Europa: marcha atrás en reducir la ayuda a la pobreza en Latinoamérica
La foto oficial del G-20 en Los Cabos.
Foto: AP
Foto: AP
BRUSELAS (apro).- El Parlamento Europeo se manifestó a favor de que sea
revisada la propuesta europea de reducir las ayudas a la cooperación con varios
países latinoamericanos, entre ellos México y Brasil.
Ambos países, en cambio, comprometieron en la cumbre del G-20 –realizada los
pasados 18 y 19 de junio en Los Cabos– aportaciones suplementarias de 10
millones de dólares, cada uno, al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la
finalidad de salvar a las economías en dificultades como las de la Eurozona.
El pasado 12 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución “sobre la
definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con
Latinoamérica”, en la que se afirma que la Unión Europea (UE) revelaría un falso
interés en sus relaciones con Latinoamérica si aplica la nueva política de
cooperación que propone para el período 2014-2020. Ésta incluye el recorte de
los fondos de cooperación bilateral con México y Brasil –con los que suscribió
“asociaciones estratégicas”– y con otros nueve países de la región.
No solo eso: tal medida contraviene los compromisos internacionales de la UE
–principalmente aquellos relativos al cumplimiento de los Objetivos del Milenio
de la Organización de las Naciones Unidas– en materia de combate contra la
pobreza y promoción del desarrollo económico y social sostenible en el
mundo.
Dicho documento –cuyo ponente fue el eurodiputado español Ricardo Cortés
Lastra, miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD)–
“manifiesta su preocupación por la falta de rigor en la aplicación de los
criterios de admisibilidad establecidos en la propuesta de la Comisión Europea
sobre el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) que retira a 11 países
de renta media de Latinoamérica su acceso a los programas bilaterales”.
La resolución fue aprobada por 640 votos a favor, 17 en contra y 33
abstenciones.
Desigualdad
La Comisión Europea aprobó el pasado 7 de diciembre sus propuestas
presupuestarias relativas a sus instrumentos de política exterior para el
período 2014-2020.
El presupuesto global es de 96 mil 249 millones de euros, de los cuales 23
mil 295 millones corresponden al Instrumento de Cooperación al Desarrollo.
El Parlamento Europeo solicita en su resolución que “se amplíen los
indicadores empleados para evaluar el desarrollo”, puesto que la clasificación
de los países según su nivel de ingresos “se basa en cálculos que esconden
desigualdad y pobreza”.
A pesar de que la pobreza se ha reducido de 44% a 33% en los últimos 10 años,
el informe recalca que uno de cada tres latinoamericanos vive todavía en la
pobreza, es decir 180 millones de personas, de los cuales 52 millones subsisten
con menos de dos euros al día.
Advierte que la mayoría de los países latinoamericanos sufrirá un proceso de
desaceleración económica, luego de un crecimiento regional de 4.5% en 2011.
El mismo texto “recuerda que algunos países de Latinoamérica se encuentran
entre los más desiguales del mundo en ingresos per cápita, y que la desigualdad
persistente en la región se produce en un contexto de baja movilidad
socioeconómica”. Además, el escrito “insiste que son un grupo de países muy
heterogéneos” en los que “debe mantenerse una cooperación diferenciada basada en
la coordinación y el diálogo político”.
En ese sentido, el Parlamento Europeo considera que “el mensaje que transmite
la UE (a Latinoamérica) es muy preocupante, ya que –indica–, en la práctica, es
una declaración de que no le concede la importancia que merece, a pesar de los
múltiples compromisos políticos y comerciales adquiridos y los intereses
globales comunes”.
Por lo tanto, insta a la Comisión Europea –que gestiona los fondos
internacionales de cooperación– y al Consejo de Ministros –el órgano de
representación de los 27 gobiernos nacionales de la UE–, a que mantengan el
actual volumen de la cooperación hacia Latinoamérica, de “un tercio del importe
geográfico total”, en el período 2014-2020.
Explican los eurodiputados que, “aunque las repercusiones en Latinoamérica de
la crisis económica y financiera mundial han sido menos graves que en otras
regiones, los índices de desigualdad y las tasas de pobreza siguen siendo muy
elevados, y el progreso en la consecución de seis de los Objetivos del Milenio
resulta insuficiente”.
En ese sentido, el Parlamento Europeo presenta una contrapropuesta. En primer
lugar, urge a la UE que continúe con la cooperación bilateral futura “al menos
con Colombia, Ecuador y Perú”.
En segundo lugar, propone a la Comisión Europea que retire, pero gradualmente
–“durante un período de transición máximo de cuatro años”– la ayuda bilateral, y
que lo haga a través de una “estrategia coherente” y contemplando varios
criterios: por un lado, que la ayuda “se concentre en el refuerzo del combate a
la pobreza, en especial a través de la cofinanciación de políticas y programas
para la reducción de la desigualdad de ingresos y de oportunidades” y, por otro,
que “la definición de las prioridades se lleve a cabo mediante diálogos
bilaterales y birregionales con las autoridades nacionales y la sociedad
civil”.
