Chile: heridas abiertas
Una mujer protesta contra la proyección de un
documental sobre Pinochet en Chile.
Foto: AP
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VALPARAÍSO (apro).- El homenaje al general Augusto Pinochet, realizado el
pasado 10 de junio en el teatro Caupolicán, de Santiago, removió las heridas
provocadas por los crímenes cometidos por la dictadura militar (1973-1990).
Este acto recordó que en Chile no hay verdadera justicia en materia de
derechos humanos, que los victimarios no se sienten arrepentidos por los
crímenes cometidos, y que las víctimas y sus familiares no han sanado sus
heridas.
Es más, los honores a Pinochet evidenciaron que aún está vigente la institucionalidad creada en dictadura.
Es más, los honores a Pinochet evidenciaron que aún está vigente la institucionalidad creada en dictadura.
El homenaje
El homenaje a Pinochet fue organizado por la Corporación 11 de Septiembre,
que reúne a seguidores y excolaboradores del régimen militar. El componente
principal del acto –o la excusa del mismo– fue la presentación del documental
Pinochet del realizador Ignacio Zegers.
Según afirmó en su discurso el presidente de la Corporación 11 de septiembre,
Juan González, ese documental “nos recuerda la inmensa obra del gobierno de
Pinochet (…) y nos muestra que parte importante del país ha sido burdamente
engañado por personas que sostienen una mirada tuerta de la realidad, quienes
han falsificado los motivos del pronunciamiento militar ocultando mañosamente
que el bienestar de hoy se les debe precisamente a los militares”.
Una vez exhibido el documental los asistentes vitorearon al exdictador
chileno. Gritaron: “¡Gracias por librarnos de los izquierdistas!” y “¡Viva
Chile, Viva Pinochet!”.
Entre los asistentes a la actividad destacó el nieto del general, Augusto
Pinochet Molina, quien definió el evento como “un acto para honrar la historia y
el trabajo que muchos chilenos, no sólo mi abuelo, hicieron para levantar al
país”.
También estuvieron Miguel Menéndez Pinar, nieto de Blas Pinar, ministro del
dictador español Francisco Franco, y Joseph Torres, presidente de la Juventud
Cubana en el Exilio.
Este homenaje a Pinochet provocó una reacción de ira colectiva entre las
víctimas y sus familiares, quienes decidieron “funarlo” (denunciarlo,
maldecirlo, opacarlo). Unas 2 mil personas llegaron con este propósito hasta las
inmediaciones de Teatro Caupolicán, el que se encontraba acordonado por un
contingente de 500 policías.
Una mujer llegó amarrada a un catre, semidesnuda y con sus ojos vendados. De
esta manera traía a colación “La Parrilla”: uno de los métodos de tortura con
los que se flageló a miles de personas.
Agentes de la Policía defendieron la realización del evento. Incluso,
facilitaron a sus participantes autobuses de la institución para que salieran en
ellos. Y fueron particularmente violentos en la represión de los manifestantes.
Para ello se valieron de carros lanza aguas y lanzagases y del uso desmesurado
de bastones metálicos. Los manifestantes, por su parte, encararon a los
participantes del homenaje a quienes, en algunos casos, escupieron y
golpearon.
En numerosas ciudades de Chile hubo protestas a la misma hora que se
registraba el homenaje, como ocurrió en Valparaíso, donde 500 personas se
congregaron espontáneamente en la Plaza Victoria y se enfrentaron a efectivos de
la policía militarizada. En las redes sociales el rechazo al homenaje fue uno de
los tópicos más tocados durante casi una semana.
En entrevista con apro el expreso político Nelson Cabrera
–quien fue torturado durante su reclusión– señaló que “fue un cuadro penoso ver
que hay personas que se permitan apoyar lo que significó el horror de la
dictadura”.
Cabrera mostró su rabia con los asistentes al homenaje en el Caupolicán: “los
hijos de desparecidos y fusilados, los torturados le dijimos con nuestra ‘funa’
a los que quieren jugar a ser fascistas: ‘si quieres burlarte de las víctimas
tienes que atenerte a lo que venga, o sea te vamos a sacar la chucha (golpear)’
porque no queremos fascismo en Chile”.
La ira evidenciada tras este homenaje por víctimas y sus familiares se ve
impulsada por un contexto de impunidad: A pesar de los avances alcanzados en
materia de justicia, la mayor parte de los criminales no han pagado sus
culpas.
