Gran Bretaña: El derecho a morir
Tony y Jane Nicklinson en su casa en Melksham, Wiltshire, England.
Foto: AP
Foto: AP
LONDRES (apro).- La historia de la pareja británica Tony y Jane Nicklinson era casi perfecta. Ambos se conocieron en Dubai en 1984. Tony trabajaba como ingeniero civil y Jane era enfermera. Durante los siguientes 20 años vivieron una vida confortable y llena de lujos como extranjeros en el Medio Oriente, Malasia y Hong Kong, viajando de forma frecuente junto a sus dos hijas, Lauren, ahora de 25 años, y Beth, de 23.
Tony solía jugar al rugby y se reunía con amigos para beber cerveza y whisky, y rememorar historias del pasado sobre la vida y costumbres en la Inglaterra natal.
Pero en junio de 2005 y cuando sólo tenía 51 años, un ataque cerebral sufrido mientras realizaba un viaje de negocios en Atenas, le cambió la vida para siempre. Los médicos griegos trataron de salvarle a toda costa la vida, algo que ahora Tony lamenta, ya que ésta nunca más volvería a ser la misma.
El británico tiene lo que se llama un síndrome de encerramiento (o locked-in syndrome, en inglés), que significa que su cuerpo está paralizado por completo, aunque su mente está intacta.
Desde entonces ya no puede caminar, hablar, hacer deportes o comer por sí mismo; está reducido a una silla de ruedas y sólo se comunica a través de una tableta electrónica o de una computadora especial.
Como consecuencia de los enormes costos económicos por los tratamientos médicos, los Nicklinson perdieron su hogar, sus amigos y hasta sus perros. Tony creía en un principio que podía recuperarse, pero luego de meses de darse cuenta de la gravedad de su problema de salud, comenzó a evaluar la posibilidad de un suicidio asistido.
El británico sostiene que desde que sufrió el accidente cerebro-vascular, su vida se ha vuelto “gris, miserable, indigna e intolerable”.
Su esposa, que lo ha acompañado durante toda la enfermedad, explicó que aunque en un principio fue una sorpresa para todos que su esposo hablara de suicidarse, “con el tiempo la posibilidad fue creciendo”.
“Fue muy difícil en un principio, pero sabíamos que en algún momento él lo plantearía por el tipo de persona que es. La vida así no es suficiente para él. Dijo que esperaría algunos años para ver si se podía ajustar a esta nueva vida, algo que hizo, incluso esperó mucho tiempo. Pero se ha cansado de esperar”, afirmó Jane.
“Sabíamos que no se ajustaría a esta nueva vida, sabíamos que en algún momento nos pediría morir, y eso es todo lo que quiere hacer”, sostuvo la mujer.
Su decisión había sido tomada y junto a su familia lanzaron a partir de 2010 una batalla judicial en el Alto Tribunal de Londres para que la justicia británica autorizara eventualmente a un médico a quitarle la vida.
Los Nicklinson son conscientes de que pacientes con el síndrome de encerramiento pueden vivir vidas con sentido, de hecho la familia misma contó que sabe de disc-jockeys, escritores y hasta artistas que pueden vivir vidas dignas, dentro de las limitaciones de la enfermedad.
Pero en el caso de Tony, el hombre siente que su vida llegó al límite.
El británico tuvo desde un principio la posibilidad de trasladarse a la clínica suiza de Dignitas, donde el suicidio asistido es legal, pero quiere quedarse en el Reino Unido para batallar en los tribunales por su caso y así lograr que se modifique la ley de eutanasia.
Y su lucha no ha sido en vano, pues el pasado 12 de marzo el magistrado del Alto Tribunal londinense Charles Whittaker autorizó a que el caso de Nicklinson pase a una Corte británica para que en ese fuero sea evaluada la causa por médicos y expertos juristas. El dictamen del juez podría obligar al Parlamento de Gran Bretaña a modificar la legislación sobre asesinatos.
Nicklinson logró así una declaración judicial clave que, en caso de ser aprobada por una Corte, certificará que cualquier doctor que ponga fin a su vida esté protegido contra cargos de homicidio.
Batalla legal
El británico, que es oriundo del bucólico condado inglés de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, quiere que un doctor le realice un suicidio asistido para poner fin a su vida “de forma legal”, y como él, muchos otros puedan hacer lo mismo en el país sin verse en problemas con la ley.
Luego de conocerse el fallo, Jane Nicklinson leyó un comunicado fuera del Alto Tribunal londinense frente a las cámaras de televisión y radio, que esperaban la decisión del magistrado.
