Una pintora demanda al hijo de Luna Ramos por fraude
La artista sudafricana Colette Wall.
Foto: Benjamín Flores
Foto: Benjamín Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Justo cuando el presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos, deberá
dictaminar si procede o no la invalidación de las elecciones presidenciales del
pasado 1 de julio, su calidad como persona es puesta en entredicho por la
pintora Colette Wall, quien presentó una denuncia en contra de su hijo Jorge
Belisario Luna Fandiño por presunto fraude.
Según la indagatoria FAO/AO-3/T2/00906/08-05 iniciada el 3 de junio de 2008
en la agencia del Ministerio Público AO-3 de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (cuya copia posee Proceso), la pintora nacida en Cape Town,
Sudáfrica, y arraigada en nuestro país, conoció al abogado Luna Fandiño en 2007,
luego de una exposición en el 4º Festival de Primavera en la Delegación
Iztacalco, y le comentó que estaba vendiendo su obra.
El hijo del presidente del TEPJF y sobrino de la ministra Margarita Luna
Ramos se interesó en adquirir tres de ellas y le pidió su domicilio para verlas
de nuevo. Ella le fijó un precio de 5 mil dólares por cada cuadro. Ya en su
domicilio, él le pidió dejar las obras en su poder por un par de meses y al
término de ese periodo le pagaría o, en caso de no comprarlas, se las
devolvería. Le hizo hincapié además en que no desconfiara, pues ella sabía bien
quién era su papá y a sus amigos.
Wall tuvo que viajar a su país y a su regreso Luna Fandiño le solicitó tiempo
para pagar las obras en plazos. Ella no accedió, entonces el abogado le pidió un
número de cuenta para depositarle el pago, lo cual nunca hizo. La artista
comenzó a llamarle para insistir en la devolución de las piezas,
infructuosamente.
En un boletín de prensa la pintora relata también que al no obtener
resultados con Luna Fandiño, llamó al presidente del TEPJF, quien primero la
atendió, pero finalmente le dijo que “él no podía meterse en los asuntos de su
hijo y que no podía hacer nada y me colgó”. Jorge Luna –continúa el texto– le
advirtió además que no estuviera “molestando a su señor padre” y que no le
devolvería las obras. Asimismo le sentenció “que no prendiera la mecha porque no
podría apagarla”. En entrevista con este semanario, la pintora añade en ese
sentido que el hijo del magistrado Luna Ramos la amenazó con quemar o navajear
los cuadros si insiste en su devolución.
Luego de cuatro años de presentar su denuncia y no obtener respuesta por
parte de las autoridades de la PGJDF, la artista sudafricana decidió hacer
públicos los hechos. Acompañada por Wilberforce Mzwandile Jiphethu, primer
secretario de la embajada de Sudáfrica en México, ofreció una desairada rueda de
prensa en la cual hubo más gente en el podium que medios de comunicación.
El representante diplomático dijo que, en tanto los hechos han sido
presentados ante un juzgado y Wall es ciudadana sudafricana, su embajada está
obligada a respaldarla y expresó su confianza en las leyes mexicanas, pues según
él no hay razón para lo contrario. La pintora añadió que cuando Mzwandile le
ofreció el apoyo, le recordó que Nelson Mandela ha sido un luchador ejemplar y
ella no debía dejarse vencer y tendría que luchar por recuperar sus obras
artísticas.
También acompañaron a la pintora los artistas plásticos Francisco Romero y
Hugo Zúñiga, quien indignado dijo que “a esa gente” se le debe señalar “como
ladrones” y no como coleccionistas de arte.
Estuvo además Ignacio Suárez, representante del senador perredista Carlos
Sotelo, que en su intervención lamentó que como procurador, el ahora jefe de
gobierno electo Miguel Ángel Mancera “no moviera un dedo para resolver el
asunto”, y cuestionó la incongruencia de las “fuerzas de izquierda” que por un
lado denuncian la censura a la periodista Carmen Aristegui, pero no hacen nada
porque se haga justicia en el caso de Wall.
