Balance de México por el Senado de EU
Simón Vargas Aguilar*
El pasado 9 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, presidido por John Kerry, presentó el informe Reformas judiciales y policiacas en México: elementos esenciales para una sociedad de derecho, en el cual se hace un balance del estado general del país en el contexto de la lucha contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Asimismo, presenta una serie de recomendaciones a efecto de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad en México y pondera el futuro de la cooperación entre ambos países ante la próxima transición de autoridades.
Por otra parte, se indica que la lucha contra el narcotráfico ha contado con el apoyo de un sector de la sociedad mexicana, aunque un gran número de mexicanos tiene dudas sobre ésta. Por ello, el informe destaca que dichas dudas se derivan de la incapacidad del gobierno para frenar la hiperviolencia que se produce en el país, así como por la desconfianza de la sociedad en las autoridades federales y estatales, debido a su historial de corrupción generalizada e ineficacia.
En lo relativo a la necesidad de una reforma policial, el informe reconoce que durante la presente administración se han realizado inversiones significativas para fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado. Sin embargo, organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y Los Zetas han diversificado sus actividades ilícitas, e incluso han llegado a intimidar y ejercer influencias directas en algunos gobiernos estatales y municipales.
El énfasis por parte del comité en la necesidad de esta reforma se basa en la existencia de 350 mil efectivos policiales, los cuales cuentan con entrenamiento deficiente y recursos insuficientes, repartidos en 31 estados y más de 2 mil 500 municipios, los cuales poseen un historial de corrupción y abusos a los derechos humanos. Por otra parte, señala que ante la falta de mecanismos de rendición de cuentas, la sustitución de los elementos policiacos no contribuye sustancialmente al mejoramiento de la capacidad y la imagen de las corporaciones
En tanto, respecto de la reforma judicial, el informe subraya que el
lento y opacosistema inquisitivo fomenta la impunidad, es altamente vulnerable a la corrupción y enfrenta serios problemas debido a las altas tasas de prisión preventiva, el hacinamiento en las cárceles, la falta de transparencia al uso de pruebas viciadas y de la tortura para obtener declaraciones. Por ello, el informe señala que ante la ausencia de una reforma judicial a escala federal, los delitos relacionados con la delincuencia organizada siguen siendo procesados en dicho sistema pese a sus debilidades inherentes.
Algunas de las recomendaciones mas relevantes realizadas por el comité se centran en garantizar la financiación de la Iniciativa Mérida para ayudar a nuestro país a acelerar el establecimiento de un sistema judicial acusatorio a escala federal y estatal a través del modelo de
formación de formadores, para lo cual se requiere cooperación política entre los partidos, así como entre las autoridades federales y estatales.
Incrementar los esfuerzos del gobierno estadunidense para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, para prevenir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos por parte de los elementos de las corporaciones policiacas, así como el aumento de las capacidades de éstas a fin de posibilitar el retorno de los elementos castrenses a los cuarteles; reforzar las capacidades del sistema de procuración de justicia federal y estatal, y vigorizar la colaboración de la embajada estadunidense en México en materia de promoción de la conciencia pública sobre el narcotráfico y la comprensión de la necesidad de los esfuerzos en lo referente a la reforma judicial, son asignaturas pendientes para la agenda de los próximos gobiernos de ambos países.
*Analista en temas de seguridad y justicia.
Qué Me Ve eSe-Fisgón
Honda, Sandak: arbitrariedad sin límites
Arturo Alcalde Justiniani
Cuando los trabajadores de Honda decidieron organizarse sindicalmente, empezaron a reunirse por las noches para capacitarse, observando que parecía fácil formar un sindicato auténtico y obtener la representación necesaria para negociar sus condiciones de trabajo. Pensaban que no había sindicato en su fábrica y, por tanto, su iniciativa se concretaría en la formalización de su primer esfuerzo organizativo. Nunca imaginaron el calvario que deberían recorrer para lograrlo.
