Familias levantadas, vivir en el infierno
Leonel Orozco Ortiz, al centro.
Foto: Archivo familiar
Foto: Archivo familiar
Los integrantes de la familia Orozco Medina han vivido un infierno desde hace
más de cuatro años: Agricultores, dedicados al cultivo del aguacate en
Michoacán, fueron cayendo uno a uno. José Iván, encarcelado bajo cargos falsos;
don Leonel y dos de sus hijos, secuestrados y jamás devueltos. Lo que queda del
grupo familiar –que fue violentamente despojado hasta de sus tierras de cultivo–
ha pedido ayuda al gobierno michoacano, a sus instancias de procuración de
justicia y hasta a la Presidencia de la República. Nadie les ha dado respuesta
ni solución.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El matrimonio formado por Leonel Orozco y María
Elena Medina vivía en Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, Michoacán, donde se
dedicaba al cultivo de aguacate. Su vida fue tranquila hasta el 20 de diciembre
de 2007 cuando José Iván, uno de sus seis hijos, fue detenido por militares que
lo acusaron de posesión de enervantes y portación de arma prohibida.
José Iván estuvo preso más de cuatro años; luego fue absuelto por
“desvanecimiento de pruebas”.
Pero mientras él estaba en la cárcel, la familia Orozco Medina fue destruida:
Su padre y sus dos hermanos varones fueron secuestrados, y aunque su rescate fue
pagado, nunca los liberaron. Ni siquiera se sabe si aún están vivos. La familia
asegura además que los secuestradores se posesionaron de sus tierras.
Hoy lo que queda de la familia Orozco Medina vive errante, sin casa, huertos
ni dinero.
Su tragedia es narrada a Proceso por Laura Orozco, una de las hijas de Leonel
y María Elena, quien apoya su testimonio en expedientes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y en denuncias interpuestas ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Michoacán y oficios enviados al exgobernador
del estado Leonel Godoy, así como al entonces procurador local Jesús
Montejano.
José Iván
“El 21 de diciembre de 2007 como a las 2:30 horas, personal militar adscrito
al 37 Batallón de Infantería en Uruapan, Michoacán, establecidos en un puesto de
control móvil a la entrada de la carretera que conduce al pueblo de Santa Ana
Nuevo Zirosto, revisaban los vehículos que circulaban por el tramo carretero San
Francisco Peribán-Nuevo Zirosto”, señala el expediente CNDH/2/2008/217/Q fechado
el 25 de septiembre de 2008 y emitido por Susana Thalía Pedroza de la Llave,
segunda visitadora de la Comisión.
El documento de la CNDH recoge el informe militar (que da una fecha distinta
para la detención), según el cual los soldados le marcaron el alto a una
camioneta “en cuyo interior viajaba una persona de sexo masculino quien detuvo
la marcha y accedió a que se practicara una revisión al interior del auto.
“En la guantera encontraron cuatro cartuchos útiles para escopeta calibre 12,
mientras que en la parte trasera de la cabina se localizaron dos armas largas y
un cargador. El conductor de nombre José Iván Orozco Medina aceptó que eran de
su propiedad y que eran para venderlas. También localizaron un bote de plástico
cubierto con una bolsa color negro sellado con cinta canela, el cual contenía un
polvo blanco (pseudoefedrina).”
Según su versión, los militares detuvieron a José Iván y lo trasladaron al
Hospital Regional de Uruapan, donde lo revisó el doctor Heriberto Herrera
Sánchez, quien en el certificado médico 10496 dictaminó que no tenía “lesiones
aparentes”. Luego lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de
la Federación (MPF) en Uruapan, quien inició la averiguación previa
AP/PGR/MICH/UI/186/2007 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego
reservada y sin licencia.
Pero ese mismo día un perito médico adscrito a la delegación de la
Procuraduría General de la República en Michoacán dictaminó el estado físico de
José Iván; concluyó que “sí presenta huella de lesión traumática externa
reciente”, señala la CNDH.
El 22 de diciembre, acompañado por su abogado Amadeo Sánchez Álvarez, José
Iván rindió su declaración ministerial. Su versión difiere de lo manifestado por
los militares: El 20 de diciembre de 2007, en compañía de tres de sus
trabajadores circulaba por la carretera Peribán-Copetiro en un vehículo Ford,
propiedad de su madre, cuando llegó a una gasolinería donde vio un retén del
Ejército; los soldados le marcaron el alto y él detuvo la camioneta. Se acercó
un militar, quien le dijo que haría una revisión. Sólo lo revisaron a él. “No
encontraron nada ilícito”. Le tomaron una foto y lo dejaron ir. Esto fue hacia
las 4:30 de la tarde.
Cerca de las 22:00 horas de ese día Iván escuchó que golpeaban el portón de
su casa. Soldados irrumpieron y le ordenaron que se tirara al suelo mientras
revisaban el interior de la vivienda. En un cuarto que no se utiliza localizaron
una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 25; no había cartuchos útiles,
solamente el cargador. Los militares tomaron esas dos armas y le preguntaron
dónde estaban las demás. Después lo detuvieron, dice el informe de la visitadora
de la CNDH.