“Estoy encantada de que este tema del suicidio asistido salga al aire en la Corte. Los políticos y otras personas no pueden negarse a debatir este tema, y deben dejar de ignorar uno de los tópicos más importantes que enfrenta nuestra sociedad hoy en día”, declaró la mujer.
“Ya no es aceptable que la medicina del siglo XXI esté gobernada por actitudes del siglo XX hacia la muerte”, agregó.
Según Jane Nicklinson, es “muy bueno” que el juez del Alto Tribunal considere que el tema “deba ser debatido en profundidad”.
El abogado defensor de los Nicklinson, el jurista especializado Paul Bowen, sostuvo que el Reino Unido debe contar ahora con “una nueva ley de eutanasia o suicidio asistido” para que “el sufrimiento de Tony tenga un fin, y su derecho fundamental de autonomía y dignidad sea vindicado”.
Por su parte, el representante legal del Ministerio de Justicia británico, David Perry, afirmó en la Alta Corte que Nicklinson “quiere que la Corte autorice de forma positiva y permita como legal el suicidio asistido”.
“Esto no es, ni puede ser, ley en Inglaterra y Gales, al menos que el Parlamento establezca lo contrario”, destacó.
De acuerdo con la cadena de televisión BBC, el caso de Nicklinson “va más allá del suicidio asistido”, ya que su parálisis es tan severa que impediría que reciba asistencia para suicidarse y, en ese caso, su muerte sería considerada como un asesinato.
En ese sentido, destacó que el británico busca un dictamen basado en la Ley de Derechos Humanos, que tipifique en su circunstancia específica, que su derecho a la vida incluya el derecho a suicidarse de una forma humana y a su elección.
En 1993, la Cámara de los Lores, la máxima autoridad judicial de Gran Bretaña, dictaminó en una sentencia histórica que los médicos del país no deben mantener a pacientes con vida si ello conlleva el detrimento del enfermo.
Ese dictamen fue crucial, pues determinó, entre otros aspectos, que el entubado intravenoso a un paciente para mantenerlo hidratado y alimentado debe ser considerado como un tratamiento médico.
Desde entonces, un total de 43 pacientes en estado vegetativo persistente (PVS, por sus siglas en inglés) murieron luego de que las autoridades judiciales ordenaron que ese tratamiento fuera suspendido.
Suicidio asistido
El debate sobre la eutanasia en Gran Bretaña se intensificó en junio pasado, cuando la BBC de Londres emitió un documental del escritor y filósofo inglés Terry Pratchett sobre el suicidio asistido de un millonario británico de 71 años en Suiza.
Choosing to Die (“Eligiendo morir”) narró el caso del hotelero Peter Smedley, aquejado de una enfermedad neuro-motora, padecimiento por el que decidió viajar a la clínica Dignitas para quitarse la vida. Las cámaras filmaron el momento exacto en que puso fin a sus días tras ingerir una dosis letal de barbitúricos.
En Gran Bretaña la eutanasia está prohibida y penada con hasta 14 años de cárcel.
En enero de 2008 una madre británica inyectó “por compasión” una dosis letal de heroína a su hijo, que sufría una lesión cerebral irreversible. Frances Inglis, de 57 años, justificó su acción explicando que sentía que no tenía más remedio que liberar a su hijo, Thomas, del “infierno en vida” que suponía su estado vegetativo. La mujer fue condenada en Londres a cadena perpetua.
En febrero de 2009 un periodista británico confesó haber matado a su amante, que padecía VIH.
Ray Gosling, de 70 años, reconoció en un documental emitido por la BBC que en el pasado ayudó a morir a su pareja, enfermo de sida, cuando los dolores de la enfermedad se volvieron insoportables.
Y en diciembre de 2008, la cadena Sky News emitió el documental del suicidio asistido de Craig Ewrt, de 59 años, quien ingirió ante las cámaras un cóctel mortal de somníferos y murió.
En el resto de Europa también se registraron casos notorios de eutanasia. En julio de 2009 en Suiza, uno de los directores de orquesta más respetados del Reino Unido, Edward Thomas Downes, y su esposa, Joan, se suicidaron en un centro de eutanasia de ese país.
Downes, de 85 años, y su esposa Joan, de 74, “murieron en paz y en las circunstancias que ellos mismos eligieron, con la ayuda de la asociación Dignitas, en Zurich”, según sus dos hijos, Caractacus y Boudicca.
En febrero de 2009, la madre del joven Krzysztof Jackiewicz solicitó a la justicia de Polonia que dejera morir a su hijo, un hombre de 40 años que pasó los últimos 24 en estado vegetativo, luego de sufrir una importante pérdida de masa encefálica.
