Miles de niños asesinados y ninguna condena
Por si fuera poco, denuncia la ONG, ninguna de esas muertes ha sido investigada con suficiencia por las autoridades y no hay una sola sentencia contra los culpables de esas muertes violentas.
Otra cifra estremecedora, mencionada por Luis González Plascencia, titular de la CDHDF, es que la situación de conflicto armado que se vive en México ha dejado al menos 3 mil 700 huérfanos, además de que más de 500 niñas y niños han sido reclutados por el crimen.
Los asesinatos de menores han aumentado particularmente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban mas homicidios era de 15 a 17 años ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de 0 a 4 años, advierte Juan Martín Pérez García, director de Redim, quien alerta que los estados con mayor números de homicidios infantiles son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero.
Además de las pérdidas humanas son decenas de miles los que han sido afectados sicológicamente por la violencia, lo mismo en zonas rurales que en las ciudades.
Sin embargo, ante es marco de trastorno social para las futuras generaciones ni el entonces gobierno de Calderón Hinojosa ni la actual administración de Enrique Peña Nieto se han referido al hecho con contundencia ni mucho menos han desplegado un programa de protección y ayuda para los infantes.
A esta tragedia humanitaria se suma el hecho de que México tiene más de 37 millones de niños, casi 37% de la población total, y 20 millones de infantes padecen situación de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83% de esos niños tienen algún tipo de carencias.
Otra cifra del consejo precisa que más de la mitad de la población menor de 15 años (56.3%) se encuentra en situación de pobreza multidimensional, es decir: no tiene garantizado al menos uno de sus derechos para su desarrollo social y los ingresos familiares no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Ante esta realidad, el Estado mexicano sólo destina 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para proteger a los menores, cantidad que es insuficiente pues ni siquiera les garantiza el derecho a la vida.
Para Pérez García, la situación con el nuevo gobierno no ofrece tintes de cambio. Ni con Calderón ni con Peña Nieto, dice, el Estado mexicano ha podido dar información sobre el número de niños heridos, asesinados, detenidos o secuestrados producto de la guerra.
Sin ese reconocimiento oficial sobre el impacto que está teniendo el conflicto en las niñas y niños de México poco será lo que pueda avanzarse. el gobierno –lo mismo a nivel federal, estatal y municipal– ha enmudecido ante el clamor ciudadano que tiene ya más de seis años exigiendo el esclarecimiento pleno de estos asesinatos.
Discursos van y discursos vienen, pero desde Los Pinos, por ejemplo, no ha salido un solo compromiso por llevar ante la justicia a los autores y cómplices de este agravio social.
Encima, las “bajas colaterales”, como llamó Calderón a los asesinatos de civiles producto de la guerra, también han sido responsabilidad de la policía y las Fuerzas Armadas, lo que en cualquier Estado democrático habría sido castigado de inmediato.
Hay muchos vacíos en la ley y en la implementación de justicia, pero urge llenarlos y para ello el nuevo gobierno federal debe tener voluntad política. El problema es que esa señal no se ve por ninguna parte.
Carta abierta a Carlos Marín
Por: Jesús Robles Maloof - mayo 2 de 2013 - 0:00LOS ESPECIALISTAS, Robles en Sinembargo - Sin comentarios
Carlos Marín
Periodista
Periodista
Escuchaba hoy en Milenio Televisión un promocional donde usted habla del derecho de réplica. Llevo tres días buscando una réplica a sus columnas del jueves 25 y viernes 26 de este mes. No lo he logrado. Correos, llamadas, tuits y recados con colaboradores de Grupo Milenio no han logrado su propósito. Su página de Internet no tiene mecanismos de interacción como otros diarios. En la sección de “contacto” uno nunca sabe si se envió o no el mensaje. Hoy paso a dejársela a su oficina mejor.
No está en mis prioridades detenerme mucho en lo que opinen los periodistas. Pienso que el debate público se enriquece de distintas posturas con las que normalmente puedo coincidir o no. De hecho son valiosas en democracia. Le escribo porque creo en el valor de los diálogos horizontales.