En su declaración Iván afirmó que no sabe nada de la supuesta cubeta que
contenía el polvo y que en el momento de ser detenido, los militares se llevaron
del estacionamiento de su casa una camioneta Ford Lobo gris, modelo 2006. A él
lo trasladaron a la Base de Operaciones Militares de Uruapan y posteriormente lo
pusieron a disposición del MPF.
El 7 de enero de 2008 su padre, Leonel Orozco, presentó la denuncia
P/PGR/MICH/UI/00912008 ante el MPF contra los soldados debido a que el 20 de
diciembre militares ingresaron a su domicilio sin tener una orden judicial,
revisaron la casa y se llevaron detenido a su hijo José Iván, además de sustraer
dinero, varios objetos y las llaves de sus vehículos.
En su oficio del 25 de septiembre de 2008 la CNDH le comunica a Leonel Orozco
que después del análisis lógico-jurídico de la queja, así como de las
constancias que integran el expediente, se “verifica” que los militares
“incurrieron en irregularidades en su agravio y de su familiar, las cuales
también fueron apreciadas por el agente del MPF, por lo que las autoridades
castrenses iniciaron la averiguación 21ZM/35/2008/ESP en contra del personal
militar”.
Los secuestros
Leonel Orozco no dejó de pelear por Iván… hasta que lo desaparecieron, como
lo narró Moisés, otro de sus hijos, en una carta enviada el 28 de septiembre de
2008 al entonces gobernador Leonel Godoy: “El día 3 de julio del 2008 mi papá
fue sustraído de nuestra casa por un comando armado llevándoselo con rumbo hacia
los Reyes de Salgado Michoacán. Al siguiente día llamaron los secuestradores
pidiendo una cuantiosa cantidad (5 millones de pesos) para liberarlo, misma
cantidad que dimos y hasta el día de hoy nunca regresaron a mi padre”.
“Mi papá era minusválido, tenía que estar en silla de ruedas. Para
llevárselo, entre dos hombres lo sacaron de la silla y lo subieron a una
camioneta”, aclara en la entrevista su hija Laura.
Don Leonel no regresó. Y aun más, el menor de sus hijos también fue
secuestrado: “El 8 de abril de 2009 mi hermano de nombre Leonel Orozco Medina,
de 16 años, fue secuestrado en Nuevo Zirosto por personas que andaban vestidos
supuestamente de AFI. Por mi hermano también pidieron un rescate (1.5 millones
de pesos), mismo que pagamos, sin que hasta hoy lo hayan regresado”, indica la
carta de Moisés al gobernador Godoy.
Después del secuestro del adolescente la familia esperó algunos meses. Pero
no pudieron más, el temor los invadió. Decidieron irse de Nuevo Zirosto.
Continúa la carta de Moisés: “El resto de mis hermanos, mi madre y yo, por
temor, nos salimos de Nuevo Zirosto. A mis tíos Jesús y Gaspar los dejamos a
cargo de nuestras casas y del trabajo de las huertas de aguacates. El día 4 de
mayo del 2010 mis tíos fueron sustraídos de sus casas por un comando armado
llevándoselos brutalmente con rumbo hacia los Reyes de Salgado Michoacán”.
Moisés agrega: “El día 9 de mayo mi tío Jesús fue llevado por los
secuestradores a su propia casa para que les entregaran todos los papeles de
compra-venta ante notario, escrituras, facturas de camionetas… que, ante todo lo
que nos había sucedido, mi mamá les había dado a guardar”. De esto hay
constancia en la PGR: Moisés Orozco acudió a denunciar y se abrió la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2010.
–¿Se apoderaron de todos sus bienes?
–Algunos los vendimos para pagar lo que pedían por liberar a mi papá, pero
nos quedaban algunas huertas de aguacate, casas y los vehículos de trabajo
–responde Laura.
“Nos hemos dado cuenta de quiénes son las personas que se dedican a
secuestrar. Son las mismas que plagiaron a mis familiares. Sus nombres son Jesús
García Sandoval, El Pichusa; Mario García Sandoval, El Guarrastra, y Guadalupe
García Sanabria; ellos tres de Nuevo Zirosto. Además David Sandoval Valenzuela,
El Pachareca, quien vive en La Hierbabuena, municipio de Peribá, así como Juan
Carlos y Salvador Esquivel Espinosa, de Peribán de Ramos, además de los hermanos
Rogelio y Francisco Espinoza Vega y Antonio y Juan El Pelón Chávez Núñez, estos
últimos de Los Reyes de Salgado”.
En su texto, Moisés Orozco revela: “Todos ellos son primos, compadres, amigos
y familiares, ya que ellos tienen a su favor (a) los comandantes de la policía,
presidentes municipales, así como a los elementos del Ejército mexicano y a todo
tipo de gobierno en todos los pueblos aledaños. Además mucha gente sabe que
ellos son los que anteriormente se han dedicado a la venta de droga, como
mariguana, cocaína y estupefacientes; incluso a secuestrar a personas y a pedir
cuantiosas cantidades (por su rescate), con la gravedad de que a pesar de que
reciben el dinero, no los regresan, como es el caso de mi familia.
“Hemos presentado las denuncias correspondientes por los hechos antes
mencionados y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, situación
que ha provocado una desesperación familiar, al grado de que no sabemos qué
hacer. Esperamos que se nos haga caso y justicia”.
–¿Se citó a las personas señaladas por su hermano como responsables de
secuestro y de adueñarse de las propiedades de su familia? –se le pregunta a
Laura Orozco.
–No hay ningún avance en la investigación. Los expedientes siguen igual.
Incluso se han negado a proporcionarnos copia. Hace unos días mi madre solicitó
los expedientes; la encargada antisecuestros –no recuerda su nombre– le dijo que
para qué los quería, que mejor no le moviera, que si acaso quería ver a todos
sus hijos muertos.
Moisés
En medio de esta vorágine Moisés Orozco y su abogado lograron demostrar la
inocencia de José Iván: El 8 de mayo de 2012 Marcelino Ángel Ramírez, juez
octavo de Distrito en Michoacán, le concedió la libertad absolutoria en el
proceso que se le instruyó por delitos contra la salud y portación de armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército.
Pero a su salida José Iván no encontró en casa a su padre ni a su hermano
menor.
Y la alegría de haber quedado libre duró poco: El pasado 21 de mayo, como a
las 13:00 horas Moisés –quien seguía investigando qué había pasado con su padre
y hermano secuestrados– salió de su casa rumbo a Uruapan para ver a un amigo del
que la familia sólo sabe que se llama Neto o Ernesto, quien lo acompañaría a
entrevistarse con un agente de la Policía Federal.
“Como a eso de las 12 de la noche del mismo día, vía celular mi hijo Moisés
le mandó un mensaje a mi hija Laura Orozco, diciéndole que le informara a la
Policía Federal con residencia en Uruapan, que la Policía Municipal de
Apatzingán lo estaba siguiendo, que fueran por él. Logré contactar a dicha
policía, pero ellos nos dijeron que por la hora y porque no tenían elementos
suficientes, no podían auxiliarlo”, informó María Elena Medina, madre de Moisés,
al actual procurador de Michoacán, Plácido Torres Pineda, en un oficio enviado
el pasado 28 de mayo.
La familia Orozco nada supo de Moisés hasta el 25 de mayo, cuando el supuesto
amigo con el que se vería, Ernesto, le habló por teléfono a Iván, a quien le
informó que dejaría la camioneta en la que viajaban cerca de una tienda Oxxo en
Uruapan, para que fuera a recogerla. Iván preguntó por su hermano, pero Ernesto
sólo le contestó que no sabía nada de él, agrega María Elena Medina.
“Mi hijo José Iván de inmediato fue a donde le iba a entregar la camioneta el
mencionado Neto o Ernesto, pero encontró el vehículo solo, con las llaves
puestas. Al mentado Ernesto no lo vio por ningún lado. Hasta hoy no sé nada de
mi hijo Moisés. Yo considero que se debe investigar a la policía de Apatzingán
para que ellos digan qué hicieron con mi hijo”, sugiere María Elena al
procurador.
Como antecedente de lo que le sucedió a su familia, en la carta enviada al
procurador Torres Pineda, la señora Medina Vargas anexó fotocopia de un escrito
en el que Moisés narra lo sucedido a su familia. La carta, fechada el 13 de mayo
de 2010, está dirigida al presidente Calderón. De la Presidencia no hubo
respuesta.
“Como podrá ver, como ciudadanos mexicanos seguimos solos, ojalá que ahora
usted nos haga justicia”, pide María Elena a Torres Pineda.
La familia no ha recibido respuesta de la anterior administración estatal, la
de Leonel Godoy, ni de la actual, la de Fausto Vallejo Figueroa, se queja Laura
Orozco y agrega: “Vivimos con miedo, con el temor constante de que atenten
contra otro miembro de nuestra familia. No sabemos qué hacer, a quién acudir.
Hemos perdido todo, nuestras tierras, casas, vehículos y sobre todo el
bienestar, porque sufrimos la pérdida de tres de nuestros seres queridos. Falta
la mitad de nuestra familia.
“En Michoacán los de la maña están protegidos por el Ejército, por las
policías, por funcionarios de gobierno. ¿A quién podemos acudir a solicitar
justicia, a pedir protección? Por eso decidimos denunciar. Hasta donde
lleguemos. Que se conozca el mar de vicisitudes que mi familia padece… un mar
interminable”, concluye Laura Orozco.
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