Se le pregunta a la pintora por qué tardó cuatro años en hacer público su
caso, y lo hace cuando el magistrado Luna Ramos está en el centro de la atención
por la calificación de la elección presidencial, lo cual podría parecer
oportunista. Niega rotundamente que así sea, y explica que no quiso estar
involucrada con tribunales judiciales antes, pues se encontraba en un proceso de
divorcio que ya de por sí la mantuvo en juzgados.
Expresa que desea una mejor sociedad en la cual la palabra tenga validez,
donde la palabra sea más valiosa que la firma, sobre todo “viniendo de esta
familia”. Puso énfasis asimismo en que no tiene intereses políticos, su interés
es recuperar su obra y el hecho de que Luna Ramos esté ahora en el ojo del
huracán “no es mi problema… si se supone que ellos creen en la justicia y creen
en las leyes, por qué no las aplican”.
A pregunta de este semanario, cuenta que ella fue a buscar apoyo al Senado de
la República y así se encontró con Sotelo, quien ofreció ayudarla como pudo
hacerlo cualquier otro legislador, pero que el perredista no es su amigo.
–¿No teme que por el hecho de que Luna Ramos debe resolver sobre la elección
a demanda del partido de Sotelo (PRD) esté siendo utilizada políticamente?
–No, porque si una persona ofrece apoyo por la cuestión cultural –porque la
cultura es lo que estamos buscando y ésta es una falta de cultura–, a mí me da
igual si es el PRI, el PAN o el PRD. Yo no estoy en la política, yo solamente
estoy defendiendo mis derechos como mujer por las amenazas, y como artista por
mi obra plástica, y si hay alguien que quiera ayudarme porque piensa que es una
situación de justicia, bienvenido.
Peña Nieto, el voto, los medios… Todo en venta
Enrique Peña Nieto.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El secreto a voces difícil de comprobar. Lo que
todos dicen saber pero resulta imposible verificar. La compra de espacios en los
medios para beneficiar a Enrique Peña Nieto, y la compra del voto para favorecer
al PRI… Muestras de que vivimos en una era en la que todo se puede comprar y
vender. Una era en que la conciencia de los periodistas y la voluntad de los
votantes se dobla ante el mejor postor. Una era en la que los mercados y el
dinero gobiernan nuestras vidas como nunca antes. Y no llegamos a esa situación
a través de una decisión ponderada como sociedad. Los medios y los partidos la
han impuesto para que parezca normal.
Normal que existan contratos del gobierno del Estado de México para
garantizar la presencia y la cobertura favorable al mexiquense metrosexual.
Normal que el PRI haya usado las cuentas Monex y las tarjetas Soriana. Normal
que la lógica de comprar y vender no se aplica tan sólo a los bienes materiales,
sino a muchos otros ámbitos también. Y es tiempo de preguntar si queremos seguir
viviendo así. Como lo escribe el filósofo político Michael Sandel en su
magistral libro What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, hay ciertas
cosas que no deben estar sujetas a la lógica del mercado ni a la dinámica del
dinero. El periodismo y las elecciones han sido permeadas por incentivos
perversos, producto de una forma de pensar que distorsiona a la democracia.
Hoy, en México y en el mundo prevalece la idea de que los mercados son el
objetivo primario para alcanzar el bien común. Televisa vende espacios y
cobertura en sus principales noticieros porque hay políticos dispuestos a
pagarlos. Los partidos compran votos porque hay electores dispuestos a
venderlos. Y eso denota la expansión de los valores del mercado en esferas de la
vida pública a las que no pertenecen. El alcance de una forma de pensar que
enaltece al mercado por encima de cualquier otro valor es uno de los
acontecimientos más importantes de las últimas décadas. Basta con pensar en el
énfasis que se hace en la necesidad de privatizar empresas, hospitales,
escuelas, policías, servicios de seguridad. Ello también conlleva un sistema
electoral que permite la compra y la venta de elecciones, tal y como lo acabamos
de presenciar en el 2012.
