Revisará CPI en un mes denuncia contra Calderón
El fiscal Moreno debe revisar en ese tiempo si durante la llamada guerra contra el narcotráfico se cometieron en México delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, señala experto
Alfredo Méndez
Publicado: 04/12/2011 17:42
Publicado: 04/12/2011 17:42
México, DF. El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene un mes para analizar la veracidad de la información que le proporcionaron los más de 20 mil ciudadanos que presentaron una denuncia contra el presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad ante ese tribunal internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, aseguraron abogados expertos en derecho internacional.
Marco Antonio del Toro, con más de una década de experiencia litigiosa en asuntos internacionales, refirió en entrevista con La Jornada que el fiscal Moreno debe revisar en ese tiempo si durante la llamada guerra contra el narcotráfico se cometieron en México delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Añadió que el funcionario internacional también debe analizar al sistema jurídico mexicano a fin de que cerciore que las instituciones de procuración de justicia de nuestro país sean confiables.
A su vez, el penalista Rogelio Garza, también especialista en derecho internacional, sostuvo que sólo en caso de que Moreno llegue a la conclusión de que las evidencias aportadas por los denunciantes son reales, y de que se cometió en México alguno de los tres delitos antes citados, habrá posibilidad de que se inicie una indagatoria que concluya, probablemente, con la petición ante la CPI de una orden de detención internacional.
“En un mes el fiscal deberá hacer las anteriores actuaciones, y sólo en caso de concluir que hay materia para un caso de la Corte Penal Internacional podrá presentar un informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares, donde un grupo de magistrados revisarán la denuncia y las evidencias, que autorizarán o negarán el inicio de las pesquisas contra el presidente Calderón”, refirió Garza.
El mes pasado un colectivo de más de 20 mil ciudadanos presentó ante la CPI una denuncia contra Felipe Calderón, a quien se imputan delitos de lesa humanidad por los más de 50 mil muertos que se han registrado desde el año 2006 a la fecha, en el contexto de una lucha contra la delincuencia organizada que emprendió la administración calderonista.
Entrevistado por este diario, Rogelio Garza dijo que cada año la Corte Penal Internacional recibe cerca de 3 mil denuncias, pero el fiscal Moreno únicamente abre al año entre nueve y 12 indagatorias, la mitad de las cuales no llega ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia con sede en La Haya con una orden de detención.
De su lado, Marco Antonio del Toro, destacó que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación, a menos de que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al Estatuto de Roma.
“El fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas versiones”, puntualizó.
Del Toro expuso que una vez que la denuncia supere la primera barrera referente a la competencia y al análisis de procedibilidad el fiscal Moreno estará en posibilidades de iniciar su indagatoria, siempre respaldado por las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares.
“Esta sala de la CPI atenderá todas las peticiones de salvaguarda internacional solicitadas por el fiscal; impondrá las medidas de seguridad para la protección de las víctimas, expedición de órdenes de comparecencia, esta misma sala podrá, en la medida de sus facultades previstas por el Estatuto de Roma, liberar una orden de captura internacional en contra del o los imputados en cualquier momento después de iniciada la investigación”, añadió Del Toro.
FUENTE LA JORNADA
Ayuda DEA a cárteles mexicanos a lavar dinero: The New York Times
Agentes de la DEA.
Foto: AP
Foto: AP
WASHINGTON (apro).- La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) colabora con los cárteles del narcotráfico de México para “lavar” el dinero procedente de la venta de narcóticos en territorio estadunidense, reveló este domingo el diario The New York Times.
Como parte de una estrategia para “rastrear” el dinero que sale de la venta de las drogas, la DEA, de acuerdo con el artículo de ocho columnas de este domingo, ayuda a los narcotraficantes a meter a México cantidades desconocidas de millones de dólares.
“Agentes antinarcóticos estadunidenses encubiertos, han lavado o traficado millones de dólares procedentes de la venta de drogas como parte del creciente papel de Washington en la lucha contra los cárteles (del narcotráfico) en México”, destaca el amplio reportaje de primera plana del influyente rotativo.
Bajo el argumento de detectar e identificar las estrategias que usan los narcotraficantes para lavar dinero, el reportaje firmado por Ginger Thompson, apunta que los agentes de la DEA “han manejado cargamentos de miles de dólares para su cruce fronterizo”. Los agentes estadunidenses incluso depositan el dinero en las cuentas (bancarias) que les designan los propios narcotraficantes o en otras creadas por las autoridades del gobierno de Barack Obama.
Sustentado con entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de la DEA, el reportaje de The New York Times enfatiza que aun cuando esta estrategia para identificar los métodos de lavado de dinero procedente de la venta de narcóticos se aplica en otros países desde hace tiempo, en México este método se comenzó a emplear hace solamente unos años.
