Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 5 de marzo de 2012

México SA- ¡Ayotzinapa vive!- El peor gobierno

México SA
Más pobres, para vivir mejor
Desplome del poder adquisitivo
Miseria, problema estructural
Carlos Fernández-Vega
 
     Quienes se van tras de sí dejan un espantoso tiradero, y quienes pretenden llegar para tomar las riendas nacionales –la misma mierda, pero reciclada– sólo anuncian un mayor costo social. Felipe Calderón se muda de Los Pinos, pero muchos calderonitos de todos los colores y sabores se aprestan a ocupar los mandos gubernamentales para proceder en igual sentido, es decir, más de lo mismo, repetir lo hecho a lo largo de las últimas tres décadas, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, privilegiar a las minorías y depauperar aún más a las mayorías.
¿Cuánto más aguantará el país y sus silenciosos habitantes, en una nación en la que sólo dos elementos crecen con la misma velocidad: la riqueza de los menos y la miseria de los más? El balance es terrorífico, y como bien apunta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, el incremento de la pobreza se ha convertido en un hecho incontrovertible, en un problema estructural. Medido por el índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP, del Coneval), el incremento entre 2006 y 2011 a nivel nacional es de 21 por ciento, lo que demuestra que los programas oficiales de atención a la pobreza únicamente constituyen una aspirina para combatir el cáncer, que se incrementa a paso veloz con el desempleo y la precariedad laboral que enfrentan millones de mexicanos.
La pobreza se ha incrustado en las zonas urbanas, donde vive la mayor parte de los mexicanos. El flagelo ya no es privativo del entorno rural. Si bien la pobreza extrema se ubica en los municipios pobres de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, por citar algunas entidades, donde el problema social es más agudo, durante los últimos años su avance ha llegado a ciudades que concentran la mayor capacidad económica, financiera e industrial de México. Las cifras son contundentes, resalta el CIEN: entre 2006 y 2011 el ITLP rural se elevó 3.8 por ciento, mientras el urbano lo hizo en 29.3 por ciento, de tal suerte que la marginación se ha generalizado.
El retroceso de la calidad del empleo tiene añejas razones, desde que se comenzó a utilizar el salario como uno de los elementos para contener la inflación, estrategia que se aplica desde de los años ochenta; si bien hoy se observan menores tasas de inflación, una parte sustancial de ello es atribuible al deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores. Al no contar con programa económico integral que permita elevar la productividad y competitividad de México, los encargados de la política económica siguen aplicando un mecanismo que, en forma de pobreza e inestabilidad social, se ha vuelto contra sus creadores.
La mejor muestra de lo anterior la constituyen las cifras del ITLP correspondientes al cierre de 2011. Una comparación con el año previo pone de manifiesto que la pobreza aumentó, no obstante un crecimiento económico de 3.9 por ciento. Ello se traduce en que a pesar de contar con un incremento en la riqueza generada, la mala calidad del mercado laboral implicó que al mismo tiempo se elevara la cantidad de personas atrapadas en la pobreza. A nivel nacional la variación del ITLP fue de 3.3 por ciento, en tanto que para la parte urbana fue de 3.9 por ciento y para las zonas rurales de 0.4 por ciento. En resumen, el crecimiento no bastó para evitar el avance de la pobreza.
A nivel estatal el análisis es aún más dramático. En el periodo 2006-2011 algunas multiplicaron su nivel de pobreza de manera alarmante: Baja California (76.7 por ciento), Chihuahua (52.2), Distrito Federal (48.5), Guanajuato (32.9), Nuevo León (69.4), Quintana Roo (49.7), Sonora (51.8) y Tamaulipas (52.9). Son la muestra más clara de que el deterioro del mercado de trabajo conduce a una merma en el nivel de calidad de vida de la población. Cuando la comparación anterior se aplica al lapso 2010-2011 las cifras son igualmente indicativas de que el crecimiento económico no basta para frenar a la pobreza: en 24 estados de la República aumentó la pobreza. Los que mayor incremento reportaron fueron Tamaulipas (16.2 por ciento), Nuevo León (13.2), Sinaloa (10.3), Aguascalientes (9.3), Distrito Federal (9.1), San Luis Potosí (7.3), Chihuahua (6.2) y Quintana Roo (5.5). Para el cuarto trimestre de 2011 el valor del ITLP fue el más elevado para seis estados de la república desde que se realiza su medición: Aguascalientes, Guerrero, México, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas. Otros cuatro se encontraron muy cerca de los niveles históricos más altos: Tamaulipas, Tabasco, Baja California y San Luis Potosí.
