El despertar
Un fraude de nueva generación
José Agustín Ortiz Pinchetti
El reciente fraude electoral podría ser calificado como tal por el supremo tribunal de la materia, por los innumerables elementos aportados por los agraviados y ello llevaría a invalidar la elección, y evitar otro gobierno ilegítimo y abrir el camino para la consolidación de la democracia. Se requeriría gran visón histórica, independencia, valentía y patriotismo por parte de los magistrados.
El último fraude debe ser de la cuarta generación. La utilización intensiva de los medios y el manejo de las encuestas fueron una maniquinación refinada. Estábamos acostumbrados al gasto excesivo de propaganda, pero nunca imaginábamos al extremo que se llegaría con tarjetas de crédito, telefónicas y monederos. Las triangulaciones, las transferencias, las empresas fantasma, la evidencia de lavado de dinero implican una operación financiera hipermoderna que sería admirable si no fuera trágica para México. El tráfico con la pobreza en el medio rural no es nuevo, pero sí el aparato alimentado por miles de millones para consumarlo.
El agravio que se hace a las instituciones y al país es inmenso. Podría rectificarse con una sabia sentencia de invalidación, pero muchos mal pensados temen que no será así. La gestión del nuevo gobierno tendrá una base endeble e intentará imponer un proyecto agotado cuando la corrupción, el despilfarro, el peso de los poderes facticos, la falta de recursos, la violencia requerirían soluciones de autoridades respetadas y respetables.
La práctica histórica advierte que los expedientes que se han empleado para que se
perdonenlos fraudes son la
legitimación en el ejerciciocon golpes espectaculares y/o los propósitos de enmienda con nuevas leyes electorales. Después de 1988 Salinas ordenó tres reformas. Zedillo impulsó otra en 1996 que pretendió ser
definitiva; después de 2006 se produjo otra. Y seguramente vendrá otra para atenuar los efectos del último. Generalmente las reformas van acompañadas por una recomposición de los órganos electorales. Las leyes y reorganizaciones no corrigen el problema de fondo: el pueblo no puede decidir quién será su presidente. Antes era el monarca sexenal, hoy son los grupos de interés aliados a una pandilla de políticos. Todo indica que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Esta obcecación tarde o temprano terminará en desastre.
TEPJF-Helguera
Simulación institucional
Arnaldo Córdova
Todos los procedimientos que se siguen después de realizadas las elecciones acaban siendo actuaciones inútiles y gratuitas. No sirven para nada después de que se ha tomado la decisión de imponer a un candidato o candidatos. No es precisamente la decisión de los ciudadanos lo que está en el fondo, sino una maraña concéntrica de intereses y de poderes parciales que son los mismos que han decidido el resultado de los comicios. Después, no hacemos otra cosa que asistir a una pantomima perfectamente previsible. Al final los resultados se confirman y todos los esfuerzos por limpiar las elecciones acaban en el basurero.
En su párrafo segundo, el artículo 41 constitucional instituye que
la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. A su vez, la base V del mismo artículo dispone: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral… En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán los principios rectores”.
El artículo 104 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece:
El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones. El artículo 105, a su vez, en su inciso f) define como uno de los fines del IFE
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, mientras que en su párrafo 2 impone:
Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Todo ello quiere decir que el instituto hará siempre todo lo que esté de su parte por vigilar que los procesos electorales se desarrollen de acuerdo con los principios que establecen la Carta Magna y su ley derivada. Ello implicará, desde luego, atenerse a lo que la ley dispone en lo particular, pero que actuará por su cuenta, sin salirse de los marcos legales, para lograr ese objetivo. Se ha hecho tradición entre los servidores del IFE alegar siempre que, en muchos casos, ellos están con las manos atadas y piden siempre mejores leyes, culpando de las que no les sirven de ser obra de los partidos políticos en el Congreso.
Cuando se les hizo notar a los consejeros, alguna vez incluso por el PAN y a propósito de los espectaculares de Peña Nieto, que el candidato priísta estaba haciendo uso de recursos que iban por arriba de los topes de ley, muy a menudo en el último mes y medio de campaña, por los representantes del Movimiento Progresista, primero, dijeron que tenían que ver qué era lo que decían los partidos afectados (PRI y PVEM); luego, alegaron que les faltaban atribuciones legales y que ellos no podían actuar de oficio. Finalmente, ya ante pruebas y alegatos en concreto, se dedicaron a rechazar todas las peticiones en ese sentido.
Lo que se exigía del IFE no era que diera la razón a los actores, sino que se pusiera a investigar por su cuenta los excesivos gastos de Peña Nieto y, en particular, la abrumadora compra de votos. Los argumentos fueron siempre los mismos: no había base legal cierta para actuar como se solicitaba y los consejeros estaban atados de manos. Si el IFE es el depositario de la autoridad electoral, como disponen la Constitución y el Cofipe, es absurdo el alegato de que no puede actuar de oficio (ex officio). No puede fungir como tal, como depositario de la autoridad electoral del Estado, si se la pasa cruzado de brazos ante todas las denuncias que se le cursan.
El caso más dramático de la infuncionalidad institucional que padecemos lo representa la separación absurda que se establece entre los procesos de fiscalización de los gastos de campaña, que van hasta las calendas griegas, y el proceso de calificación de las elecciones por parte del TEPJF. Indagar los gastos de campaña puede tardar el doble o el triple del tiempo que se lleva la calificación, que tiene una fecha límite, el 6 de septiembre.
El resultado es que, por sucias que hayan sido las elecciones y por excesivo que haya resultado el dispendio de recursos, un candidato violador de la ley y de la misma Constitución queda indemne y, encima, se le premia reconociendo su triunfo. El resultado del proceso de fiscalización, si se hace como manda la ley, sólo implicará una penalización a posteriori (respecto de la calificación) para el partido o los partidos que hayan postulado al candidato.
El IFE y uno de sus consejeros en particular, han alegado que aceptar una fiscalización extraordinaria, vale decir, dentro de los mismos plazos de la calificación, a fin de que tuviera efectos directos sobre ésta, era
contravenir plazos y procesos definidos en la ley. Y, ¿la limpieza de las elecciones y la posibilidad de consagrar a un violador de la ley y de la equidad electorales en la Presidencia de la República? ¿En dónde está el principio que impide al IFE actuar de oficio y cumplir con su deber de
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio?
Cuando los grupos patronales y el PRI apuran a los magistrados del tribunal electoral a que terminen ya con la calificación, haciendo a menos los plazos legales, nos están mostrando que la limpieza de los procesos electorales les importan un comino y que lo que les urge es que su candidato derechista sea ya ungido de una vez por todas. La derecha no está hecha para las elecciones, porque en éstas actúa como lo hace en sus negocios o en sus trapacerías, siempre a la mala o engañando a los bobos. Como el notable escritor italiano Giorgio Bassani hace decir a uno de sus protagonistas (el Giampi Malnate): “Las derechas… [son] subversivas del orden democrático como todas las derechas de todos los países y de todos los tiempos” (Il giardino dei Finzi-Contini, Einaudi, Torino, 1962, p. 160).
¿Cómo contar los votos comprados? Esta es una pregunta idiota que sólo los priístas son capaces de hacerse. El Movimiento Progresista no pide recuento de votos, como en 2006; está pidiendo y con justas razones que se anule la elección completa y se convoque a nuevos comicios. Eso espanta a la derecha porque sabe que en unas elecciones limpias jamás podría hacer uso de su dinero ni de su poder corporativo para imponer sus preferencias.
¿Será capaz el TEPJF de anular estas elecciones fraudulentas y sucias? Nadie puede creerlo, pero no porque las pruebas del fraude sean débiles o inconsistentes, sino porque nuestras instituciones no pueden funcionar apegadas a la ley.
Cuál es el problema-Fisgón
Política agroalimentaria: necesidad de viraje
A sólo unas semanas de que se dio a conocer la importación de 1.5 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos a México, 35 mil toneladas de ese grano, que originalmente iban a ser exportadas a Venezuela, permanecen varadas en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, ante la renuencia de los compradores a embarcarlo, con el argumento de que el producto presenta
mala calidad. El accidentado embarque de maíz forma parte de la compra, anunciada en mayo pasado por autoridades agrícolas de Sinaloa, de 1.8 millones de toneladas de ese producto por empresas venezolanas, equivalente a dos terceras partes de la producción de esa entidad en el último año.
Ahora bien, con independencia de la discusión sobre la calidad del grano que se pretende enviar a Venezuela, la lógica elemental indica que, en momentos en los que se registra un encarecimiento del maíz en México y en el que se vislumbran nuevas alzas en los precios internacionales de los alimentos, sería mucho más sensato emplear ese producto básico para abastecer el consumo interno y para combatir una pobreza alimentaria que afecta hoy a más de 20 millones de connacionales.
La circunstancia referida es, pues, un ejemplo más de la ausencia de una política agrícola adecuada que permita devolver al campo su capacidad productiva; que apoye a los campesinos nacionales en lugar de subsidiar a los foráneos y a los intermediarios, y que reoriente, en suma, la producción y comercialización de los productos del agro en función de las necesidades alimentarias de la población. La falta de directrices claras, consistentes y pertinentes en la conducción del campo, y la insistencia del grupo gobernante en ensayar un rumbo de acción caracterizado por el abandono de los entornos rurales y por la apertura comercial indiscriminada en lo referente a los productos agrícolas, condenan al país y sus habitantes a sufrir encarecimientos recurrentes, bruscos y severos de los alimentos –como ha ocurrido recientemente con el huevo y sus derivados–, e impiden que el Estado tenga capacidad de respuesta para contrarrestar las afectaciones que derivan de los altibajos de los mercados internacionales.
Para colmo, si en otros momentos el incremento en las importaciones de productos básicos para satisfacer la demanda interna resultaba una medida sumamente cuestionable, hoy, ante la carestía internacional provocada por fenómenos climatológicos diversos, dicha política dista mucho de ser suficiente y antes bien prefigura nuevos escenarios de alzas generalizadas en los precios y de recrudecimiento del hambre en naciones dependientes de las importaciones, como la nuestra.
La superación de fondo de las dificultades del país en materia agrícola y alimentaria pasa necesariamente por el cambio de paradigma imperante en esos ámbitos, por el abandono de la visión pragmática y cortoplacista con que se han conducido las recientes administraciones y por la comprensión de que ciertos cultivos estratégicos –como el maíz– deben ser protegidos por los gobiernos, como ocurre en las naciones desarrolladas, y de que su abasto debe ser garantizado a toda la población, a fin de recuperar la independencia alimentaria, y de conjurar un factor de incertidumbre económica y de potencial inestabilidad social.
Festejo-Hernández
Sí podemos tener una mayor independencia
Antonio Gershenson
El domingo pasado vimos la posición mexicana ante la crisis que avanza. Vamos a ver con más detalle cómo sí se ha podido tener una mayor independencia en el comercio exterior, con tres ejemplos, de países importantes de América Latina.
Las exportaciones de materias primas de Brasil, sobre todo a China, han sido de frijol soya, de óxido de fierro (principal materia prima del acero) y el petróleo. Pero también le ha exportado con ese destino productos de la industria, incluso aviones.
Hace unos días, la presidenta Dilma Rousseff, anunció el impulso de grandes inversiones, en buena medida en la infraestructura, para activar el crecimiento de la economía. El renglón más importante es el de los ferrocarriles, con 10 mil kilómetros de nuevos rieles. No sólo representa un gran consumo de acero y de concreto para los rieles, de acero y otros materiales para los ferrocarriles mismos, sino empleos y un ahorro de combustibles en el transporte.
Los nuevos ferrocarriles, en especial los de alta velocidad, fueron un elemento muy importante para reactivar la economía en China, ante la crisis de 2008–2009. Se mantuvo el crecimiento de la economía en China, de un antecedente de 14.2 por ciento en 2007, a 9.6 en 2008 y en 9.2 en 2009.
Pasamos a Venezuela, que como es sabido tiene como principal producto el petróleo. Este producto ha aumentado a 3 millones y medio de barriles diarios. Antes, todo se vendía a Estados Unidos. Hace unos días se anunció que la exportación a China llegó a 640 mil barriles diarios. El presidente Chávez anunció que, además de este destino, están vendiendo crudo a India, Japón y otras naciones, incluso varias de América Latina.
Dijo que con esta diversificación no dependen como antes de la crisis europea, la devaluación del dólar y la del euro cuando se han producido.
Veamos ahora el caso de Argentina. También ha exportado de manera creciente a China, después de una gran dependencia con Estados Unidos y Europa. Es importante la exportación de soya. También carne de res, cebada y miel. Las exportaciones de Argentina a China aumentaron 58 por ciento a 5.8 mil millones de dólares.
Las exportaciones chinas también han aumentado. Pero este país e India son mercados más seguros para América Latina que los tradicionales.
Ya mencionamos que la economía de Estados Unidos va declinando: en el último trimestre del año pasado su producto aumentó 3 por ciento; en el primero de 2012, 2.2 por ciento, y en el segundo, 1.5 por ciento.
La situación en Europa es peor, y lo que han bajado los productos en la mayor parte del mundo es por su influencia: el promedio anual de 2007 a 2012 ha sido de 0.3 por ciento en Gran Bretaña (con cifras negativas en los tres trimestres recientes), de 1.1 por ciento en Alemania, de 0.5 por ciento en Francia y con menos 0.6 por ciento en Italia. Y eso que no contamos a España, Portugal y Grecia, que ya de plano van en caída.
En cambio, la economía de China creció en promedio en 2007–2012 10.1 por ciento, y la de India, 7.9 por ciento. Es un cuadro mucho más atractivo para América Latina para las exportaciones, como vimos en los tres ejemplos.
Hay ejemplos de Pemex de voltear hacia España, que no se les quita lo colonial, y sus resultados. Se les ocurre, con dinero de Pemex y no propio,
invertiren acciones en Repsol, una de las que más privilegios e ingresos ha recibido en México. Pues nos acabamos de enterar en estas páginas que las inversiones de Pemex en la española Repsol han perdido 52.8 por ciento de su valor. No escarmientan, y ahora, como si alcanzara el dinero para la necesaria inversión petrolera en México, hacen otra en Galicia, para distribución de combustible en esa región. Acabamos de recordar la crisis en España y a estos no les importa, ha de haber mordida de por medio. Y como si fuera poco, las acciones de Repsol también bajaron ante la nacionalización argentina, como parte del 52.8 por ciento.
Que no vengan los gobernantes mexicanos que han mantenido una economía tan dependiente, con historias, discursos y pretextos. También en el pasado los gobernantes de esos tres países siguieron las mismas políticas de dependencia, y cuando estos países lo decidieron, pues cambiaron.
Estamos, nosotros también, en el momento de cambiar. En todo caso, es el momento de sacar a la derecha del poder, de un partido o del otro.
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