En Italia, la familia de Eluana Englaro pidió en febrero de 2009 por la eutanasia para la mujer, que sufría de una enfermedad incurable. Eluana fue desconectada de los aparatos que la alimentaban en una clínica, como autorizó una sentencia del Tribunal Supremo, a raíz de un pedido de su padre. La mujer, de 38 años, había permanecido 17 en estado vegetativo.
Y en España, Inmaculada Echevarría, una española que padecía distrofia muscular progresiva, cumplió con su deseo de una muerte digna, luego de que los médicos le apagaron el respirador en marzo de 2007, tras años de lucha por su eutanasia. La decisión había sido aprobada previamente por las autoridades locales.
La eutanasia activa, considerada como la práctica de forma intencionada de terminar una vida para aliviar el dolor y el sufrimiento, es legal sólo en tres países del mundo: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Mientras que el suicidio asistido es legal en Suiza y en tres estados de Estados Unidos: Washington, Oregon y Montana.
El concepto de suicidio asistido se sitúa a medio camino entre el suicidio y la eutanasia voluntaria, que presuponen la clara voluntad de morir por parte del sujeto.
El suicidio asistido tiene en común con el suicidio normal la circunstancia de que es el propio sujeto el que pone fin a su vida, mientras que con la eutanasia voluntaria comparte el hecho de que la muerte ocurre en el contexto de una enfermedad penosa e incurable y con la intervención de un médico.
En el caso de Holanda, donde la eutanasia es legal desde 2000, el proceso se inicia cuando el paciente solicita morir, siempre que sufra un padecimiento insoportable, como una enfermedad degenerativa y para la que no haya tratamiento. Luego, un médico estudia su caso y envía el informe a otro facultativo independiente, posteriormente una comisión analiza la situación, y se ejecuta la eutanasia por parte de médicos.
Tanto en Holanda como Bélgica y Luxemburgo, la eutanasia no es aplicable a personas que sufran depresión o ansiedad ni a ancianos que crean que ya no aportan nada. En todos los casos los médicos pueden recurrir a la objeción de conciencia.
El caso del británico Tony Nicklinson, que busca sentar precedentes en la jurisprudencia de Gran Bretaña, da muestras de que el tema de la eutanasia y el suicidio asistido no está cerrado. Por el contrario, merece de un debate más profundo en un país donde cada vez más pacientes con enfermedades neuro-motoras comienzan a considerar la opción de morir.
El Parlamento británico podría tener la última palabra.
Tony solía jugar al rugby y se reunía con amigos para beber cerveza y whisky, y rememorar historias del pasado sobre la vida y costumbres en la Inglaterra natal.
Pero en junio de 2005 y cuando sólo tenía 51 años, un ataque cerebral sufrido mientras realizaba un viaje de negocios en Atenas, le cambió la vida para siempre. Los médicos griegos trataron de salvarle a toda costa la vida, algo que ahora Tony lamenta, ya que ésta nunca más volvería a ser la misma.
El británico tiene lo que se llama un síndrome de encerramiento (o locked-in syndrome, en inglés), que significa que su cuerpo está paralizado por completo, aunque su mente está intacta.
Desde entonces ya no puede caminar, hablar, hacer deportes o comer por sí mismo; está reducido a una silla de ruedas y sólo se comunica a través de una tableta electrónica o de una computadora especial.
Como consecuencia de los enormes costos económicos por los tratamientos médicos, los Nicklinson perdieron su hogar, sus amigos y hasta sus perros. Tony creía en un principio que podía recuperarse, pero luego de meses de darse cuenta de la gravedad de su problema de salud, comenzó a evaluar la posibilidad de un suicidio asistido.
El británico sostiene que desde que sufrió el accidente cerebro-vascular, su vida se ha vuelto “gris, miserable, indigna e intolerable”.
Su esposa, que lo ha acompañado durante toda la enfermedad, explicó que aunque en un principio fue una sorpresa para todos que su esposo hablara de suicidarse, “con el tiempo la posibilidad fue creciendo”.
“Fue muy difícil en un principio, pero sabíamos que en algún momento él lo plantearía por el tipo de persona que es. La vida así no es suficiente para él. Dijo que esperaría algunos años para ver si se podía ajustar a esta nueva vida, algo que hizo, incluso esperó mucho tiempo. Pero se ha cansado de esperar”, afirmó Jane.
