Los posibles escenarios
Autor: Jorge Luis Sierra *
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Sección: Estrategicamente
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Es preocupante observar los diversos escenarios para México que, de suceder, podrían poner en riesgo su estabilidad y viabilidad.
Uno de éstos, de corte catastrófico, imaginado por actores en los ámbitos de la seguridad dentro y fuera del país, afectaría el resultado de la elección y situaría al país al borde de una crisis peor a la que se experimentó en 1994 con el alzamiento armado en Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el de José Francisco Ruiz Massieu, entonces diputado electo y futuro coordinador de la Cámara de Diputados.
Este escenario indica que las vulnerabilidades del gobierno actual podrían ser el terreno propicio para que grupos de poder intenten reproducir las experiencias de 1994. En México no faltan grupos de esta clase que se sienten agraviados por la política gubernamental contra el tráfico de drogas del presidente Felipe Calderón.
Una de las acciones potenciales más terribles que hay que tomar en cuenta que dichos grupos intenten asesinar a uno de los candidatos a la Presidencia. Al igual que en 1994, la muerte de un candidato sembraría la confusión entre la opinión pública y arrojaría la sombra de sospecha sobre el poder Ejecutivo, con el consiguiente daño al Partido Acción Nacional (PAN) y sus posibilidades de continuar en el poder.
Para llevar a cabo esa operación, los grupos de poder requerirían de la capacidad para realizar una operación de guerra sicológica a gran escala, lo que sólo sería posible si contaran con aliados dentro de las estructuras políticas y de seguridad del gobierno.
Aunque el país no ha estado exento del asesinato reciente de candidatos a puestos de elección popular, un ataque a los aspirantes presidenciales lo situaría en una de las crisis políticas, económicas y sociales más severas de su historia reciente.
Varias debilidades de la política del gobierno actual podrían facilitar que cualquiera de esos escenarios pueda ocurrir: la pretensión casi enferma de algunos grupos de poder en el PAN para impedir a toda costa (con todo lo que eso implique) que Andrés Manuel López Obrador gane la elección y conquiste la Presidencia de la República. En este ambiente de incertidumbre, nada impediría que la franja decisiva del voto volátil rechace la continuidad del PAN en el poder, la posibilidad del regreso del PRI y se incline hacia el Partido de la Revolución Democrática.
Los excesos y abusos de las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado contra los grupos de la delincuencia organizada, que incluirían la probable ejecución extrajudicial y desaparición forzada de narcotraficantes, la multiplicación de víctimas no relacionadas con el conflicto, son a final de cuentas una debilidad importante porque disminuyen el apoyo popular.
En este espectro de vulnerabilidades también se encuentra la proliferación de grupos paramilitares y de seguridad privada que están librando su propia lucha armada contra bandas criminales rivales. Aún se desconocen los contactos de estos grupos con los cuerpos de seguridad, pero la posibilidad de que existan y sigan activos no debe de descartarse.
Los cambios en el aparato de seguridad han dejado al país sin una capacidad adecuada de contrainteligencia, lo que podría afectar a los escudos del gobierno contra la infiltración del narcotráfico y otras organizaciones criminales y abrir una gran ventana de vulnerabilidad.
La renovación del equipo de las Fuerzas Armadas no ocurre al mismo ritmo de las exigencias de movilización que ha tenido en esta administración. Los militares siguen encabezando el combate al narcotráfico en contra del marco jurídico vigente y sin una inversión suficiente en equipo, armas, logística y efectivos para una lucha que se libra prácticamente en todo el territorio nacional.
La política gubernamental contra la delincuencia organizada se basa casi exclusivamente en la aplicación de la fuerza y ha dejado de lado otros componentes sociales, políticos y económicos que podrían disminuir los espacios de dominio criminal, acrecentar el apoyo de la población y crear las bases para una redefinición de las políticas de seguridad.
Estas vulnerabilidades han sido analizadas por observadores extranjeros que también han esbozado escenarios pesimistas. Uno de éstos es la hipótesis del México fallido, como una situación grave de ingobernabilidad que se materializa como la peor consecuencia para un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de la población, confrontar a la delincuencia organizada, mantener la integridad territorial e impedir el desbordamiento de la influencia criminal sobre las instituciones. Para dichos analistas varias porciones del país ya son pequeños Estados fallidos.
Entre los escenarios que han sido pensados por personajes de seguridad de Estados Unidos aparece la posibilidad de que sus Fuerzas Armadas invadan al país para derrocar a un grupo de narcotraficantes que habría tomado el poder con ayuda de una fracción desertora del Ejército.
Otros consideran el escenario de bandas criminales que se comportan más como una guerrilla que como grupos de la delincuencia organizada. Algunos ven el problema como una evidencia de que los grupos criminales intentan construir su propia capacidad insurgente con el apoyo de sectores de la población que no ven otras alternativas de sobrevivencia que no sean las de unirse a la delincuencia organizada.
