Desvíos de Calderón por $367 mil millones- Salen a la vista "acuerdos y contubernios de Estado"

Desvíos de Calderón por $367 mil millones

 

En la Cámara de Diputados, los legisladores del PAN argumentaron que la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental es un factor importante para la democracia, antes de que se aprobara en lo general y en lo particular, con 447 votos a favor y uno en contra –del petista Ricardo Monreal-, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que favorece la transparencia y busca atacar la discrecionalidad de los gobernantes. Esta legislación incluye sanciones administrativas y penales de dos a siete años de prisión, así como multas de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente, a quien cauce daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público respectivo. La minuta correspondiente fue turnada al Senado para que sean revisadas las modificaciones hechas por los diputados en el dictamen y definan si las aceptan o no.

En contraste, en la Cámara alta, los legisladores del PRI acusaron a Felipe Calderón de mantener en la opacidad el manejo de más de 367 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, a pesar de que la ley vigente en la materia obliga a la transparencia y rendición de cuentas de ese dinero público. Los priístas argumentan que “de esos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos, 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos”.

El gobierno federal controla directamente el 97 por ciento de esos recursos, ya que la participación de los gobiernos estatales se limitó a esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se beneficio con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos. El 85 por ciento del total de esos recursos públicos se concentran en los denominados actos jurídicos sin estructura.

Los senadores priístas sostienen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende evadir su responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos, al intentar poner como marco de protección disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una interpretación indebida de éstas.

Por lo que toca a la minuta de la reforma laboral que regresó el Senado de la República a la Cámara de Diputados, ésta perdió su calidad de “iniciativa preferente”. Por tal razón, será turnada a la Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen y allí estará “el tiempo que sea necesario para sacar una muy buena ley”, advirtió Manlio Fabio Beltrones coordinador de los diputados priístas.

El sonorense destacó que Enrique Peña Nieto contará con una legislación del Trabajo moderna, con democracia y estabilidad laborales. Los priístas, insistió, tienen el compromiso de darle a México una reforma laboral que salvaguarde los derechos de los trabajadores y de la estabilidad laboral.

Las declaraciones de Beltrones no cayeron nada bien en la bancada panista. Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, dijo que el PRI para la reforma laboral porque rechaza la modificación de los senadores para democratizar a los sindicatos, y exigió que la Comisión del Trabajo se reúna lo antes posible para aprobarla.

Lilia Arellano - Revista EMET

 

 

Salen a la vista "acuerdos y contubernios de Estado"

 

Ya sin el menor rubor salen a vista de la opinión pública los asuntos o, mejor dicho, los “acuerdos de Estado”. Y en ellos queda muy clara la postura de la presión de distintos bandos. Los sindicatos exigen al PRI el cumplimiento de la palabra, para ello es que apoyaron a su candidato para que llegara a la Presidencia. En este tema el máximo líder cetemista fue muy claro “somos amigos del presidente, los trabajadores lo ayudamos a llegar”. O sea que nada que ver con la “autonomía sindical”, con la forma en la que se reeligen y menos aún con la fórmula para quedarse con el dinero de las cuotas. Por lo tanto y en virtud de la “cerrazón” de los senadores panistas que se aliaron con la izquierda, resulta que ya no es preferente la iniciativa de reforma a la Ley Laboral y, por lo tanto, a pesar de tanto discurso y enjundia tricolor, puede irse de nuevo a la congeladora.

Esa ha sido la conclusión de quien lidera la bancada de priístas en la Cámara de Diputados, de Manlio Fabio Beltrones, aunque por otro lado y para meter presión han “descubierto” una millonada que no tiene la debida comprobación en las cuentas de Felipe Calderón. En todo esto lo que menos importan son los ciudadanos o los trabajadores o toda la sociedad mexicana. Así que podrán transcurrir los días, y si las peticiones de los panistas no cambian de rumbo, el futuro de Calderón tampoco pueden garantizarlo ni cumplir lo acordado. En medio de todo esto resurgió la figura de Humberto Moreira como amenaza para el empresariado blanquiazul y los empresarios ligados al narco y a la corrupción que supieron ganarse sus aprecios.

Es de esta forma como se está formando un coctel muy explosivo en el que no falta la Suprema Corte de Justicia y los asuntos que, como el de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, siguen entre vaivenes legales. El ex gobernador de Coahuila amenazó con dar a conocer información que sorprenderá a muchos sobre las cuentas y los destinos de la deuda contraída en ese Estado durante su administración. Sus expresiones y el tono de la voz no tienen ningún parecido con los empleados en el pasado reciente, cuando su futuro político brillaba y estaba garantizado.

Sabido es que pese a todo continúa con el respaldo absoluto de Elba Esther Gordillo, incluso su hermano menor de nombre Carlos se encuentra dentro del nuevo “gabinete” de la chiapaneca y es de su círculo cercano. Moreira demanda justicia, dice que al igual que miles de mexicanos que han visto morir a sus familiares. Y, si este sujeto tiene esa petición, ¿cuál tendría que ser la nuestra ante tanta farsa surgida de todos los ámbitos de gobierno? Tema por tema, la situación es la siguiente:

A pesar del hipócrita discurso de los legisladores panistas esgrimido durante la discusión y aprobación de la reforma laboral y la Ley de Contabilidad Gubernamental, la corrupción, la opacidad y la falta de transparencia han caracterizado la gestión de Felipe Calderón. El ejercicio del poder para beneficio personal ha sido su divisa a lo largo de todo el sexenio, al igual que el de su antecesor, Vicente Fox, y el manejo “por debajo del agua” de 387 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, son tan sólo un ejemplo de ello. No les ha importado dejar en el camino, o en la calle, a miles de trabajadores, con decretos, decisiones y acciones de gobierno que sólo beneficiaron a su círculo cercano, que ejerce una funesta y reprobable actividad de coyotaje. La extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que pese a todo han resistido el embate oficial desde Los Pinos, es un caso más que ilustrativo del abusivo ejercicio del poder de la agonizante administración federal.

Ahora, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán la oportunidad una vez más de exhibir de qué lado de la población están y a dónde se ubican sus propios intereses particulares. Ya en múltiples ocasiones dieron fe de que sus decisiones se inclinan a proteger los intereses de los gobernadores en turno y de sus patrocinadores. En el caso de los trabajadores electricistas, tendrán que volver a definir hasta donde llega la justicia en México o cuáles son realmente las limitantes, fijadas por los poderes fácticos, del máximo tribunal del país. El caso es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le solicitó a los togados de la SCJN que se hagan cargo del amparo que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en el cual se reconocen las relaciones laborales de esos trabajadores, su derecho a tener patrón sustituto –que debe ser la Comisión Federal de Electricidad- y en el que se establece que no existió causa para terminar su relación laboral.

Dicho tribunal acordó remitir el expediente a la SCJN luego de que el Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes (SAE) de la gestión calderonista, liquidador de Luz y Fuerza del Centro, impugnó la sentencia, emitida el 13 de septiembre del año en curso. Fue Humberto Cavazos Chema, representante legal del SAE, quien interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1337/2010, que promovieron los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que dirige Martín Esparza, a fin de invalidar la terminación de las relaciones laborales y demandar que la Comisión Federal de Electricidad asumiera su responsabilidad como patrón sustituto de los trabajadores electricistas.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito amparó a los electricistas y resolvió que la “Junta responsable, indebidamente, consideró procedente aprobar la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro se sostuvo con la incosteabilidad financiera, además de que no advirtió que al utilizar la CFE los bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y por ende patrón sustituto”. Con base en los términos de dicha sentencia, la Comisión Federal de Electricidad tiene que recontratar a los 16 mil 599 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no liquidados, tal y como demanda el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, los empleados que durante los casi tres años de litigio llegaron a su periodo de jubilación, tendrán que ser pensionados y recibir también los salarios devengados durante ese periodo.

Así, los añejos togados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán otra vez la oportunidad de demostrar que son un verdadero pilar del Poder Judicial de la Federación, que realmente imparte justicia, o de ratificar que son sólo integrantes de una “Tremenda Corte” que sólo responde a los intereses de los mandatarios en turno.

Lilia Arellano - Opinión EMET