“Sabíamos que no se ajustaría a esta nueva vida, sabíamos que en algún momento nos pediría morir, y eso es todo lo que quiere hacer”, sostuvo la mujer.
Su decisión había sido tomada y junto a su familia lanzaron a partir de 2010 una batalla judicial en el Alto Tribunal de Londres para que la justicia británica autorizara eventualmente a un médico a quitarle la vida.
Los Nicklinson son conscientes de que pacientes con el síndrome de encerramiento pueden vivir vidas con sentido, de hecho la familia misma contó que sabe de disc-jockeys, escritores y hasta artistas que pueden vivir vidas dignas, dentro de las limitaciones de la enfermedad.
Pero en el caso de Tony, el hombre siente que su vida llegó al límite.
El británico tuvo desde un principio la posibilidad de trasladarse a la clínica suiza de Dignitas, donde el suicidio asistido es legal, pero quiere quedarse en el Reino Unido para batallar en los tribunales por su caso y así lograr que se modifique la ley de eutanasia.
Y su lucha no ha sido en vano, pues el pasado 12 de marzo el magistrado del Alto Tribunal londinense Charles Whittaker autorizó a que el caso de Nicklinson pase a una Corte británica para que en ese fuero sea evaluada la causa por médicos y expertos juristas. El dictamen del juez podría obligar al Parlamento de Gran Bretaña a modificar la legislación sobre asesinatos.
Nicklinson logró así una declaración judicial clave que, en caso de ser aprobada por una Corte, certificará que cualquier doctor que ponga fin a su vida esté protegido contra cargos de homicidio.
Batalla legal
El británico, que es oriundo del bucólico condado inglés de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, quiere que un doctor le realice un suicidio asistido para poner fin a su vida “de forma legal”, y como él, muchos otros puedan hacer lo mismo en el país sin verse en problemas con la ley.
Luego de conocerse el fallo, Jane Nicklinson leyó un comunicado fuera del Alto Tribunal londinense frente a las cámaras de televisión y radio, que esperaban la decisión del magistrado.
“Estoy encantada de que este tema del suicidio asistido salga al aire en la Corte. Los políticos y otras personas no pueden negarse a debatir este tema, y deben dejar de ignorar uno de los tópicos más importantes que enfrenta nuestra sociedad hoy en día”, declaró la mujer.
“Ya no es aceptable que la medicina del siglo XXI esté gobernada por actitudes del siglo XX hacia la muerte”, agregó.
Según Jane Nicklinson, es “muy bueno” que el juez del Alto Tribunal considere que el tema “deba ser debatido en profundidad”.
El abogado defensor de los Nicklinson, el jurista especializado Paul Bowen, sostuvo que el Reino Unido debe contar ahora con “una nueva ley de eutanasia o suicidio asistido” para que “el sufrimiento de Tony tenga un fin, y su derecho fundamental de autonomía y dignidad sea vindicado”.
Por su parte, el representante legal del Ministerio de Justicia británico, David Perry, afirmó en la Alta Corte que Nicklinson “quiere que la Corte autorice de forma positiva y permita como legal el suicidio asistido”.
“Esto no es, ni puede ser, ley en Inglaterra y Gales, al menos que el Parlamento establezca lo contrario”, destacó.
De acuerdo con la cadena de televisión BBC, el caso de Nicklinson “va más allá del suicidio asistido”, ya que su parálisis es tan severa que impediría que reciba asistencia para suicidarse y, en ese caso, su muerte sería considerada como un asesinato.
En ese sentido, destacó que el británico busca un dictamen basado en la Ley de Derechos Humanos, que tipifique en su circunstancia específica, que su derecho a la vida incluya el derecho a suicidarse de una forma humana y a su elección.
En 1993, la Cámara de los Lores, la máxima autoridad judicial de Gran Bretaña, dictaminó en una sentencia histórica que los médicos del país no deben mantener a pacientes con vida si ello conlleva el detrimento del enfermo.
Ese dictamen fue crucial, pues determinó, entre otros aspectos, que el entubado intravenoso a un paciente para mantenerlo hidratado y alimentado debe ser considerado como un tratamiento médico.
Desde entonces, un total de 43 pacientes en estado vegetativo persistente (PVS, por sus siglas en inglés) murieron luego de que las autoridades judiciales ordenaron que ese tratamiento fuera suspendido.
Suicidio asistido
El debate sobre la eutanasia en Gran Bretaña se intensificó en junio pasado, cuando la BBC de Londres emitió un documental del escritor y filósofo inglés Terry Pratchett sobre el suicidio asistido de un millonario británico de 71 años en Suiza.