Aún es a tiempo de reducir drásticamente las posibilidades de que esas catástrofes ocurran. Pero eso no sería posible si al mismo tiempo no se revisan y corrigen las políticas que no han hecho más que profundizar la debilidad gubernamental y abonar el terreno para los peores escenarios.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
En hambruna más de 5 millones de familias
| Autor: Érika Ramírez |
Sección: Campo
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La volatilidad de los precios, el cambio climático y la falta de una reserva alimenticia ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Organismos internacionales revelan que la escasez de los productos básicos afectará gravemente a las zonas más marginadas en los países en desarrollo. En México, más de 5 millones 800 mil familias se encuentran en pobreza alimentaria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Son las mismas que podrían padecer hambruna
Más de 5 millones 800 mil familias mexicanas podrían padecer hambruna en los próximos meses. Las proyecciones en la producción agropecuaria de México indican que el país es incapaz de proveer la alimentación adecuada a toda su población. Mientras cada trimestre se incrementan los precios en la canasta alimenticia y cae la producción de alimentos, se impulsa fuertemente el uso de la producción agrícola como materia para los biocombustibles.
Ante este panorama, México –como otros países en vías de desarrollo– deberá de aumentar al ciento por ciento su producción, “si se desea alimentar adecuadamente a la población”. Así lo indica el documento Seguridad alimentaria y sustentabilidad alimentaria, firmado por Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con el informe publicado en el marco del seminario Los Grandes Temas de la Agricultura Mundial, encabezado por Mayorga, “la creciente volatilidad de los precios agropecuarios es un tema a debate de la agenda nacional e internacional, debido a que representa incertidumbre, y por [lo] tanto, afecta las decisiones de los productores, comercializadores, consumidores e incluso al propio gobierno e inhibe la inversión en la agricultura”.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demuestran en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, cómo se han incrementado los precios de los alimentos procesados, que en septiembre pasado registraron una inflación anual de 7.32 por ciento, un aumento de 45 puntos base con respecto de junio pasado, que registró un incremento de 6.87 por ciento. En el mismo periodo, la inflación anual de los productos agropecuarios fue de 2.09 por ciento.
Seguridad alimentaria, incierta
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus sigla en inglés), un país se encuentra en dependencia alimentaria cuando destina más del 25 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos en el exterior. El secretario Mayorga Castañeda afirma que en 2010 México destinó el 7.2 por ciento de sus recursos.
Para mantener la seguridad alimentaria, indica la FAO, es necesario el cumplimiento de tres condiciones básicas: la disponibilidad de alimentos adecuados, una oferta estable sin fluctuaciones ni escasez, el acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos.
José Narro Céspedes, secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, señala que “no tenemos la seguridad alimentaria resuelta; tenemos sino déficit a partir de la crisis alimentaria, agrícola y agropecuaria de este año. En la cosecha del ciclo primavera-verano de frijol estábamos levantando 500 o 600 mil toneladas; ahora estamos levantando un total de 200 mil toneladas en todo el país, cuando los requerimientos son de más de 1 millón de éstas. Es decir, que tenemos un déficit de cerca del 60 por ciento”.
Para el también líder campesino, en estos momentos se requiere impulsar el ciclo otoño-invierno y que a través de éste se pueda reponer parte del déficit alimentario de granos. “Nos hace falta una reserva alimentaria. Esto nos dice que el problema del país está en una situación grave y delicada, de atención urgente”.
A decir del legislador perredista, la Sagarpa “no está haciendo prácticamente nada, están paralizados ante esta emergencia. Los granos son de los [alimentos] más importantes en la dieta de los mexicanos. Si no se toman medidas emergentes, no va a haber granos ni alimentos para la población y los que se importan son de muy baja calidad”.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes al periodo 2010-2011, indican que los productos de mayor importación son: cereales, con 360.1 por ciento en el alza de su compra; frijol, 162.1 por ciento; sorgo, 158.6 por ciento; uvas frescas o secas, 139.3 por ciento; arroz, 127.5 por ciento; trigo, 124.3 por ciento; huevo, 78.2 por ciento; y maíz, 74.4 por ciento.
Los riesgos
El documento Perspectivas de la agricultura 2011 –publicado por la FAO– indica que “el periodo de alta volatilidad en los mercados de productos agrícolas básicos ha entrado en su quinto año consecutivo. Unos precios altos y volátiles y lo que suponen en cuanto a inseguridad alimentaria están evidentemente entre los principales problemas a que hacen frente los gobiernos en la actualidad”.
