Sigue el
trabajo infantil en minas
Denuncian esa
acción ante la OIT
Carlos Rodríguez Rivera, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, denunció ante la OIT que en México prevalece el trabajo de niños en las minas para “bajar costos de producción”.
Al participar en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil explicó que en los llamados “pocitos” de las minas de carbón los niños y jóvenes que no han alcanzado la estatura adulta resultan muy útiles, porque se les facilita trasladarse por los estrechos espacios.
Además, dijo Rodríguez Rivera, por la forma como están dispuestos los espacios es fácil esconderlos cuando se presentan los inspectores de la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, resulta más barato contratarlos porque les pagan menos que a los adultos.
Prueba de ello, añadió, es el caso de Jesús Fernando Lara, de 14 años y quien sobrevivió a un accidente en el Pocito
Tres de la minera Beneficios Internacionales del Norte, en Sabinas, Coahuila, el 3 de mayo pasado.
El joven, quien apenas cumplió 15 años, ahora vive con un brazo amputado, producto del accidente; además, se tienen pruebas de que ya no estudiaba para dedicarse al trabajo de minería y que le pagaban 900 pesos a la semana.
Rodríguez Rivera se refirió también al caso Ferber, en el que una mina fue inspeccionada en 2009. Varios menores de edad trabajaron en la mina tres años antes de ser registrados para recibir seguridad social, a los 19 años.
Dio a conocer que la Organización Familia Pasta de Conchos ha identificado al menos seis lugares, inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el año pasado, donde laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad.
Todo lo anterior significa una flagrante violación al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, comentó Carlos Rodríguez Rivera.
Carlos Rodríguez Rivera, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, denunció ante la OIT que en México prevalece el trabajo de niños en las minas para “bajar costos de producción”.
Al participar en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil explicó que en los llamados “pocitos” de las minas de carbón los niños y jóvenes que no han alcanzado la estatura adulta resultan muy útiles, porque se les facilita trasladarse por los estrechos espacios.
Además, dijo Rodríguez Rivera, por la forma como están dispuestos los espacios es fácil esconderlos cuando se presentan los inspectores de la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, resulta más barato contratarlos porque les pagan menos que a los adultos.
Prueba de ello, añadió, es el caso de Jesús Fernando Lara, de 14 años y quien sobrevivió a un accidente en el Pocito
Tres de la minera Beneficios Internacionales del Norte, en Sabinas, Coahuila, el 3 de mayo pasado.
El joven, quien apenas cumplió 15 años, ahora vive con un brazo amputado, producto del accidente; además, se tienen pruebas de que ya no estudiaba para dedicarse al trabajo de minería y que le pagaban 900 pesos a la semana.
Rodríguez Rivera se refirió también al caso Ferber, en el que una mina fue inspeccionada en 2009. Varios menores de edad trabajaron en la mina tres años antes de ser registrados para recibir seguridad social, a los 19 años.
Dio a conocer que la Organización Familia Pasta de Conchos ha identificado al menos seis lugares, inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el año pasado, donde laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad.
Todo lo anterior significa una flagrante violación al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, comentó Carlos Rodríguez Rivera.
Fuente: El Financiero en línea
La redada nacional
John
M. Ackerman
Trescientos 10 mil policías
estatales saldrán a las calles esta semana para detener a quien encuentren en
su camino, con tal de aparentar que cumplen con su trabajo. Desde anoche a las
cero horas hasta el próximo domingo 19 de junio, se llevará a cabo un mega
operativo organizado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
en el cual, ante la presión por entregar resultados inmediatos, se revisará e
interrogará indiscriminadamente a miles de ciudadanos inocentes y se allanarán
cientos de domicilios, en franca violación al artículo 16 constitucional. Más
que un operativo, esto será una redada nacional.
Marcelo Ebrard,
presidente en turno de la Conago, anunció esta acción como una señal de unidad
entre los 32 mandatarios locales, ya que independientemente de nuestro origen,
trayectoria y aspiraciones políticas, estamos trabajando por la seguridad.
Tiene razón el jefe de Gobierno. Con acciones como éstas, Ebrard demuestra que
él en particular, y la izquierda en general, no ofrecen nada distinto a los otros
partidos políticos en cuanto a estrategias para combatir la delincuencia.
No es gratuito, por
ejemplo, que Ebrard haya emitido su grandilocuente mensaje acompañado del
gobernador de Chihuahua, César Duarte, un político priísta que ha demostrado
ínfimos resultados en materia de seguridad pública, así como nula sensibilidad
social. Del mismo modo en que Felipe Calderón ha querido combatir el
narcotráfico con vistosos “operativos conjuntos” y estrategias
mediáticas, hoy los titulares de las entidades federativas emulan al maestro.
Oficialmente el operativo
busca detener el robo de vehículos, a transporte y a pasajeros; desalentar
la comercialización de autopartes robadas; recuperar automotores con reporte de
robo en todo el país; combatir el secuestro; detener a los probables
responsables que tengan pendiente el cumplimiento de una orden judicial;
desarticular bandas criminales y verificar los carros con vidrios polarizados o
sin placas en toda la República. Estos delitos aparentemente representan entre
65 por ciento y 70 por ciento de los actos delictivos que afectan a la
ciudadanía y son parte del catálogo de delitos de alto impacto social, aprobado
por la Conago en febrero de 2010.
Nadie puede estar en
contra de que los policías hagan su trabajo, pero habría que preguntarnos por
qué haría falta un “operativo nacional” para que esto ocurra y por qué
éste se aplicará solamente una semana. ¿Acaso no necesitamos que los policías
siempre actúen en coordinación y persigan los delitos de alto impacto? Asimismo,
si realmente fuera necesario concentrar los esfuerzos en una semana, primero se
tendría que llevar a cabo la acción en sigilo para no alertar a los criminales
y después anunciar los resultados de la acción.
Por lo demás, este megaoperativo
mediático coincide con el lanzamiento de una nueva propuesta de los
procuradores de justicia de las entidades federativas en favor de autorizar el
arraigo para todos los delitos graves del fuero común. Actualmente, esta
arbitraria figura del arraigo, que abusivamente elimina la presunción de
inocencia, únicamente se puede utilizar para casos de crimen organizado a
escala federal. Sin embargo, los procuradores proponen una reforma
constitucional para que los policías judiciales locales también puedan detener
y encarcelar hasta por 80 días a casi cualquier persona sin siquiera abrir una
averiguación previa. Se cancelarían así nuestros derechos más básicos y ello
nos dejaría a un paso del establecimiento de un Estado policiaco.
La PGR defiende la
propuesta señalando que el arraigo es una medida cautelar que ha probado su
eficacia en la medida que permite el desahogo de las diligencias de
investigación de una manera correcta, y no se ha acreditado que sea un elemento
de abuso o ineficaz. Casos como el famoso michoacanazo, dirigido por la
actual procuradora Marisela Morales, desmienten de manera contundente tales
afirmaciones.
Así que en lugar de
depurar y profesionalizar la policía en preparación para la eventual necesidad
del retiro de los militares de las calles, se busca garantizar que las fuerzas
civiles tengan la misma impunidad y margen de acción de que han venido gozando
las fuerzas armadas. La aprobación de la propuesta de los procuradores
institucionalizaría para siempre la lógica que ya de por sí caracteriza el modus
operandi de los policías del país, que primero detienen e investigan
después, algo que se desplegó a todo color en el caso Hank Rhon.
En una semana se cumplen
tres años de la tragedia del News Divine, donde murieron una decena de jóvenes
por negligencia policiaca. Urge un cambio radical de lógica para privilegiar la
investigación y la prevención de los delitos por encima de la detención en
flagrancia y la criminalización de la juventud. En lugar de apoyar redadas
nacionales y reformas constitucionales retrógradas, o implementar nuevos operativos
policiacos en contra de fiestas juveniles (véase las declaraciones
recientes de la CDHDF: http://bit.ly/iCfdEq), tanto el gobierno de
la ciudad de México como los estatales tendrían que marcar un alto a la
estrategia suicida de Calderón y demostrar con el ejemplo que es posible
conquistar la paz sin agredir a la sociedad.
