«No aceptamos a Peña Nieto como presidente», sostienen- TEPJF: institucionalidad lesionada

No aceptamos a Peña Nieto como presidente, sostienen

Repudian jóvenes la decisión de los magistrados electorales

Instan a adoptar nuevas medidas; instalan campamento en el TEPJF

Tras conocer la decisión de los magistrados sobre la impugnación del Movimiento Progresista, que exigía declarar la invalidez de los comicios presidenciales, jóvenes indignados derribaron las vallas colocadas frente a la sede del tribunal electoral y convocaron a realizar otros actos de protestaFoto Víctor Camacho

Alma E. Muñoz y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 8

Al grito de ¡México, sin PRI! y la advertencia de como hay imposición, habrá revolución, cientos de personas expresaron su repudio a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de desechar el juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista que exigía declarar la invalidez de la elección presidencial.

Tras conocer que cuatro de los siete magistrados se habían pronunciado por declarar la validez de los comicios del pasado primero de julio, los manifestantes derribaron las vallas metálicas que desde temprana hora se instalaron en torno al tribunal para resguardarlo, lo cual provocó la movilización de un grupo de granaderos dentro y fuera del recinto para impedir que entraran al mismo y evitar que colocaran mantas sobre las rejas.

Cerca de las dos de la tarde, los inconformes, unos pertenecientes el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otros a #YoSoy132, empezaron a reunirse frente al TEPJF para manifestar su repudio al PRI, a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y a los magistrados electorales, a quienes acusaron de validar el fraude.

En señal de rechazo a los integrantes del tribunal, algunas personas –la mayoría jóvenes– lanzaron monedas y basura al interior del recinto. ¡Vendidos, vendidos!, comenzaron a gritar, mientras una activista disfrazada de juez, con billetes falsos prendidos a la toga, excremento en el birrete y usando una máscara de cerdo, escenificaba lo que para muchos manifestantes representan los magistrados.

Desde la madrugada del jueves, las inmediaciones del tribunal fueron resguardadas con vallas metálicas, y la presencia de elementos del Ejército y personal de seguridad privada. Entre los grupos designados para custodiar las instalaciones se encontraban también agentes de la policía capitalina, la mayoría vestidos con playeras y chamarras negras. En el lugar se apostaron mujeres vigilantes, quienes no aclararon a qué agrupamiento pertenecían.

Durante la tarde, el ánimo de los manifestantes permaneció relativamente en calma, y sólo coreaban consignas y mostraban pancartas contra el PRI y Peña Nieto. Pasadas las ocho de la noche se conoció el sentido de los votos de los magistrados.

En ese momento un grupo de jóvenes –y una que otra señora acompañada de sus hijos pequeños– comenzó a jalonear las vallas metálicas instaladas sobre la avenida Carlota Armero, frente a la entrada principal del tribunal, hasta que lograron desprenderlas, mientras gritaban ¡Peña no ganó, el Trife le ayudó! y ¡Revolución, revolución!

Con la finalidad de calmar los ánimos, varios manifestantes hicieron una contravalla frente a los granaderos, advirtiendo que los agentes iban armados y ellos no, por lo cual llamaron a la gente a no caer en provocaciones. Como señal de que su movimiento es pacífico, comenzaron a cantar el Himno Nacional.

Durante la manifestación hubo muestras de rechazo a Televisa y otros medios de comunicación, a los que acusaron de haber apoyado al candidato del PRI. Incluso, algunos camarógrafos se alejaron en forma momentánea de los manifestantes, ante el enojo que provocó su presencia.

Después de que los magistrados rechazaran por unanimidad invgalidar la elección presidencial, los inconformes decidieron utilizar las redes sociales para convocar a nuevas acciones.

Ahora sí estamos ante algo inminente, tenemos que tomar otras medidas. Hay que movilizarnos porque no aceptamos a Peña Nieto como presidente, señalaron en breve asamblea.

Hasta las 11 de la noche de ayer algunos manifestantes continuaban la protesta entre gritos de ¡Obrador, Obrador!, en espera de que salieran los magistrados –quienes abandonaron el tribunal por la puerta de atrás– y dejaron entrever que se sumarán a la marcha del movimiento #YoSoy132, que se realizará hoy a las 16 horas de Ciudad Universitaria al TEPJF.

Más tarde los manifestantes acordaron instalar un campamento fuera del tribunal.

Protesta en Monterrey

Alrededor de las 20 horas, unos 40 integrantes del Frente Nuevo León contra la Imposición de Enrique Peña Nieto iniciaron un plantón frente al Congreso del estado, en Monterrey, para repudiar el fallo del TEPJF, que desestimó las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial. Personal de seguridad se apostó en la entrada principal del inmueble para prevenir una eventual toma del edificio.

(Con información de David Carrizales, corresponsal)

 Tal cual-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

TEPJF: institucionalidad lesionada

Desde febrero pasado, meses antes de la reciente elección, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) que impidiera y, en su caso, sancionara irregularidades como la compra de votos, el rebase en los gastos de campaña y la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos. A esa petición el IFE respondió que no tenía facultades para evitar o castigar tales infracciones a la ley electoral en tanto éstas no fueran perpetradas. Fue evidente también la actitud omisa de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade). En las semanas siguientes la ciudadanía constató el exceso de recursos en la campaña del candidato priísta, Enrique Peña Nieto. Por lo demás, desde el día mismo de los comicios se dieron a conocer miles de testimonios fotográficos, videográficos y notariales que documentaban la compra de sufragios para la fórmula del partido tricolor.

 

Posteriormente, la coalición de izquierda divulgó docenas de documentos, confirmados uno a uno como auténticos, que evidenciaban diversos manejos de dinero de procedencia desconocida, posiblemente ilícita, en el contexto de la campaña peñanietista. Por todo lo anterior, la parte agraviada pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fallara la invalidez de la elección, toda vez que ésta no cumplió con las características establecidas en la Constitución.

En tal circunstancia, con un resultado electoral inverosímil a ojos de millones de ciudadanos, el tribunal tenía ante sí la disyuntiva de calificar, esclarecer e investigar las pruebas presentadas; corregir, de esa forma, las omisiones del IFE y de la Fepade; dar con ello certidumbre y solidez a los procesos electorales, y sentar un precedente para impedir la repetición de los mecanismos de distorsión de la voluntad popular, o bien recurrir a formulismos legales para declararlas improcedentes y desechar en su totalidad el recurso del Movimiento Progresista.
 

Los magistrados del TEPJF optaron, en la sesión de ayer, por lo segundo: dieron la espalda a los testimonios de las irregularidades y buscaron –y encontraron– pretextos legalistas para descalificarlos. En la lógica enunciada por los magistrados, la única prueba admisible habría sido, acaso, una reconstrucción de hechos, realizada ante sus ojos y con todos los protagonistas presentes, de los desaseos electorales que fueron vistos, por lo demás, por innumerables ciudadanos.

 

La falta de pulcritud y la parcialidad fue llevada a tal punto que Salvador Olimpo Nava Gomar se adelantó a los procedimientos jurídicos para referirse a Peña Nieto como presidente electo y a calificar de elecciones libes y auténticas el proceso pasado, en tanto que su colega Flavio Galván se refirió al proceso culminado ayer como juicio anecdótico sin acto impugnado.

 

En suma, los magistrados no juzgaron la legalidad de la elección, sino que se limitaron, basados en una interpretación estrechísima de las leyes e ignorando indicios de la comisión de posibles delitos graves, a descalificar al Movimiento Progresista y a sus recursos de impugnación. Porque, a contrapelo de lo que afirmó el magistrado Manuel González Oropeza, la ley no es aplicable si no se interpreta, y en el caso presente los integrantes del organismo decidieron dar a la Constitución y a las normas electorales una interpretación omisa, complaciente y, para colmo, sumamente lesiva para el conjunto de la institucionalidad política del país. Porque, ante su negativa a investigar y esclarecer el cúmulo de irregularidades del pasado proceso comicial, abren la puerta a la perpetuación de prácticas electorales repudiables, a un gravísimo descrédito de los procesos democráticos y a un nuevo gobierno carente de legitimidad.