En el ámbito rural, el Coneval asegura que con 724 pesos mensuales se puede superar la línea de bienestar mínimo, en tanto que con mil 394 se puede tener bienestar. Lo anterior significa que una persona con ingresos de un salario mínimo (58.06 pesos diarios en 2011) podría, sin problemas, vivir con bienestar en el entorno rural. Una situación similar debería ocurrir para el caso de las urbes, en donde con mil 30 pesos se supera el umbral de bienestar mínimo. La única línea que no se podía alcanzar con un salario mínimo es la de bienestar urbano. “Más allá de que las denominadas ‘líneas de bienestar’ reflejan una realidad que poco tiene que ver con lo que cualquier persona considera vivir bien, es decir, alimentarse tres veces al día, pagar transporte, servicios de salud, servicios educativos, comprar ropa, pagar electricidad, agua, predial y gas, por citar algunos ejemplos, lo que puede afirmarse es que, a pesar de tener mediciones verdaderamente laxas en México, la pobreza vinculada al mercado laboral se sigue incrementando”.
Los ingresos per cápita provenientes del mercado laboral siguen retrocediendo. Si la revisión se realiza en términos reales, considerando pesos de 2005 (cuando el ITLP se conoció por primera vez), lo que se observa es que el ingreso per cápita de 2011 retrocedió 18.3 por ciento respecto a 2006, y 4.5 por ciento en referencia a 2010. Aún más preocupante es la caída si se considera la evolución de los precios de la canasta básica, la que fundamentalmente contiene los alimentos. En este caso el deterioro del ingreso es de 24.6 por ciento respecto a 2006 y de 4.9 para 2010. El problema no es únicamente la falta de empleo, sino que las plazas laborales no brindan ingresos suficientes para los hogares. De nada sirve una precaria estabilidad macroeconómica si no llega al bolsillo de los mexicanos.
Las rebanadas del pastel
Sólo hay que pasearse por las listas de candidatos (al Ejecutivo y al Legislativo) de todos los partidos políticos para saber cuál será el resultado y cómo le irá al país.
¡Ayotzinapa vive!
Carlos Fazio
 
     A casi tres meses de los hechos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, en los que tres personas murieron, cuatro más resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego y 24 fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes, el caso exhibe la manera autoritaria en que se maneja un conflicto social en México. También devela la colusión de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia –en la represión extralegal a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa hubo una coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal– y desnuda el sistema de seguridad y justicia mexicano, que con base en una cultura del engaño y la simulación está estructurado de manera clasista para servir, encubrir y propiciar la impunidad de quienes ostentan el poder.
Los asesinatos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, no debieron ocurrir. Tampoco la muerte del ex paracaidista de la Marina Gonzalo Cámara Rivas, encargado del sistema de cómputo del establecimiento Eva II, quien falleció a consecuencia de quemaduras múltiples al tratar de contener el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina. Si ocurrieron, fue porque alguien en la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro ordenó el uso de armas de alto poder contra estudiantes desarmados que defendían que la escuela siga abierta.
El homicidio de los estudiantes y el incendio de la gasolinera fue producto de la represión violenta. De un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener una manifestación pública. La utilización de la fuerza letal contra civiles siempre debe ser el último recurso. Es una alternativa extrema y excepcional cuando se han agotado todas las vías de negociación y persuasión, y no se puede ejercer de manera arbitraria; es necesario observar los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad, situaciones que no se dieron en el caso de marras el 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reprimir una manifestación de 300 estudiantes –y sin que existan elementos fehacientes del uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines– se utilizaron 165 elementos policiales: 61 de la Policía Federal, 73 de la policía ministerial; 19 de la policía estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales al menos 67 portaban armas de alto poder. Según la prueba de Griess practicada por la Procuraduría General de la República (PGR), 91 por ciento de las armas detonadas pertenecían a policías federales.
