Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 23 de octubre de 2012

ASTILLERO- Elba Esther: 23 años después- Territorios indígenas y recursos en la Tarahumara


Astillero
Empatar y exhumar
A salvo el fuero charro
Neoesclavismo, adelante
Lazca, La Paca
Julio Hernández López
Foto
SENADORES EN SESIÓN. Alejandra Barrales, Javier Lozano, Ernesto Gándara, Raúl Gracia Guzmán, Miguel Ángel Chico y Armando Neyra
Foto Carlos Ramos Mamahua
 
 
Extrañas emociones con pretenciosidad de suspenso se vivieron ayer en el Senado. Todos sabían del empate por venir, pero los vaivenes de las aguas turbias de la política partidista hacían esperar alguna variación que finalmente no llegó. Seis contra seis en una cancha de ensayo que habrá de trasladar la búsqueda de victoria de una de las partes al pleno senatorial, donde los cálculos aritméticos auguran similares aprietos parejeros.
 
Seis priístas aferrados a la conservación indemne de los genes de dinosaurismo sindical, que con toda razón se sienten afectados por la posibilidad de rendir cuentas de los abundantes dineros recibidos y de darles un barniz democrático a los procesos de elección de esa gerontocracia corrupta. Y, enfrente, un sexteto de votos provenientes del PRD y el PAN, en una amalgama de factores que a pesar de todo fue sostenida por el partido de blanco y azul, cumplidor del compromiso anunciado de ir con el sol azteca en la exigencia de modificaciones al esquema sindical, a pesar de que el propio Felipe Calderón y la secretaría federal del trabajo habían exhortado a pasar por alto este tema, lo que había hecho temer un recular de última hora de los panistas. Juntos, en esas alianzas circunstanciales que la política propicia, la perredista Alejandra Barrales y el panista Javier Lozano.
 
Ya en esa plenaria, uno o unos cuantos votos puedan romper el embrujo. Ayer mismo, en las comisiones senatoriales, la ausencia de un senador panista generó inmediatas especulaciones que temían una maniobra típica de ausentismo concertado para dar paso al triunfo priísta, previos arreglos en lo oscurito. Pero, con retraso, el panista llegó y las teorías del complot amainaron, aunque en la sesión de hoy todo mundo estará atento a las faltas, a las salidas (así sea a los sanitarios), a las tretas concertadas.
 
Toca al Partido del Trabajo determinar hoy buena parte de lo que suceda. En una votación reñida, los sufragios de las agrupaciones pequeñas suelen cobrar una importancia central por cuanto pueden inclinar el forcejeo hacia alguno de los bloques mayores. En el partido que tiene a Alberto Anaya como principal dirigente hay dos posturas: una va con el conjunto de la oposición al PRI (el PRD, el PAN y el voto solitario de Layda Sansores a nombre del Movimiento Ciudadano) y otra pretende votar a favor de que no se toquen los cotos sindicales. Antes de que se inicie hoy la sesión plenaria (a la hora de redactar esta columna no se sabía si el tema de la reforma sería incluido en la agenda del día), Andrés Manuel López Obrador se reunirá con miembros de esa ala izquierdista para fijar postura respecto a un tema que posiblemente minutos después será abordado en su fase definitoria.
 
Tanto jaleo y jaloneo puede dar la impresión de que hay una batalla de enormes dimensiones y de imprevisibles resultados en una de las cámaras del poder legislativo que así se vería como cumplidora de sus altísimas funciones representativas. Pero mucho de lo que sucede corresponde a efectos escenográficos y a desenlaces previstos. Los caciques sindicales son y serán intocables porque mantienen una alianza de fondo con el peñanietismo, que ha ordenado a sus diputados y senadores que respeten el fuero charro. Y el calderonismo sostiene con la cúpula priísta una alianza de impunidades que se traslada para votaciones a la franja senatorial perteneciente a quien todavía despacha desde Los Pinos.
 
La reyerta por el tema sindical ha quitado reflectores, en todo caso,  al tema más trascendente: las reformas laborales de walmartización nacional. Éstas han sido aprobadas en lo general y la pelea en contra de aspectos específicos de esas nuevas normas las dará la izquierda sin acompañamiento del PAN, que desde luego apoya los términos de lo que comenzó en el escritorio de Javier Lozano cuando era secretario del trabajo y luego recibió el impulso pleno de Felipe Calderón y la élite empresarial. Al PAN lo que le ha interesado, al hacer alianza provisional con el PRD en el Senado contra el proteccionismo a lo sindical, es aparentar para fines electorales que está contra los malvados caciques a los que, en realidad, protegió y benefició durante 12 años en que tuvo la Presidencia de la República. Así que el articulado nefasto para los trabajadores está ya aprobado, previos alegatos testimoniales de la izquierda, y el tema de los caciques sindicales servirá de gran foco de atracción que finalmente acabará también en los términos previstos, es decir, sin cambio alguno. El gran circo legislativo en pleno.
 
En un panteón del estado de Hidalgo, mientras tanto, se realizaba ayer un ceremonial forense que evocaba los tiempos aquellos, tan distantes y ahora tan cercanos, de La Paca y sus clarividencias buscadoras de cadáveres en el caso de Raúl Salinas de Gortari. Luego de una cadena de pifias respecto a las formas de identificación de un cuerpo que en ausencia acabó siendo clasificado bajo el nombre de Heriberto Lazcano Lazcano, las autoridades federales presuntamente procuradoras de justicia tuvieron a bien realizar nuevas diligencias comprobatorias de que el cadáver en fuga perteneció al buscadísimo jefe máximo de Los Zetas, abatido fortuitamente en tierras coahuilenses muy agitadas en ese momento por el asesinato del hijo de un ex gobernador reciente.
 
Alguno de los funcionarios participantes en esta nueva temporada del paquismo dijo que no había absolutamente ninguna duda de que el cuerpo prófugo era el del famoso Lazca, pero que las probanzas oficiales serían llevadas hasta los extremos legales. Por ello fueron a un cementerio de Pachuca a exhumar los restos de uno de los padres y comprobar mediante estudios científicos que las muestras del Zeta mayor corresponden a las de sus familiares. Sumidas en el descrédito, comprobadamente dadas al montaje y la ficción, esas autoridades deberán luego hacer pruebas sobre las pruebas, y así hasta el fin del sexenio macabro.
 
Y, mientras Michoacán se calienta cada vez más, ¡hasta mañana, ya con remodelaciones en Los Pinos al gusto de los siguientes huéspedes!
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Elba Esther: 23 años después
Luis Hernández Navarro
Ataviada con un lujoso vestido blanco, Elba Esther Gordillo tomó posesión como nueva secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la mañana del 24 de abril de 1989. El presidente Carlos Salinas de Gortari acababa de designarla en remplazo de Carlos Jonguitud Barrios, cacique del gremio durante casi 17 años.
 
En aquella ocasión no hubo aplausos. Los cerca de 100 delegados llevados por la Secretaría de Gobernación no mostraron una sola expresión de júbilo, ni siquiera aplaudieron. “Sé que es una situación difícil –dijo ella–, yo comprendo su silencio.” Horas más tarde, embriagada de júbilo, confesó ante las cámaras de Televisa que había cumplido uno de sus sueños más anhelados.

El ungimiento, a todas luces ilegal, fue justificado ante la opinión pública como parte de la renovación moral de los sindicatos. Frente a los micrófonos de cadenas de radios y blocs de notas de periodistas, Elba Esther repitió una y otra vez: ¡El sindicato jamás volverá a permitir la instalación de un cacicazgo, porque daña la conciencia, el intelecto de México!

Más de 23 años después de su primera toma de posesión como dirigente nacional del SNTE y de sus promesas de no permitir un nuevo cacicazgo, La Flaca –como le decía Jonguitud Barrios, su mentor, a quien ella llamaba El Señor– fue nombrada nuevamente líder nacional del gremio, ahora como presidenta del recientemente creado Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública.

El consejo no es otra cosa que un nuevo organismo creado para permitir que, bajo otros nombres, subsista el liderazgo vitalicio de Elba Esther. Para que no le digan que viola los estatutos religiéndose al frente de las instancias nacionales de conducción del sindicato, en cada ocasión en la que debe dejar el puesto cambia los estatutos e inventa mecanismos de representación antes inexistentes. Así lo ha hecho desde que en enero de 1990 buscó cubrir su imposición con el manto de la legalidad de un congreso extraordinario organizado a modo. Así lo hizo, por ejemplo, en 2004, en el congreso de Tonatico, en que se declaró presidenta del SNTE, cargo inventado a modo para ella.

Elba Esther no quiere que nadie le haga sombra. Para ello, en esta ocasión, incorporó al nuevo organismo los cadáveres sin músculo de los antiguos secretarios generales del gremio, en lo que parece ser una reproducción en vivo y a todo color de la galería del terror sindical del edificio gremial de Venezuela 44, en la ciudad de México. Por ejemplo, José Luis Andrade Ibarra, encargado en esta ocasión de clausurar el sexto congreso nacional extraordinario, apodado El Llorón por la facilidad con que las lágrimas brotan de sus ojos, fue un exaltado apologeta de Carlos Jonguitud Barrios. Cuando la caída del Padrino era inminente, Andrade le dijo: ¡Usted no tiene derecho a irse, usted es patrimonio del sindicato, usted pertenece al magisterio nacional! Ahora, por supuesto, es el más elbista de los elbistas.

Y como en el mundo del sindicalismo charro no hay diferencias que la inclusión en la nómina no resuelvan, algunos de los elegidos para integrar este consejo estuvieron entre los 100 delegados que en 1989 le negaron el aplauso, como es el caso de Humberto Dávila, aliado de Líebano Sáenz a finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, de quienes infructuosamente intentaron rebasarla por la derecha. La chequera del SNTE da para eso y más...
 
Como hizo en el pasado El Señor, y la misma Elba Esther, el sexto congreso extraordinario del SNTE se llevó a uno de los puntos más alejados del territorio nacional. Ahora fue Playa del Carmen, Quintana Roo, como en otras ocasiones han sido Chetumal, Cozumel, Chihuahua o Baja California. No hay problema con los costos; lo importante es evitar sorpresas desagradables.
 
Como se ha hecho en ocasiones anteriores, esta vez se modificó la sede del congreso en el último momento, no obstante que en la convocatoria deben estar claramente señalados lugar y fecha de su realización. Así lo hizo Elba Esther con el cuarto congreso extraordinario, inaugurado por el presidente Vicente Fox en Chihuahua y trasladado durante a la noche a escondidas, a un lugar incierto, en una población de ejidatarios en el norte del estado. Por supuesto, las autoridades laborales pasarán ahora por alto esta anomalía, que ameritaría que no se otorgara la toma de nota a la nueva dirigencia sindical.
 
Tampoco hubo mucha novedad en los tiempos que la profesora Gordillo escogió para celebrar el congreso. Así se las gasta. Escogió el final del sexenio de Felipe Calderón, cuando el presidente no tiene fuerza ya para ponerle condiciones a la líder vitalicia, y antes de que Enrique Peña Nieto se instale en Los Pinos.
Que nadie se llame a engaño. No hay ningún pleito entre Peña Nieto y Elba Esther, nunca lo ha habido. La maestra tiene excelentes relaciones con el ex gobernador del estado de México. Su yerno, Fernando González, llamó a votar por el él, y no por Nueva Alianza (Panal). Más aún: Gabriel Quadri, su candidato presidencial, tuvo apenas 2.29 por ciento de los votos, mientras los legisladores del partido alcanzaron más de 4 por ciento. ¿Casualidad? De ninguna manera. Simple y sencillamente, se repitió la receta de 2006, en la que sacrificó a Roberto Campa para apoyar a Felipe Calderón.
 
No hay entre ambas fuerzas diferencias programáticas de fondo. Elba Esther es tanto o más neoliberal que Peña. Siempre ha defendido las reformas estructurales. Ella promovió la aprobación de la reforma hacendaria foxista que incluía el cobro del IVA a fármacos y alimentos, y la reforma privatizadora al Issste.
 
Lo que sí hay es una negociación entre dos fuerzas, y un juego de sombras. Elba Esther quiere cobrar los servicios prestados, mientras el equipo de Peña Nieto, presionado por sectores de la iniciativa privada que tienen con la maestra un pleito a fondo, necesita aparecer ante la opinión pública como que no hace concesiones mayores al sindicato. En los hechos, ambos caminan juntos. En sus 23 años al frente del SNTE, la profesora Gordillo se prepara para seguir haciendo de las suyas.
 
Territorios indígenas y recursos en la Tarahumara
Magdalena Gómez
Resulta significativo que en Chihuahua se esté abriendo paso la defensa de territorios indígenas por la vía agraria y que se cuente con resoluciones favorables donde se está incorporando el derecho indígena; incluso la Corte recientemente falló en su favor en un caso. Esta tendencia también se observó en el caso La Parota, donde los comuneros han logrado la nulidad de las asambleas que supuestamente habían autorizado la construcción de la presa. Ello indica que, pese a todo, en esta jurisdicción existe mayor sensibilidad hacia los pueblos indígenas.
 
Los pasados 12 y 13 de octubre se celebró en Chihuahua el tercer foro sobre esta problemática, con la participación de las comunidades indígenas rarámuri y ódami de Huetosachi, Bakajípare y Mogótavo, del municipio de Urique, Repechique, del municipio de Bocoyna; Wawachérare y Bakéachi, del municipio de Carichí; Mala Noche, Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, y Río Verde, del municipio de Guachochi. Se reunieron para compartir y evaluar las experiencias y el acompañamiento jurídico de organizaciones como Alianza Sierra Madre, Bowerasa AC, Consultoría Técnica Comunitaria AC, Tierra Nativa AC. También asistió el Consejo Regional en Defensa del Territorio Sagrado de Wirikuta para relatar su experiencia y obtener solidaridad.

Ubicaron sus causas con respaldo de los artículos primero y segundo constitucionales, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos y ratificados por el Estado mexicano. Con base en ello insistieron en demandar el reconocimiento legal de sus territorios, que se agilicen los procesos en los tribunales y que las sentencias se ejecuten efectivamente, que les consulten sobre los proyectos estatales o de trasnacionales y el cese del hostigamiento y amenazas a los integrantes de los pueblos y organizaciones que promueven la defensa de sus territorios indígenas. Por otra parte compartieron sus estrategias de organización relatando cómo realizan censos y registro de actas de nacimiento para demostrar que vivimos allí en nuestros ranchos. También denunciaron cómo en uno de los juicios un juez ordenó que acudiera toda la comunidad de Mala Noche a la ciudad de Chihuahua para responder un cuestionario que ofreció como prueba la defensa de quienes les disputan la tierra, situación que les resultó imposible, pues el larguísimo trayecto les cuesta 300 pesos por persona sólo de pasaje. Con gran insensibilidad el juez les consideró confesos de dicha prueba en favor de los chabochis (mestizos).
 
No se les ocurrió que fuera el juzgado quien enviara a la comunidad personal que desahogara dicha diligencia. Así que, pese a la sensibilidad que señalábamos arriba, aún falta mucho para lograr condiciones justas de acceso a la justicia. Las y los participantes reivindicaron sus logros, la mayoría síriames (gobernadores tradicionales, incluso dos gobernadoras, hecho insólito que muestra el avance en la participación de la mujer indígena). Así quedaron señalados éxitos en casos como Huitosachi, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a la comunidad y ordenó a los tres niveles de gobierno que formen el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, en el que deben participar las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto. Asimismo, lograron la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal en Coloradas de la Virgen, Choréachi y en Mala Noche.
 
Estas experiencias forman parte de las que se están desarrollando en todo el país. Con la ley en la mano, los pueblos indígenas demandan que se apliquen sus derechos, pero acompañados de la indispensable organización. En el caso del norte, su ubicación geográfica les ha impedido mayor fluidez en la relación con otros procesos; por ello fue importante la presencia de los wirrárikas, pues desde los tiempos en que El Ronco Robles (†) los acercó al zapatismo y al Congreso Nacional Indígena, se ha suspendido ese contacto tan necesario. Los rarámuris y los odamis son de pocas palabras, además de que entre ellos hay un marcado monolingüismo, que les demanda traducción en estas reuniones; ellos abordan directamente su problema y muy lejos están de asumir un discurso de victimización, pese a que sus condiciones de vida son duras. Dan prioridad al territorio porque de ello depende su existencia como pueblos. En esa entidad recientemente aprobaron una reforma constitucional sobre pueblos indígenas que, pese a tener elementos positivos, no logra romper con la camisa de fuerza impuesta con la contrarreforma al artículo 27 constitucional. Incluye la frase hueca que tienen otras leyes estatales respecto de que el acceso a uso y disfrute de recursos naturales se hará respetando el 27. ¿Ya sería hora de que lo impugnaran, como los pueblos, en lugar de nadar de muertito?

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