Este hecho debería ser fuente de preocupación, a pesar de la actitud
negligente del Instituto Federal Electoral. La mercantilización del periodismo y
de las elecciones debería motivar una reflexión social importante sobre sus
efectos en la vida pública. Un primer impacto es el aumento en la desigualdad;
un segundo impacto es un aumento de la corrupción. En una sociedad en la que
todo está en venta, la vida es más fácil para los Slim y los Azcárraga y los
Salinas Pliego y los Peña Nieto, y más difícil para el resto de los mexicanos.
Cuando todo se vende, la afluencia (o su ausencia) importa. Y la ventaja de la
afluencia no consiste sólo en la habilidad para comprar yates, carros de lujo o
mansiones en las principales playas. Cuando el dinero puede comprar más y más
–como la influencia política y la cobertura mediática–, la distribución del
ingreso y de la riqueza importan. Cuando todo se vende y se compra, tener dinero
hace toda la diferencia. El PRI y Enrique Peña Nieto lo acaban de demostrar en
la última elección presidencial.
La segunda razón por la cual nos debe quitar el sueño la comercialización de
todo –incluyendo el voto– es más difícil de describir, como sugiere Sandel. No
tiene que ver con la desigualdad o con la equidad, sino con el poder corrosivo
de los mercados. Ponerle un precio a todo corrompe. Y eso es porque los mercados
no asignan solamente bienes; también expresan y promueven ciertas actitudes
sobre los bienes que se intercambian. Pagarle a un periodista para que
entreviste a un candidato presidencial o hable bien de él degrada al periodismo
como “Cuarto Poder”. Pagarle a un elector para que vote por cierto partido a
cambio de un saco de cemento degrada al proceso electoral. Como país, hemos
aceptado, implícitamente, que es apropiado o válido convertir al periodismo y a
las elecciones en instrumentos de uso y ganancia.
No hemos debatido si eso es correcto o no. Tan sólo hemos permitido que
ocurra, sin preguntarnos si hay bienes o espacios o decisiones que no deben ser
regidos por la lógica del dinero. Una discusión seria sobre el alcance y el
papel del mercado está ausente de la discusión política. Más bien el tema
principal ha sido la “imposición” de Enrique Peña Nieto sin tomar en cuenta las
tendencias generalizadas que llevaron a que contendiera de la forma
–inequitativa y corrupta– en la cual lo hizo. La política en México ha sido
candente en las últimas semanas, pero no alrededor del meollo del asunto: la
ausencia de un argumento moral sobre la perniciosa influencia del dinero en la
vida política y periodística del país. Como sugiere Sandel, hay un vacío moral
en la política contemporánea que afecta a todos los partidos, mientras se acusan
unos a otros de lo que todos practican. Y de allí la desilusión ciudadana con un
sistema político que parece incapaz de actuar por el bien común o atender las
preguntas que más importan.
En un país donde la cobertura favorable se compra y los votos se venden, el
peso del dinero ha acarreado un alto precio. Ha drenado el discurso público de
la energía moral y cívica que debería tener. Ha llevado a que todos los partidos
caigan en el uso del clientelismo rampante sin consecuencias. De allí el
imperativo de debatir sobre los límites morales del mercado y en qué ambitos –el
periodismo y las elecciones– no debería estar. De allí el imperativo de entender
que comprar y vender ciertas cosas las corrompe y las degrada. Si no permitimos
que los padres vendan a sus hijos, no deberíamos permitir que los ciudadanos
vendan sus votos o los periodistas vendan su cobertura. Debemos creer,
colectivamente, que vender estas cosas las valora de mala manera y cultiva malos
hábitos. Debemos pensar en el precio que pagamos por vivir en un país en el cual
ya todo parece estar a la venta. Hasta la Presidencia.
TEPJF, “garante de la paz social”
Sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MEXICO, D.F. (apro).- Los priistas y sus sicarios chillan por la potencial
conflictividad social si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) convalida las trampas de Enrique Peña Nieto, pero esa
hipótesis fue planteada hace un año por el magistrado Flavio Galván Rivera.
En una charla periodística que tuve con él, publicada en Proceso, el 5 de
agosto del año pasado, Galván Rivera –el único de los nueve magistrados que
aparentemente no obtuvo el cargo por el padrinazgo de un partido–, advirtió que,
además de garantizar los principios constitucionales, así como la libertad y la
secrecía del voto en la elección presidencial, el TEPJF debe garantizar la paz
social.