Sus opiniones no me preocupan, me llama la atención lo que usted presenta como hechos. Información en sentido estricto. Creo que la obligación de todo periodista es constatar por los medios de su profesión estos hechos y presentarlos al público. A partir de ellos, las opiniones deben gozar de la más alta libertad. Creo que eso mismo escribe con Vicente Leñero en un manual de periodismo. ¿Por qué no sigue sus propios consejos?
Es el caso que en su columna del jueves 25 de abril llamada “¡En la torre! Un veterano vándalo” escribe sobre Uriel: “… el mismo que perdió un ojo en los vandálicos disturbios en que participó el 1 de diciembre y quien figuró entre los favorecidos con la excarcelación, forma parte del grupo de embozados que tomó la Torre de Rectoría…”. Señor Marín, Uriel no participó en los disturbios y no fue beneficiado por la “excarcelación”. Información falsa. Uriel no pudo beneficiarse con la excarcelación por el simple hecho que nunca ha estado en prisión.
Quizá si usted hubiera leído la nota de Rubén Mosso en el portal de Milenio el 1 de diciembre o la de Alejandro Madrigal el 2 del mismo mes y la excelente crónica del mismo reportero de Milenio del 7 de diciembre, tendría la información correcta. Es más, me conformaría con que hubiera leído bien la misma nota de Natalia Gómez de El Universal que usted cita. Si hubiera hecho la tarea de periodista o la de simple lector, sabría que Uriel Sandoval no ha sido detenido, ni ha estado preso. Básicamente porque Uriel nunca ha cometido delito alguno.
Uriel Sandoval estaba en el hospital. Si hubiera investigado un poco sabría que los policías federales le dispararon balas de goma hiriéndolo de gravedad. Sabría que junto con el crimen a Uriel, la policía cometió otro delito que tiene al profesor José Francisco Kuykendall en coma desde aquel día y que desde el 22 de marzo de este año ha desaparecido Teodulfo Torres principal testigo de su agresión. Crímenes que permanecen en la impunidad.
No leyó nada de esto o persistió en mentir ya que el viernes 26 de abril escribió: “… par de vándalos del 1 de diciembre que fueron favorecidos con su excarcelación: Uriel Sandoval y Brayan Reyes (sic)”. Reitera la falsedad señor Marín. Así las cosas desde el jueves pasado no he podido obtener réplica sobre este punto.
Me parece importante porque como lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación al Gobierno del DF, la totalidad de quienes fueron detenidos el 1 de diciembre del año pasado, lo estuvieron injustamente máxime a costa de no detener a quienes pudieron cometer delitos.
Conozco a Uriel Sandoval. Es un joven que se involucra y defiende sus ideas. Es solidario y optimista a pesar de lo vivido. Las personas presas injustamente o señaladas como criminales merecen la reparación de su honor e imagen conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales suscritos por México. Que usted persista en criminalizar a algunos jóvenes es ignorancia, mala leche o asignatura.
Quiero decirle finalmente, que México se ha vuelto el país más peligroso para el ejercicio de su profesión. Que mientras decenas de colegas suyos se movilizaron en todo el país para detener los asesinatos y recordar a Regina Martínez, reportera veracruzana, a un año de su impune asesinato, sus eventos no fueron primera plana, mientras que un grupo de estudiantes ocupando la Rectoría o de profesores en Guerrero lo fueron. Hay algo que está mal ¿no le parece?
Jesús Robles Maloof
Defensor de derechos humanos
@roblesmaloof
La DEA y los Embajadores
Dos espléndidos trabajos periodísticos se han presentado como novedades editoriales en estos días: La DEA en México, escrito por J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos y editado por Grijalbo, y El Embajador, de Dolia Estévez, colaboradora de distintos medios mexicanos como MVS, Poder y Negocios y editado por Planeta.
