Astillero- La construcción de la «quiebra» del IMSS- Desaparecidos: documentar la barbarie

Astillero

Suciedad

Adelanto de juicio histórico

Clouthier júnior y MoreAN

Venganza contra Godoy

Julio Hernández López

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMPUAPOYO. El presidente Felipe Calderón, ayer durante el lanzamiento del Programa Compuapoyo en la Explanada del Monumento a Francisco I. MaderoFoto Guillermo Sologuren

 

     Largamente especializado en dar condolencias y ensayar justificaciones, el secretario de Gobernación Poiré (quien antes de ocupar este cargo ya era vocero oficial funerario) acudió a un paraje guerrerense para, a nombre del Estado mexicano, ofrecer las más sentidas y sinceras disculpas a Inés Fernández, una integrante del pueblo meph’aa que sufrió violación sexual por parte de soldados en 2002.

No viajaron a Ayutla éste y otros funcionarios calderonistas por motivaciones propias o por un súbito sentimiento de culpa por los daños causados a la sociedad durante el par de administraciones panistas (el ataque a la señora Fernández sucedió durante el foxismo), ni hubo en el lance falsamente piadoso de ayer alguna muestra de arrepentimiento o compasión por lo sucedido durante el actual sexenio, el de los casi sesenta mil asesinados y miles de desaparecidos, sino el cumplimiento forzado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de un largo proceso jurídico en el que la afectada, sus cercanos, y una porción valiente y persistente de la ciudadanía remontaron los mil obstáculos que desde el poder se instalan para evitar que asome algo parecido a la justicia.

Incluso, en el colmo del oportunismo cínico, la cosmética procuradora federal, Marisela Morales, anunció con aires efusivos el inicio de una investigación con profesionalismo, exhaustividad y transparencia frente a la víctima respecto a lo que durante diez años desatendieron los gobiernos panistas. La procuradora Morales, siempre bien acicalada, parecía la genuina madre política de un alumbramiento propio y no la extemporánea ejecutante de una orden superior inexcusable, de carácter internacional.

Lo sucedido en Ayutla es, sin embargo, un ínfimo adelanto del juicio histórico que alcanzará a los integrantes del actual escuadrón gubernamental de la muerte. No solamente los opositores al calderonismo insisten en la grave responsabilidad de esa facción en el baño de sangre que se ha dado al país. Instituciones internacionales varias han ido documentando y denunciando, una tras otra, las culpas del calderonismo en el manejo de la violencia estatal, específicamente en el rubro de la guerra contra ciertos cárteles del narcotráfico.

La Jornada, por ejemplo, dio ayer como nota principal el informe hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en bit.ly/xCyBZq puede releerse la nota). El valioso documento no solamente reporta (con toda la importancia que ello conlleva) lo que los mexicanos viven a diario en cuanto al abuso criminal de las fuerzas policiales, militares y de la Marina contra la población, sino que los tres expertos independientes que visitaron nuestro país en marzo del año pasado (¡cuántas cosas peores han pasado desde entonces!) aseguran haber recibido información concreta, detallada y verosímil sobre desapariciones forzadas que fueron llevadas a cabo por autoridades o por criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.

Rigurosamente cierto es que los hechos señalados ante la ONU corresponden a la amplia gama gubernamental que va más allá de lo federal, y que en muchos estados del país las administraciones locales, pertenecientes a diversos partidos, casi sin distinción en cuanto a corrupción y violencia, son las implacables ejecutoras de las órdenes que les dan los jefes del narcotráfico que han comprado las plazas y tienen bajo amenaza y en enriquecimiento personal a los gobernadores (y las gobernadoras, dirían muchos zacatecanos). Pero ha sido Felipe Calderón el que ha desatado sin tino, con gravísima equivocación, una guerra pensada más en función de necesidades de legitimación por la fuerza y de servilismo hacia los planes estadunidenses de control de su extenso patio trasero.

El sucio ejercicio del poder se ha manifestado incluso en su propio ámbito partidista. Movido por extraños cálculos, Calderón cerró la puerta en Sinaloa al hijo del difunto Manuel Clouthier, igual que lo hizo con otros personajes del partido de blanco y azul en otras entidades. Así, mientras que en Nuevo León se enaltece la historia de los Quesos Larrazábal como digna de premios legislativos (ayer, en Monterrey, una manta colgada en lugar público aseguraba que Gustavo Madero fue beneficiado en su campaña para senador por el dinero de los casinos), en Sinaloa se trató de impedir que Clouthier junior fuera candidato a senador, aunque una decisión del tribunal electoral federal ordenó al PAN levantar el veto contra quien era diputado federal sin militancia partidista aunque por historia familiar y trabajo político concreto era una especie de militante no formalizado.

A pesar de esa devolución de sus derechos a considerar en el PAN, Clouthier renunció a seguir en esa línea y, luego de una serie de coqueteos con Convergencia, es decir, con uno de los partidos que postulan a López Obrador a la Presidencia, el empresario sinaloense prefirió presentarse de manera extraña como aspirante a candidato presidencial de última hora y por fuera de los partidos. En el fondo, pareciera que Clouthier desea hacer ruido suficiente para que avance un plan de mejoría cívica cargada a la derecha que bien podría denominarse MoreAN: Movimiento de Regeneración de Acción Nacional.

Otro ejemplo enfermizo de suciedad desde el poder se produjo en días pasados, cuando el ocupante de Los Pinos azuzó a asistentes a un acto público realizado en Michoacán para calificar negativamente lo hecho por Leonel Godoy como gobernador, sentenciando Calderón que se habían producido desvíos e irregularidades graves en materia presupuestal. Ayer, los senadores del PRD denunciaron esa conducta vengativa del panista michoacano, que no espera de manera institucional a que los órganos adecuados determinen culpas si las hay, sino que con ánimo revanchista, de índole fraternal y partidista, continúa envenenando el ambiente político en general. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

La construcción de la quiebra del IMSS

Asa Cristina Laurell

 

      La circulación reciente de la grabación de la junta del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en agosto de 2010 ha actualizado la amenaza que pende sobre esa institución, sus trabajadores, los asegurados y sus familias. En la reunión se planteó como una opción despedir e indemnizar a todos los empleados del IMSS y, eventualmente, recontratarlos con un nuevo contrato colectivo con menos prestaciones y un régimen de pensiones igual al de los asegurados del instituto, o sea, con cuentas individuales administradas por una Afore. El centro del conflicto es el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que, según las autoridades del Seguro Social, está a punto de quebrar esa institución.

La insistencia en la quiebra del IMSS por el déficit del SEM sólo es comprensible inscribiéndola en el aseguramiento universal en salud, que se basaría en un paquete de servicios amparado –el del Seguro Popular (SP)–, la introducción de un seguro complementario pagado por el individuo y la apertura a los privados como administradores de los fondos y prestadores pagados por los seguros. Esto significa que los derechohabientes del IMSS perderían la mayor parte de su cobertura médica o tendrían que pagar un seguro adicional, público o privado. El despido y recontratación de los trabajadores tendría por finalidad bajar los costos de personal y meterlo a competir con los privados. Este modelo viene desde la reforma de 1995/97 que no ha prosperado hasta ahora, pero podría imponerse con el desfinanciamiento sistemático del SEM y la introducción del SP.
En este contexto cabe preguntarse cómo calcula y proyecta el IMSS el costo del SEM dividiendo su proyección en dos, el SEM de los asegurados y el de Gastos Médicos de Pensionados (GMP).
La lectura del Instituto Mexicano del Seguro Social del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2010-2011 revela que el instituto no tiene bases firmes para sus estudios actuariales, particularmente respecto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y al de GMP, los dos elementos determinantes para sostener que el SEM llevará a la quiebra del IMSS. Así fijan sus propios supuestos (Anexo E) y usa el supuesto de sobrevivencia de las aseguradoras de pensiones, que busca garantizar y aumentar sus ganancias.

Los resultados de estos estudios son inverosímiles. Por ejemplo, el porcentaje de asegurados de la población económicamente activa aumentaría levemente bajo el supuesto de que el empleo formal permanente no mejorará, mientras el porcentaje de jubilados por el IMSS respecto de la población adulta mayor subiría sustancialmente entre 2011 y 2050. Acto seguido, los estudios proyectan al año en curso el costo acumulado del SEM y del GMP que se pagará durante 40 años, lo que resulta en un déficit estratosférico. Dada la poca certeza sobre los supuestos se esperaría la presentación de varios escenarios, pero sólo hay uno y es catastrófico.