“Las actividades de alto riesgo levantan preguntas delicadas sobre la efectividad de la DEA para atrapar a los capos, subraya las preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana, y opaca la línea entre la supervisión y facilitar las actividades criminales”, puntualiza el reportaje de primera plana del Times.
Lo grave de este tipo de actividades de la DEA –que también está siendo acusada como protectora del cártel de Sinaloa– de acuerdo a los documentos que se han presentado ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, donde se prepara el juicio del presunto narcotraficante Jesús Vicente Zambada Niebla, es que “permite a los cárteles seguir con sus operaciones por meses o años, antes de hacer decomisos o arrestos”.
Los entrevistados por la reportera de The New York Times rechazaron cualquier comparación de esta operación de lavado de dinero, con la bautizada como Rápido y Furioso, bajo la cual el gobierno federal de Estados Unidos permitió, orquestó y facilitó el tráfico ilegal de armas a México con el propósito de identificar para desmantelar a la red a cargo de esta actividad criminal, pero que al final resultó en un fracaso total que derivó en que más de 2 mil 500 armas terminaron en manos de los narcotraficantes mexicanos.
“Mi regla fue: si vamos a lavar dinero será mejor que entreguemos resultados, de otra forma la DEA podría terminar con el principal lavador de dinero en este negocio y ese dinero daría como resultado violencia y muertes”, declaró un agente de la DEA a The New York Times.
Todos los funcionarios entrevistados por este periódico, y de acuerdo con la reportera, aceptaron hablar del asunto bajo la estricta condición del anonimato.
El rotativo acota que la participación de la DEA en el lavado de dinero que forma parte de una estrategia de unos 50 proyectos, todos autorizados por el Departamento de Justicia, no se realizaban en México desde 1998.
“Pero eso cambió en años recientes después de que el presidente Felipe
Calderon declarara la guerra a los cárteles, y de que enlistara a Estados Unidos para jugar un papel principal para confrontarlos, debido a que sus fuerzas de seguridad tenían poca experiencia y una larga historia de corrupción”, establece el reportaje del diario.
Las operaciones encubiertas del gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles de México no son nuevas, todas, según el reportaje son del conocimiento y aprobación del gobierno del Departamento de Justicia. Los entrevistados se negaron a señalar cuánto dinero ha lavado la DEA, pero simplemente sostienen que ha sido mucho. “Si te vas a meter al negocio de lavar dinero… tienes que tener la capacidad de lavar dinero”, aclaró un agente estadunidense al periodico.
De acuerdo con la explicación que hace The New York Times de esta estrategia de la DEA, agentes mexicanos quienes se hacen pasar por traficantes, acompañados de autoridades estadunidenses, recogen el dinero en efectivo de los traficantes en México. “Los agentes estadunidenses transportan el dinero en efectivo en vuelos gubernamentales para depositarlo en cuentas bancarias de los narcotraficantes en Estados Unidos para luego, por medio de giros electrónicos, enviarlo a las compañías que proveen bienes y servicios a los cárteles”, destaca el recuento de The New York Times.
En otros casos, son los mismos agentes de la DEA que se encargan de recoger el dinero en efectivo dentro de Estados Unidos, y quienes lo envían directamente a los cárteles en México.
Exfuncionarios estadunidenses le aseguraron al diario que el Departamento de Justicia ha autorizado a la DEA a lavar hasta 10 millones de dólares procedentes de la venta de las drogas.
El reportaje subraya que “no está claro” que este tipo de operaciones esté por encima de los riesgos que implica instrumentarlas. Aclara además que el decomiso de dinero a los cárteles ha sido mínimo.
“El año pasado la DEA decomisó unos mil millones de dólares en dinero en efectivo y bienes, mientras que el gobierno mexicano confiscó unos 26 millones de dólares por medio de investigaciones sobre lavado de dinero, lo cual es una pequeña fracción de los 18 mil ó 39 mil millones de dólares, que se estima fluye entre los países –procedente de la venta de drogas–”, remató el artículo.
FUENTE PROCESO
La “defensa” de Calderón
Netzaí Sandoval presentó la denuncia ante La haya.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los voceros y comunicados oficiales del gobierno federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la Corte Penal Internacional (CPI): no han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el Ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en 95% de los homicidios de la narcoguerra el gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”.
Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.
Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda. Habría que informar a Calderón que para poder sostener que lo calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos. En realidad lo único que debaten sus voceros es si se reúnen los requisitos jurídicos para que intervengan los tribunales internacionales. Veamos.
