Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 29 de octubre de 2012

La corrupción de la democracia- El Estado esquizofrénico-

La corrupción de la democracia
Arturo Balderas Rodríguez
La democracia como posibilidad organizativa de la sociedad ha sido maltratada a niveles inconcebibles en el actual proceso electoral de Estados Unidos. Ese maltrato es resultado, entre otras cosas, del libertinaje con el que los candidatos a ocupar puestos de elección popular y las organizaciones que los apoyan se han comportado en la captación y el empleo de recursos para financiarlos. El resultado es que se ha desnaturalizado el precepto basado en la igualdad que todos los ciudadanos tienen para elegir libremente por quién votar. El proceso electoral ha sido pervertido por la influencia que, sin cortapisas, han desarrollado grupos de poder mediante las millonadas de dólares que canalizan en el proceso electoral, con la finalidad de proteger sus intereses particulares por sobre los de la sociedad. Se confirma aquello de que la decisión de cómo y quién gobierna lo deciden las corporaciones.
 
Se estima que el costo de las campañas, tan sólo de los candidatos a la presidencia, será aproximadamente de 2 mil millones de dólares. Entre los candidatos de los dos principales partidos políticos que aspiran a un puesto de elección popular, el gasto millonario no será muy diferente. Lo mismo sucede con los recursos que diversas organizaciones han empleado para promover o derrotar propuestas que pudieran afectar sus intereses. Se ha distorsionado y abusado de la idea plebiscitaria que está detrás de ellas. Un ejemplo, son los más de 11 millones de dólares que una organización o persona no identificada envió desde Arizona para derrotar la propuesta en California de aumentar los impuestos con el objeto de apuntalar las finanzas de la educación en el estado.
 
No es nuevo que esa influencia se cristaliza principalmente en los medios de comunicación masiva. Son los que en primer término se benefician con los millones de dólares que se emplean, principalmente en televisión. El New York Times informa que tan sólo en la semana pasada se transmitieron 80 mil mensajes políticos en el país. Los recursos para comprar información, que debiera ser vehículo para garantizar el voto razonado, han saturado los medios con mentiras y verdades a medias, con la finalidad de comprar el voto de la ignorancia. Cada vez son más elocuentes las protestas por la forma en que los puestos de elección popular son literalmente comprados por quienes tienen los recursos para ello. No sería extraño que esas protestas derivaran en un mayor abstencionismo, alejando cada vez a más votantes de las urnas.
 
Guardadas las enormes diferencias, uno pudiera anteponer como ejemplo el sistema electoral que los mexicanos nos dimos con muchos esfuerzos y recursos. Desafortunadamente, en nuestro país los medios, y entre ellos principalmente la televisión, también han hecho su labor para desnaturalizar el sentido de la democracia. Por ello, no estaría mal que nos viéramos en el espejo de nuestros vecinos, cuyo sistema electoral hace agua por doquier.
 
El Estado esquizofrénico
Carlos Fazio
El régimen conservador de Felipe Calderón heredará al país un Estado de guerra permanente. Una sociedad sumida en la violencia, el terror y el caos. Y en muchos espacios del territorio nacional, una sociedad militarizada y paramilitarizada. El dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el miedo. Un miedo aterrorizante, paralizador, potenciado por una estrategia comunicacional no desprovista de ideología. Una estrategia mediática enajenadora e invisibilizadora de la realidad, que como parte sustancial de las operaciones de guerra sicológica utiliza diferentes máscaras.
 
Así, mientras exhiben cuerpos decapitados, descuartizados o colgados, y dan cuenta de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, matanzas colectivas, fosas clandestinas y desplazamientos forzosos de población, los grandes medios encubren que la campaña de intoxicación (des)informativa sobre esos hechos –junto a la práctica sistemática de la tortura y la actual guerra de exterminio de rasgos neomalthusianos– tienen como objetivo principal generar miedo, inseguridad, angustias y rumores para aprisionar la subjetividad colectiva de la sociedad mexicana y facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado autoritario, de corte policial-militar.

Con la salvedad de que esa violencia cotidiana de apariencia demencial –puesto que se trata de una violencia reguladora planificada que forma parte de una técnica coercitiva gubernamental–, ya normalizada, y el estado de excepción permanente instaurado por Calderón, no se deben a la ausencia del Estado, sino a la presencia de un Estado reformado cuya función es generar ese tipo de escenarios de terror y caos para garantizar la imposición y la eficacia del actual modelo de acumulación capitalista, con eje en la privatización y la desregulación de la economía, en detrimento de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales.

Tendencialmente, la reorganización del Estado con un perfil policial-militar llevaría a la construcción de lo que Robinson Salazar llama ciudadanías del miedo y Naomi Klein denomina “democracia big brother”, cuyo objetivo central es llevar la guerra de baja intensidad a la ciudadanía mediante la eliminación de los derechos políticos y el recorte de los sociales y laborales. Ergo, el modelo de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, la conjunción de paramilitares, narcotraficantes y políticos y empresarios ligados a la economía criminal, que llevaron a la configuración de un Estado delincuencial y mafioso en ese país sudamericano. Un modelo cuya institucionalización en México corresponderá aterrizar ahora a Enrique Peña y el nuevo PRI, con la mediación del mejor policía del mundo, el colombiano Óscar Naranjo, quien responde a los intereses de Washington.

La articulación entre la neoliberalización de la economía y la represión marcan la tendencia hacia un terrorismo de Estado de nuevo tipo, funcional a la actual fase de reapropiación territorial y saqueo neocolonial trasnacional hegemonizada por Estados Unidos. No en balde la militarización de la seguridad pública en México ha sido impulsada y alimentada por Washington. El involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiales –a la manera de un ejército de ocupación de su propio país o como brazo armado del poder civil–, sigue la lógica del combate al enemigo interno propia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, replanteada hoy conceptual y operativamente por el Pentágono. Un enemigo interno a aniquilar o exterminar, pero que a falta de unas guerrillas operativas o actuantes –como en el caso colombiano– es necesario combatir de manera preventiva bajo la mampara de la guerra a las drogas o al crimen organizado, para lo que fue necesario generar nuevos sentidos o matrices de opinión que permitan generar vínculos justificadores de la contrainsurgencia, como narcoterrorismo y narcoinsurgencia, propalados por la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Categorías introductorias, a la vez, de la guerra urbana como pretexto de la seguridad, todo lo cual ha llevado a una acelerada colombianización del flanco estratégico de Washington.
 
Paradójicamente, todo ello ocurre en el seno de un Estado mexicano escindido, que opera a la manera de dos Estados superpuestos –pero articulados e integrados por dos dinámicas contradictorias–, en uno de los cuales imperarían los principios del Derecho (proyectados por la Constitución y las leyes y compatible con los parámetros jurídicos internacionales), y en el otro una cierta ideología de la violencia estatal y paramilitar, como sustento de un aparato de poder fáctico al servicio de una minoría plutocrática y cleptocrática, insostenible sin altas dosis de violencia.
 
Al referirse al actual modelo de México: el Estado colombiano, Javier Giraldo identifica una identidad estatal profundamente escindida, pero cuya única posibilidad de conservar su unidad icónica fue la del ocultamiento o negación de parte del yo estatal convirtiéndola en una alteridad ficticia, asumida con fuerza en el discurso como alteridad real. Al buscar cierta analogía entre ese tipo de anomalía y la siquiatría, el jesuita colombiano descubrió que frente a fenómenos de un yo escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse como otro, surgió lo que denomina un Estado esquizofrénico, una de cuyas manifestaciones más evidentes (pero no la única) es sin duda la estrategia paramilitar del Estado. Es decir, la conformación de una franja de la sociedad civil integrada de facto a la violencia del Estado sin reconocimiento formal, lo que permite al Estado como al Establecimiento identificarlo en el discurso formal como un no Estado, aunque sea de público dominio su íntima relación, histórica y estructural, con las instituciones oficiales. Fenómeno que se reproduce
 
 
Transparencia y respeto a principios
Iván Restrepo
¿Por qué los funcionarios con tanta frecuencia se niegan a reconocer que se pueden equivocar al tomar decisiones? No me refiero a los de otros países, donde renuncian hasta por ser infieles a sus esposas. Y van a la cárcel por hacer obras públicas o negocios para lograr dinero fácil en compañía de amigos y familiares.
 
Hasta los reyes ya piden perdón por sus excesos. Como Juan Carlos, que indignó a millones de españoles y a medio mundo cuando se fue en secreto a matar elefantes a África y a ponerle por enésima vez cuernos a su esposa, Sofía. O Vladimir Putin, tan eficiente en desaparecer a sus oponentes políticos y mandar a la cárcel a quienes lo critican (como las cantantes del conjunto Pussy Riot). Pero el zar de la nueva Rusia acepta que algunos actos públicos donde se le muestra defendiendo especies en peligro de extinción son escenificaciones muy bien preparadas. Como cuando apareció acariciando al tigre del Amur o a un oso polar. Ambos ejemplares estaban bajo los efectos de somníferos.

En México, en cambio, los funcionarios son infalibles. Iluminados, como el papa. Nunca olvidaremos a Díaz Ordaz defendiendo la represión contra los estudiantes en 1968. Y menos al H. Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplaudiendo a rabiar sus acciones criminales. O la furia soez de algunos legisladores cuando su par, Porfirio Muñoz Ledo, se atrevió a interpelar al presidente De la Madrid durante un informe de gobierno. ¡Lo que le dijeron a Porfirio!, que desacralizó así la ceremonia en que el mundo le agradecía al presidente en turno tantos favores recibidos, mientras el país se hundía en la crisis. Tampoco el licenciado Calderón reconoce que se equivocó con su guerra contra el crimen organizado: deja miles de muertos, violencia, inseguridad e impunidad. Además, la imagen internacional de México hecha añicos. En el planeta somos noticia por los miles de muertos que suma su sexenio.

Un caso extremo de negar lo evidente lo ofrece el gobierno turco al tratar de ocultar su culpabilidad en el genocidio armenio ocurrido hace ya casi un siglo. Murieron casi 2 millones de personas y miles fueron obligados a emigrar para siempre. Sus casas saqueadas y sus propiedades confiscadas. Los turcos se ensañaron con las mujeres y los niños. Varios países, como Francia, condenan oficialmente ese genocidio. En Estados Unidos está en suspenso porque la Casa Blanca no desea molestar a su aliado en Medio Oriente. Varios periodistas han muerto en Turquía por pedir que se cuente la verdad y se pida perdón; otros han ido a parar a la cárcel. Se libró de ella el Nobel Orhan Pamuk (severo crítico de esa matanza) gracias a la presión internacional.
 
Precisamente Armenia limita con la república de Azerbaiyán, conocida ahora por los mexicanos porque el Gobierno del Distrito Federal erigió un monumento en honor de quien fue su presidente, Heydar Aliyev. Un dictador y asesino, causante de cientos de muertos e incontables violaciones a los derechos humanos. Se permitió construir ese adefesio (¡y se garantiza su permanencia durante un siglo!) a cambio de dinero para restaurar la plaza Tlaxcoaque. El monumento en homenaje al ex dictador hace juego con otro igualmente indeseable: la estela de corrupción del actual sexenio. La ciudadanía ha expresado su repudio y exige su demolición. La respuesta de las autoridades no ha podido ser más lamentable: nombrar una comisión que analice el asunto. Tarea inútil, pues los crímenes de un sátrapa no se borran con comisiones ni las erráticas y tontas declaraciones de algunos funcionarios que ocultan cómo se acordó erigir tal disparate y la procedencia real del dinero para remodelar Tlaxcoaque.
 
Muchos votamos hace seis años por Marcelo Ebrard para gobernar la ciudad. Reconocemos sus logros y fallas. Él quiere ser presidente de México en 2018. El camino para lograrlo pasa por la transparencia y el respeto a principios fundamentales de la vida humana. Por eso, a su biografía Ebrard no puede sumar un acto de gobierno tan negativo como es rendir homenaje a un torturador. Y en el colmo, en un espacio público. Ni ignorar el justo rechazo de la ciudadanía. Errar es humano, señor Ebrard. Rectifique.

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