ASTILLERO- México SA- Indeseable confrontación institucional

Astillero

Luvianos, Jalisco, Tres Marías

Pugna en las alturas

Desmiente, que algo queda

Felipe dulcemente informa

Julio Hernández López

PROTESTAS EN NUEVA JERUSALÉN. Habitantes de la comunidad Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, exigieron ayer el retorno de niños a clases, mientras otro grupo informó que debe existir educación acorde a sus usos y costumbres

Foto Víctor Camacho

 

      El cierre de fin de sexenio acusa una sintomática virulencia en el tema del narcotráfico que no solamente se refleja en el incremento de las cifras macabras sino, en estos momentos políticos difíciles, en una sensación creciente de que los grupos en pugna (tanto los atrincherados en la institucionalidad como los expresamente considerados criminales) han entrado en una fase de desesperación activa frente a la cual no hay opción de control o combate eficaces.

 

La percepción de desamparo absoluto proviene del número de muertos y de la dispersión geográfica de los hechos de sangre, pero también o, tal vez, sobre todo, de la conciencia de que se ha entrado en una fase en la que las voces y los mandos tradicionales entran en pugna y establecen dichos y contradichos en condiciones nunca antes vistas. Marinos y agentes estadunidenses contra federales sin que el siempre protagónico Genaro García Luna atine a dar cara de manera pública, como si por primera vez en su largo reinado de fuego estuviese frente a adversarios de mayor poder o como si estuviesen en curso los ajustes de cuentas correspondientes al término del calderonismo y el inicio de nueva administración gerencial del gran negocio de cada sexenio.

 

Pero también hay órdenes y contraórdenes (un desorden, según el conocido silogismo militar), versiones y desmentidos, asomos y recular en sucesos como los de Liévanos, en el emblemático estado de México o en Jalisco. En el primer caso hubo suficientes versiones, recogidas en portales informativos de Internet, respecto a un presunto enfrentamiento entre bandos contrarios de narcotraficantes, con un saldo de cuando menos 30 muertos. Mas no quedaron cuerpos para comprobar la historia de un enfrentamiento del que se mencionaron en detalle tanto las poblaciones involucradas como el largo tiempo de los tiroteos.

 

No es la primera vez que se habla de que los miembros de los cárteles confrontados recogen a sus caídos. También se habla de que las propias fuerzas federales exterminadoras recogen con ayuda mecánica los restos mortales para borrar evidencias de masacres con tufo a limpieza social. El peñanietista secretario de Seguridad Pública del estado de México negó enfáticamente cualquier posibilidad de que se hubieran producido los hechos señalados en las redes sociales. Ayer, sin embargo, el gobernador Eruviel Ávila reconoció que hubo disparos en la zona de Luvianos, pero sin mayores consecuencias.

 

En Jalisco también hay misterios por resolver. Así como en mayo de 2010 se habló de que la Marina había apresado al jefe de la plaza occidental, Ignacio Coronel (incluso el entonces secretario general de gobierno de la entidad habló del asunto, con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos como turbio telón de fondo), ahora el mismo cuerpo acuático de aplicada actuación terrestre ha generado gran ruido al detener a algunos integrantes del cártel Nueva Generación, de Jalisco, entre la extendida versión, dada a conocer el mismo día de los hechos en diversos medios electrónicos, de que entre ellos iría el máximo jefe, Nemesio Oseguera, apodado El Mencho.

 

Un golpe de tal magnitud volvería explicables las decenas de narcoboloqueos que se produjeron en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios de la entidad el sábado pasado. Pero ahora se ha hecho saber que no fue detenido el gran gerente regional, asociado al cártel de Sinaloa, como en su momento el mencionado Coronel, quien dos meses después de las versiones de su aprehensión fue acribillado en su residencia tapatía.

 

Incluso en el delicado caso de los marinos y los estadunidenses atacados por policías federales están presentes esos signos de reacomodos y rediseños a toda velocidad, como si un negocio en proceso de transición gerencial estuviese siendo desprovisto de evidencias inculpadoras o causas de imputaciones posteriores, o como si las fuerzas controladoras de un pasado que ya va de salida se resistieran a dejar el manejo de la redituable firma a los que creen llegado el momento también mafioso de ir tomando el timón de la nave tan cargada.

 

Familiares de policías federales habían retrasado en Cuernavaca, mediante obstrucción intencional, que luego retiraron, por instrucción de sus abogados, el traslado de estos agentes a la ciudad de México, invocando a Genaro García Luna para que les ayude y criticando abiertamente, a gritos y con pancartas, la intervención de los enviados estadunidenses a los que esos familiares acusan de tomar decisiones correspondientes a los mexicanos y de presionar para que se castigue a los subordinados del mencionado secretario federal de seguridad pública quienes, según la versión oficial, atacaron con armas de fuego la blindada camioneta diplomática en la que viajaban dos capacitadores gringos y un capitán de la Marina, con un auto compacto de custodia del que nada se ha sabido hasta ahora.

 

Luvianos, Jalisco y Tres Marías dejan testimonio de pugnas y realineamientos en las cúpulas del poder público, con un saldo notable en cuanto a número de muertos pero también en cuanto a desasosiego social y percepción de ingobernabilidad extrema, más que en otros momentos del de por sí tétrico sexenio. Mientras tanto, Felipe Calderón comparece ante el público de radio y televisión con una voz suave, casi dulce, la de un hombre contenidamente contento por haber cumplido con éxito su misión, para informar de los grandes logros de su sexto y último año de gobierno, enfatizando la valía que se atribuye en cuanto tuvo disposición para enfrentar el reto del narcotráfico.

 

Astillas

Chulada de negocio el de los partidos familiares: el Panal de la Elbeja Reina designa al nieto de ésta como vicecoordinador de la bancada en San Lázaro a la que también ha llegado Fernando Bribiesca, hijo de Martita Sahagún, a quien no le interesa hablar sobre las acusaciones de alta corrupción fomentada durante el foxismo. Por su parte, el Partido Verde ha designado coordinador de sus senadores al impresentable Jorge Emilio González, antes llamado el Niño Verde… ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

 

México SA

Presupuesto dilapidado

¿Qué fue de 18 billones?

Las prisas de Beltrones

Carlos Fernández-Vega

En tiempos normales, a estas alturas del calendario el paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal estaría a punto de salir del horno del Ejecutivo para ser presentado a la consideración del Congreso, y de arrancar el proceso de criba que año tras año practican los diputados a la propuesta presupuestal, entre jalones y estirones, para repartir los recursos públicos entre federación, estados y municipios, dineros que, dicho sea de paso, son cada vez menos efectivos por aparatosa que resulte la cifra final que arroje el numerito (se estima que sólo 10 centavos de cada peso presupuestal son reasignables, pues el resto ya está comprometido).

Pero México no vive tiempos normales (la normalidad oficial, desde luego), pues a punto está de concretarse el cambio de gobierno (haiga sido como haiga sido segunda parte) y la ley respectiva amplía el plazo regular para la presentación, discusión y aprobación de tal paquete, y permite al nuevo inquilino de Los Pinos presentar su propuesta ya en curso de sus funciones y al Congreso aprobarlo hasta el 15 de diciembre, si fuera el caso.

Por estas fechas, pero de 2011, se hablaba de un presupuesto histórico (por su monto nominal) para 2012, y se aseguraba que los dineros públicos se destinarían fundamentalmente a la seguridad pública, las obras para generar empleo y los programas sociales, con una fuerte derrama para los estados de la República. Un año después, la inseguridad pública se ha incrementado, el empleo se ha generado especialmente en el sector informal y los resultados de los programas sociales brillan por su ausencia, y sólo los gobernadores de las entidades saben en qué se gastaron el recurso, aunque por lo que se ve no fue precisamente para lo que se previó. No es un balance novedoso, desde luego, porque es el de todos los años.

El presupuesto histórico que para 2012 autorizó la Cámara de Diputados (sólo ella le mete el diente al presupuesto de egresos) ascendió a poco más de 3.7 billones de pesos, y el grueso de esos dineros se destinó a pago de nómina burocrática, servicio de la deuda y gasto corriente en general, lo que tampoco es novedoso porque, como se refiere líneas arriba, 90 centavos de cada peso presupuestal ya están amarrados y, según los legisladores, no hay forma de desamarrarlos, de tal suerte que a pesar de lo voluminoso en lo nominal, el presupuesto de egresos no arroja mayores resultados, especialmente por el pésimo ejercicio del gasto público.

De esto último da cuenta la crónica parlamentaria de La Jornada de aquella fecha: la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados evidenció la opacidad en que se desenvuelve el Poder Legislativo federal cuando soluciona sus problemas y conflictos internos. Anoche, sin presentar el dictamen de gasto público para el año próximo, la mayoría de los legisladores presentes en la sesión de ese órgano camaral aprobó en lo general el decreto y sus anexos, a pesar de que desconocían los documentos. Y de dicha comisión, el dictamen invisible pasó al pleno de la Cámara de Diputados, para que en alrededor de tres horas los legisladores aprobaran, en lo general (424 a favor, 27 en contra y siete abstenciones), el presupuesto federal para 2012. Después las menudencias sobre los artículos reservados, el jaloneo por las migajas, y listo: 3.7 billones de pesos para fortalecer el bienestar de los mexicanos y consolidar el crecimiento del país.

Durante el calderonato los diputados aprobaron seis presupuestos de egresos de la Federación por un monto conjunto cercano a 18 billones de pesos (cerca de un billón 150 mil millones de dólares). Una catarata de dinero (histórica, repetirán en Los Pinos), pero sin mayor impacto en el crecimiento económico ni en el desarrollo del país. Cuando menos una tercera parte de esa cantidad se destinó al pago de la nómina burocrática, un monto creciente al servicio de la deuda pública y el resto se dilapidó en otro tipo de gasto corriente. El resultado, en síntesis, 1.8 por ciento de crecimiento como promedio anual, escaso empleo formal y más de 12 millones de pobres adicionales.

 

¿Qué viene? Sin duda más de lo mismo: más presupuestos históricos y nulos resultados. Es de esperarse que la nueva administración gubernamental presente una propuesta presupuestal no menor a 3.85 billones de pesos para ejercerlos a lo largo de 2013. Igual el copetón viene con la cartera desenvainada y el monto por él propuesto rozaría los 4 billones (otro récord nominal), pero de cualquier forma el margen de maniobra es más que limitado. Y es de esperarse, también, que los inquilinos de San Lázaro procedan con la misma rapidez que un año antes, porque lo suyo es gozar de las mieles presupuestales.

 

Tal vez por ello, al flamante coordinador del rebaño tricolor en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, le urge adelantar los trabajos y evaluaciones en torno al próximo paquete económico, sobre todo la propuesta presupuestal, ya del nuevo inquilino de Los Pinos. Con ello no sólo evitaría, en lo posible, la larga mano calderonista en el trasiego de recursos públicos, sino que le garantizaría a su presidente un líquido inicio de sexenio para aceitar lo que sea menester. De hecho, el ahora diputado (senador hasta hace poco) advirtió que para la nueva Legislatura (en funciones a partir del próximo domingo) el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de tal paquete se tiene que concretar en un plazo muy apretado”, aunque ello no quiere decir que no lo trabajemos desde antes.

 

Muy nerviositos se ven algunos legisladores y creen que el calendario es la única traba. Sin embargo, el problema no sólo consiste en los tiempos legales (que para eso se sacaron de la manga su reloj parlamentario), sino en la equidad de la Ley de Ingresos y en la calidad del gasto público. De poco sirve exprimir a los jodidos para armar un presupuesto voluminoso, si el río de dinero se vuelve a dilapidar, como Fox y Calderón comprenderán. El país ya no lo aguanta, y si no comprenden esto, de plano no entienden nada.

