazada a la prensa, a los reporteros que se atreven a publicar la situación de violencia y la inseguridad que hay en pueblos, comunidades y ciudades de todo Veracruz.
La visita organizada el 28 de abril por Periodistas de a Pie –un grupo de 15 reporteros del Distrito Federal– a la capital del estado dio la oportunidad de que algunos reporteros se lanzaran a la calle para exigir la renuncia del gobernador, mejores condiciones de seguridad para informar y aclarar los asesinatos de 13 periodistas veracruzanos en los últimos dos gobiernos.
Los periodistas de la entidad no se sintieron solos el domingo, supieron que estaban acompañados por la réplica de la marcha de otros periodistas en otras 14 ciudades del país, y también en Los Ángeles, California.
A pesar de que esta acción no fue noticia en los principales medios de comunicación, es decir que no les importó que sus propios trabajadores demandaran seguridad, el fin de la impunidad y un alto a la violencia, a muchos reporteros veracruzanos la presencia de otros como ellos les dio algo de ánimo.
Pero aun así algunos preguntaban qué pasaría después de que terminara la manifestación, luego de que los reporteros visitantes dejaran el estado, es decir, si no habría represalias en su contra por haberse mostrado públicamente, si no serían también amenazados por el gobierno de Duarte o se les lanzarían los demonios del crimen organizado.
Duarte, como todos los gobernantes de este país, sobre todo Enrique Peña Nieto, tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la libertad para el ejercicio de la expresión sin cortapisas ni amenazas.
Sobre sus espaldas recaerá cualquier intento de reprimir, amenazar o golpear a los reporteros que nos manifestamos.
El 28 de abril el nombre de Regina Martínez se escuchó en 15 ciudades del país. Su tumba en la zona de bosques de Xalapa será un constante recordatorio para todo gobernante autoritario que pretenda silenciar a la sociedad y a la prensa.
La pequeña y frágil figura de esta reportera que nunca buscó premios, fama, ni dinero, es hoy, más que nunca, una imagen emblemática para aquellos reporteros, para aquellos medios que no olvidan la razón de su existencia: ejercer la libertad de expresión con responsabilidad social.
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