Los datos revelan que el RJP es el principal elemento para la quiebra del SEM, ya que se le carga 90 por ciento de su costo. Si se quitara esta carga se resolvería el déficit del SEM. Es de señalar que se han hecho varias reformas del RJP, entre las cuales destacan la obligación del IMSS a constituir una reserva y dedicar dinero cada año a éste; que los trabajadores del instituto asumieron una aportación extra sobre su salario para sustentarlo, y que los empleados contratados por el instituto a partir de 2008 se jubilarán con el mismo esquema de cualquiera de sus asegurados, o sea, con los recursos acumulados en su cuenta individual administrada por una Afore. Sería entonces razonable que el gobierno federal asumiera el costo del RJP, que es mucho más bajo que el uno por ciento anual del PIB durante 40 años, que asumió con la reforma del IMSS de 1995/97.

El segundo problema financiero del SEM es el subfinanciamiento de GMP, que se fijó arbitrariamente en 1.5 por ciento del salario base de cotización (SBC) en la reforma de 1995/97 y sin aportación de la cuota fija del gobierno federal de 13.9 por ciento que se aporta al SP y a los asegurados activos. En la misma reforma se transitó de una aportación patronal proporcional al salario a una cuota fija igual para todos, lo que redundó en la disminución de 15 por ciento, o incluyendo la nueva aportación fiscal, en 7.5 por ciento de los ingresos del SEM.

La quiebra del IMSS no es una fatalidad, es un objetivo político largamente perseguido. Tiene implicaciones graves para los trabajadores del instituto y también para sus derechohabientes.

Balance de la visita-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Desaparecidos: documentar la barbarie

 

     La aprobación unánime en el Senado de la República de la Ley de Registro Nacional de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas, responde parcialmente al clamor nacional e internacional por un drama nacional que ha sido tan persistente como su negación o minimización por los sucesivos gobiernos federales, desde el de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el presente.

Un elemento de contexto ineludible de la ley recién aprobada es la reciente presentación del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en el que se esboza un panorama aterrador sobre la fragilidad y vulnerabilidad en que se encuentran, en México, los derechos a la vida y a la libertad, a consecuencia de la estrategia de seguridad aplicada desde finales de 2006 por el actual gobierno.
En el contexto de esa guerra, declarada por el propio titular del Ejecutivo federal, se desarrolla otra, a la que el organismo internacional califica de guerra sucia por las pautas regulares de violación a los derechos humanos por las dependencias involucradas, en especial desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
En un contexto distinto, pues, el país ha experimentado, durante la administración calderonista, una regresión a los años 70 y 80 del siglo pasado. En ese entonces las desapariciones fueron operadas por dependencias civiles y militares y las víctimas fueron, en su mayoría, opositores políticos, activistas sindicales y agrarios e integrantes de organizaciones armadas. El documento del grupo de trabajo de la ONU señala que entre los sectores de particular vulnerabilidad se encuentran hoy día mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior no sólo constituye un mentís rotundo a la inverosímil versión oficial según la cual casi todas las víctimas de esta guerra son delincuentes que se matan entre ellos, sino que pone de manifiesto el paradójico y exasperante marco de ilegalidad que reviste, con frecuencia, el pretendido empeño oficial por restaurar el estado de derecho.

Nada de lo señalado en el documento de la ONU es, en estricto sentido, una revelación o una novedad; lo nuevo es, simplemente, que una institución internacional retome y suscriba los señalamientos que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han venido realizando en torno a lo mucho de guerra sucia que hay en la política antidelictiva y de la administración federal que termina este año.

Lo cierto es que, en la presente circunstancia, y en tanto no se redefina una estrategia de pretendida seguridad pública que por su propia naturaleza genera márgenes para el atropello y la barbarie por parte de las fuerzas públicas, tanto civiles como militares, es urgente instituir mecanismos que permitan atenuar en alguna medida el sufrimiento de la población en las zonas afectadas por las confrontaciones armadas, y que el Registro Nacional de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas es dolorosamente necesario, no sólo para auxiliar a las víctimas y a sus familias, así sea por la vía de la documentación, sino también para registrar excesos y crímenes perpetrados desde el poder público o con complicidad de alguna de sus instancias.

Porque, más temprano que tarde, las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la actual guerra conra la delincuencia deberán ser investigadas y sancionadas conforme a derecho.