Choosing to Die (“Eligiendo morir”) narró el caso del hotelero Peter Smedley, aquejado de una enfermedad neuro-motora, padecimiento por el que decidió viajar a la clínica Dignitas para quitarse la vida. Las cámaras filmaron el momento exacto en que puso fin a sus días tras ingerir una dosis letal de barbitúricos.
En Gran Bretaña la eutanasia está prohibida y penada con hasta 14 años de cárcel.
En enero de 2008 una madre británica inyectó “por compasión” una dosis letal de heroína a su hijo, que sufría una lesión cerebral irreversible. Frances Inglis, de 57 años, justificó su acción explicando que sentía que no tenía más remedio que liberar a su hijo, Thomas, del “infierno en vida” que suponía su estado vegetativo. La mujer fue condenada en Londres a cadena perpetua.
En febrero de 2009 un periodista británico confesó haber matado a su amante, que padecía VIH.
Ray Gosling, de 70 años, reconoció en un documental emitido por la BBC que en el pasado ayudó a morir a su pareja, enfermo de sida, cuando los dolores de la enfermedad se volvieron insoportables.
Y en diciembre de 2008, la cadena Sky News emitió el documental del suicidio asistido de Craig Ewrt, de 59 años, quien ingirió ante las cámaras un cóctel mortal de somníferos y murió.
En el resto de Europa también se registraron casos notorios de eutanasia. En julio de 2009 en Suiza, uno de los directores de orquesta más respetados del Reino Unido, Edward Thomas Downes, y su esposa, Joan, se suicidaron en un centro de eutanasia de ese país.
Downes, de 85 años, y su esposa Joan, de 74, “murieron en paz y en las circunstancias que ellos mismos eligieron, con la ayuda de la asociación Dignitas, en Zurich”, según sus dos hijos, Caractacus y Boudicca.
En febrero de 2009, la madre del joven Krzysztof Jackiewicz solicitó a la justicia de Polonia que dejera morir a su hijo, un hombre de 40 años que pasó los últimos 24 en estado vegetativo, luego de sufrir una importante pérdida de masa encefálica.
En Italia, la familia de Eluana Englaro pidió en febrero de 2009 por la eutanasia para la mujer, que sufría de una enfermedad incurable. Eluana fue desconectada de los aparatos que la alimentaban en una clínica, como autorizó una sentencia del Tribunal Supremo, a raíz de un pedido de su padre. La mujer, de 38 años, había permanecido 17 en estado vegetativo.
Y en España, Inmaculada Echevarría, una española que padecía distrofia muscular progresiva, cumplió con su deseo de una muerte digna, luego de que los médicos le apagaron el respirador en marzo de 2007, tras años de lucha por su eutanasia. La decisión había sido aprobada previamente por las autoridades locales.
La eutanasia activa, considerada como la práctica de forma intencionada de terminar una vida para aliviar el dolor y el sufrimiento, es legal sólo en tres países del mundo: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Mientras que el suicidio asistido es legal en Suiza y en tres estados de Estados Unidos: Washington, Oregon y Montana.
El concepto de suicidio asistido se sitúa a medio camino entre el suicidio y la eutanasia voluntaria, que presuponen la clara voluntad de morir por parte del sujeto.
El suicidio asistido tiene en común con el suicidio normal la circunstancia de que es el propio sujeto el que pone fin a su vida, mientras que con la eutanasia voluntaria comparte el hecho de que la muerte ocurre en el contexto de una enfermedad penosa e incurable y con la intervención de un médico.
En el caso de Holanda, donde la eutanasia es legal desde 2000, el proceso se inicia cuando el paciente solicita morir, siempre que sufra un padecimiento insoportable, como una enfermedad degenerativa y para la que no haya tratamiento. Luego, un médico estudia su caso y envía el informe a otro facultativo independiente, posteriormente una comisión analiza la situación, y se ejecuta la eutanasia por parte de médicos.
Tanto en Holanda como Bélgica y Luxemburgo, la eutanasia no es aplicable a personas que sufran depresión o ansiedad ni a ancianos que crean que ya no aportan nada. En todos los casos los médicos pueden recurrir a la objeción de conciencia.
El caso del británico Tony Nicklinson, que busca sentar precedentes en la jurisprudencia de Gran Bretaña, da muestras de que el tema de la eutanasia y el suicidio asistido no está cerrado. Por el contrario, merece de un debate más profundo en un país donde cada vez más pacientes con enfermedades neuro-motoras comienzan a considerar la opción de morir.
El Parlamento británico podría tener la última palabra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario