PENULTIMATUM- Paraguay: ¿conjura de la derecha?- OBAMA Y LOS JOVENES

Penultimátum

Madeja de intereses

      Bien sabía Benedicto XVI que muchas cosas estaban podridas en las instituciones que manejan el dinero del Vaticano cuando el año pasado estableció la Autoridad para la Información Financiera (AIF), con la finalidad de vigilar las transacciones monetarias de la Iglesia. Fue, además, la respuesta a la amenaza de Estados Unidos de incluir a la banca vaticana en la lista de las que lavan dinero, especialmente del narcotráfico. En su momento, el gobierno italiano había incautado 23 millones de euros que empresarios y dirigentes de la mafia ingresaron al banco de la Iglesia para ser purificados.

       También sabía que necesitaba poner orden en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), como se conoce al banco Vaticano. Por eso hace tres años nombró director a uno de sus mejores amigos, el economista Ettore Gotti Tedeschi. Éste halló tal cantidad de irregularidades que, al conocerlas, el hombre más poderoso después del Papa, el cardenal Bertone, lo cesó de mala manera y puso en marcha una campaña para desprestigiarlo.

      La madeja de intereses que se ha apoderado de esa enorme multinacional económica y espiritual (con mil millones de clientes) que es la Iglesia católica, buscó protegerse a cualquier costo. Y la primera acción fue convertir a Tedeschi de perseguidor en perseguido. Para fortuna del ex banquero de Dios, la policía italiana confiscó en su casa documentos en los que constan las irregularidades más notables que encontró en el banco.

        Sabedor de las formas nada cristianas que la Iglesia utiliza para resolver asuntos espinosos, Tedeschi, advirtió a sus allegados de que podían matarlo. Así ocurrió hace 30 años al descubrirse los fraudes que ocasionaron la quiebra del Banco Ambrosiano y llevaron al suicidio de dos de los implicados y el retiro del influyente cardenal estadunidense Paul Marcinkus, muy cercano a Juan Pablo II. Éste tendió un velo de impunidad en torno al caso, al pagar la Iglesia a los defraudados.

        En medio de la lucha desatada con miras a suceder pronto a Benedicto XVI en el trono de San Pedro, la madeja de intereses intenta, cueste lo que cueste, impedir que salgan a la luz pública los nombres de los empresarios y líderes de la mafia que con apoyo cardenalicio han utilizado a la Iglesia para sus negocios ilícitos, como los del narco. Sólo lo impedirá un milagro, pues las agencias multinacionales que combaten el dinero mal habido investigan desde hace años a la banca vaticana por su falta de trasparencia. También a sus clientes sospechosos.

        En tanto, se publican varios documentos privados del Papa filtrados por otro hombre de confianza (su mayordomo), que revelan la encarnizada lucha por el poder en el Vaticano. No hay duda: los modernos Borgia en el centro espiritual y económico de la Iglesia.

Paraguay: ¿conjura de la derecha?

        La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó ayer, casi por unanimidad y en una sesión de apenas cinco horas, el inicio de un juicio político contra el presidente de ese país, Fernando Lugo, por presunto mal desempeño de sus funciones. El mandatario afirmó en un mensaje televisivo que no va a presentar renuncia al cargo, dijo que se someterá con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias, y denunció que la voluntad popular está siendo objeto de un ataque inmisericorde por sectores que siempre se opusieron al cambio para que el pueblo sea protagonista de su democracia.

      La crisis política que enfrenta el gobierno de Asunción tiene como punto de quiebre los violentos sucesos ocurridos el pasado viernes en la localidad de Curuguaty, donde murieron 17 personas –11 campesinos y seis policías– tras el intento de invasión a una hacienda. Hasta ayer, el episodio se había saldado con la dimisión de cinco ministros del gobierno y del jefe de la Policía Nacional y con la entrega del Ministerio del Interior al derechista Partido Colorado, que antes de la llegada de Lugo al poder, en 2008, había gobernado Paraguay durante seis décadas, incluida la cruenta dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).

      Con todo lo condenable que pueda resultar el hecho de violencia referido, resulta por principio improcedente la pretensión de atribuir responsabilidad directa por el mismo al mandatario paraguayo, sin aguardar a los resultados de las pesquisas judiciales correspondientes; adicionalmente, la celeridad con que los legisladores de la oposición resolvieron la solicitud de juicio político contra Lugo hace suponer que se trata de una maniobra amañada de origen y que, más que a un afán de justicia, obedece a la intención de derrocar a una autoridad nacional democráticamente electa, a pocos meses de la realización de elecciones generales en Paraguay, y de subvertir la institucionalidad democrática en aquel país, en forma similar a como se ha intentado en otras naciones de la región, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y como logró hacerlo la oligarquía hondureña, aliada a sectores políticos y empresariales de Washington, en junio de 2009.

       El episodio es ilustrativo de las dificultades que enfrentan los gobiernos progresistas en América Latina para hacer frente a los remanentes de poderes oligárquicos que se niegan a perder sus privilegios históricos y cuyas caras visibles son, en el caso de Paraguay, los propios legisladores del Partido Colorado, que mantienen control en ambas cámaras tras la reciente adhesión del Partido Liberal Radical Auténtico –aliado del gobierno hasta la semana pasada– a los intentos por destituir a Fernando Lugo. En los pasados tres años la confrontación entre el gobierno popular de Paraguay y la oposición derechista ha implicado no sólo recurrentes amagos de juicio político contra el primero, sino también el bloqueo sistemático a las políticas de transformación social, política y económica propuestas por el mandatario para superar los inveterados rezagos que padece Paraguay, y que lo mantienen como el segundo país más pobre del cono sur.