Sin entrar en la lógica perversa del sistema, en la cual instancias federales, estatales y ministeriales se encubren y acusan mutuamente para enredar y dilatar el caso, sacar ventajas y pretender eludir responsabilidades –y prescindiendo también de la guerra civil molecular en el estado de Guerrero, donde participan la Zona Militar, la Marina, las procuradurías federal y estatal (incluido un grupo duro de incontrolados locales que gozan de autonomía y tienen presuntos nexos con bandas de la economía criminal), partidos políticos (PRI, PRD, PAN), el sindicato de maestros que controla Elba Esther Gordillo, narcotraficantes y organizaciones guerrilleras en fase de acumulación de fuerzas–, persisten varias preguntas claves:
¿Quién estuvo a cargo del operativo? ¿Quién en la línea de mando dio la orden de que las fuerzas del orden participaran con armas de alto poder al margen de los protocolos antimotines? ¿Quién ordenó disparar y con qué criterios?
¿Por qué si existen evidencias de que el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado, y el ex coordinador de zona de la policía ministerial, David Urquizo Molina, participaron en la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y le sembraron un arma AK-47 de las llamadas cuerno de chivo, sólo han sido destituidos, no están siendo investigados y permanecen libres?
¿Por qué intervino en el caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)? ¿Se intenta vincular a algunos mandos con el llamado cártel Independiente de Acapulco para que la PGR haga un uso político del caso en tiempos electorales? ¿Qué tiene que ver con lo anterior la ejecución de dos policías ministeriales que actuaban como escoltas del subprocurador de Justicia, César de los Santos, el pasado 24 de febrero? ¿Existe una guerra sucia interna por el control de la procuraduría estatal?
Más allá de esas interrogantes, una aproximación a la verdad histórica de los hechos parece evidenciar que hubo un plan predeterminado para cerrar la normal de Ayotzi y de paso incendiar Guerrero. Que en la cadena de mando alguien dio la orden de tirar a matar y modificar la escena del crimen. Después, siguiendo la lógica carroñera del poder, los estudiantes Herrera y Echeverría fueron estigmatizados junto con sus compañeros de Ayotzi, en tanto Cámara, el héroe de la gasolinera, recibió un reconocimiento post mortem tras ser designado por el cabildo local hijo predilecto de Chilpancingo.
La reanudación de clases y el nombramiento de un nuevo director son un triunfo de los normalistas. Se evitó el cierre. ¡Ayotzinapa vive! Pero ahora, en un uso faccioso de la justicia, se está chantajeando a los estudiantes con el incendio de la bomba de gasolina –que bien pudo ser cometido por un agente provocador encubierto– y se quiere criminalizar su protesta atribuyéndoles ataques a las vías de comunicación, delito federal. ¿Acaso se pretende cambiar dos muertos por uno? Y, en el colmo del absurdo, si no fuera moneda corriente: ¿por qué se están haciendo seguimientos a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan? ¿También se busca incriminarlos?
83 años-Magú
El peor gobierno
Hermann Bellinghausen
 
      Hay algo mocho en México. Dispense el lector, no quiero jugar con las palabras. Por supuesto que los gobernantes ahora son mochos, en el sentido religioso-católico, y los medios masivos lo promueven ferviente y rentablemente; más ahora que tenemos encima al siniestro papa alemán de los colmillos afilados. La acepción aquí de mocho se refiere a lo roto, arrancado de un cacho, incompleto. Tal vez sea demasiado presidencialista (esa tendencia tan mexicana) atribuir lo mochado de México al gobierno, pero, sinceramente, ¿habíamos padecido uno más inepto, con el más dañino –por donde se le mire– de los presidentes modernos?
