Astillero
Apretar tuercas
De lo laboral a lo social
Chihuahua, El Barzón
Puebla y el periodismo
Julio Hernández López
SESIÓN EN EL SENADO. Los legisladores Emilio Gamboa y Omar Fayad (PRI); Miguel Barbosa (PRD), y Javier Lozano (PAN), durante la discusión de las reformas a la Ley Federal del Trabajo
Foto Francisco Olvera
Apretando aún más las tuercas en lo laboral (como lo permitirán las reformas aprobadas ayer en lo general en el Senado) se aumentarán las posibilidades de desajustes sociales que rebasen los marcos crujientes de la institucionalidad política y económica.
Aun cuando los medios de comunicación suelen centrarse en los forcejeos políticos y electorales y en los hechos de violencia relacionados con la delincuencia organizada, en la base de la pirámide social se multiplica una inconformidad que en algunos casos se expresa en términos de cinismo y apatía cívicas, pero también en organización y batallas públicas que a pesar de conducirse en términos generales con apego a los cauces legales, son inhabilitadas y aplastadas por diversas formas de poder cupular que justamente por el regreso de los patrones priístas de conducta caciquil y despótica creen posible apretar más y más.
Para dar ejemplo está Chihuahua, donde el gobernador priísta César Duarte se ha esmerado en presumir una disminución de la violencia en asuntos de narcotráfico y conexos... mientras se desarrolla impunemente otro tipo de violencia, dirigida contra defensores de derechos humanos y luchadores sociales.
Ismael Solorio Urrutia era uno de los dirigentes de El Barzón en Chihuahua y participaba abiertamente contra la instalación de una de las múltiples mineras canadienses que han tomado el territorio mexicano como base de enriquecimiento a costa del envenenamiento del medio ambiente y contra el aprovechamiento ilegal y abusivo de aguas en la cuenca del río del Carmen en aquella entidad norteña. Este lunes, Solorio y su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, fueron ejecutados en las inmediaciones de un campo menonita en el municipio de Cuauhtémoc.
Un día antes del asesinato de Solorio y su esposa, el articulista de La Jornada, Víctor Quintana, escribió en un diario local, El Devenir, un artículo titulado Quieren reventar El Barzón (http://bit.ly/S1SoKA ), en el que mencionaba las agresiones físicas contra ciudadanos en protesta (al propio Solorio y a su hijo los habían golpeado en días anteriores), el acarreo de falsos apoyadores de la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver, las falsas promesas de atención y protección por parte de funcionarios estatales y una campaña de desacreditación pública del barzonismo en medios informativos afines al gobierno de Duarte (el de Chihuahua).
Quintana se preguntaba si el clima de agresión
¿será porque la capacidad de convocatoria y de protesta de El Barzón rompe el monopolio de control priísta en varios sectores importantes?Y añadía, con impactante claridad:
Que hay linchamiento mediático y político contra El Barzón, es un hecho. Que lo mueven los intereses de las trasnacionales mineras, de quienes se han convertido en acaparadores de agua, de pozos y de subsidios para tecnificación del riego, y de quienes estos contratan para sembrar miedo, también es un hecho, lo mismo que la grilla de organizaciones corporativas priístas que ven amenazados su poder, su convocatoria y su lucro.
Añadía Quintana:
Si ahí quedara todo de por sí sería preocupante, pero lo es mucho más y más condenable cuando se percibe detrás de esta campaña la participación del gobierno del estado. Porque muestra que en Chihuahua no ha bastado con acabar con los contrapesos en las instancias políticas, como son el Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora se percibe que se quiere debilitar también cualquier contrapeso en el ámbito de la sociedad, desprestigiando, difamando, rafagueando a quien opte por la crítica y la disidencia.
Michoacán es otro caso de priísmo obstinado en ensayar el endurecimiento institucional frente a las protestas, como si de lo que se tratara fuera de cumplir con instrucciones superiores de exploración para fines de instauración nacional. Un problema que pudo haberse resuelto conforme a las circunstancias políticas locales ha tomado dimensiones nacionales, con jóvenes de diversas partes del país en fuerte demanda de libertad para ocho aspirantes a profesores.