Otorga EU
asilo político a defensora de los derechos humanos perseguida por el Ejército
Cipriana Jurado era acosada por asistir a una familia con 3 integrantes
desaparecidos
Planea realizar una gira por el territorio estadunidense para denunciar la situación en el país
Ciudad Juárez, Chih., 12 de junio. El gobierno de Estados Unidos dio asilo político a la defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado, segunda persona amenazada de muerte en Ciudad Juárez que recibe ese beneficio, luego del periodista Jorge Luis Aguirre.
El abogado Carlos Spector dijo que Jurado cruzó a Estados Unidos en 2010. El 10 de junio fue notificada del asilo concedido y a finales de mes planea realizar una gira por Estados Unidos para denunciar la situación prevaleciente en México.
Su solicitud de asilo fue aceptada cuando demostró que el Ejército Mexicano la perseguía por su activismo en favor de una familia de la que tres integrantes –entre ellos dos mujeres– desaparecieron en el ejido Benito Juárez, a finales de 2009.
Según Spector, es la primera vez que una defensora de los derechos humanos recibe asilo político por ser perseguida por el Ejército, y el documento, con vigencia de un año, que las autoridades migratorias dieron a Jurado permitirá que ella y sus dos hijos puedan vivir, trabajar y viajar en Estados Unidos, para luego ajustar su estatus a residentes y después a ciudadanos.
Otra activista que solicitó asilo junto con sus hijos es Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, al igual que Malú García Andrade, quien huyó de Ciudad Juárez luego de ser amenazada y su casa quemada con bombas molotov el pasado febrero, mientras Marisol Valles, ex jefa de seguridad pública del municipio de Praxedis G. Guerrero, escapó ante los amagos de la delincuencia organizada.
En 2008 pidió asilo a Estados Unidos Ricardo Chávez Aldana, periodista de Radio Cañón amenazado de muerte tras la ejecución de dos sobrinos. El mismo año 2008 se le unió Emilio Gutiérrez Soto, de 46 años y corresponsal de El Diario, en Nuevo Casas Grandes; mientras Horacio Nájera, corresponsal de Reforma en Juárez, pidió asilo el año pasado junto a su familia en Canadá.
Fuente: La Jornada
Planea realizar una gira por el territorio estadunidense para denunciar la situación en el país
Ciudad Juárez, Chih., 12 de junio. El gobierno de Estados Unidos dio asilo político a la defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado, segunda persona amenazada de muerte en Ciudad Juárez que recibe ese beneficio, luego del periodista Jorge Luis Aguirre.
El abogado Carlos Spector dijo que Jurado cruzó a Estados Unidos en 2010. El 10 de junio fue notificada del asilo concedido y a finales de mes planea realizar una gira por Estados Unidos para denunciar la situación prevaleciente en México.
Su solicitud de asilo fue aceptada cuando demostró que el Ejército Mexicano la perseguía por su activismo en favor de una familia de la que tres integrantes –entre ellos dos mujeres– desaparecieron en el ejido Benito Juárez, a finales de 2009.
Según Spector, es la primera vez que una defensora de los derechos humanos recibe asilo político por ser perseguida por el Ejército, y el documento, con vigencia de un año, que las autoridades migratorias dieron a Jurado permitirá que ella y sus dos hijos puedan vivir, trabajar y viajar en Estados Unidos, para luego ajustar su estatus a residentes y después a ciudadanos.
Otra activista que solicitó asilo junto con sus hijos es Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, al igual que Malú García Andrade, quien huyó de Ciudad Juárez luego de ser amenazada y su casa quemada con bombas molotov el pasado febrero, mientras Marisol Valles, ex jefa de seguridad pública del municipio de Praxedis G. Guerrero, escapó ante los amagos de la delincuencia organizada.
En 2008 pidió asilo a Estados Unidos Ricardo Chávez Aldana, periodista de Radio Cañón amenazado de muerte tras la ejecución de dos sobrinos. El mismo año 2008 se le unió Emilio Gutiérrez Soto, de 46 años y corresponsal de El Diario, en Nuevo Casas Grandes; mientras Horacio Nájera, corresponsal de Reforma en Juárez, pidió asilo el año pasado junto a su familia en Canadá.
Fuente: La Jornada
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