Solamente 70 militares y agentes de las corporaciones de la dictadura han
sido condenados por crímenes de lesa humanidad y cumplen su sentencia en
prisión. Ello a pesar de que cerca de 5 mil personas fueron asesinadas o hechas
desaparecer, y varias decenas de miles fueron torturadas o forzadas al
exilio.
Además, los militares apresados viven en un régimen carcelario bastante laxo
que no guarda relación con la gravedad de sus delitos. De hecho, uno de los
organizadores del homenaje a Pinochet, el exjefe operativo de la Central
Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán –quien purga condenas por casi
200 años de cárcel–, dispone de celulares y acceso a Internet en su celda de la
cárcel de Punta Peuco. Con estas herramientas organiza actos públicos, ejerce
como coordinador de los exagentes de la CNI y realiza informes de inteligencia
que envía a altas autoridades del Estado.
Corbalán, en sus dos últimos años de prisión, ha pasado más de 180 días fuera
de la cárcel. Se vale de beneficios que resultan odiosos a las víctimas. Por
ejemplo, para una revisión habitual de su dentadura se internó en el Hospital
Militar durante 13 días y para tomar exámenes de laboratorio, estuvo otros
20.
No sólo las víctimas de la dictadura quedaron afectadas con el homenaje al
dictador. La “funa” también generó rechazos. La diputada María Angélica Cristi
(UDI), mediante alocución pronunciada el martes 12 en hemiciclo de la Cámara de
Diputados, cuestionó los intentos por impedir el homenaje a Pinochet e hizo un
llamado a prohibir las “funas”: “Creo que llamar a funar es incitar a la
violencia, sin duda (…) Desafortunadamente no hay ninguna ley que prohíba el
funar, pero yo creo que sería tiempo que nuestro Código Penal así lo
considerara”, dijo Cristi.
Y agregó: “Lo que más me dolió fue ver la furia con que fueron tratadas
personas ancianas, con la mayor falta de respeto y desprecio por sus derechos
humanos”.
El diputado de izquierda independiente Sergio Aguiló replicó estos dichos
mediante twitters: “la diputada Cristi es mencionada como contacto de confianza
por Álvaro Corbalán en su ‘memorándum’ de 17 páginas enviado a Piñera”, en
referencia a un informe que este agente le envió en mayo pasado al mandatario en
el que le propone distintas estrategias para enfrentar las protestas
sociales.
Corbalán menciona en ese memorándum –que fue requisado por Gendarmería antes
que llegara a destino- que la diputada Cristi es su persona de mayor confianza
en el Congreso Nacional.
Justicia sorda, gobierno ciego
A pesar de los ruegos, el gobierno y los tribunales de justicia nada hicieron
para evitar la afrenta del homenaje a Pinochet. El 8 de junio la Corte de
Apelaciones, de Santiago, rechazó un recurso de amparo presentado por la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en el que se pedía
prohibir la realización del acto. Los recurrentes argumentaron que este homenaje
a Pinochet constituía “un apremio o tortura sicológica para quienes perdieron a
sus seres queridos” bajo el régimen militar.
La AFDD había pedido antes al presidente Sebastián Piñera “un pronunciamiento
ético y político que condene este homenaje y que busque todos los medios para
impedirlo”. Piñera hizo oídos sordos.
Quien si se pronunció al respecto fue el ministro de Obras Públicas y
precandidato presidencial de la derecha, Laurence Golborne. Este, el mismo día
del acto, hizo un llamado “a respetar la libertad de expresión, evitar la
violencia y a no caer nunca en los vicios que nos llevaron a que la democracia
en nuestro paí¬s se rompiera”.
Estas declaraciones las hizo en la sureña ciudad de Cañete, provincia de Arauco, donde se encontraba de gira junto al presidente Sebastián Piñera.
Estas declaraciones las hizo en la sureña ciudad de Cañete, provincia de Arauco, donde se encontraba de gira junto al presidente Sebastián Piñera.
En contrapartida, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés
Chadwick, se declaró –el mismo día de acto en TVN- “arrepentido de haber sido
partidario de un gobierno que violó los Derechos Humanos”. Un día más tarde
adhirió a estos dichos el ministro Lavín. Sin embargo, nada hicieron para
impedir el homenaje.
Tanto Lavín como Chadwick, ambos militantes de la filopinochetista Unión
Demócrata Independiente (UDI), participaron del “juramento de Chacarillas”,
celebrado el 9 de julio 1977. En la ocasión 77 figuras del espectáculo, el
periodismo, el deporte y la política, antorchas en mano, comprometieron
fidelidad al régimen y besaron la mano de Pinochet, en uno de los actos que más
fuertemente simbolizó el carácter fascista del régimen de Pinochet.
Otras altas autoridades del país están entre los juramentados: el ministro
secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet; el presidente de la
oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Coloma; y el presidente de
la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI).
Muchos otros ministros, subsecretarios y jefes de servicio pertenecieron al
núcleo duro del pinochetismo. Imágenes de estas autoridades junto a Pinochet han
sido ampliamente difundidas en las últimas semanas para mostrar la similitud que
existe entre este gobierno y el régimen de Pinochet.
La institucionalidad
Las marcas dejadas por los honores rendidos a Pinochet han acelerado el
severo cuestionamiento existente en el seno de la sociedad chilena a la
institucionalidad vigente que tiene en la Constitución de 1980 su máximo
estandarte.
La expresidenta Michelle Bachelet expresó este sentir en carta enviada, el 17
de junio a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana: “La sociedad chilena
demanda cambios profundos en nuestro sistema político. Nuestra democracia tiene
que ser cada vez más legítima y la crisis de representatividad existente en el
país requiere ser enfrentada con la máxima urgencia. El sistema electoral
chileno no da para más: necesitamos un cambio al sistema binominal, pero también
una nueva ley de partidos políticos, el voto de los chilenos en el extranjero,
elección democrática en los gobiernos regionales y primarias como mecanismo de
participación ciudadana”.
Dos días antes el expresidente Ricardo Lagos había manifestado algo similar
tras reunirse con parlamentarios de su coalición, la Concertación de Partidos
por la Democracia, en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo: “Me
parece inadmisible que haya un partido político que diga ‘no acepto sentarme a
debatir el tema’, porque los chilenos hemos estado sujetos a ese veto de la
minoría, porque en este tema, la UDI es minoría y se asila en la Constitución de
Pinochet y en los quórum de Pinochet. Esto no es democrático”. Y aseguró que el
sistema binominal “está muerto”.
El secretario general de la UDI, diputado José Antonio Kast, replicó a Lagos
recordándole que “la actual Constitución de Chile lleva la firma de Ricardo
Lagos y él fue parte de las modificaciones que se le hicieron”.
Kast aludió al hecho de que en 2005, cuando se hicieron reformas a la
Constitución de 1980, el presidente Lagos quiso que se eliminara de la Carta
Magna la firma de Pinochet y se incluyera la suya. Lagos hizo esto a pesar que
las reformas no acababan con todos los enclaves autoritarios de la Constitución
pinochetista siendo la reforma más significativa, la eliminación de los
senadores designados.
El diputado Kast afirmó que durante 20 años, “el binominal le ha dado
estabilidad a la política chilena. Si uno lo compara con otros sistemas
electorales del mundo, ha funcionado igual o mejor que en otros países”.
El cuestionamiento a la institucionalidad es transversal. Una muestra de
ello: el pasado 7 de junio varios importantes movimientos sociales agrupados en
el referente Democracia para Chile ingresaron –con el patrocinio de diez
parlamentarios– un proyecto de Reforma Constitucional que busca que la carta
fundamental contemple la realización de plebiscitos vinculantes.
En los considerandos de este proyecto se señala que “el Estado chileno vive
una profunda crisis de representatividad, generada por un sistema electoral y
cerrojos constitucionales que han sido diseñados precisamente para deformar la
voluntad ciudadana y para impedir la vigencia del principio más básico de la
democracia, esto es: que la mayoría decida”.
Para salir de la crisis de representatividad Democracia para Chile propone el
establecimiento de la institución de los plebiscitos vinculantes dado que estos
permitirían “dirimir con plena legitimidad los grandes conflictos sociales que
atraviesan al país en materias como la preservación de la naturaleza, la
inversión extranjera en la gran minería del cobre, la equidad y calidad de la
educación, la administración de los fondos previsionales, los derechos de los
pueblos originarios, la plena igualdad de derechos para la diversidad sexual, la
descentralización del Estado; el uso de los territorios a nivel regional o
comunal y todo lo concerniente al efectivo ejercicio de la soberanía popular”.
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