La democracia en México: el dominio de los poderes fácticos
La periodista británica Jo Tuckman, autora del libro
México: democracia interrumpida.
Foto: Octavio Gómez.
Foto: Octavio Gómez.
Los afanes de transición política en México, que se hicieron patentes con
la alternancia iniciada por Vicente Fox, nunca cristalizaron. Quienes frenaron
estos cambios son los poderes fácticos que se mantuvieron actuantes durante las
siete décadas de dominio del PRI y que se desataron en los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón ante un debilitamiento gradual del Estado. En entrevista
exclusiva con Proceso, la periodista británica Jo
Tuckman, corresponsal de The Guardian y autora del libro ,
recientemente publicado por la Universidad de Yale, afirma que Televisa y TV
Azteca mantienen como rehenes a los políticos y que la estrategia de Felipe
Calderón contribuyó a multiplicar los frentes de batalla.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando en febrero de 2000 la periodista Jo Tuckman
llegó a México como corresponsal del diario británico The Guardian,
creyó que tendría la oportunidad de cubrir un periodo de mucha efervescencia,
rico en ángulos noticiosos: la transición del país a la democracia, después de
71 años de gobiernos priistas.
Para esas fechas el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox,
se perfilaba como posible ganador de las elecciones presidenciales. Su triunfo
en los comicios de julio acrecentaron las expectativas de la periodista: imaginó
que en México se iniciaba una era de cambios fascinantes como los que
experimentó España tras la muerte de Francisco Franco o la Unión Soviética tras
el colapso del régimen comunista.
Pero eso no sucedió. “Todo se tranquilizó. No pasaban grandes cosas”,
recuerda Tuckman. Y enfrentó dificultades para colocar notas sobre México en su
periódico. En el contexto de la guerra en Afganistán en 2001 y luego en Irak en
2003, decayó el interés sobre México en los medios europeos.
En la medida en que Tuckman se adentraba en los problemas del país y en la
idiosincrasia de su gente, se percató de que la idea de que “aquí no pasa nada”
era muy superficial. “Debajo de la normalidad aparente sucedían muchas cosas
importantes, las cuales estallaron en 2006 durante el sexenio de Felipe
Calderón”:
–¿Qué cosas? –se le pregunta.
–El progresivo debilitamiento del Estado que propició vacíos institucionales,
los cuales fueron llenados por poderes fácticos, legales e ilegales: los
monopolios empresariales, los cacicazgos regionales, el corporativismo sindical
y, sobre todo, el narcotráfico y el crimen organizado.
“Esos poderes fácticos ya existían –advierte–, pero estaban contenidos por el
antiguo régimen. Cuando éste se fragmentó, aquéllos aprovecharon el
debilitamiento del Estado para fortalecerse e, incluso, desafiarlo”.
En ese marco de “debilitamiento del Estado y fortalecimiento de los poderes
fácticos”, Tuckman analiza actores e instituciones y describe hechos que han
marcado al país en los últimos dos sexenios. Lo hace en su libro Mexico
democracy interrupted (México, democracia interrumpida) que, publicado por
la Universidad de Yale, empezó a circular el mes pasado en Gran Bretaña y
Estados Unidos.
Tuckman estudió antropología social y tiene una maestría en estudios
latinoamericanos. Antes de llegar a México fue corresponsal de prensa en Rusia y
en América Central. Cobró notoriedad en el país cuando el pasado 7 de junio
publicó en The Guardian un reportaje en el que, con base en “docenas de
archivos informáticos”, informó que Televisa suscribió con el equipo del priista
Enrique Peña Nieto un convenio de asesoría y venta de cobertura favorable en la
televisión a fin de proyectarlo a la Presidencia de la República.
Son precisamente Televisa y, en menor medida, TV Azteca, dos de los poderes
fácticos que se han aprovechado de la debilidad del Estado mexicano. En su libro
Tuckman señala: “Las dos cadenas de televisión explotan su influencia sobre la
opinión pública para mantener como rehenes a los políticos. Sus decisiones
editoriales son regularmente definidas no sólo por la competencia de los altos
ratings, o incluso por simpatías políticas, sino por intereses
corporativos y vendettas personales”.
“Estrategia equivocada”
En entrevista con Proceso, Tuckman considera al crecimiento
del crimen organizado como como uno de los mayores desafíos que debe enfrentar
el país. Señala que “la equivocada y contraproducente estrategia del gobierno de
Calderón” también es responsable del fortalecimiento de los cárteles de la
droga.
“Hizo lo peor: su estrategia fragmentó a los cárteles de la droga y
multiplicó los frentes del conflicto”, dice.
En la introducción de su libro, Tuckman recuerda que Calderón lanzó la
ofensiva contra el crimen organizado tan pronto tomó posesión a finales de 2006.