También menciona que es necesario “reforzar en más de mil millones de euros
el Instrumento de Asociación”, con el objetivo de “fomentar un nuevo diseño de
la cooperación con los países de renta media y que sirva para intensificar la
colaboración europea en “retos globales como la lucha contra la desigualdad, el
cambio climático, la seguridad o la lucha contra el tráfico de drogas”.
El Instrumento de Asociación dispone en la propuesta de la Comisión Europea
de mil 131 millones de euros (casi la mitad de lo que solicita el Parlamento
Europeo).
Tal línea presupuestal es nueva y su finalidad “es impulsar y fomentar los
intereses de la UE, así como abordar los principales retos a escala mundial”,
entre otros, con las economías emergentes y los países en los que la UE tiene
fuertes intereses.
En esa lógica, la resolución europarlamentaria insta a la Comisión Europea a
otorgar a los países latinoamericanos “un acceso preferente” a ese instrumento,
y que ofrezca una “cantidad mínima garantizada”.
Apoyo democrático
El texto del Parlamento Europeo –cuyo ponente, Cortés Lastra, preside la
delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta con México– critica que la UE
carezca de “una política comercial más coherente con las políticas de
desarrollo”, las cuales, señala, serían “un vector de promoción de normas
sociales equitativas y justas, especialmente para la inclusión de cláusulas
sociales que respeten los derechos humanos en los acuerdos de cooperación”.
Por esa razón, “lamenta la poca importancia que se da a la sociedad civil en
los programas actuales de cooperación y su escasa asignación de recursos”, por
lo que expresa su “consternación al constatar que en los recientes acuerdos de
asociación y tratados de libre comercio con los países de Latinoamérica, la
consulta a la sociedad civil se limita explícitamente a asuntos relacionados con
el capítulo del desarrollo sostenible”.
En ese sentido, recuerda “la obligación de respetar el principio contenido en
el artículo 208 sobre la Política de Cooperación para el Desarrollo de la UE y
de evitar, así, los efectos negativos en la región que provocarían la exclusión
de 11 países de la cooperación bilateral de la UE y la eliminación de las
preferencias comerciales derivadas del régimen SPG Plus” (Sistema de
Preferencias Generalizadas Plus, que permite desde 2004 el ingreso al mercado
europeo de productos sin pago de aranceles).
Refiere el texto: “A la hora de mantener el concepto de responsabilidad
democrática, los parlamentos, las autoridades locales y regionales y la sociedad
civil deberían recibir apoyo (de la UE) en sus esfuerzos para desempeñar un
papel adecuado en la definición de estrategias de desarrollo, supervisión de
gobiernos, control y valoración del rendimiento pasado y de los resultados
obtenidos”.
La resolución contiene un apartado sobre ‘violencia y criminalidad”, el cual
no menciona específicamente la guerra contra el narcotráfico del gobierno
mexicano y de ningún otro.
El 11 de junio, un día antes de que el texto fuera aprobado, se llevó a cabo
un debate sobre el tema. Ahí, Cortés Lastra acusó que la propuesta de la
Comisión Europea defendía “un enfoque radical” que se apoyaba “únicamente en
criterios económicos”. Salió también a relucir el dato de que Latinoamérica es
la región del mundo que recibe menos ayuda europea a la cooperación.
El Parlamento Europeo sí “expresa su preocupación por el impacto social de
los altos niveles de criminalidad y violencia en la región”, asociados al
tráfico de droga o armas, al crimen organizado, al lavado de dinero y a la
corrupción.
En particular se refiere a la violencia de género y los feminicidios, y
“considera necesaria la definición de una nueva estrategia más eficiente que
ataje este fenómeno, así como sus causas económicas, sociales y políticas”.
Las diversas menciones sobre los crímenes de mujeres en Latinoamérica fueron
introducidas al texto por el Partido Verde Europeo, cuyo eurodiputado, Raúl
Romeva, fue el ponente de una resolución aprobada en 2007 por el Parlamento
Europeo contra los feminicidios en México y Centroamérica.
El texto de Cortés Lastra –quien ha viajado a México en varias ocasiones–
señala que “uno de los objetivos prioritarios de la acción exterior de la UE es
favorecer la consolidación de los sistemas democráticos y la defensa de los
derechos humanos en el mundo y, por lo tanto, en Latinoamérica”.
De esa forma, pide a la Comisión Europea “que convierta la lucha contra la
impunidad en una prioridad de su política de desarrollo en Latinoamérica”.
Más aún, le solicita que presente a finales de este año una comunicación
sobre tal cuestión “con capítulos dedicados a la cooperación judicial, la
cooperación financiera, el intercambio de información y la protección de las
víctimas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario