Aflora la suciedad del golpe a Luz y Fuerza

Arturo Rodríguez García

Aspectos elementales como descripciones detalladas de los activos y pasivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro siguen siendo escamoteados por el gobierno de Felipe Calderón, que en octubre de 2009 disolvió el organismo descentralizado y trasladó su infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad. Este ocultamiento de cifras correspondientes a los estados financieros de LFC prevalece no obstante la reciente desclasificación de algunos de los documentos relativos al proceso de extinción, los cuales muestran ya, con todo, evidencias claras de la naturaleza perversa del decreto calderonista.

Apunto de que se cumplan tres años del decreto mediante el cual el presidente Felipe Calderón extinguió Luz y Fuerza del Centro, prevalece la opacidad en lo relativo a los inventarios de la infraestructura del organismo descentralizado y la incógnita respecto de lo que sucederá en octubre próximo, cuando venza la entrega en comodato de los bienes del organismo descentralizado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El pasado 22 de febrero, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y un grupo de diputados del PRD lograron que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) ordenara la desclasificación de una serie de documentos sobre la extinción de LFC, toda vez que el gobierno de Calderón había determinado mantenerlos en reserva por un periodo de 12 años, lo que fue considerado improcedente por el IFAI.

Entre la información desclasificada figura el convenio mediante el cual el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) asumió la administración de LFC y de un plumazo la otorgó en comodato a la CFE.

El comodato es un tipo de contrato consistente en otorgar a una persona física o moral el usufructo de un bien de manera gratuita pero con un plazo establecido de restitución. Para este caso, el comodato vence en octubre próximo y, de no haber ninguna acción en contrario, se prorrogará por tres años más.

La operación de extinción de LFC se inició con la negativa de la Secretaría del Trabajo, el 5 de octubre de 2009, de conceder la toma de nota al dirigente del SME, Martín Esparza. El mismo día la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación dictaminó en secreto la extinción.

Durante los primeros minutos del 11 de octubre de 2009, Calderón emitió el decreto referido mientras miles de policías federales y soldados tomaban las instalaciones del organismo que abastecía de electricidad a la región centro del país y se realizaban los trámites administrativos para la extinción, considerados inconstitucionales por la dirigencia del SME.

El convenio millonario

El decreto emitido por Calderón estipuló que la administración de LFC recaería sobre el SAE; en su artículo 2 señala que a esta instancia se le otorgaron las “más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación”.

También ordenó que el SAE tomara el control y dispusiera de todos los bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos de LFC.

“(El SAE) tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.”

Bastaron 25 minutos para que el SAE asumiera el control de LFC, recibiera un oficio de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía y redactara el convenio para otorgar en comodato a la CFE los bienes del organismo extinto, así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes.

El trámite fue celebrado por el director del SAE, Luis Miguel Álvarez Alonso, y por el entonces director de Operación de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, actualmente preso tras ser acusado de enriquecimiento ilícito por un monto de 34 millones de pesos.

Luego de las declaraciones de rigor, en las que los funcionarios acreditan su personalidad jurídica y la procedencia de sus acciones, la primera cláusula del convenio establece que el SAE “pone a disposición de CFE los bienes” citados en el oficio de la Subsecretaría de Electricidad. También dispone que sean devueltos los bienes que no sean necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

La segunda cláusula señala que a partir de la firma del convenio la CFE se haría cargo de la operación, mantenimiento y seguridad de los bienes. La tercera faculta a la paraestatal para que realice facturación y cobranza pendientes y entregue al SAE los recursos, y ordena la presentación de un informe mensual sobre el particular, entre otros puntos.

Con generalidades, sin cifras ni especificación alguna, el SAE asumió la extinción y entregó a la CFE los bienes referidos, cuyo valor es de varios cientos de miles de millones de pesos.

Por ejemplo, en el comodato se asentaron sin especificaciones ni costos los listados de plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas y cientos de inmuebles. En una pequeña lista identificada como “Otros bienes necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica”, se lee que éstos se componen de lo siguiente:

Vehículos y equipo de transporte; mobiliario y equipo diverso; materiales contenidos en almacenes; materiales, muebles y equipos de proveedores recibidos con posterioridad al 10 de octubre; subestaciones móviles; plantas de emergencia; torres de emergencia; información administrativa y jurídica; bases de datos de los sistemas de facturación, comercialización, transmisión, control y distribución, y proyectos y obras en proceso.

Fue hasta el 26 de agosto siguiente cuando el SAE y la CFE ratificaron el comodato ante el notario público número 14 del Distrito Federal, Maximino García Cueto.

Inventarios difusos

Luego de conocer las condiciones en que se realizó el convenio y luego el comodato, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, sostiene que la entrega de los bienes de LFC a la Comisión Federal de Electricidad debe declararse nula por violar el procedimiento que se estipuló en los artículos transitorios del decreto.

En entrevista con Proceso, Esparza explica que el decreto instruye al titular del sector para que publique las bases de desincorporación en los tres días hábiles siguientes a la publicación del decreto; pero, afirma, en virtud de que el convenio se celebró 25 minutos después, cuando ya era domingo, día no hábil, se violó el procedimiento establecido por el mismo Calderón.

“La gran pregunta ahora es respecto al SAE, que le transfirió todos los bienes de la CFE en comodato. Nadie sabe qué va a pasar con la infraestructura y eso lo tiene que resolver el Congreso, no el Ejecutivo”, advierte, y señala que el SAE no ha informado sobre el patrimonio de LFC, lo que constituye otra irregularidad.

“Ellos debieron tener acta de entrega-recepción de lo que les dieron a administrar y no la tienen. Debieron elaborar un inventario de la infraestructura y registrarla en la Dirección de Bienes Nacionales. Luego, abrir una página que se pudiera consultar por todos los interesados, pero a la fecha no se ha integrado ningún informe sobre los inventarios”, afirma.

El dirigente sindical asegura que durante estos años y debido a las lagunas jurídicas, lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro bajo el SAE y la CFE es que saquearon sus instalaciones, vehículos y herramientas. Hay, dice, vehículos que se compraron en licitaciones con montos en dólares pero que ya no se utilizaron, lo mismo que contratos con terceros, como con ABB, de subestaciones encapsuladas que no se instalaron.

“Calderón se ufana de la extinción de LFC. No hace mucho dijo que había acabado con una empresa ineficiente y corrupta, pero no dice cómo es que no hay nadie sancionado ni investigado por corrupción y aplica sanciones a corruptos si era parte de su responsabilidad, no como la extinción. Lo único que provocó fue un saqueo horrible que, por las omisiones del SAE, nadie está observando.”

La desclasificación

La justificación de Felipe Calderón para extinguir LFC fue que la empresa no era sostenible “por su probada ineficiencia operativa y financiera”, lo que la hacía inconveniente para la economía nacional y el interés público.

Con una enumeración de razones y recitando cifras millonarias que pintaban al organismo descentralizado como incapaz de sostenerse, el mandatario extinguió LFC y ordenó que se reservaran los documentos relacionados con el procedimiento.

Desde que Luz y Fuerza del Centro quedó extinguida, el SME ha insistido en la inconstitucionalidad del decreto y brindado una serie de argumentos que no han podido sustentarse debido a que el gobierno federal clasificó los documentos que respaldaban el decreto, de manera que cuando el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los trabajadores no pudieron comprobar sus dichos, refiere Martín Esparza.

Con la desclasificación de cuatro documentos, el SME considera que ha empezado a encontrar las claves de la ilegalidad que no había podido comprobar.

Esa información, dada a conocer por Esparza en el programa radiofónico de Carmen Aristegui y cuya copia tiene Proceso, está constituida por una carta de la entonces titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel; por el comodato; por las bases de la extinción, y por un diagnóstico mediante el cual se intentó fundar y motivar la medida.

Al contrastar el contenido de los documentos con el acta de la última sesión del órgano de gobierno de LFC, celebrada en junio de 2009, así como con los estados financieros del organismo, Martín Esparza descalifica lo sostenido por Calderón en el sentido de que el organismo era insostenible y causaba un daño económico al país imputable a los trabajadores.

El acta de la última sesión de la junta de gobierno, celebrada apenas cuatro meses antes de la extinción, en ningún momento contempló la extinción y hasta fueron aprobados los estados financieros.

“Lo que decimos es que Felipe Calderón mintió a la sociedad; por eso reservaron los documentos”, dice.

Añade que, si el asunto hubiera sido un problema económico, se debió dirimir en la instancia laboral competente, pero como no era posible fundar ni motivar una acción de ese tipo, una vez decretada la extinción, a los tres días el SAE demandó la terminación de las relaciones laborales por causas fortuitas y de fuerza mayor.

Para Esparza, el caso del SME ejemplifica el interés del gobierno federal por aplicar mecanismos como los que prevé la reforma laboral que tanto promueve Calderón en sus discursos. La decisión de poner fin a las relaciones laborales por causas de fuerza mayor se aplicó también contra los trabajadores de la sección 65 del sindicato minero, quienes, aun cuando después de mucho litigar obtuvieron el reconocimiento legal de su huelga, fueron dejados en la calle.

Lo que se desprende del informe relativo a los documentos desclasificados es en realidad un alegato sin fundamento, tratando de atribuir a los trabajadores la debacle financiera de LFC, cuando el propio diagnóstico deja ver que el problema financiero fue provocado, afirma.

Para ejemplificar lo anterior, Esparza sostiene que el costo del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) con todo y prestaciones representa 6% de los ingresos de LFC, mientras que se le resta importancia al hecho de que LFC tuvo ingresos por 50 mil millones de pesos, pero compró electricidad por 60 mil millones a la CFE.

El problema, dice, es que la CFE vendía a LFC la electricidad por encima del valor industrial, pero a esta última se le impedía vender a un precio superior al valor industrial. Además, se le impidió avanzar en el desarrollo de generación propia, pues el propósito era entregar la generación a particulares. Añade: “Esos documentos demuestran que la quiebra no fue debido al costo del CCT ni exceso de personal. Las propias cifras que señala el gobierno muestran que los salarios nunca fueron causantes del mal desempeño de LFC”.

Además, indica, los documentos hacen proyecciones de pasivos a 2030, pero mezclan las cifras con las que había al momento de la extinción, generando una crisis financiera virtual para el organismo, pero que no existe. Aunque la SCJN resolvió que el decreto era constitucional, hay dos aspectos que son significativos para el SME. El primero tiene que ver con el hecho de que la Corte dejó a salvo los derechos laborales de los trabajadores, por lo que aún se desahogan miles de demandas en las instancias laborales. Por otra parte, la sentencia consideró que el SME no pudo probar que se falseó la viabilidad financiera.

“No lo pudimos probar –insiste Martín Esparza– porque esos documentos estaban reservados, pero ahora que los tenemos estamos pugnando en instancias internacionales para que se instruya al Estado mexicano la restitución del procedimiento y, ahora sí, poder demostrar que todo fue una farsa de Felipe Calderón con la que dejó en la calle a 44 mil trabajadores.”