Blowback o los imposibles dilemas de los poderes en decadencia- Paraguay: democracia quebrantada- Las cumbres y los derechos humanos

Blowback o los imposibles dilemas de los poderes en decadencia

Immanuel Wallerstein

 

        Blowback (sin traducción al castellano hasta el momento) es un término acuñado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Originalmente eran las consecuencias negativas no intencionales que sufría un país a partir de sus propias operaciones de espionaje. Por ejemplo, si una operación secreta de la CIA conducía a un ataque de revancha contra individuos estadunidenses que no estaban en conocimiento de la operación de la CIA, esto se consideraba blowback. Pero en los días que corren muchas operaciones no son para nada tan secretas (por ejemplo el uso de aviones no tripulados –drones– en Pakistán y Yemen). Y los ataques en revancha con frecuencia se confiesan públicamente. No obstante, los países no dejan de involucrarse en tales operaciones.

       Requerimos un definición más útil del fenómeno blowback para explicar por qué y cómo ocurre por todas partes. Pienso que el primer elemento es que los países que se involucran en tales operaciones son hoy poderosos, sí, pero menos de lo que solían ser. Cuando estaban en el pináculo de su poderío podían ignorar el blowback como consecuencia no intencional menor. Pero al ser menos poderosos que antes las consecuencias no son tan menores y no obstante parecen sentir la necesidad de proseguir las operaciones con mucho más vigor y mucho más abiertamente.

       Analicemos dos famosas instancias de lo que llamamos blowback. Una se refiere a Estados Unidos. En la década de 1980 Estados Unidos deseaba expulsar de Afganistán a las fuerzas armadas soviéticas. Por tanto, apoyó a los mujaidines. Uno de los más famosos líderes de los grupos a los que apoyaron fue Osama Bin Laden. Una vez que las fuerzas soviéticas se retiraron Bin Laden creó Al Qaeda y comenzó a atacar a Estados Unidos.

        Otra instancia famosa se refiere a Israel. En la década de 1970 Israel consideraba a Yasser Arafat y a la OLP como sus principales oponentes. Al buscar debilitar la fuerza de la OLP entre los palestinos le brindó ayuda financiera a la rama palestina de la Hermandad Musulmana, lo que se conoce como Hamas. Conforme Hamas creció debilitó un tanto a la OLP. Pero hasta cierto punto Hamas se tornó mucho más vehemente y un oponente más efectivo contra el Estado israelí de lo que había sido la OLP.

       Hoy todo mundo conoce estos ejemplos. Podrían citarse también otros que implican a Gran Bretaña y a Francia. Pero esto no pone fin a los países que sufren el fenómeno blowback. ¿Por qué entonces continúan comportándose de modo tal que parece minar sus propios objetivos? Hacen esto precisamente porque su poderío está en decadencia.

       Necesitamos mirar el asunto como algo que tiene que ver con la temporalidad de las políticas estatales. Ocurre blowback cuando un poder en decadencia se involucra en conductas que en el corto plazo logran algún objetivo inmediato pero que, en el mediano, hacen que su poder decaiga aún más y más rápido, y como tal, en el más largo plazo, entrañan una derrota propia. Las operaciones encubiertas en realidad ya no funcionan en términos de los objetivos de largo plazo de un país.

       Para atenerme a los ejemplos que he puesto: ¿No entienden esto el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu? Y si lo entienden, ¿por qué continúan con sus operaciones y aun alardean de ellas? De hecho, pienso que estos dos hombres entienden la ineficacia de estas operaciones y también lo hacen sus agencias de inteligencia. Pero enfrentan dilemas inmediatos.

        Primero que nada son políticos e intentan, en cualquier caso, mantenerse en el poder. Ambos enfrentan fuerzas políticas poderosas en sus países que piensan que no son lo suficientemente halcones. Y ninguno de ellos enfrenta a fuerzas políticas poderosas que quieran una revisión radical de sus políticas nacionales. En resumen, la extrema derecha en cada uno de estos países es muy fuerte y la izquierda, aun la moderada, es débil. La razón subyacente de esto es que en ningún país la opinión pública acepta la realidad de la decadencia relativa del poder de dicho país.

         Lo que los líderes pueden hacer, a lo sumo, es esconder que les pesan los pies un poco. Pero dada la transparencia de facto de sus actividades de inteligencia pueden hacer esto únicamente de vez en cuando. Y entonces se dan cuenta de que deben proseguir con políticas que saben que no funcionarán en el largo plazo pero que en el corto los mantendrán en el poder.