       En tal circunstancia, y ante el previsible resultado de la votación que se desarrollará hoy en el Senado de ese país, el respaldo a las autoridades de Asunción y a las muestras de apoyo social que éstas han recibido en horas recientes constituye un deber de todos los gobiernos y las sociedades latinoamericanas, tanto por congruencia y solidaridad democrática como con el propósito de preservar la institucionalidad democrática y las soberanías nacionales de la región.

Obama y los jóvenes

Ana María Aragonés

 

        El presidente Barack Obama decidió otorgar la suspensión temporal de la deportación a aquellos jóvenes extranjeros que llegaron a Estados Unidos cuando tenían menos de 16 años y que ahora no tengan más de 30. Algunos requisitos son que hayan residido en el país durante por lo menos cinco años consecutivos antes de esta decisión, que tengan un diploma de preparatoria o más, o que hayan servido en las fuerzas armadas. Barak Obama ha sido muy enfático en que no se trata de una amnistía, ni es la inmunidad, ni da derecho a la ciudadanía, pero da esperanza y alivio a gente talentosa. Se trata de una medida temporal que se aplicará por dos años, lo que elimina en lo inmediato la posibilidad de la deportación y puede extenderse para subsecuentes renovaciones. Según señala Janet Napolitano, se trata de un ejercicio discrecional. La justificación que da Obama para su actuación fue la ausencia de acciones del Congreso, que se niega a arreglar el sistema de migración que, según afirma, en los hechos está roto.

        Las distintas organizaciones de derechos humanos y de apoyo a migrantes, así como los propios jóvenes migrantes, se sienten complacidos, pues como ellos dicen, por lo menos es un primer paso para conquistar una meta más grande, por la que los jóvenes han estado trabajando muy profundamente, y aspiran a mucho más que la postergación de la deportación o de un permiso de trabajo (Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas). Es un paso positivo inicial para alcanzar el pleno reconocimiento como miembros de la sociedad estadunidense, señaló Martha Arevalo (Centro de Recursos Centroamericanos), y podrán tener un número de seguro social, buscar empleo y solicitar licencia de manejo. Estas medidas beneficiarán a cerca de 880 mil jóvenes, aunque, de acuerdo con los datos que ofrece el Centro Hispánico Pew se trata de un universo de un millón 200 mil jóvenes.

       Se han manifestado voces contrarias a esta medida, sobre todo de aquellos que normalmente son antinmigrantes. Por un lado afirman que esta medida tiene algunas coincidencias con la llamada Dream Act, que precisamente fue bloqueada en el Congreso por los republicanos. Señalan que se trata de una medida electorera de Obama, quien requiere de los votos de los hispanos si quiere relegirse. Legisladores como el republicano por Texas Lamar Smith dicen que es una invitación al fraude y un daño para los estadunidenses desempleados, y que, diga lo que diga Obama, se trata de una amnistía (CNN México). En cambio, muchos legisladores demócratas están de acuerdo con la posición del presidente y afirman que se trata de una acción perfectamente legal.

       Se trata, por supuesto, de una medida muy positiva para estos jóvenes que han demostrado ser una parte muy importante del talento de Estados Unidos, la mayoría de los cuales tienen estudios universitarios, y que no han podido obtener el título por la falta de papeles y cuya vida en general se ve estigmatizada por encontrarse en un limbo jurídico que tiene que ver con el hecho de ser indocumentados. Y si bien es difícil desvincular la medida tomada por Obama de las próximas elecciones, la realidad es que tiene otras dimensiones importantes para Estados Unidos.

       En primer lugar habría que recordar que su administración ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la educación que permitan a muchos más jóvenes alcanzar altos niveles de calificación. Estados Unidos tiene una demanda mayor que la oferta interna en talentos, y esto explica por qué se ha convertido en el país de mayor recepción de este tipo de personas en el mundo, para poder continuar con el desarrollo de la llamada economía del conocimiento. De hecho, las visas para trabajadores calificados, H1B y 01 para trabajadores altamente calificados se han incrementado justamente entre 2008-2010, periodo en el que la crisis ha golpeado gravemente al país (Papademetrious). Y aquí vale la pena recordar las palabras de Obama al afirmar que si queremos realmente hacer de este país el destino del talento y del ingenio del mundo entero, no podemos deportar a aquellos jóvenes migrantes que tienen altos niveles de calificación, pues son ellos quienes permitirán el crecimiento de nuestra economía, así como crear negocios precisamente en el país, en lugar de irse a otro lado.

       Por lo tanto, si bien puede ser una medida electorera, no puede desvincularse de las propias necesidades de Estados Unidos, en relación con el crecimiento de la economía y de la importancia que la educación y el talento de su población tiene para superar los graves problemas que enfrentan.

       Ojalá que México comprendiera que la mejor posibilidad para desarrollar el país es absorber a su población a través de incrementar la educación de calidad, así como los centros de investigación, de ciencia y tecnología, en lugar de seguir exportando a su población calificada, en lo que ha alcanzado ya un triste cuarto lugar mundial (La Jornada, 12/6/12).

amaragones@gmail.com