El duopolio se consolida... y quiere más
Después de que la Comisión Federal de Competencia aprobó la fusión
Televisa-TV Azteca en Iusacell, especialistas y competidores en el terreno de
las telecomunicaciones señalan que las condiciones “impuestas” a los gigantes de
la televisión abierta –entre ellas la licitación de la tercera cadena de
televisión digital terrestre a más tardar el último día del sexenio– no eliminan
el riesgo de que se coludan. Por una orden de Los Pinos, dice la AMEDI, “la CFC
ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de
un plumazo la escasa competencia que existía”. Aun así, las televisoras ya
buscan cómo darle la vuelta a las condiciones, que consideran excesivas.
El desenlace del proyecto de fusión de Televisa y TV Azteca, a través de la
sociedad al 50% en el Grupo Iusacell, la tercera empresa de telefonía celular
más importante del país, no dejó satisfechos a los involucrados, a los
especialistas ni a las principales empresas vinculadas con las
telecomunicaciones y con la industria publicitaria del país.
En todo caso los más satisfechos fueron los operadores de Los Pinos, que
consideran esta medida como uno de los mejores legados del calderonismo en esta
materia, aunque la decisión se haya tomado en uno de los momentos más delicados
del proceso electoral federal y en medio de severas críticas de los jóvenes
universitarios y de la prensa extranjera al poder desmedido que concentran las
dos mayores empresas de televisión abierta en México.
Con un voto dividido de cuatro contra uno, la aprobación de la Comisión
Federal de Competencia (CFC), el organismo responsable de evitar las prácticas
monopólicas, está condicionada al cumplimiento de siete medidas –entre ellas la
licitación de una tercera cadena de televisión digital terrestre– y, si éstas no
se cumplen en dos años, “detonará automáticamente el mecanismo de disolución” de
la sociedad Televisa-Iusacell.
Esta sociedad, anunciada en abril de 2011, implicó que Televisa invirtiera
mil 565 millones de dólares de la empresa en deuda convertible en acciones y
37.5 millones de dólares en capital, es decir, un total de mil 600 millones de
dólares.
El 24 de enero pasado, por tres votos contra dos, el pleno de la CFC rechazó
la fusión. Pero en esta ocasión, tras intensas negociaciones y presiones de
Televisa a través de sus funcionarios y mediante los representantes de Los
Pinos, la CFC decidió aprobarla a cambio de estas siete condiciones.
Las otras seis condiciones son: la no discriminación en la venta de
publicidad en las pantallas de Televisa y de TV Azteca a las otras compañías de
telecomunicaciones (Telcel, Nextel, MVS y Telefónica, entre otras); la
prohibición de las “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell y
la venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida, segmentos
en los que Televisa y TV Azteca acaparan 88% de las frecuencias (224 concesiones
para Televisa y 180 para TV Azteca), 90% de los contenidos y 57% de la
publicidad en medios.
La CFC también estableció como requisitos la prohibición del llamado
“empaquetamiento” de los canales de televisión abierta a los concesionarios de
televisión restringida y la prohibición de que Televisa participe en la empresa
Total Play, de TV Azteca.
La resolución incluye un anexo firmado por los secretarios de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña, y de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez
Jácome, así como el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), Mony de Swaan, y el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, para
que se publique la convocatoria para la licitación de las frecuencias de
televisión abierta en tecnología digital “a más tardar el 30 de noviembre de
este año”, un día antes de que termine la administración calderonista.
El acuerdo indica que los secretarios de Estado y los presidentes de los
órganos reguladores “manifiestan su compromiso de conducir, procurar y/o apoyar,
en la esfera de sus atribuciones, los procesos regulatorios y la toma de
decisiones” para que se realice puntualmente la licitación de la tercera
cadena.
Este documento no establece ninguna sanción a los funcionarios que incumplan
lo establecido. Especialistas involucrados en las negociaciones consideraron que
se trata de un “acuerdo de buena fe”.
El plan B
Los primeros en reaccionar fueron los voceros y representantes jurídicos del
Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca y de Iusacell. Luis Niño de Rivera
calificó de “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones de
la CFC.
Niño de Rivera afirmó que uno de los requisitos “más graves” es el plazo de
dos años para disolver la sociedad en caso de no licitarse de manera exitosa una
tercera cadena de televisión abierta: “Si no se lleva a cabo la licitación por
razones ajenas a las empresas, ¿en qué precepto legal puede sustentarse la CFC
para disolver la existencia de la inversión? Yo esperaría que no se llegue a ese
extremo ridículo”.
Más cauto, el Grupo Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de
Valores señalando que analizará los términos y condiciones impuestos por la CFC
para aceptarlos o impugnarlos en un plazo de cinco días, a partir del 14 de
junio.
