Disculpa oficial light a la indígena Inés Fernández- Saldos de la Guerra Sucia

Hace 10 años fue violada por militares, a quienes no se mencionó

Disculpa oficial light a la indígena Inés Fernández

Los del gobierno, aunque digan, no van a cumplir, dice la afectada

Alejandro Poiré, Marisela Morales y Ángel Aguirre, impávidos

Celebra AI que el Estado mexicano reconozca esa agresión sexual

Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres, reclama Inés Fernández Ortega

El Estado ofrece disculpa light a tlapaneca víctima de abuso militar

Es una victoria del pueblo; los soldados ven a las indígenas como botín de guerra, asegura ONG

Escúchenme todos, los del gobierno no cumplen, aseguró Inés Fernández al recibir la disculpa pública del secretario de Gobernación (izquierda), Alejandro PoiréFoto Lenin Ocampo

Blanche Petrich

Enviada

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de marzo de 2012, p. 5

Ayutla de los Libres, Gro. Tenía 24 años cuando tres soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Guerrero, agredieron sexualmente a Inés Fernández Ortega en la cocina de su casa, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. Hoy, con sus 34 años, curtida ya no sólo en la lucha social de su organización sino en las grandes ligas del derecho internacional, aún monolingüe –sólo habla me’phaa (tlapaneco)–, pudo escuchar de boca del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del presidente Felipe Calderón:

A usted, a su esposo Prisciliano Sierra y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos. Fue la única frase en el discurso de Poiré en la que no la tuteó. Nunca mencionó a los militares. Jamás aludió que el lamentable hecho fue un ataque sexual.

La respiración de Inés Fernández se agitó; estrujó un pañuelo que tenía en la mano. Aguantaba.

Como lo había expresado antes en su discurso Abel Barrera, de Tlachinollan: Inés, señora que vale mucho, sólo tu corazón sabe lo que esta disculpa significa. Y había aludido al revés de la moneda del Estado, que hoy se mostraba contrito y generoso, pero que durante 10 años te llamaron mujer mentirosa y dudaron de tu palabra.

Momentos antes, Inés Fernández había estado de pie frente al micrófono sin dar tregua a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que se habían dado cita en los portales del ayuntamiento de Ayutla de los Libres para dar cumplimiento a uno de los 16 resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre del 2010 había declarado culpable al Estado mexicano por las violaciones de Inés y Valentina Rosendo, en hechos separados, por elementos del Ejército.

Escúchenme todos, hombres, mujeres y niños: los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso.

Instantes antes de recibir una disculpa por parte del Estado mexicano, Inés Fernández volvió a sentir el latigazo de la discriminación racial. ¿Cómo pretendía esta mujer morena, con la cola de caballo despeinada y sandalias de hule, subir al estrado donde se estrechaban ya las manos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; la procuradora general, Marisela Morales, y el gobernador, Angel Aguirre? Los militares de guayabera blanca y armas mal disimuladas le cerraron el paso. Nadie les advirtió que ella era la pieza central en el acto público que se celebraba en los portales del palacio municipal.

Por eso cuando le tocó hacer uso del micrófono estaba indignada. Y ese coraje dictó sus palabras:

El gobernador Ángel Aguirre, político con tablas, sólo sonreía como si estuviera recibiendo flores cuando Inés le echaba en cara desatenciones e incumplimientos: Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres. Y no sólo contra mí sino contra otras personas. Y seguía: El gobernador, aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado, porque aquí no me atendieron. Que hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer.

Y enumeraba los hechos de una agresión que continúa; los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos presidentes municipales de no entregar recursos a Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco, mientras Inés y Valentina Rosendo, víctima de hechos similares, no desistieran de sus denuncias penales.

El gobierno no nos deja organizar. Los soldados siguen sin dejarnos mover libremente en nuestras comunidades. Siempre andan cerca, de civil, no necesariamente uniformados. En este momento se encuentran entre nosotros.

Fortunato Prisciliano Sierra, su marido, que nunca dejó de apoyarla pese al estigma que suele caer sobre las mujeres violadas, y Abel Barrera, líder de la organización Tlachinollan, que siempre sostuvo su lucha por la justicia, la miraban henchidos de orgullo. Rompiendo el ánimo solemne y protocolario que las autoridades quisieron imponer, desde la sillería estallaban los aplausos y el apoyo de delegaciones que llegaron a presenciar el momento: campesinos de Atoyac, de Xochistlahuaca, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reclamando justicia por los dos compañeros asesinados en diciembre, opositores a la presa de La Parota.

En el extremo del estrado, el único representante de las fuerzas armadas, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa, general Rafael Cázares Anaya, no pronunció palabra ni cruzó saludo alguno con la víctima que era objeto de desagravio. De hecho, en ninguno de los discursos de los funcionarios –la procuradora Marisela Morales, Poiré y el gobernador Aguirre– se mencionó que los perpetradores de la agresión sexual fueron integrantes de la institución castrense.

Poiré, incómodo, no encontraba dónde poner las manos. La procuradora exhibía el semblante maquillado e impávido que la caracteriza. El alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, pedía auxilio con la mirada cuando la señora Fernández ilustraba la negligencia y las promesas incumplidas, recordando su compromiso de hace tres años de poner alumbrado público en la comunidad de Inés. Barranca Tecuani sigue a oscuras, sin maestros en las escuelas, sin caminos pavimentados, sin casas con piso.

La agraviada no respondió con algún gesto de reconocimiento a las palabras de Poiré, que tampoco supo imprimir emoción a su discurso:

Muy estimada Inés Fernández, hace una década fuiste víctima del ataque de un desleal (en realidad fueron tres los agresores, ya identificados, de quienes se tienen retratos hablados pero no las muestras de ADN porque el Ministerio Público local, en el curso de la investigación penal, las destruyó). Quiero decirte que tienes razón, no entiendo tu lengua, pero sí entiendo tu lucha. No te pido que hoy confíes, porque apenas se van cumpliendo los compromisos. Pero si seguimos caminando juntos verás que iremos avanzando.

No hubo el tradicional abrazo. Inés no lo concedió.

A su vez, Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, amiga y traductora de Inés, ofreció el contexto histórico de la lucha popular y la represión en esta región de la Costa Chica, desde la masacre de El Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998, la esterilización forzada de medio centenar de hombres de estos pueblos, el secuestro y asesinato de los líderes Manuel Ponce y Raúl Lucas, detenciones ilegales y otras violaciones no denunciadas, porque los militares ven a la mujer como un botín de guerra.

“Esta disculpa pública a Inés –concluyó Obtulia– es una victoria del pueblo organizado.”

Saldos de la Guerra Sucia

Detuvieron a personas en Chihuahua y se las llevaron

Sólo hay un caso documentado que involucra a soldados: Sedena

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de marzo de 2012, p. 3

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo tiene documentada una recomendación de la CNDH por el delito de desaparición forzada de personas, que data de 2010 y en el que hasta la fecha no hay detenidos y mucho menos militares sentenciados por esos hechos.

De acuerdo con la información de la Sedena, Álvaro Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado fueron detenidos en el ejido Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, Chihuahua, por un grupo de militares, quienes se los llevaron con rumbo desconocido.
En los hechos, ocurridos el 10 de enero de 2010, estuvieron involucrados soldados del 35 batallón de infantería, ubicado entonces en Nuevo Casas Grandes.
Ante la falta de resultados, la Procuraduría General de Justicia Militar declinó su competencia el 29 de diciembre de 2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta la fecha haya resultados concretos sobre la indagatoria.
Cabe señalar que en las 92 recomendaciones que la CNDH ha enviado a la Sedena, los presuntos delitos cometidos por soldados van desde homicidio e inhumación clandestina de cadáveres, hasta abuso de autoridad, pero el único caso en el que se señala expresamente el delito de desaparición forzada de personas es el de la recomendación 43/2011, la cual, a pesar de que fue admitida en su momento por el alto mando del Ejército, sigue sin ser acatada.
Por otra parte, en entrevista realizada el pasado lunes antes de que la Organización de Naciones Unidas presentara un informe en que involucra a soldados en desapariciones forzadas ocurridas en México con motivo de la guerra sucia, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general brigadier Rafael Cázares Ayala, sostuvo que desde 2000 y en la actual administración, los titulares de la Defensa Nacional (Ricardo Clemente Vega García y Guillermo Galván Galván, respectivamente) se han preocupado en todo momento por erradicar las violaciones a los derechos humanos en las diversas actividades que en este momento realiza el personal del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos en apoyo a la seguridad pública.

Agregó que la Sedena cuenta con unidades y células jurídicas en las diversas dependencias que integran la secretaría, además de las que están ubicadas en regiones, zonas, guarniciones y cuarteles militares.

Lo que se busca, destacó, es tratar de armonizar la legislación sobre derechos humanos en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, para lo cual todos los elementos llevan consigo una cartilla en la materia que se aplica en todo momento.

Prueba de este esfuerzo, subrayó, es que la Dirección General de Derechos Humanos recibió la certificación de la NOM para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, reconocimiento que les será entregado el próximo 8 de marzo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dijo que la cantidad mínima para obtener esa certificación era de 190 puntos y la máxima 270, y se alcanzaron 257. Este logro, subrayó, refleja el hecho de que el Ejército y la Fuerza Aérea buscan alcanzar la igualdad mediante la creación de condiciones de equidad, un trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, y libre de toda discriminación que permita la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar entre sus miembros.