“Más allá de todos los principios constitucionales y político-jurídicos en
materia electoral, el Tribunal es garante de la paz social. Si hace un trabajo
adecuado, como un órgano imparcial, de derecho, y hace una calificación de la
elección presidencial con estos principios y estas características, tendremos
paz social. Entonces es un gran reto, una gran responsabilidad”.
–¿Y al contrario? –le pregunté.
–Podríamos atentar contra esa paz social –respondió–. Si no hay estabilidad
política, y esto la historia de México nos lo cuenta con mucha frecuencia y
sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, no hay paz social.
Puntualizó el expresidente del TEPJF: “Para que haya esa paz social, la
política debe mantener un equilibrio y obviamente los políticos, y para mantener
ese equilibrio necesitamos darle un análisis, una calificación de la elección
presidencial que sea creíble, objetiva, imparcial”.
Con medio siglo en tribunales, y directamente involucrado en la quinta
elección presidencial, Galván puede hacer la diferencia entre sus compañeros
magistrados en el análisis de las pruebas e indicios sobre la calidad de la
elección presidencial, y determinar un asunto crucial: Si fue libre y auténtica,
como ordena la Constitución.
Como se da por hecho que el TEPJF declarará válida la elección, como aquí se
apuntó la semana pasada, es preciso también que se considere que, a diferencia
de 2006, ahora sí es posible la nulidad por violaciones a principios
constitucionales, como el de la equidad en la competencia.
En 2006, los magistrados reconocieron como sucia la elección, pero la
declararon legalmente válida supuestamente porque no existía expresamente esa
medida extrema en la Constitución y en la ley, algo que Galván, entonces
secretario del TEPJF, consideró erróneo.
En su libro Derecho procesal electoral mexicano, publicado precisamente en
julio de 2006, incluyó un apartado titulado “Una inquietud inquietante: ¿Se
puede declarar la nulidad de la elección presidencial?”, y respondió que sí.
“Un acto jurídico sólo puede ser declarado existente o inexistente, válido o
nulo, nulo absoluto, relativo o de pleno derecho”, subrayó Galván en la
entrevista que tuve con él en su oficina del TEPJF.
Lo mismo dijo de la elección presidencial: “Así como puede ser declarada
válida, puede ser declarada nula. Es como cuando examinamos a alguien: Prueba o
reprueba. No hay alternativa. No puede quedarse en un punto medio.”
La reforma constitucional de 2007-2008 prevé, en el artículo 99, la nulidad
de la elección presidencial, una decisión que está en manos de los nueve
magistrados que, si actúan con la misma lógica de 2006, podrán generar
condiciones de inestabilidad política, como advierte Galván.
No hay duda de que se sabrá cuánto gastó Peña Nieto para comprar la
Presidencia de la República –que en una elección libre jamás hubiera obtenido
los votos que se le atribuyen oficialmente–, pero para entonces estará ya
instalado en el cargo y con el control de todos los mecanismos represivos con
los que dará, seguramente, respuesta a quienes lo impugnen.
Los magistrados están en una encrucijada: Ejercen su libertad y sus
facultades constitucionales o condenan al país al abismo.
Apuntes
Además de Peña y sus cómplices, un personaje prominente sabe a detalle los
miles de millones de pesos que se despilfarraron para imponer al priista en la
Presidencia de la República: Felipe Calderón. Pero como lo sabe, aun antes del 1
de julio, lo aprovecha para obtener impunidad e inmunidad. “El priista que todos
llevamos dentro”, como siempre se ufanó, se ha expresado a plenitud: Calderón es
compinche de Peña. Y los panistas lo saben. Por eso el opaco Ernesto Cordero
será presidente del Senado, mientras el perredista poblano Luis Miguel Barbosa
–paisano y amigo del golpeador Javier Lozano– se traga las migajas… La reunión
del presidente del PAN, Gustavo Madero, con el del PRD, Jesús Zambrano, con sus
respectivos coordinadores parlamentarios, es una mascarada. El PAN se sumará al
PRI en los temas fundamentales…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
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