Este anuncio benefició al conglomerado en la Bolsa Mexicana de Valores. La
cotización de sus acciones cerró con un alza de 3.5%, después de haber perdido
más de 20% al conocerse el rechazo inicial a la fusión en febrero pasado.
El comisionado presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, declaró a la prensa
que si las empresas no aceptan en cinco días, tienen la libertad de no
concentrarse: “Si el perro ya no existe, ya no hay rabia. Nosotros atacamos la
rabia a través de estos compromisos y, si no les gusta, pues ya no hay perro y
ya no hay rabia. Es una decisión que está en manos de ellos”.
Observadores consultados por Proceso coinciden en que, acepten o no las
condiciones del regulador, Grupo Iusacell ya ganó porque la inyección de mil 600
millones de dólares del Grupo Televisa permitió sanear las finanzas de la
empresa, que tenía severos problemas con su deuda.
Además, existe un “plan B” por si no aceptan las condiciones de la CFC: la
alianza con la empresa española Telefónica Movistar, la segunda empresa más
importante de telefonía móvil en el país, hasta hace meses un enemigo acérrimo
del Grupo Iusacell y que se mantuvo al margen de la guerra de las dos
televisoras contra Telcel-Telmex, de Carlos Slim.
Dos días antes de que se conociera la resolución de la CFC, el Grupo Iusacell
firmó un acuerdo con Telefónica para aumentar la penetración del servicio móvil
y beneficiar a más de 27 millones de usuarios, a través del servicio de roaming
y de la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica que permitirá aumentar
la calidad, cantidad y velocidad de los servicios.
Telefónica y el Grupo Iusacell afirmaron que a través de esta alianza tendrán
cerca de 30% del mercado de telefonía móvil, que controla Telcel.
Juan Abellán, presidente ejecutivo de Telefónica, dijo que la alianza busca
beneficiar la competencia, en contra de “un monopolio que ha impedido que
millones de mexicanos accedan a los beneficios de la tecnología por los altos
precios de los servicios”, en clara referencia a Telcel.
Unos meses antes de esta resolución, la CFC le canceló la “megamulta” de mil
millones de dólares a Telcel a cambio de que cumpliera cinco condiciones en
materia de interconexión. Esta resolución dejó sin efecto, en los hechos, el
acuerdo que establecieron Telefónica y Telcel en diciembre de 2010 en materia de
tarifas de interconexión, que aceleró la disputa entre las televisoras y
Slim.
Nextel, que fuera socio del Grupo Televisa en la polémica Licitación 21 de la
banda 1.7Ghz, afirmó que no resultará afectado si se concreta la fusión
Televisa-Iusacell:
“En nuestro escenario más competido ya habíamos descontado que se diera la
unión”, afirma Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel en México. Antes de que
se diera a conocer la resolución de la CFC, la Fundación Nextel convocó a un
concurso para documentar la “propiedad cruzada de los medios” de comunicación en
México, en referencia a los riesgos de la alianza entre las dos televisoras más
importantes.
Nextel es el cuarto operador por usuarios del país, con cerca de 4% del
mercado, mientras que el Grupo Iusacell tiene alrededor de 6%, de acuerdo con
los datos de la Cofetel.
Concentración televisiva
Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, escribió un detallado
análisis sobre la fusión señalando que “usuarios ganan en telefonía y pierden en
televisión”.
Afirma que “si bien la licitación de una nueva cadena de televisión nacional
es un paso importante para favorecer la competencia en el sector, que además
podría aportar las condiciones necesarias para una mayor diversidad e inclusión
en televisión, la entrada de un nuevo competidor no garantiza necesariamente y
de manera automática la generación de mejores condiciones”.
Para el especialista, además del compromiso de licitar una tercera cadena, se
requiere “fortalecer los medios públicos y comunitarios, así como la producción
nacional independiente, al tiempo que se permita que otros operadores de
telecomunicaciones puedan proveer televisión y producir contenidos
audiovisuales”.
Negrete considera que la clave está en garantizar “un pleno crecimiento de
las compañías proveedoras de contenidos”, tanto en televisión abierta como en
televisión restringida. En ambos casos Televisa domina ampliamente en contenidos
y, junto con TV Azteca, acapara 95% de inversión publicitaria del país dirigida
a televisión abierta, valuada en 33 mil millones de pesos anuales, o 58% de toda
la inversión publicitaria del país (que incluye radio, prensa, revistas, cine,
internet y otros medios digitales).
“Dada la cobertura, el nivel de inversión publicitaria que acaparan, la
audiencia cautiva que poseen ambas compañías y el poder político que han
alcanzado a través del uso de un medio de comunicación tan relevante como es la
televisión abierta, Televisa y TV Azteca han sido señaladas como la constitución
de un duopolio que restringe la entrada de nuevos competidores, mantiene una
posición dominante en la distribución de contenidos y establece prácticas
anticompetitivas en contra de anunciantes”, resume el director de
Mediatelecom.
Negrete considera que la prohibición de “venta de contenido no empaquetado o
atado” en televisión restringida (donde el Grupo Televisa domina en más de 55% a
través de sus filiales Cablevisión, TVI, Cablemás y Sky) es una medida “que
parece quedarse corta”, ya que no obliga a la transmisión o retransmisión
gratuita de los canales de televisión abierta (canales 2, 5, 9 y 4, propiedad de
Televisa) en los sistemas de televisión restringida que no son de la empresa de
Azcárraga Jean. Esta medida es conocida como must carry, must offer.
Mediatelecom recordó que, hasta ahora, a pesar de una resolución de la CFC,
Televisa no ha cumplido con las condiciones que se le dictaron para adquirir
Cablemás, la tercera empresa más grande del país. Entre esas condiciones está la
venta de 32% de la participación de Cablemás en PCTV, la unión de compañías
cableras que controla y negocia en paquete los contenidos para televisión
restringida.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) también reaccionó
en contra de la fusión. En su comunicado, su presidenta, Aleida Calleja,
considera que los comisionados de la CFC violaron la Constitución y la Ley
Federal de Competencia:
“Con esta decisión, la CFC ha querido configurar un monopolio convergente que
se enfrenta a las principales empresas de telecomunicaciones de este país, pero
con ello no protege el interés público ni el bienestar de los consumidores. Ha
pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un
plumazo la escasa competencia que existía en radiodifusión, fusionando a las dos
televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual.”
Señala que la decisión de la CFC fue por “instrucción presidencial” y acusa a
Felipe Calderón de ser “el responsable directo del otorgamiento de privilegios y
prebendas a través de organismos reguladores como la CFC y la Cofetel,
capturados por los intereses político-electorales de la actual
administración”.
El especialista Ramiro Tovar Landa, académico del ITAM, también consideró que
las condiciones impuestas por el organismo antimonopolios “no resuelven en
absoluto el riesgo de colusión” entre Televisa y TV Azteca. “La entrada de una
nueva televisora no tienen efecto alguno en las conductas colusivas potenciales
o incluso actuales que se pueden dar o se están dando en los mercados en donde
participan”.
Operación de Los Pinos
La presión sobre los cinco comisionados de la CFC (Eduardo Pérez Motta,
Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa, quienes
votaron a favor, y contra Miguel Flores Bernés, quien mantuvo su voto en contra)
se intensificó en las semanas previas a la fecha límite para dar a conocer la
resolución final, el 15 de junio.
Las encuentros más duros se realizaron entre el vicepresidente de Televisa,
Alfonso de Angoitia, y los representantes de la CFC. Se llegó a plantear la
posibilidad de que Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de
televisión abierta, especialmente el Canal 9. La empresa de Emilio Azcárraga
Jean se negó tajantemente.
Desde Los Pinos, la vocera presidencial Alejandra Sota comenzó a operar para
destrabar la negociación sobre la licitación de la tercera cadena de televisión
digital, que se quedó atorada en la Cofetel. El anuncio de que este organismo
licitará en “un plazo máximo de 18 meses” la tercera cadena de televisión
digital se hizo días antes de que se tomara la decisión en la CFC.
Cuatro de los cinco comisionados de este organismo regulador votaron a favor.
Sólo José Luis Peralta mantuvo su oposición al proyecto encabezado por el
presidente, Mony de Swaan.
En paralelo, distintas fuentes consultadas confirmaron que en Los Pinos
también se planea una reestructuración de la banda de 2.5 Ghz, considerada una
de las más valiosas del espectro, para permitir servicios de banda ancha en
internet por vía inalámbrica.
La mayor parte del espectro (190 Mhz) está en manos de MVS, de Joaquín
Vargas. La negociación en Los Pinos es otorgarle el refrendo a esta empresa para
que pueda operar la empresa Banda Ancha para Todos a cambio de que el Grupo
Televisa también tenga la posibilidad de rentar en esta banda, siempre y cuando
no sea accionista del consorcio encabezado por MVS.
El otro gran tema pendiente es la liberación de la banda de 700 Mhz, conocida
como “dividendo digital”. En ésta es donde las televisoras transmiten sus
actuales señales analógicas. Televisa y TV Azteca poseen 88% de las concesiones
analógicas, pero también 78% de los llamados “canales espejo” que el gobierno
mexicano les otorgó para la transición hacia la televisión digital.
La negociación más fuerte en Los Pinos y en la Cofetel es la devolución de
los canales espejo que se les otorgó a las dos grandes televisoras y la
liberación de la banda 700 Mhz, considerada uno de los activos más importantes a
nivel mundial para impulsar el internet de banda ancha móvil.
Es la última pieza de negociación entre el gobierno de Felipe Calderón y las
televisoras, en vísperas de las elecciones federales del 1 de julio.
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