Gerardo Laveaga –quien aspiraba a ser defensor del pueblo y se ha convertido hoy en defensor del gobierno– afirma que “el primer requisito de procedibilidad, como decimos los abogados, es que se haya agotado la instancia entre tribunales nacionales, lo cual no ha ocurrido”. Un abogado internacionalista, a diferencia de Laveaga, sabría que esto es falso. El principio de complementariedad enunciado en el artículo 1 del Estatuto de Roma implica que la CPI intervendrá en los casos en que un país no esté dispuesto a llevar a cabo procesos penales imparciales o no pueda realmente hacerlo. No siempre deben agotarse las instancias nacionales.
Precisamente hemos argumentado ante el fiscal de la CPI que en México no se han tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el hecho de que en 24 entidades federativas tampoco es un delito la desaparición forzada, por lo que los tribunales mexicanos no podrán juzgar esos crímenes. Laveaga responde que esto no importa, dado que se pueden juzgar los delitos en México bajo otros tipos penales. No respondió cómo se juzgaría, por ejemplo, el reclutamiento de niños en calidad de sicarios por parte de los cárteles de la droga.
Pero adicionalmente afirma que los castigos pueden ser “mucho más grandes” en nuestro país en casos de homicidio, “privación ilegítima de la libertad” –un tipo penal inventado por él–, lesiones y tortura. Otra falsedad. Laveaga demuestra no tener un mínimo conocimiento de las penas que prevé el Estatuto de Roma. La CPI podría imponer cadena perpetua a los máximos responsables de la crisis humanitaria en México y tal sanción no se compara con la que corresponde a los delitos por él señalados. Particularmente la privación ilegal de la libertad –como se llama en México– no es un delito grave, por lo que incluso admite beneficios como la libertad provisional bajo caución. ¿Son superiores las penas en México?
También insiste en afirmar que la CPI solamente tiene competencia sobre tres tipos de delitos y que el de agresión no se ha definido. Otro grave error. Laveaga demuestra su falta de actualización jurídica. En 2010 la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala definió ya el crimen de agresión. Muchos opinadores han citado a Laveaga como autoridad en la materia, cuando está demostrando que no conoce el derecho penal internacional.
Finalmente Laveaga plantea que en México se están haciendo todos los esfuerzos para respetar los derechos humanos porque el Congreso aprobó las acciones colectivas o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el fuero militar. Es claro que no han comprendido que la CPI juzga a individuos y no a Estados. El fiscal analizará en su momento si los mandos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso los propios capos de la droga pudieron girar órdenes que evitaran la comisión de actos perseguibles bajo el Estatuto de Roma y si reprimieron o sancionaron a sus subordinados cuando los cometieron.
Una aclaración. Aquí critico los argumentos y no descalifico –a diferencia de Laveaga– a la persona ni sus motivaciones. Si los mejores argumentos que tiene la defensa de Calderón consisten en que el Congreso y la Suprema Corte cumplen con su trabajo o que quienes acudimos a la CPI estamos manipulados por fantasmagóricos villanos, desde ahora se puede decir que están derrotados.
Si participara en la defensa del gobierno panista, le recomendaría poner en vigor de inmediato protocolos de actuación en tareas de seguridad pública y ordenar al Ejército dejar de trasladar a los detenidos a cuarteles militares (donde se cometen actos de tortura). Le aconsejaría implementar el registro inmediato de detenciones e instruir a la PGR que aplique realmente el Protocolo de Estambul. Pero fundamentalmente le recomendaría ordenarle a la PGR iniciar averiguaciones previas contra los soldados que agreden a la población civil e integrarlas en forma diligente y profesional, es decir poner fin a su política de impunidad. Eso sí sería tomado en cuenta por la CPI.
Emplazo a Laveaga a que informe a la opinión pública qué tipo penal resulta exactamente aplicable al reclutamiento de menores de 15 años en México. Si no es capaz de responder, con seriedad le pido a Calderón que cambie de defensa y de estrategia. El tipo de descalificaciones, de agresiones y amenazas empleado en sus comunicados y por sus voceros contribuye a que nuestra sociedad vuelva a caer en el encono y en la intolerancia.
Tal vez sea mucho pedir a un hombre que hizo del odio y del miedo su principal campaña. Pero si queda algo de político en él, debería reconocer que nuestra nación está viviendo una profunda crisis social y que solamente está contribuyendo a exacerbarla. Muchos juristas destacados e incluso sus propios compañeros de partido intentan hacerle ver el error que comete cuando pretende perseguir y acallar a quienes buscamos encontrar justicia por vías jurídicas e institucionales. ¿Escuchará?
@Netzai_Sandoval
*Abogado por la UNAM con maestría en derecho constitucional.
FUENTE PROCESO
Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.
Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda. Habría que informar a Calderón que para poder sostener que lo calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos. En realidad lo único que debaten sus voceros es si se reúnen los requisitos jurídicos para que intervengan los tribunales internacionales. Veamos.