Indica que la justificó “con el argumento de que las instituciones de seguridad
locales se encontraban rebasadas. Desde entonces, las fuerzas federales no han
sido capaces de, al menos, contener el derramamiento de sangre en casi todos los
frentes. El problema va más allá de la muerte y el horror. De hecho, la
estrategia de Calderón pareciera alimentar tanto la violencia como la corrupción
que ha creado el espacio en que actúan los cárteles”.
Y añade: “Una vez que un cártel pone la mira en una plaza en particular,
todas las instituciones que son consideradas importantes para salvaguardar o
expandir sus actividades se encuentran bajo amenaza. Fuerzas policiacas,
prisiones, tribunales judiciales, burocracias locales, partidos políticos,
periódicos y muchas otras instituciones requieren defenderse de las
infiltraciones o entrar en ellas. La crisis de gobernabilidad que ya se
encuentra atrincherada en algunas partes del país amenaza con propagarse”.
–¿La cobertura del narcotráfico implica desafíos para un corresponsal
extranjero?
–Sí, pero no implica los mismos riesgos que enfrenta un periodista mexicano
que trabaja en un estado o en una ciudad debido a una sencilla razón: uno entra
y sale del lugar. Los reporteros locales se quedan a enfrentar las consecuencias
de lo que publican.
Se le comenta que el gobierno federal normalmente es muy sensible a las
críticas de la prensa extranjera. Se le refiere que funcionarios de prensa de
Los Pinos o de secretarias de Estado suelen reaccionar a las notas “negativas”
con invitaciones a tomar café para hacer reclamos abiertos o “amistosos”.
“Ello depende del medio de comunicación extranjero –sostiene–. En mi caso,
hasta antes de mis notas sobre Peña Nieto y Televisa, fui una especie de
corresponsal anónima. Mis notas no tenían un seguimiento, como sí lo tienen
diarios como The Financial Times, The Washington Post o
The New York Times. A pesar de que The Guardian es un
periódico importante a nivel global, es en realidad poco conocido en México.
Todavía hay encargados de prensa de oficinas públicas que no lo reconocen; por
tanto, yo no he estado en esa lista de corresponsales de “medios importantes” y
no he recibido reclamos. Creo que eso ya cambió a partir de lo que publiqué
sobre Televisa y Peña Nieto.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1869, ya en circulación)
Brutalidad militar en San Felipe: el infierno en la tierra
Elementos militares.
Asesinatos, hostigamiento a familias enteras, falsas acusaciones, golpes
y torturas son cosa de todos los días para los habitantes de San Felipe, puerto
de Baja California que padece a los soldados de la II Región Militar. En menos
de un año los uniformados han ejecutado extrajudicialmente a dos vecinos sin que
hasta la fecha se les haya castigado. Ante los fallos de la Suprema Corte de
Justicia, en abono del acotamiento al fuero militar, Proceso
inicia con este reportaje una serie de trabajos testimoniales sobre la
brutalidad que ejercen miembros del Ejército mexicano al amparo de la guerra
declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico.
I
SAN FELIPE, BC (Proceso).- Enclave en el trasiego de drogas
a Estados Unidos, este pequeño puerto de alrededor de 17 mil habitantes ha sido
escenario de numerosos agravios de militares contra
civiles.
En el municipio de Mexicali y a orillas del Mar de Cortés, a 200 kilómetros
de la frontera con Estados Unidos, San Felipe es un pueblo de pescadores al que
suelen llegar desde Sinaloa lanchas con cargamentos de enervantes. Desde que el
Ejército fue metido en la guerra contra el narcotráfico, elementos de la II
Región Militar resguardan la zona. Su presencia se percibe en este pequeño
puerto desde que se cruza el retén construido como caseta de cobro en la
carretera Mexicali-San Felipe.
Los militares, sin identificación a la vista, revisan minuciosamente todos
los vehículos. No hay criterios ni protocolos claros en la revisión: pueden
tardar 10 minutos o hasta hora y media en hacerlo; o más si alguien protesta,
cuentan quienes frecuentan el tramo carretero.
–¿Cuál es el motivo de la revisión? –pregunta Raúl Ramírez Baena, director de
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) al soldado que le
ordena apagar el motor, y a él y a la reportera que bajen del vehículo.
–Es una revisión de rutina con motivo de la Ley de Armas y Explosivos–
responde el uniformado con el fusil al hombro.
–Los retenes son inconstitucionales y una ley secundaria no puede estar por
encima de la Constitución– revira Ramírez Baena.
–Es una orden del presidente de la República –insiste el soldado.
–El presidente no puede estar por encima de la Constitución –le recuerda el
defensor.
–Es una orden del presidente y nosotros sólo obedecemos –alega el militar,
que no proporciona su nombre “por seguridad” y está determinado a no dejar pasar
al defensor y a la periodista sin revisar palmo a palmo el vehículo en el que
viajan.
Al salir del puerto la revisión se repite en tanto que otro militar –quien
tampoco muestra nombre ni rango en el uniforme– anota las placas del automóvil y
le exige a Ramírez Baena que diga su nombre, a lo que éste se niega.
En la indefensión
El de San Felipe es uno de los 42 puestos de control que tiene el Ejército en
la II Región Militar, que comprende Baja California, Baja California Sur y
Sonora y que comanda el general de división Alfonso Duarte Múgica, ascendido por
Felipe Calderón el 19 de febrero de este año, pese a que contra él hay decenas
de denuncias penales por torturas cometidas en instalaciones a su cargo
(Proceso 1847).
Extitular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH),
Ramírez Baena dice a este semanario que “las violaciones a los derechos humanos
derivadas de la militarización –la otra cara de la guerra contra el
narcotráfico– empezaron en forma alarmante en 2009 en Tijuana; a partir del
segundo semestre de 2010 y más en 2011 los abusos se desplazaron a Mexicali,
Tecate, Ensenada e hicieron crisis en San Felipe”.
De esta situación tienen conocimiento la PDH, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como
organizaciones civiles nacionales e internacionales.
“Pero el Ejército, y en particular Duarte, que tiene el control de la
seguridad pública de los tres estados de la II Región, es bien visto
mediáticamente; recientemente el general dio un informe de aseguramientos
importantes en Baja California a partir de 2007: 72 mil millones de pesos, más
de dos millones de kilos de mariguana, casi siete mil kilos de cristal, 500 mil
kilos de heroína; pero sin el compromiso de respetar los derechos humanos”,
afirma Ramírez Baena.
En mayo pasado, recuerda, “de las 40 aplicaciones del Protocolo de Estambul
(procedimiento para determinar tortura física y psicológica) que hizo la CNDH en
todo el país, 20 fueron en Baja California”.
Los bajacalifornianos están indefensos, sostiene Ramírez Baena, quien ha
confirmado que “si el C-4 –que atiende llamadas de emergencia– recibe una
denuncia por un allanamiento o por un cateo ilegal, por una detención arbitraria
en la que esté involucrada el Ejército o exista haya presencia de vehículos
militares u hombres encapuchados vestidos de negro, tiene instrucciones de no
intervenir”.
El tema de los derechos humanos no le preocupa a Duarte. El 27 de julio los
medios locales reportaron que al salir de la reunión del Consejo Estatal de
Seguridad Pública en Mexicali, el general dio respuesta a las cifras
presentadas por la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro, quien dos
días antes había informado que en 2011 su oficina tuvo 117 quejas contra
elementos castrenses y en los primeros siete meses de 2012 llevaba 103.
“Son ínfimas las quejas que se tienen en comparación con la cantidad de
operaciones, que son millones en estos cinco años, frente a 656 quejas de
derechos humanos y seis recomendaciones (de la CNDH)”, declaró Duarte.
Los pobladores de San Felipe se ven tensos. Las secuelas de la militarización
traducidas en historias de abusos, tortura y muerte, se cuentan en voz baja. En
la conferencia del 27 de julio con medios locales, Duarte dijo que hay 36
quejas en la CNDH contra sus soldados destacamentados en este puerto; muchas de
ellas están relacionadas con detenciones por supuesta posesión de droga.
Las víctimas de abusos confían a la reportera que algunos adictos trabajan
para los militares a cambio de dosis o dinero: señalan domicilios donde
presuntamente venden enervantes. A ellos se les atribuyen las “llamadas
anónimas” que llevan a la tropa a catear casas ilegalmente.
Personas que han sido torturadas en el cuartel para que se acusen de vender
drogas aseguran que mandos castrenses les ofrecieron protección si aceptan
trabajar para ellos.
“Si trabajas conmigo y vendes mi droga, nada te va a faltar; vas a tener
carro, dinero y quitas del camino a quien quieras”, narra una fuente con base en
lo que le dijo un teniente. Esta persona, que pidió el anonimato, fue detenida
en su domicilio y entregada al Ministerio Público federal “cargada” de cristal,
pero fue puesta en libertad al comprobarse su inocencia.
Ramírez Baena apunta: “El Poder Judicial de la Federación ya advirtió el
juego del Ejército y desde 2011 las personas acusadas ilegalmente y torturadas
son liberadas después de estar en prisión unos tres meses. Lo inconcebible es
que el Ministerio Público federal, que conoce esta situación, consigne a las
personas inocentes”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1869, ya en circulación)
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