Peña Nieto se juega su última carta: el fraude electoral
Peña se aferra a la única posibilidad que podría evitar que el dos de julio se pusiera a planear su salida del país, la posibilidad de poder hacer efectivo un fraude electoral.
En el segundo debate presidencial del pasado domingo 10 de junio, Enrique Peña Nieto asumió una actitud que no corresponde con la que todos esperábamos.
La tónica de los días previos al debate era la de un ataque crudo y duro contra Andrés Manuel López Obrador por parte de toda la esctructura en redes con la que cuenta la campaña del priista. Así mismo se dieron a conocer los spots donde el PRI se le lanza con todo al candidato de la izquierda reviviendo la guerra sucia con el viejo tema gastado del bloqueo de Reforma. Quizá por ello era de esperarse un ataque furibundo de Peña contra Andrés Manuel desde su primera intervención en el debate. Sin embargo esos ataques nunca llegaron.
En realidad Peña no solo no atacó a ni AMLO, ni a Josefina, ni a Quadri, sino que su participación fue absolutamente gris y deslucida. Parecía un Peña Nieto ausente, que se dedico a cumplir con su presencia aunque en realidad se le notaba ausente. Peña Nieto no parecía el “gran puntero” que señalan las encuestadoras tradicionales, sino un simple competidor resignado que se paro a repetir un discurso acartonado preelaborador.
¿Pero cómo se explica esta actitud? Creo que es muy sencillo: Peña Nieto sabe que su candidatura va en caída libre, una caída que toma aceleración a cada minuto. Lo han hecho pedazos las multitudionarias marchas en el país en su contra, el absoluto rechazo de la juventud (con gran peso electoral en el proceso) hacia él y los intereses que representa, los escándalos de su documentado vínculo con televisa, etc., etc.
Peña sabe que con una tendencia a la baja con ese ritmo acelerado de caída no va a poder ser presidente de la República por las buenas, con el voto democrático de las mayorías. En cuanto a esa posibilidad, sabe que está descartada.
Peña se aferra a la única posibilidad que podría evitar que el dos de julio se pusiera a planear su salida del país, la posibilidad de poder hacer efectivo un fraude electoral.
Es mucho dinero, son toneladas de millones de dólares las que sus patrocinadores le han invertido a su imagen, a su campaña, y esos patrocinadores no van a resignarse a ver esfumarse su inversión así de fácil, se la van a jugar con todo para operar un fraude escandaloso (la clonación de actas en varios Estados es una prueba de ello) que logre el objetivo de instalarlo en la presidencia, objetivo que la falsa imagen no logró conseguir.
A eso, solo a eso se la juega Peña, esa es su última carta. Que un fraude detenga la ilusión, el sueño, la esperanza de millones de un cambio verdadero.
@alfredordz_ en twitter.
Alfredo Rodríguez - Opinión EMET
Los tentáculos del crimen organizado en el PRI y el PAN
El ex gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras,, esta sujeto a investigación penal por la Siedo por presuntos vínculos con el cártel del Pacífico. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene un expediente
Durante las últimas administraciones federales los tentáculos de las organizaciones criminales se han afianzado ante los poderes estatales, pero sólo han sido investigados cuando se trata de adversarios políticos y únicamente con propósitos de rentabilidad electoral. En este esquema se ubican los actuales escándalos en torno a los ex gobernadores priístas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, Ismael Hernández Deras de Durango y Fidel Herrera de Veracruz.
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es investigado porque presuntamente aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según fiscales federales de Estados Unidos. La procuradora general de la República, Marisela Morales, aseguró que se están integrando los expedientes en su contra. Al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se le investiga por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Ya le fueron aseguradas propiedades y su principal asociado, Mohamed Faroud Fatemi Corcuera fue detenido por la Siedo.
El ex gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras,, esta sujeto a investigación penal por la Siedo por presuntos vínculos con el cártel del Pacífico. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene un expediente confidencial sobre las cuentas bancarias que él y su familia tienen en México y el extranjero.
Por otro lado, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), investiga si el empresario Francisco Colorado Cessa, así como los hermanos Miguel Ángel, Óscar Omar y José Treviño Morales, y Zulema, esposa de este último, tienen vínculos con la delincuencia organizada. Al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se le ha involucrado con Pancho Colorado, a raíz de fotografías publicadas en medios de comunicación. El panista Miguel Ángel Yunes Linares denunció que Herrera obtuvo financiamiento, tanto para su campaña como para su gobierno, de Colorado.
Todos estos casos han sido utilizados por la administración de Felipe Calderón y la dirigencia nacional del PAN que encabeza Gustavo Madero en contra de la candidatura presidencial del priísta Enrique Peña Nieto con la finalidad de levantar la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, que se ha rezagado en el tercer lugar de la carrera por la Presidencia de la República, y ha dejado solos en la pelea al priista y al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
La estrategia no les ha resultado del todo como esperaban porque destacados miembros de su partido, ex gobernadores, también tienen serios vínculos con los cárteles de las drogas. Entre estos podemos mencionar a los ex gobernadores de Baja California, Ernesto Ruffo y Eugenio Elordouy; a los ex mandatarios de Morelos, Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo; al ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada; al ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas; al ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva; y al actual gobernador de Sinaloa, Mario López Velarde, que por supuesto no están siendo investigados por las autoridades federales emanadas de su partido y las denuncias en su contra están archivadas bajo varios candados legales.
A Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elourduy, el actual Congreso de Baja California los denunció ante la PGR para que se les investigue por sus ligas con el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix; al actual gobernador de Sinaloa, Mario López, se le presumen ligas con Joaquín “El Chapo “Guzmán de quien, dicen, recibe no sólo apoyo sino órdenes; al ex gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas, se le relacionó con el desaparecido narcotraficante Amado Carrrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, entonces líder del cártel de Juárez; al ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, ligado sentimentalmente a Nadia Patricia Espárragoza, hija del narcotraficante Juan José “El Azul” Espárragoza Moreno, se le ligó con el capo Arturo Beltrán Leyva, el “jefe de jefes”, quien hizo de Cuernavaca su centro de operaciones. Al ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, al igual que a sus hermanos Alejandro y José Antonio, se les ligó con el grupo del capo Ignacio Coronel, muerto en un enfrentamiento a tiros con soldados en Zapopan, Jalisco.
Los tentáculos del crimen organizado no sólo han penetrado en los círculos priístas y panistas, sino también en los del PRD, PT y Convergencia. El ejemplo lo es el ex gobernador Pablo Salazar Mandiguchía, quien arribó a la gubernatura en una alianza de esos tres partidos con el PAN y que está preso en el penal “El Amate”, acusado de varios delitos como abuso de autoridad, peculado, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y un desvío de 104 millones de pesos.
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es investigado porque presuntamente aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según fiscales federales de Estados Unidos. La procuradora general de la República, Marisela Morales, aseguró que se están integrando los expedientes en su contra. Al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se le investiga por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Ya le fueron aseguradas propiedades y su principal asociado, Mohamed Faroud Fatemi Corcuera fue detenido por la Siedo.
El ex gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras,, esta sujeto a investigación penal por la Siedo por presuntos vínculos con el cártel del Pacífico. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene un expediente confidencial sobre las cuentas bancarias que él y su familia tienen en México y el extranjero.
Por otro lado, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), investiga si el empresario Francisco Colorado Cessa, así como los hermanos Miguel Ángel, Óscar Omar y José Treviño Morales, y Zulema, esposa de este último, tienen vínculos con la delincuencia organizada. Al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se le ha involucrado con Pancho Colorado, a raíz de fotografías publicadas en medios de comunicación. El panista Miguel Ángel Yunes Linares denunció que Herrera obtuvo financiamiento, tanto para su campaña como para su gobierno, de Colorado.
Todos estos casos han sido utilizados por la administración de Felipe Calderón y la dirigencia nacional del PAN que encabeza Gustavo Madero en contra de la candidatura presidencial del priísta Enrique Peña Nieto con la finalidad de levantar la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, que se ha rezagado en el tercer lugar de la carrera por la Presidencia de la República, y ha dejado solos en la pelea al priista y al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
La estrategia no les ha resultado del todo como esperaban porque destacados miembros de su partido, ex gobernadores, también tienen serios vínculos con los cárteles de las drogas. Entre estos podemos mencionar a los ex gobernadores de Baja California, Ernesto Ruffo y Eugenio Elordouy; a los ex mandatarios de Morelos, Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo; al ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada; al ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas; al ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva; y al actual gobernador de Sinaloa, Mario López Velarde, que por supuesto no están siendo investigados por las autoridades federales emanadas de su partido y las denuncias en su contra están archivadas bajo varios candados legales.
A Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elourduy, el actual Congreso de Baja California los denunció ante la PGR para que se les investigue por sus ligas con el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix; al actual gobernador de Sinaloa, Mario López, se le presumen ligas con Joaquín “El Chapo “Guzmán de quien, dicen, recibe no sólo apoyo sino órdenes; al ex gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas, se le relacionó con el desaparecido narcotraficante Amado Carrrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, entonces líder del cártel de Juárez; al ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, ligado sentimentalmente a Nadia Patricia Espárragoza, hija del narcotraficante Juan José “El Azul” Espárragoza Moreno, se le ligó con el capo Arturo Beltrán Leyva, el “jefe de jefes”, quien hizo de Cuernavaca su centro de operaciones. Al ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, al igual que a sus hermanos Alejandro y José Antonio, se les ligó con el grupo del capo Ignacio Coronel, muerto en un enfrentamiento a tiros con soldados en Zapopan, Jalisco.
Los tentáculos del crimen organizado no sólo han penetrado en los círculos priístas y panistas, sino también en los del PRD, PT y Convergencia. El ejemplo lo es el ex gobernador Pablo Salazar Mandiguchía, quien arribó a la gubernatura en una alianza de esos tres partidos con el PAN y que está preso en el penal “El Amate”, acusado de varios delitos como abuso de autoridad, peculado, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y un desvío de 104 millones de pesos.
Lilia Arellano
Editorial: El autoritarismo de EPN intentan imponer miedo y silencio en medios alternativos
El intento de silenciarnos nos hace más fuertes, pues con estos ataques nos otorgan el reconocimiento explícito de que nuestro trabajo periodístico es exitoso.
La madrugada de este martes 14 de junio, nuestro portal informativo REVISTA EMET, fue víctima de un ataque cibernético que nos dejó por varias horas fuera de internet. Quienes cometieron este ilícito, además de inundar nuestros contenidos con propaganda a favor del candidato priista Enrique Peña Nieto, dejaron una advertencia: “NO TE METAS CON NOSOTROS DEJA DE PONER MAMADAS”.
No somos ingenuos, sabemos que nuestros contenidos resultan incomodos a grupos de poder político y económico que pregonan el doble discurso de la apertura, la pluralidad y la independencia, pero que de forma subrepticia cometen actos fuera de la ley como el espionaje, la intimidación, el chantaje, la extorsión, y ahora, los ataques cibernéticos.
Hackear nuestro portal –sabemos– es el primer aviso de quien se sabe inferior y busca mediante estos métodos intimidatorios silenciar las voces de quienes valerosamente se expresan en contra del podrido régimen político y del establishment mediático.
La fuerza, penetración y credibilidad que REVISTA EMET ha consolidado entre los ciudadanos mexicanos afanosos de información confiable y veraz, nos ha llevado a poner en las agendas políticas y mediáticas, entre otros temas, asuntos como el descubrimiento de que Elena Achar (consultora política cercana al equipo de campaña de Vázquez Mota) fue quien grabó la conversación del escándalo de los seis millones de dólares para la campaña de López Obrador, a petición de su pareja sentimental Carlos Casillas, asesor de vicecoordinador de la campaña de Peña Nieto. Entendemos que fue un duro golpe para las huestes priistas que mermó, su “aparentemente” impecable campaña política.
También, sabemos que no les cayó bien a priistas y panistas, la información que dimos a conocer sobre el estudio de cuentas claras que se dio a conocer en el ITAM sobre los ahorros que propone López Obrador. Si bien desde la noche del debate Felipe Calderón se empeñó en decir que era imposible tal ahorro, y que a la postre del debate fue secundado por los priistas y algunos secretarios de Estado, lo cierto es que se demostró fehacientemente la viabilidad de obtener esos recursos financieros sin la necesidad de endeudar más al país o subiendo impuestos. Simplemente se apeló a una administración justa, austera, responsable y transparente.
Conocedores de que el miedo es el mensaje, los integrantes y colaboradores de esta casa editorial, hacemos un llamado a los ciudadanos mexicanos a que observen con objetividad, y sin pasión de por medio, que el eventual regreso del PRI a la presidencia de la República o la permanencia del violento PAN, significaría el regresó al autoritarismo y una vez más al inefable totalitarismo que tanto daña la vida libre y democrática de las personas.
El intento de silenciarnos nos hace más fuertes, pues con estos ataques nos otorgan el reconocimiento explícito de que nuestro trabajo periodístico es exitoso. No obstante, nos conduciremos conforme a derecho y desde aquí exponemos que nuestro equipo legal ya está tomando cartas en el asunto. Pero también, hacemos del conocimiento de la opinión pública que hacemos responsables de cualquier caso de acoso, intimidación, hostigamiento, amenaza o daño físico que sufran integrantes y colaboradores de esta casa editorial, a los partidos políticos PRI y PAN, a los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota y al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa.
Revista EMET
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