        Existe otra razón. Obama no ha renunciado a un sueño imposible –retornar a Estados Unidos su posición de hegemonía indisputable. Y Netanyahu no ha renunciado a otro sueño imposible –un Estado de Israel en toda la extensión del mandato británico anterior. Y si no renuncian a estos sueños ciertamente no podrían ayudar a que sus pueblos asuman las nuevas realidades geopolíticas del sistema-mundo y las realidades de la decadencia relativa del poder de su país.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Paraguay: democracia quebrantada

         Es meridianamente claro que el juicio político realizado ayer en contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la posterior destitución de que fue objeto por parte del Senado de ese país, no estuvieron motivados por un presunto mal desempeño del mandatario en sus funciones, como alegaron los legisladores que avalaron la revocación del mandato presidencial. La improcedencia de las acusaciones en contra del gobernante –a quien se achaca la responsabilidad directa por la muerte de 17 personas en el desalojo de una finca del ex senador Blas Riquelme, el pasado 15 de junio–; la celeridad con que se resolvió el proceso –en tan sólo dos días y sin tiempo suficiente para elaborar una adecuada defensa del acusado– y la clara prevaricación en que incurrieron los integrantes del Senado paraguayo erigido en tribunal –cuya sentencia se conocía con antelación a la realización del propio juicio–, hacen inevitable concluir que lo que ocurrió ayer en el país sudamericano, por más que haya estado revestido de formalidad legal, fue un acto golpista de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

        La asonada padecida por el gobierno de Asunción ha confirmado el talante antidemocrático del Partido Colorado (derecha), que gobernó ese país entre 1947 y 2008, y cuyo desempeño como fuerza opositora durante el mandato de Lugo se caracterizó por bloqueos legislativos sistemáticos a las reformas propuestas por el presidente y amagos recurrentes de juicio político en su contra. Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico, que formó parte de la alianza partidista que impulsó a Lugo a la presidencia de Paraguay en 2008, terminó por dar la espalda al mandatario, participó en la conjura con la formación política derechista y exhibió, así, su carácter oportunista, su vocación de traición a los electores y la miseria del conjunto de un grupo de políticos paraguayos que ha dado la espalda, desde hace mucho, a los ciudadanos.

       En suma, como se señaló ayer en este mismo espacio, el episodio paraguayo es revelador de los escollos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos cuando deciden alejarse, así sea un poco, de los postulados neoliberales y confrontar estamentos políticos y económicos privilegiados, enquistados en las instituciones públicas y renuentes a ceder un ápice en sus históricos privilegios, aunque ello implique la subversión de los principios democráticos y de la voluntad popular. Para efectos prácticos, la conjura oligárquica que se consumó ayer en el Senado paraguayo equivale a una restauración del régimen autoritario que prevaleció durante más de seis décadas hasta antes de la elección de Lugo en 2008, y cuyos primeros ribetes represivos tuvieron lugar ayer mismo, con las agresiones de elementos de la policía en contra de la resistencia popular que se congregó en la Plaza de las Armas de Asunción para respaldar al mandatario.

        Por lo demás, el episodio da cuenta de una involución inadmisible y riesgosa de la institucionalidad democrática en la región, y confirma el patrón golpista que viene afectando a diversos gobiernos y países desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales; se repitió en escala menor en Bolivia en 2008; logró, un año más tarde, subvertir el orden democrático en Honduras, y se reprodujo, sin éxito, en la sublevación policiaca contra Rafael Correa en Ecuador, en 2010. Hoy, a la conjura de las derechas paraguayas en contra de Lugo se suma un hecho adicional de preocupación: la revuelta policial que se extiende en territorio boliviano y que podría ser utilizada como un nuevo elemento de desestabilización por los potentados de ese país contra el gobierno de Evo Morales.

         Semejante tendencia debería obligar a los gobiernos de la región, que ayer se pronunciaron en contra de la destitución de Fernando Lugo, a activar los mecanismos a su alcance para desconocer y ejercer presión sobre el nuevo régimen paraguayo, emanado de una acción de quebranto a los principios democráticos y carente, en consecuencia, de legitimidad alguna. Tal respuesta es por demás necesaria en el momento presente, no sólo por elemental compromiso democrático y por solidaridad con las expresiones de resistencia popular que se han iniciado en Paraguay, sino porque una concesión a los golpistas, como ocurrió en la propia Honduras, podría alentar a las oligarquías regionales a repetir esa experiencia en otras latitudes, generar graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y causar una regresión histórica inadmisible.

Las cumbres y los derechos humanos

Miguel Concha

 

       Dos cumbres mundiales en el lapso de una semana: la llamada cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G-20), efectuada del 18 al 19 de junio en Los Cabos, Baja California, y la Cumbre de la Tierra 2012 (Río +20), el 20 y 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, nos plantean enormes retos para la reflexión y la acción desde el enfoque de derechos humanos. Para quienes promovemos y defendemos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, es inaceptable que se discutan y tomen decisiones globales sobre las crisis que padecemos, el crecimiento económico que necesitamos y el desarrollo sustentable que nos urge, al margen de los derechos de personas, pueblos y comunidades.

