Enfrentan empresas encuestadoras tasas de rechazo hasta de 70%: investigadores- OFICIO DE PAPEL

Elecciones 2012

Mucha gente teme contestar por la inseguridad; otros, debido al hartazgo con la política

Enfrentan empresas encuestadoras tasas de rechazo hasta de 70%: investigadores

Las diferencias que marcan algunas en favor de Enrique Peña Nieto buscan crear una cultura de depresión y parálisis entre quienes ven casi imposible cerrar la brecha y prefieren no acudir a votar

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Lunes 25 de junio de 2012, p. 5

Las casas encuestadoras en México enfrentan crecientes dificultades para aplicar sus sondeos, con tasas de rechazo hasta de 70 por ciento. Unos temen contestar por la inseguridad, otros por el hartazgo con la política y algunos más no confían en sus números. Sin cuantificar este factor, consejeros electorales, investigadores e incluso las propias empresas –éstas en menor medida– admiten que existe el problema y eso enrarece el clima electoral.

¿Qué origina esta falta de confianza en las encuestadoras? El consejero electoral Lorenzo Córdova explica que desde hace dos años los resultados dados por las empresas no coinciden entre sí, como ocurre con los rangos de 20 puntos o más de diferencia que establecen en la elección presidencial. Además, han anticipado números que acaban siendo completamente distintos, y pone el ejemplo de las elecciones para gobernador en Puebla, Oaxaca o Sinaloa, que parecían muy competidas y al final se resolvieron con márgenes de votación muy amplios.
La raíz de lo que algunos definen como encuestocracia, explica Etelberto Cruz, doctor en ciencias económicas y estudioso del tema en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se encuentra en que los candidatos y empresas de comunicación dan uso político a los ejercicios de demoscopia, aprovechando que no hay transparencia sobre quién paga y los intereses que están detrás de estos sondeos.
Por eso considera que las diferencias que apuntan algunas empresas de más de 20 puntos en favor de Enrique Peña Nieto parecieron insertarse en una estrategia deliberada para propagar la cultura de la anomia. La define como una cultura de la depresión, que busca provocar la inacción, la parálisis de la gente, que ve casi imposible cerrar la brecha entre el priísta y sus contendientes y prefiere no ir a votar o sumarse al puntero, si de todos modos éste va a ganar.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), Gabriela de la Riva, asegura que las 36 casas afiliadas a esa organización –entre las que se encuentran Mitofsky (que eludió dar entrevista para este texto), Berumen e Ibope, entre otras– siguen criterios metodológicos de los países más avanzados y no están dispuestos a arriesgar su credibilidad.
Sin embargo, ella no mete las manos al fuego por las encuestas publicadas en medios de comunicación. No las conozco, dice. Cita los resultados de la publicada en un diario, que merece verse con lupa, porque está fuera de rango.
Desde 1996, el Instituto Federal Electoral (IFE) fijó criterios metodológicos para las empresas encuestadoras, pero no puede sancionarlas. De hecho, muchas no presentan sus datos completos y la sanción se queda en el ámbito social.
Ante las suspicacias, el Instituto Federal Electoral (IFE) convocó hace más de una semana a los encuestadores a un foro donde, según De la Riva, les planteó: Hablan mal de ustedes, ¿qué dicen?, y ahí Roy Campos, la misma presidenta de la AMAI y otros explicaron por qué la disparidad entre unos resultados y otros.
La directora del despacho De la Riva Group reconoce que todavía hay formas de hacer trampitas, aun con metodologías impecables.
Por ejemplo, menciona algunas empresas que mañosamente reducen las letritas de su ventana metodológica. Puede hacer trampita el que quiera y puede. Las trampitas las hacen los medios de comunicación cuando publican encuestas como si fueran nacionales o cuando se presenta el cruce entre candidatos a conveniencia de algunos.

Encuestitis

Córdova está convencido de que, hasta las elecciones de 2009, la coincidencia entre los resultados electorales y las encuestas le dieron una importante legitimidad social y una profusión de su uso político. De hecho, en 2012 se dio un auge. De enero a mayo, el IFE recibió 134 encuestas, más del doble de las 57 registradas en el mismo periodo de 2006.

¿Se ha convertido en un negocio? También, responde Córdova en torno a estos ejercicios, cuyos costos están en la opacidad. Recientemente el Observatorio Universitario Electoral fue de los pocos en anunciar que gastó un millón 100 mil pesos en 3 mil 480 entrevistas efectivas (con una tasa de rechazo de 40 por ciento).

Explica las razones por las que cree que hay tasas altas de rechazo: El desencanto con la política y el debate que desde hace un par de años ha suscitado una falta de confianza hacia las encuestas, además de los indecisos, que prefieren no responder.

El origen de esta incertidumbre, explica, es la diferencia de resultados. El escenario más grave, comenta, fue el ocurrido en Michoacán, donde los tres candidatos (a la gubernatura) se declararon ganadores, porque no hubo un conteo rápido oficial. Por este motivo señala que el ambiente electoral se está enturbiando, y expone que si bien las encuestas han sido motivo de polémica, los conteos rápidos deberán elaborarse con mucha seriedad, porque serán esenciales para dar certeza a la población entre el cierre de las casillas y la difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La presidenta de la AMAI defiende a las encuestadoras porque los candidatos van y vienen, nosotros no; de 8 a 12 por ciento de nuestro trabajo son estudios políticos y el resto es para productos de consumo o empresas de servicios.

Vendemos credibilidad, sentencia, aunque admite que entre las razones del rechazo a los cuestionarios puede estar la imagen de las encuestadoras, pero no es la más importante; hay hartazgo por tanta publicidad política.

Llamadas incómodas

Prevé que el rechazo a responder aumentará a medida que aparezcan las push pulls, llamadas telefónicas de propaganda política disfrazadas de encuestas y efectuadas por call centers y no por empresas profesionales.

No obstante el uso tendencioso que se puede hacer de los estudios de opinión pública, Agustín Porras, investigador de la UAM y autor del libro El papel de las encuestas en las elecciones de 2000, confía en que las empresas no van a perder. La mayoría de la población no está entrenada en la aritmética política, lamenta.

–¿Y por eso las empresas encuestadoras pueden hacer lo que quieran?

–Exacto, es un terreno fértil para falsear los datos –responde el investigador.

Apunta esa responsabilidad sobre todo a los formadores de opinión pública, quienes bombardean a la gente con interpretaciones de datos a conveniencia de determinados intereses.

Invade el miedo al TEPJF

24. junio, 2012Autor: Miguel Badillo *Oficio de Papel

El miedo se apodera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.

Convencidos de que cualquier resultado electoral del próximo domingo, en donde está en juego la Presidencia de la República y una vez más la alternancia en el poder, generará reacciones violentas en el país, los magistrados ordenaron que las puertas de ingreso al Tribunal fueran blindadas, en especial la correspondiente a la Sala Superior (en donde sesionan), que tiene acceso por la avenida Carlota Armero, en el Distrito Federal.

Con la omnipotencia que ejercen estos siete servidores públicos, no tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones y mucho menos del ejercicio que hacen del dinero público; sin embargo, para justificar el cuantioso gasto del blindaje argumentaron que estaban preocupados y asustados por su seguridad personal. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a 300 mil pesos, más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.

Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo.

Pero el abuso del dinero público en este órgano de impartición de justicia, que después del 1 de julio resolverá las controversias en materia electoral y las impugnaciones que presenten los actores políticos por la elección del presidente, de gobernadores, de jefe de gobierno, de diputados federales y de senadores, va más allá. Los siete magistrados, cuyo presidente es el doctor José Alejandro Luna Ramos, tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente del país; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas el magistrado no desembolsará un sólo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados son los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién es el presidente electo, necesitan más estímulos económicos que los alejen de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por ello, votaron a su favor para asignarse esta misma semana un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno, lo que representa para ellos “apenas” dos meses de salario.

Seguro que con tanta protección, blindaje y bonos económicos extras para su “protección”, los magistrados del Tribunal Electoral deben saber algo que los más de 100 millones de mexicanos ignoramos, y que puede ocurrir en las próximas elecciones. No encuentro otra justificación para tal despilfarro, abuso de poder y tráfico de influencias en beneficio de ellos mismos.

Más bonos para los “humildes” magistrados: el dispendio continúa y todos los trabajadores de ese órgano electoral recibieron hace unos días un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono equivalente a un mes de salario. Son tantos bonos que prácticamente trabajar en dicho órgano del Poder Judicial les permite duplicar su ya de por sí oneroso salario.

El TEPJF ha dispuesto también que sus siete magistrados no gasten su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal paga como “atención a magistrados”.

Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPod; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.

Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y alimentación, también en participar en la recomendación de su personal y de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios dentro del Tribunal. Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.

Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado, y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 millones y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró cuatro meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.

Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del TEPJF para que su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo y Nava Gomar.

Nuevamente el espacio me ha ganado y queda pendiente seguir con el tema de las presiones a la primera mujer procuradora general de la República. Hasta el próximo domingo y felices elecciones, señores magistrados.

*Periodista

[TEXTO PARA TWITTER: Oficio de papel: magistrados del tribunal electoral, blindados con cientos de miles de pesos…]

Fuente: Contralinea 290