Sin proponérselo, ambos libros resultan complementarios para entender los últimos 40 años de las relaciones entre Estados Unidos y México. A partir de los testimonios de los agentes de la agencia encargada de la lucha contra el narcotráfico –en el caso del libro de Esquivel– y de las entrevistas con los ex embajadores norteamericanos que aún viven e ilustran los momentos más delicados de sus misiones diplomáticas –en el caso del libro de Estévez–, se reconstruyen los momentos más luminosos y oscuros de nuestra vecindad con la potencia sobreviviente de la guerra fría.
Ambos resultan indispensables en vísperas del primer encuentro en México entre el mandatario estadounidense Barack Obama y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. Ambos documentan las frustraciones de diplomáticos y de agentes antidrogas, pero también el absoluto desconocimiento de la prensa mexicana sobre las verdaderas motivaciones de las instituciones norteamericanas en nuestro país.
En ambos libros aparece la historia de una gran derrota bilateral: el combate contra el tráfico de drogas. Esquivel consigue con la paciencia de un relojero que una decena de ex agentes de la DEA –algunos que dan su nombre y otros que prefieren el anonimato– relaten cómo su estrategia de conseguir “informantes”, las intrigas en Estados Unidos y la corrupción mexicana hayan logrado exactamente lo contrario de lo que buscaba esta agencia. En 40 años, México pasó de ser un país mariguanero, con algunos embarques menores de cocaína a Estados Unidos, a convertirse en el referente mundial de este enorme negocio ilícito.
Los propios ex agentes de la DEA tienen un diagnóstico muy claro de quienes se han vuelto las figuras emblemáticas de esta historia: los grandes capos surgieron al amparo de la Policía Judicial Federal (PJF) y el primer padrino fue Miguel Ángel Félix Gallardo, sinaloense radicado en Guadalajara que manejó cargamentos de 100 y 200 kilos, entre los setentas y ochentas, y nunca las toneladas de ahora. El “más grande e inteligente” para ellos ha sido Amado Carrillo Fuentes, capo emblemático de la generación de los noventa que por avión metió a Estados Unidos “miles y miles de toneladas de cocaína”. “El Chapo”, el más encumbrado de todos, es una obsesión. Y el capítulo 14, “El Chapo en el ‘sexenio de la muerte’” ilustra perfectamente tres momentos en los que este Houdini del narcotráfico estuvo a punto de ser detenido y la DEA se quedó impávida frente a la inacción mexicana.
Los embajadores entrevistados por Dolia Estévez documentan desde su punto de vista el tema del narcotráfico como uno de los ejes incómodos de la relación bilateral. El combate a las drogas fagocitó la relación bilateral que desde Julián Nava (1980-1981) hasta la malograda relación con Carlos Pascual (2009-2011) tuvo tres ejes centrales: garantizar el suministro del petróleo mexicano a Estados Unidos; garantizar la estabilidad de México y promover el incremento comercial entre ambos.
John Gavin (1981-1986) y John D. Negroponte (1989-1993) ilustran con toda claridad cómo el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, se atravesó en las relaciones bilaterales, al grado de convertirse en uno de los principales dolores de cabeza para ambas naciones.
“Parece que sí hubo mucho encubrimiento (de los mexicanos). Por ejemplo, fue muy difícil obtener las grabaciones que realizaron los asesinos de la tortura y el asesinato de Camarena. Por supuesto, finalmente las obtuvimos”, rememora Gavin en la entrevista con Estévez. Nunca dice cómo, pero Gavin, el ex actor que marcó la era reaganiana en México, advierte que las acusaciones que involucraban al mismo ex Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett eran “difamaciones” y “basura”. “Ni siquiera los peores enemigos de Bartlett dieron validez a ese disparate”, afirma Gavin, aunque estos rumores surgieron de la propia DEA.
Negroponte, el “procónsul” de la era salinista, es muy claro: el caso Camarena se convirtió en “la molestia más grande en la relación”. Y no oculta su incomodidad con la actuación de la DEA en el episodio del secuestro del médico Humberto Álvarez Macháin, que tensó como pocos la relación bilateral.