Como consecuencia de esta incertidumbre en los mercados agrícolas, el organismo advierte “impactos negativos amplios” que repercutirían en la seguridad alimentaria y en la economía en general. Otros factores de riesgo para la economía de este sector, indica la FAO, son el cambio climático, los niveles de existencias (de productos), precios de la energía, tasas de cambio, demanda creciente, presiones sobre los recursos, restricciones comerciales y la especulación.
Los precios de los fertilizantes, el transporte y de materia prima para los biocombustibles tienen un impacto en los mercados de la energía, y son de los desafíos que tienen los gobiernos a nivel mundial, de acuerdo con el informe internacional.
El organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas enlista otros retos: la mitigación, eliminación o la reducción de la volatilidad, restricciones a las importaciones o exportaciones o a los subsidios y mandatos para los biocombustibles, la creación de redes de seguridad social y una reserva de alimentos.
De este último desafío, la FAO indica que con ello se podrían cubrir situaciones “urgentes” destinadas a proporcionar asistencia selectiva a las personas de escasos recursos, para así aminorar el efecto de los precios altos.
Alerta en las regiones más pobres
Otro de los documentos que prevén la crisis alimentaria mundial es El estado de la seguridad alimentaria. La FAOadvierte que serán las regiones más pobres las más afectadas, pues “la volatilidad de los precios hace que los pequeños agricultores y los consumidores pobres sean cada vez más vulnerables a la pobreza”.
Esto se debe a que los alimentos constituyen una gran proporción de los ingresos de los agricultores y del presupuesto de los consumidores pobres: “los aumentos significativos de los precios tienen efectos considerables en los ingresos reales. Por ello, incluso episodios breves de alza de los precios a los consumidores o descenso pueden provocar la venta a bajo precio de activos productivos, como [la] tierra y [el] ganado, por ejemplo, lo cual puede dar lugar a la trampa de la pobreza”.
También se indica que para lograr la reducción efectiva de las consecuencias adversas de la volatilidad de los precios “es preciso elaborar por anticipado mecanismos de redes de seguridad selectivas, en consulta con los grupos de población más vulnerables”.
En México, la Secretaría de Desarrollo Social tiene registradas 5 millones 818 mil 954 familias en el padrón del programa Oportunidades, diseñado para apoyar económicamente a grupos en extrema pobreza.
De acuerdo con el padrón de familias beneficiarias correspondiente a 2011, las cinco entidades que más apoyo requieren son Veracruz, con 664 mil 773; Chiapas, 622 mil 709; Puebla, 485 mil 250; Estado de México, 462 mil 465 y Oaxaca, 436 mil 535.
IICA repara plana
Gino Buzzetti Irribarra, representante en México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), comenta en entrevista con Contralínea que si bien en México la balanza comercial ha tenido “un pequeño balance negativo, se acerca a uno positivo”.
Para el funcionario, el país está produciendo tantos alimentos como los que importa, pero además exporta alimentos de alto valor, mientras las importaciones son de menor calidad.
Buzzeti Irribarra asegura que el país todavía tiene estabilidad: “Si uno lo ve desde el punto de vista de la FAO todavía hay seguridad alimentaria en el caso de México. Lo obvio es que uno quisiera mirar que la balanza agrícola fuera positiva, pero el país tiene el potencial para hacerlo, especialmente en la zona tropical”.
Además, “las zonas potencialmente más productivas concentran la pobreza y el número de pobres en México es un drama, pero hay disminuciones. Ojalá la pendiente hacia arriba fuera más alta y sobre todo, en los sectores rurales que implica generar mucha riqueza”.
En abril de 2010, Contralínea documentó el pago de 12.5 millones de pesos en cuotas al IICA por parte de la Sagarpa. Antes la Auditoría Superior de la Federación había hecho observaciones de que éstas eran “onerosas y excesivas”.
Al respecto Buzzeti Irribarra explica que las cuotas que pagan los países al IICA son fijas, de común acuerdo, y que están en relación con las que se pagan a la Organización de Estados Americanos. “Cada país paga de acuerdo con su nivel de desarrollo, entonces si es onerosa aquí es igual en otras partes. Efectivamente, el presupuesto de cuotas que tiene el IICA lamentablemente está congelado desde 1994, por lo que tenemos un drama bastante importante”.
Ese año, las aportaciones al IICA superaban en casi 4 millones de pesos los apoyos que la Sagarpa entrega a los campesinos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, uno de los estados más pobres del país (Contralínea, 11 de abril de 2010).
Buzzeti Irribarra explica que México es uno de los países que más contribuyen al sostén del IICA, ya que aporta el 4 o 5 por ciento de sus ingresos. “Entre Estados Unidos, Canadá, México y Brasil sufragan el 60 por ciento de las cuotas del IICA. El primero, por su nivel de desarrollo, tiene un aporte mayor que el mexicano”.
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