Desde que tengo conciencia política siempre he estado contra los presidentes, nunca me han gustado. Corrupción, manipulación, fraude electoral, represión. Si bien todos cargan con muertes y hechos tipificables como criminales, algunos ganaron a pulso el título de asesinos: Díaz Ordaz, Echeverría y Zedillo, cuando menos. Y no que uno quiera amortiguarles la responsabilidad, pero de algún modo aún podían invocar razones de Estado en términos comprensibles para nuestra razón histórica, y pasaban la prueba del ácido de la opinión pública unos cuántos años, antes de caer en el merecido descrédito.
Hubo un tiempo en que aún se podía creer que la Revolución Mexicana estaba interrumpida, como memorablemente reflexionó Adolfo Gilly desde la cárcel hacia 1970. Era todo un argumento del nacionalismo revolucionario la idea de que había por dónde rescatarla y continuarla. Vaya ilusión. Así que nos podíamos tragar lo de Echeverría-o-el-fascismo para que éste fuera a gritonearles a los gringos en la ONU mientras reverenciaba al compañero Salvador Allende y al camarada Mao. O López Portillo, siempre medio ido, de pronto le soltaba un puñetazo al franquismo agonizante o de un plumazo nacionalizaba la banca.
Candil de la calle, los presidentes priístas apapachaban oficialmente a las revoluciones de Cuba y Nicaragua, negociaban por las de El Salvador y Guatemala, abrían los brazos a los exilados del sur dictatorial en la estela del viejo cardenismo. Los últimos presidentes de la Revolución respetaban en un sentido general lo que es México, con la dosis mínima de nacionalismo soberano para no volver esto un caos sin dueño, abierto a las leyes del mercado. El neoliberalismo implementado por De la Madrid y acelerado por sus sucesores dio origen a un nuevo ciclo histórico, aunque siguiera en pie una cierta idea de Nación.
Pero cuando uno ve en acción a Felipe Calderón Hinojosa, pela lo que dice, checa los espots que protagoniza y sufre las consecuencias de sus decisiones, cabe preguntarse razonablemente: ¿qué le pasa a este cuate?
En el presente suceden cosas que no se pueden entender en términos de Estado soberano y mínimo consenso popular, como la guerra sin fondo ni bordes que deliberada y personalísimamente desencadenó Calderón. No bastan su ¿qué querían que hiciera? contra el crimen, ni la interpretación de su presunta búsqueda de legitimidad tras su robo de urnas. El fraude electoral ya venía en el paquete de la Revolución interrumpida y traicionada. Mas admitamos que nunca antes vimos tanta víctima colateral de una decisión presidencial, ni los millares de asesinatos nunca aclarados, ni escuadrones de la muerte que, como los paramilitares en el sur indígena, nunca existen. Pero no sólo está su guerra sucia, que deja chiquitas a sus predecesoras; también y sobre todo la cadena de determinaciones que enajenan el suelo a los mexicanos y los arroja al vacío de la migración o la degradación in situ. Nunca antes un gobierno nacional ha sido más pernicioso. Ahí, el servil regalo al FMI.
A los gobernantes panistas, y Calderón les gana a todos, les falta una noción dinámica y multidimensional de lo que es México (algo más que pueblitos mágicos). Sabemos que estos blanquiazules salieron charros, tequileros y patrioteros, pero nunca han tenido completa la película. Están mochos. Crecieron entre progenitores que admiraban los cojones de los nazis y frecuentaban curas conspiradores (y el tiempo probaría, a veces pederastas), que respiraban por la herida de los bandidos de Zapata, los rosarios clandestinos en tiempos de Calles, las razones de León Toral, la saga de los cristeros, el hipnotismo reaccionario del Cerro del Cubilete. Nunca entendieron por qué México no reconocía al Vaticano como Estado moderno y no tuviera embajador allí. Vendría Salinas a darles la razón en los años 90.
A partir de Fox se pierden improntas claves: la tradición agrarista, la educación popular, la seguridad social, el exilio español. Los nuevos presidentes crecieron entre curas en universidades privadas y se internacionalizaron a través de las empresas y las financieras. Ni sospechan lo que la gente siente. El pueblo no les importa y nuestra historia les estorba. Con tales mocheces tienen para ignorar los signos del abismo. Si no fueran tan peligrosos, serían un chiste.

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