Los Salinas
Inevitables actores de esta trama, los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari, el hermano incómodo y el último ex Presidente priista más poderoso de México, aparecen en la trama de ambos libros.
Los agentes de la DEA entrevistados por Esquivel admiten que hubo informes de narcopolíticos que realizó la agencia y el más “importante e interesante” fue el de Raúl Salinas de Gortari. Ese informe fue a parar a manos de la PGR, en tiempos de Ernesto Zedillo.
“La PGR quería todo lo que existiera sobre Raúl. Yo le advertí al gobierno de Zedillo que la información de nuestros reportes no se había comprobado; pero aun así insistieron en que les entregara todo lo referente a Raúl y al narcotráfico, aunque no estuviera corroborado y sólo se tratara de rumores.
“Con todo lo que había, redacté un documento del caso Raúl Salinas de Gortari. Ese documento se lo entregué personalmente a la PGR. Sólo que el resumen del caso de Raúl lo escribí en una hoja de papel sin el membrete de la DEA; incluso, lo firmé haciendo unos garabatos, algo parecido a mi firma”, relató Mike Vigil, uno de los más claros y puntuales ex agentes de la DEA.
En paralelo, Dolia Estévez entrevista a James R. Jones (1993-1997), quizá el embajador norteamericano que comparte más revelaciones, y él admite que así como convenció a Carlos Salinas de Gortari de desistir usar la fuerza militar para reprimir a los zapatistas en Chiapas, también le entregó a Zedillo información sobre la corrupción del hermano y del gobierno del “gran modernizador”.
-¿Habló sobre corrupción con Salinas y le sorprendió el arresto de Raúl Salinas? –le pregunta Estévez.
-No me sorprendió. Contábamos con mucha información sobre Raúl y sobre otras personas cercanas a Salinas. Del propio Salinas (Carlos), de su persona, nunca obtuvimos información. De hecho, hablé con Salinas acerca de la información sobre corrupción que teníamos de Raúl. Le dije que tenía que hacer algo, es decir, que debería considerar hacer algo. Nuestra actitud nunca fue decir que alguien tenía que hacer tal o cual cosa. No es así como operábamos –respondió Jones.
El papel de Jones en el año más difícil del país (1994) y de la descomposición de la herencia salinista está reflejado en el libro El Embajador. El diplomático admite que le entregó a Zedillo una lista entre 10 y 15 políticos que la inteligencia norteamericana consideraban que “se habían corrompido” y le da la razón a éste en la disputa con Salinas por la crisis económica que detonó el famoso Efecto Tequila.
Jones admite públicamente que le pidió a Salinas no utilizar la fuerza militar para reprimir a los zapatistas y que eso frenó el plan de represión ya preparado en contra de los insurgentes.
Su análisis sobre el fenómeno del subcomandante Marcos es de una claridad apabullante:
“Fue algo inesperado y sorprendió que el subcomandante Marcos fuera mejor comunicador público que Los Pinos o Washington, pero el alzamiento en sí mismo no fue desestabilizador para México. Conocíamos a los grupos y sabíamos que había focos en lugares donde era de esperarse que existieran este tipo de grupos, pero no era nada que hubiera sido desestabilizante para México, aun después del levantamiento zapatista.
“El uso de la fuerza para reprimirlos hubiera recibido una amplia cobertura en Estados Unidos. La CNN habría enviado a sus camarógrafos y los inversionistas habrían salido en estampida”.
Tanto el trabajo de Esquivel como el de Estévez arrojan luces que ayudan a entender tanto los recientes cables diplomáticos filtrados a través de Wikileaks, como el momento exacto de la relación que se espera con Estados Unidos en la era de Obama.
Finalmente, los dos temas que cruzan estos últimos cuarenta años no dejarán de estar presentes: el petróleo mexicano para Estados Unidos y la corrupción derivada de una frustrante y fracasada “guerra” contra el narco.
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