La generalización del incendio michoacano tiene como punto de referencia una sorda lucha palaciega, según el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien ha afirmado que el mando real real no lo ejerce Fausto Vallejo, tan afectado de salud que quien lo suple es el secretario Jesús Reyna. En cualquier caso, el problema de los normalistas ha tocado tierra en la capital del país, con cierres al tránsito en cruceros importantes, manifestaciones y tomas de edificios públicos, como la sucedida ayer durante horas en las oficinas de la representación de esa entidad en el Distrito Federal. Conflictos acumulados, ante los cuales la mano priísta cree necesario el endurecimiento y no la negociación, el uso de la fuerza pública y no de la habilidad política.
En Puebla, Rafael Moreno Valle, un gobernador de raigambre priísta, aunque las circunstancias lo han llevado a transitar por el panismo, y al que su gratitud hacia Elba Esther Gordillo le lleva de nuevo a las cercanías con el PRI, ha anunciado su disposición de demandar por daño moral a cuando menos 19 periodistas, según hizo saber su vocero.
La administración de Moreno Valle analiza, según dijo el portavoz Sergio Ramírez Robles al reportero de Proceso, Álvaro Delgado,
todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios. Y advirtió: “seguiremos haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios ‘rata’, ‘perro’, ‘cerdo’, ‘homosexual’, ‘chacha’, ‘mascota’, etcétera”.
En ese contexto, la precarización laboral aprobada ayer en el Senado, y la impunidad de los caciques sindicales, que estaba a discusión, simplemente agravará un cuadro de descomposición institucional y aumentará los motivos de grave insatisfacción social sin cauces adecuados.
Y, mientras los gobernadores de origen perredista al fin se reúnen con EPN, ¡hasta mañana!
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Sorry mi buen-Fisgón
Derechos Humanos: legalidad demolida
Javier Hernández Valencia, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio cuenta ayer de la situación desastrosa que enfrenta México en esa materia. Dijo que la tortura y las detenciones arbitrarias
siguen siendo el pan de cada díaen el país y son además
un mecanismo de investigación al que no dejan de recurrir los cuerpos policiacos y militares, y puso de ejemplo el caso de Israel Arzate, joven de 26 años detenido y torturado en febrero de 2010 por policías estatales y militares, quienes pretendían que se declarara culpable por la matanza de jóvenes ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, a principios de ese mismo año.
fortalecimiento de la legalidad. La realidad es que el saldo de dicha estrategia de seguridad pública –además de los más de 60 mil muertos, de una creciente descomposición institucional y una pérdida de soberanía inaceptable– no ha sido el reforzamiento del estado de derecho y la paz pública, sino el de la ilegalidad y la barbarie, así como la colocación del país en escenarios de guerra sucia parecidos a los que se vivieron durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la incorporación de las desapariciones forzadas y la tortura como prácticas cada vez más frecuentes de las fuerzas públicas.
Hace más de un lustro, cuando la actual administración inició los espectaculares operativos y desplazamientos de soldados y policías por todo el territorio nacional, con el supuesto propósito de restablecer el estado de derecho en las regiones controladas por la criminalidad, diversas voces de la sociedad organizada, la clase política y la academia señalaron que combatir a la delincuencia mediante la violencia oficial y la militarización de la vida pública no sólo no garantizaba el éxito, sino alentaba peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy enfrentan el país y su población.
En el momento presente, resulta imperativo recordar que la tarea irrenunciable del Estado de combatir a la delincuencia no excluye de ninguna manera la obligación de velar por las garantías individuales de todos los ciudadanos –independientemente de su situación jurídica– y de vigilar que las acciones de la autoridad se desarrollen en el marco de la ley. En cambio, la relación directa existente entre las acciones oficiales para combatir a la criminalidad y el incremento de las violaciones a la legalidad por parte de las propias autoridades constituye una razón adicional para demandar el viraje y la reformulación radical de la estrategia de seguridad en curso.
Pioneros-Helguera
Sucesión y reacomodos en el episcopado mexicano
Bernardo Barranco V.
La Iglesia católica se prepara para el relevo. En noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), elegirá un nuevo presidente. Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla, será sustituido, actualmente es el obispo con mayor peso político y liderazgo en la CEM; ha obtenido importantes logros y ha cuajado un posicionamiento político de la Iglesia en la nueva alternancia. Deja la presidencia en un momento con el advenimiento del PRI en Los Pinos, igualmente ha establecido una nueva correlación al interior de los obispos mexicanos. Suenan los nombres de Rogelio Cabrera López, recientemente nombrado arzobispo de Monterrey que representa, por su cercanía, la continuidad de Aguiar. Otro aspirante sólido es el cardenal Francisco Robles, nuevo arzobispo de Guadalajara, quien aglutina a los sectores conservadores y aquellos que han mantenido distancia de la presidencia de la CEM. Finalmente muchos aseguran que una fórmula intermedia podría personificarse en el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, cuyo desempeño ha transitado en colaboración estrecha tanto con Aguiar como con el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Carlos Aguiar no es tan apreciado por la derecha católica ni mucho menos por el Yunque, que constantemente lo ha impugnado. Sin embargo ganó su respeto en 2009, al revertir sin aspavientos, con el apoyo de Felipe Calderón, en 19 entidades del país la muy discutible repenalización del aborto, que tiene actualmente a decenas de mujeres en la cárcel. Al tiempo en que Rivera y Onésimo Cepeda son rijosos con el PRD en el proceso electoral de 2006, Aguiar Retes con sensatez negocia y se sienta a dialogar con su dirigencia. Mientras el cardenal de Guadalajara lanza sus misiles maiceadores contra Marcelo Ebrard, la presidencia de la CEM no hace eco ni se involucra en una estéril confrontación. Es decir, Aguiar con astucia ha sido partidario de una política realista de cambios graduales, siguiendo a Maquiavelo, quien sostenía que la eficacia de un príncipe no se corrige con palabras, sino con la fuerza de la estrategia y la prudencia.
Una de sus principales iniciativas ha sido desburocratizar la CEM: reduce comisiones y focaliza objetivos. Aguiar desde que asumió el cargo, en 2006, anunció que iba por la libertad religiosa (Proceso 1574, nov/2006) Por ello apoya, con pragmatismo, la reforma constitucional a los derechos humanos, y resiste el embate del cardenal Sandoval Íñiguez, de Guadalajara, quien le reprocha no haberle consultado; en respuesta, logra reunir las firmas de los 21 miembros del consejo permanente del Episcopado Mexicano. El radicalismo fogoso del cardenal Sandoval se va enfriando. Aguiar evita las confrontaciones mediáticas; de trato suave y hasta tímido, conduce a la CEM a diversificar las referencias políticas. Ya no será sólo el Ejecutivo su interlocutor, Aguiar se abre a los poderes legislativos, a los partidos, sindicatos, a los empresarios y medios. Recibe todo el apoyo del nuncio Christophe Pierre, quien le facilita el soporte de Roma. Por su ubicación mexiquense en Tlalnepantla, Aguiar cultiva desde 2005 una intensa relación con Enrique Peña Nieto. La visita de Peña con su futura esposa al Vaticano en 2009, acompañando una nutrida comitiva, fue el momento en que Aguiar fortalece una sólida relación que ha facilitado favores y la reforma al artículo 24 sobre libertad religiosa y seguramente las que vendrán. Hay una alianza tácita entre la jerarquía y Peña. Veremos hasta dónde llega.
Simbólicamente tener postrados a los tres candidatos presidenciales durante la misa dominical del papa Benedicto XVI y posteriormente la pasarela de los mismos candidatos ante el confesionario de la asamblea de obispos fue una demostración de cómo Aguiar Retes ha consolidado el músculo clerical. Si bien Aguiar no tiene por el momento un asiento cardenalicio todo puede cambiar. En suma, los logros del presidente de la CEM han sido sobre todo políticos más que pastorales porque durante su gestión hay una considerable debacle de los fieles católicos
Solos se destruyen-Hernández
Solos se destruyen-Hernández
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