 

Las rebanadas del pastel

Y mientras Francisco Mayorga, titular de la Sagarpa, se sube al juego del adivino (estimo que hasta noviembre se normalizará la capacidad de producción de huevo en el país), hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte inducida de Mexicana de Aviación, dos años con el pico clavado en el suelo, con sus 8 mil 500 trabajadores sin empleo, sin ingreso y con la soga en el cuello, y Gastón Azcárraga, junto con sus amigos calderonistas, gozando de las mieles de la impunidad.

cfvmexico_sa@hotmail.com

 

Indeseable confrontación institucional

El pasado domingo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza, afirmó que el Poder Judicial no vacilará en defender a cualquiera de sus integrantes que sea indebidamente perseguido o presionado, y dijo que denunciaremos y combatiremos por la vía de la razón y del derecho cualquier pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los juzgadores de la Federación, sobre todo cuando se haga sin base ni sustento.

El correlato de las declaraciones del ministro es la pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de sancionar a dos jueces federales –Martín Santos Pérez y Osvaldo López García–, quienes se negaron a emitir órdenes de cateo a propiedades del también juzgador Efraín Cázares López, investigado por el CJF y por el Ministerio Público por supuesta obstrucción de la justicia al conceder sentencias absolutorias o amparos a los funcionarios implicados en el episodio conocido como el michoacanazo (la detención, en mayo de 2009, de una treintena de autoridades municipales y representantes electos en Michoacán, los cuales se encuentran hoy en libertad). Apenas el pasado viernes un juzgado federal negó una orden de aprehensión en contra de Santos Pérez y López García, que había sido solicitada por la PGR, en lo que ha sido interpretado como un intento de intimidar a los juzgadores por el solo hecho de no actuar a favor de los intereses de la dependencia.

Aunque la titular de la PGR, Marisela Morales, negó ayer que exista persecución de ningún tipo contra juzgador alguno, el caso es que esa dependencia ha ocasionado, con su actuación, un nuevo choque declarativo entre los poderes Ejecutivo y Judicial; ha dado sustancia a las sospechas de que el primero busca transgredir la autonomía constitucional del segundo, y ha puesto en entredicho, así, la pretendida normalidad institucional que se pregona desde el discurso oficial. No debe soslayarse que este intercambio forma parte de las secuelas de un episodio –el michoacanazo– en el cual el Ministerio Público se distinguió por su desempeño errático y faccioso, y en el que actuó sin otra motivación visible que el golpeteo político a los partidos opositores.
 

Más allá de lo anterior, la reciente pugna entre el Poder Judicial y la PGR afecta la credibilidad y la autoridad de las instituciones en su conjunto, abona a una desconfianza indeseable entre éstas y representa un grave riesgo para la población en general. En una circunstancia nacional caracterizada por el embate de la violencia y de la criminalidad, que afecta fundamentalmente a la población inerme y en el que se requiere que las autoridades actúen en consonancia para salvaguardar el estado de derecho y proteger las garantías individuales, la confrontación referida abona, en cambio, a la descomposición y la inoperancia –de por sí grave– de la procuración y la impartición de justicia en el país.

 

Para colmo, este deterioro coincide con otro no menos alarmante que se registra en las corporaciones empleadas por el Ejecutivo en su fallida cruzada sexenal contra la delincuencia organizada, y que quedó en evidencia con el ataque de elementos de la Policía Federal en contra de un vehículo en el que viajaban funcionarios de la embajada estadunidense y un elemento de la Marina, el pasado viernes.

 

En tal panorama, los encontronazos declarativos entre autoridades y representantes de los poderes de la Unión –independientemente de si la razón le asiste a alguno de los involucrados, o a ninguno– debilitan aún más al poder público en el país, alimentan la percepción de un desmoronamiento institucional de gran calado y multiplican el sentimiento de total orfandad en que se encuentra la población.