En mayo de 2010 acuden ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a solicitar su registro sindical. Paralelamente, y como es común, la empresa reaccionó con el despido fulminante de los dirigentes, incluyendo a José Luis Solorio, secretario general, hombre valeroso que desde entonces logra hacer crecer su presencia por la firmeza de sus convicciones. El 4 de agosto de ese año, a partir de múltiples obstáculos, uno de ellos tan increíble como señalar que no habían puesto el domicilio de la empresa en la hoja del padrón de socios cuando este aparecía repetidamente en otras partes de la documentación, se les niega el registro, y se les obliga así a acudir al amparo.
Analizado este recurso por un juez de distrito y un tribunal colegiado, se ordena a la STPS otorgar el registro en agosto de 2011, exactamente un año después de la negativa. Los trabajadores hicieron fiesta, pensando que habían superado las dificultades y que pronto contarían con el reconocimiento de su organización democrática. Nunca pensaron que les esperaba un largo y sinuoso juicio de titularidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Efectivamente, presentada la demanda para cambiar de sindicato, la empresa embistió de nuevo dando por terminado el contrato colectivo con el membrete cetemista inicial, firmando contrato con otro de la misma calaña, todo para alegar que la iniciativa jurídica de los trabajadores en ese momento carecía de fundamento legal. La junta laboral dio la razón a la empresa y archivó el expediente, lo cual requirió el inicio de una nueva demanda de titularidad.
Ante la firmeza de los sindicalistas, la empresa decidió presionar acusando al líder José Luis Solorio por el supuesto robo de una pluma a uno de los vigilantes el día en que repartían volantes en la puerta de la fábrica. El líder fue detenido con lujo de violencia e incomunicado. Lo grotesco de la acusación generó una indignación tal, que organizaciones de distintos ámbitos protestaron exigiendo la liberación inmediata; Solorio fue excarcelado bajo fianza, manteniéndose hasta ahora el desahogo de este procedimiento penal.
La resistencia de los trabajadores ha logrado una creciente solidaridad internacional; el propio sindicato japonés de Honda-Matriz, se hizo presente en Guadalajara para conocer estos hechos y el sindicato automotriz estadunidense, United Automobile Workers (UAW), la Federación Internacional de la Industria del Metal (FITIM) y la recientemente constituída Union Industriall, han comprometido su apoyo a esta lucha.
La estrategia empresarial en este periodo consiste en lograr el desgaste de los trabajadores, para ello busca retrasar a toda costa el juicio que permita dilucidar la preferencia sindical de estos. Las audiencias en el procedimiento legal se difieren por las causas más absurdas: que el sindicato patronal cambió de nombre y domicilio, que los actuarios de la junta se equivocaron en las notificaciones, el colmo ha sido el cambio de fecha de audiencia porque el sindicato cambió su nombre en una sola letra. El proceso continúa estancado, apenas el próximo 29 de agosto está convocada una audiencia previa por
nulidad de notificaciones, la promueven el abogado cetemista Víctor Manuel Calleja Montes y el despacho contratado por Honda, Baker & Mackenzie. Las mismas maniobras, iguales historias. Nada cambia en nuestro país.
En otro frente, en Tlaxcala, las autoridades en unión con la trasnacional zapatera más grande del mundo, Sandak Bata Internacional, siguen haciendo de las suyas. Declarada inexistente la huelga que los trabajadores habían estallado para defender su fuente de trabajo, la empresa se ha negado a reabrir sus puertas e insiste en que la única opción es que los asalariados formen su maquila familiar para trabajar en su casa, sin seguridad social y sujetos a un contrato mercantil… un auténtico regreso al siglo XIX.
El gobierno de Tlaxcala encabezado por Mariano González Sarur, a través de Karina Edith Torres Vázquez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje –porque en ese estado ni siquiera existe Secretaría del Trabajo local–, presiona a los trabajadores para que acepten las condiciones de la empresa; por lo pronto ha negado la personalidad jurídica al comité ejecutivo sindical, con una vaga y extraña resolución que simplemente señala:
no cumplen con los estatutos, obligándolos a adivinar dónde está la supuesta falla formal. Todo tendiente a lograr su indefensión.
Eduardo Díaz Reguera, abogado de los trabajadores, reflexionaba:
Ante este cúmulo de arbitrariedades por parte de empresa y autoridades, se está obligando a los trabajadores a actuar por la vía de los hechos, el problema es que en estos casos es a ellos a quienes se aplicaría con rudeza la propia ley. Tiene toda la razón.
Ferrari-Ahumada
El fuego de artillería cuenta la verdadera historia siria
Robert Fisk
Toda la noche y todo el día se han escuchado los disparos en Kassioun, en Dayara y en Kfar Souseh, en Qadam y Nahr Aisha, la prueba de que los enemigos de Bashar Assad han vuelto a entrar a los suburbios de Damasco luego de que el gobierno recuperó el control de la capital el mes pasado.
La artillería apostada en las montañas que se yerguen sobre la ciudad ha estado disparando sobre Deraya, los soldados del gobierno patrullan los callejones de Kfar Souseh sin mucho éxito. Los combatientes armados que atormentan al ejército parecen llevar a cabo su táctica usual: huir para luchar otro día. Los periódicos continúan alardeando las
victoriasdel ejército, pero el fuego de artillería que retumba por la ciudad cuenta una historia distinta: que la guerra no ha terminado y la seguridad que prometió el gobierno no se ha restablecido.
Dado que los ataques de la fuerza aérea siria son lanzados mayoritariamente en el norte del país, la advertencia de que Francia podría establecer una zona de exclusion aérea tiene poco efecto en Damasco. En la
última batallapor la capital de la que se ufanó la oposición, triunfaron, definitivamente, las fuerzas del gobierno, en julio pasado: la gastada estrategia de irrumpir en la ciudad –un signo de la ingenuidad del Ejército Libre Sirio– ha sido sustituida por los ataques con francotiradores que disparan y se retiran, y con los que ya se logró dominar Alepo. En un escenario así, los tanques son inservibles y el sonido del fuego de artillería es el ruido de la impotencia.
En la guerra siempre hay una etapa en que la retórica ya no refleja la realidad. En Alepo, donde el gobierno dice estar ganando, los combates continúan. En Damasco, que el gobierno cree tener bajo control, los francotiradores entran en acción en cuanto llegan a uno de los límites de la ciudad.
Nunca creí ver a Siria en tan malas condiciones, me dijo un amigo, un creyente cristiano sirio.
Hemos tenido esta especie de fórmula mágica en Siria, para conservar el equilibrio entre las minorías. Para conservar este equilibrio hay que hacer explotar a Siria, aseguró.
Este no es un punto de vista exclusivo de la capital. Pasamos por la mezquita de Derwisha, sí, el hogar de la orden mendicante y ascética de los derviches danzantes. Apenas al dar vuelta a la derecha hay una iglesia, y más adelante restaurantes con precios para clase media, llenos de cristianos y musulmanes. Esta clientela, sin embargo, es prueba de que el conflicto sectario en el campo no ha llegado a Damasco ni a Alepo.
A veces creo ver esas diferencias, que aún son del tamaño de un embrión. Me viene a la mente el recuerdo de la guerra de los Balcanes, o las veces que mis amigos han comentado sobre la determinación con que los sunitas destruirán a los alawitas si Assad llega a ser derrocado. Estos síntomas no han surgido aún en las grandes ciudades.
La costera Tartus es considerada la ciudad más segura de Siria mientras Idlib es la menos segura al igual que Homs. Estas son las realidades con que viven los sirios a diario, no las advertencias de Occidente.
En el café en que almorcé este viernes, un imán ruso que venía de visita expuso a sus anfitriones del gobierno los beneficios que aporta el Islam a una sociedad laica, ¿qué otra cosa iba a hacer? Mientras, mi amigo trataba de explicar por qué Assad no puede ser derrocado:
Tres millones de alawitas serían asesinados, junto con los cristianos y otras minorías, sería un baño de sangre, señaló. He escuchado esto antes, claro, junto con los elogios acostumbrados al sistema de salud y educación en Siria.
Conducir por el circuito que rodea Damasco muestra cómo la guerra ha tocado la ciudad. Dos ministerios de seguridad que fueron atacados por rebeldes con coches bomba, el mes pasado, están rodeados con alambre de púas y hombres armados. Las estaciones de policía de la capital están comprando paredes de concreto prefabricado de más de cuatro metros de altura, que son ya tan comunes en Bagdad.
El coche bomba es un arma de guerra, al igual que el avión bombardero, el francotirador y el tanque T-72. ¿Cómo se puede ganar?
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
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