        La estabilidad financiera que se privilegia en el G-20 no es suficiente. Es fundamental modificar el rumbo de la economía productiva, y ponerla al servicio del empleo decente, la inclusión, la cohesión social y el desarrollo reconocido como un derecho. En otras palabras, abandonar el modelo que en 30 años ha mostrado su ineficacia. El Informe Social Watch 2012, Desarrollo sustentable: el derecho a un futuro, cuyo lanzamiento mundial se llevó a cabo precisamente en Río de Janeiro esta semana, afirma: Se necesita un cambio radical de este sistema económico que sigue produciendo marcadas desigualdades económicas y sociales en todo el mundo.

        Además, es decisivo introducir mecanismos de regulación y control gestionados democráticamente, capaces de fomentar y proteger los derechos humanos en lugar de los privilegios de las empresas (p. 28). En el capítulo sobre México –coordinado por Equipo Pueblo, punto focal de Social Watch en nuestro país, y la coalición de organizaciones civiles mexicanas Espacio DESC–, el informe subraya el camino insustentable por el que transitamos, con megaproyectos de diversa índole y políticas ambiental y socialmente irresponsables, ajenas a un enfoque integral de derechos humanos (pp. 142 y 143).

         Las cumbres G-20 y Río +20 no cuestionaron el modelo de desarrollo actual. Tampoco las políticas, programas y proyectos implementados en ese marco. No abordaron por tanto las causas estructurales de los problemas que enfrentamos las sociedades y el planeta entero. Por el contrario, como lo alertaron cientos de organizaciones civiles, sociales y redes, en las cumbres de los Pueblos que se desarrollaron previa y paralelamente a los eventos oficiales de Los Cabos y Río, los gobiernos no sólo reivindicaron el modelo, sino que delinearon medidas que incrementarán el poder del capital trasnacional y especulativo, a costa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos.

        Al respecto, la Red Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés) dio a conocer también esta semana un llamado a proteger los bienes comunes, ¡no los bancos!, en el que señala que ambas cumbres refuerzan un modelo de desarrollo basado en la privatización de los bienes comunes, el parasitismo financiero sobre la economía real y la profundización del esquema de libre comercio e inversiones. Pese a las enormes diferencias de legitimidad, por ser la del G-20 un espacio informal, y la de Río +20 una reunión de las Naciones Unidas, las dos cumbres fueron vistas como espacios para legitimar el creciente control corporativo sobre los bienes comunes, particularmente en lo tocante al tema del llamado crecimiento o economía verde. Sólo el discurso y el escenario de Los Cabos fueron verdes. En la declaración final de la Cumbre de los Pueblos contra el G-20, impulsada por la Coalición Mexicana y Sudcaliforniana, y por otras organizaciones sociales, movimientos y redes de alrededor de 30 países, se denuncia que el G-20 muestra la alianza entre las elites tecnocráticas/políticas globales con el poder corporativo multinacional.

         Una alianza en la que los estados, convertidos en guardianes de la competencia comercial y de los derechos de los inversionistas, olvidan su papel de garantes de derechos de la ciudadanía y de las comunidades. La declaración equipara esta alianza con una especie de privatización del Estado, en el que las corporaciones mundiales toman decisiones que nos afectan a todas y todos. Y denuncia que ante la lucha de los pueblos por sus derechos, la respuesta es la criminalización de la protesta social. Acerca de esto, podríamos dar numerosos ejemplos de cómo en México y otros países, las personas y comunidades –que exigen ser informadas y consultadas sobre la implementación de determinadas políticas y proyectos; defienden a la naturaleza y las comunidades del despojo, la sobrexplotación y la destrucción, y se oponen y resisten frente a la imposición de megaproyectos con alto costo ambiental y social– son finalmente hostigadas, reprimidas, criminalizadas, desaparecidas e incluso asesinadas.

         Por eso y más, en el referido informe de Social Watch se insiste en que corresponde al Estado ser el principal impulsor de la sustentabilidad, fomentando una amplia alianza con la sociedad civil y el mundo de los negocios, para promover con decisión un modelo de desarrollo viable. Por ello resulta tan importante continuar enlazando los procesos, las luchas y las alternativas compartidas desde la sociedad civil esta semana en las Cumbres de los Pueblos de México y Brasil, en las que la demanda ha sido clara y unánime: la crisis multidimensional y global que vivimos exige un cambio profundo, un cambio de modelo, de sistema, que no puede ser solamente económico. Debe trascender a las formas de pensar y actuar, a nuestro modo de convivir entre las personas y con la naturaleza.