Gerardo Laveaga –quien aspiraba a ser defensor del pueblo y se ha convertido hoy en defensor del gobierno– afirma que “el primer requisito de procedibilidad, como decimos los abogados, es que se haya agotado la instancia entre tribunales nacionales, lo cual no ha ocurrido”. Un abogado internacionalista, a diferencia de Laveaga, sabría que esto es falso. El principio de complementariedad enunciado en el artículo 1 del Estatuto de Roma implica que la CPI intervendrá en los casos en que un país no esté dispuesto a llevar a cabo procesos penales imparciales o no pueda realmente hacerlo. No siempre deben agotarse las instancias nacionales.
Precisamente hemos argumentado ante el fiscal de la CPI que en México no se han tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el hecho de que en 24 entidades federativas tampoco es un delito la desaparición forzada, por lo que los tribunales mexicanos no podrán juzgar esos crímenes. Laveaga responde que esto no importa, dado que se pueden juzgar los delitos en México bajo otros tipos penales. No respondió cómo se juzgaría, por ejemplo, el reclutamiento de niños en calidad de sicarios por parte de los cárteles de la droga.
Pero adicionalmente afirma que los castigos pueden ser “mucho más grandes” en nuestro país en casos de homicidio, “privación ilegítima de la libertad” –un tipo penal inventado por él–, lesiones y tortura. Otra falsedad. Laveaga demuestra no tener un mínimo conocimiento de las penas que prevé el Estatuto de Roma. La CPI podría imponer cadena perpetua a los máximos responsables de la crisis humanitaria en México y tal sanción no se compara con la que corresponde a los delitos por él señalados. Particularmente la privación ilegal de la libertad –como se llama en México– no es un delito grave, por lo que incluso admite beneficios como la libertad provisional bajo caución. ¿Son superiores las penas en México?
También insiste en afirmar que la CPI solamente tiene competencia sobre tres tipos de delitos y que el de agresión no se ha definido. Otro grave error. Laveaga demuestra su falta de actualización jurídica. En 2010 la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala definió ya el crimen de agresión. Muchos opinadores han citado a Laveaga como autoridad en la materia, cuando está demostrando que no conoce el derecho penal internacional.
Finalmente Laveaga plantea que en México se están haciendo todos los esfuerzos para respetar los derechos humanos porque el Congreso aprobó las acciones colectivas o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el fuero militar. Es claro que no han comprendido que la CPI juzga a individuos y no a Estados. El fiscal analizará en su momento si los mandos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso los propios capos de la droga pudieron girar órdenes que evitaran la comisión de actos perseguibles bajo el Estatuto de Roma y si reprimieron o sancionaron a sus subordinados cuando los cometieron.
Una aclaración. Aquí critico los argumentos y no descalifico –a diferencia de Laveaga– a la persona ni sus motivaciones. Si los mejores argumentos que tiene la defensa de Calderón consisten en que el Congreso y la Suprema Corte cumplen con su trabajo o que quienes acudimos a la CPI estamos manipulados por fantasmagóricos villanos, desde ahora se puede decir que están derrotados.
Si participara en la defensa del gobierno panista, le recomendaría poner en vigor de inmediato protocolos de actuación en tareas de seguridad pública y ordenar al Ejército dejar de trasladar a los detenidos a cuarteles militares (donde se cometen actos de tortura). Le aconsejaría implementar el registro inmediato de detenciones e instruir a la PGR que aplique realmente el Protocolo de Estambul. Pero fundamentalmente le recomendaría ordenarle a la PGR iniciar averiguaciones previas contra los soldados que agreden a la población civil e integrarlas en forma diligente y profesional, es decir poner fin a su política de impunidad. Eso sí sería tomado en cuenta por la CPI.
Emplazo a Laveaga a que informe a la opinión pública qué tipo penal resulta exactamente aplicable al reclutamiento de menores de 15 años en México. Si no es capaz de responder, con seriedad le pido a Calderón que cambie de defensa y de estrategia. El tipo de descalificaciones, de agresiones y amenazas empleado en sus comunicados y por sus voceros contribuye a que nuestra sociedad vuelva a caer en el encono y en la intolerancia.
Tal vez sea mucho pedir a un hombre que hizo del odio y del miedo su principal campaña. Pero si queda algo de político en él, debería reconocer que nuestra nación está viviendo una profunda crisis social y que solamente está contribuyendo a exacerbarla. Muchos juristas destacados e incluso sus propios compañeros de partido intentan hacerle ver el error que comete cuando pretende perseguir y acallar a quienes buscamos encontrar justicia por vías jurídicas e institucionales. ¿Escuchará?
@Netzai_Sandoval
*Abogado por la UNAM con maestría en derecho constitucional.
FUENTE PROCESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario