Apuntes postsoviéticos- EU: migración, avance y pendientes- Los de Abajo

Apuntes postsoviéticos

La ley a secas

Juan Pablo Duch

 

       El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede no saber que Benito Juárez fue el primero en afirmar: A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas, pero los hechos indican que la sentencia juarista bien podría ser el eje del acoso del Kremlin a la oposición política.

Porque la frase, con mínimas variaciones también atribuida a Porfirio Díaz, al peruano Óscar Benavides y al brasileño Getulio Vargas, entre otros, explica en Rusia que unos gocen de impunidad y otros sufran persecución.
Denota esa clara intención la aprobación de enmiendas que endurecen las multas por infracciones durante manifestaciones y mítines, por ahora impuestas en dos ocasiones en ciudades de provincia, a modo de experimento.
Tampoco parece fortuito que la víspera de la enésima protesta, que sacó a la calle en Moscú a decenas de miles de personas para pedir la dimisión de Putin, el Comité de Investigación de la Procuraduría rusa haya realizado cateos en viviendas de dirigentes del movimiento de inconformes.
Y al día siguiente, a la misma hora que tendrían que ocupar la tribuna del mitin, los haya citado a declarar como testigos de los disturbios ocurridos el 6 de mayo anterior, cuando un grupo de jóvenes radicales lanzó piedras y se enfrentó a golpes con la policía. Hasta ahora van doce imputados por esos sucesos.
Da la impresión de que aquí los subordinados, en su afán de quedar bien con la superioridad, se exceden en eso de aplicar la ley a secas y cometen arbitrariedades que ponen en entredicho la procuración de justicia en Rusia.

Ejemplos recientes: no permitir la presencia de abogados, las primeras horas, en los cateos; realizar un registro en la vivienda de una persona que ni siquiera estuvo en el mitin del 6 de mayo; impedir que se vistiera una mujer, que sin más ropa que una tanga tuvo que escuchar cómo los investigadores leían en voz alta las cartas privadas a su novio; comenzar un cateo, en ausencia del dueño de la vivienda; y un largo etcétera.

Esta misma semana un escándalo involucró al propio titular del Comité de Investigación, Aleksandr Bastrykin, compañero de facultad y hombre de todas las confianzas de Putin, acusado por el periódico Novaya Gazeta de amenazar de muerte a su subdirector, Serguei Sokolov.

El desencuentro quedó zanjado con un apretón de manos y disculpas recíprocas –el funcionario se desquició por las críticas del periodista y éste aceptó que se pasó de la raya–, pero lo más grave es que sucedió en realidad que el principal encargado de esclarecer los asesinatos en este país amenazó con cortarle la cabeza a un reportero.

No sorprende que muchos rusos quieran saber ¿cuándo se aplicará la ley a secas? Para todos, sin excepción.

EU: migración, avance y pendientes

 

       El gobierno de Estados Unidos dio a conocer ayer un decreto presidencial por el que otorga una amnistía de hasta 24 meses y la posibilidad de obtener permisos de trabajo a jóvenes indocumentados que hayan arribado a ese país a los 16 años de edad o menos; que actualmente tengan un máximo de 30 años, y que cumplan además con una serie de requisitos, como haber permanecido el último lustro en territorio estadunidense, haber concluido la educación secundaria y no haber sido sentenciados por delitos graves. Al anunciar la determinación comentada –que, según estimaciones del Pew Hispanic Center, podría beneficiar a 1.4 millones de personas al evitar que sean deportadas–, el presidente estadunidense, Barack Obama, sostuvo que no tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos y advirtió que el decreto no es un camino para lograr la ciudadanía, sino una medida temporal para intentar solucionar un problema.

       Con todo y las restricciones mencionadas, la medida es una buena noticia para las comunidades de inmigrantes indocumentados en el vecino país, no sólo porque relaja la difícil situación que enfrentan millones de jóvenes estudiantes y trabajadores en esa nación, sino porque contrarresta, en alguna medida, cuatro años de una política errática y desastrosa del actual gobierno en materia migratoria.

        Cabe recordar que esa propuesta constituyó uno de los puntos más avanzados y esperanzadores de la campaña presidencial de Barack Obama, que le granjeó simpatías en el electorado hispano y en los sectores más progresistas de la sociedad estadunidense. No obstante, a pesar de haber contado durante los primeros dos años de su administración con un Congreso mayoritariamente demócrata, el hoy mandatario fue incapaz de obtener, en torno al tema migratorio, un respaldo legislativo suficiente: antes al contrario, el Senado rechazó en diciembre de 2010 la llamada Dream Act –que habría otorgado a jóvenes nacidos en el extranjero la posibilidad de convertirse en residentes legales después de pasar dos años en la universidad o en las fuerzas armadas– y la sociedad estadunidense asistió, en el último bienio, a la intensificación de expresiones de racismo y xenofobia dentro y fuera de los marcos normativos, como quedó de manifiesto con la aprobación de la impresentable Ley SB1070 por el Congreso de Arizona, y con la deportación de una cifra sin precedente de personas –casi 400 mil– entre 2010 y 2011.

      En ese sentido, y sin soslayar el carácter intrínsecamente positivo de la medida anunciada, ésta debe ser vista, más que como un gesto de buena voluntad por parte de la Casa Blanca, como un triunfo de la movilización y la presión social ejercida en meses recientes sobre las autoridades estadunidenses, y como una muestra de la capacidad de los migrantes por ejercer un contrapeso efectivo a los sectores chovinistas y xenófobos de Washington.

Por otra parte, el hecho de que el referido cese de deportaciones de jóvenes inmigrantes sea consecuencia de un decreto presidencial, y no de un aval de los congresistas estadunidenses, pone en evidencia que el Ejecutivo cuenta con potestades institucionales propias para desahogar la difícil situación que enfrentan los migrantes sin papeles en su territorio, y desactiva en alguna medida las quejas formuladas por el propio Obama, quien ha pasado los últimos dos años responsabilizando a la oposición republicana por la falta de avances en materia migratoria.

       Desde luego, como reconoce el propio mandatario, la disposición señalada –constreñida sólo a un sector de la población inmigrante y limitada por las condicionantes referidas– no puede ser vista como sucedáneo de una enmienda integral que permita la regularización para los millones de indocumentados que trabajan o estudian en aquel país. Es significativo, en ese sentido, que la resolución ayer anunciada se dé en uno de los momentos más inciertos para una eventual reforma migratoria: cuando la oposición republicana domina el Congreso, cuando el periodo presidencial de Obama se acerca a su fin y cuando está en el aire si éste logrará la relección por cuatro años más o si será derrotado por el republicano Mitt Romney en los comicios de noviembre próximo.

       Ante esas circunstancias de incertidumbre, corresponderá a los propios migrantes seguir presionando a las autoridades de Washington, con independencia de su signo partidista, para lograr el reconocimiento legal que merecen en función del aporte invaluable que realizan a la economía y la cultura de ese país.

Los de Abajo

El futuro de Grecia

Gloria Muñoz Ramírez

 

       El ambiente electoral inunda hoy cada rincón. Las marchas y concentraciones de protesta que colmaron las calles durante más de dos años han cedido lugar a la propaganda política de las principales fuerzas que contienden por el nuevo gobierno de Grecia, por segunda ocasión en menos de dos meses, en medio de la crisis económica más apremiante en la historia de ese país y de la campaña de pánico generalizada por si Grecia sale de la zona euro. Se han incrementado en días recientes los rumores de que en caso de que gane la izquierda –representada por Syriza– se paralizará la economía, no se podrá sacar dinero ni de los cajeros automáticos y se impondrán corralitos como en Argentina.

        En las calles se discuten las posibilidades, y algunos se declaran con esperanza en otra opción. Syriza, que hasta hace unos meses no representaba ningún peligro para sus contendientes –en los comicios de 2009 sólo obtuvo 4 por ciento de la preferencia electoral–, hoy significa el mayor peligro para su país: la amenaza, la fuga de capitales, dicen sus adversarios.

       La campaña en los grandes medios de comunicación locales e internacionales es apabullante: Syriza, dicen, traerá empeoramiento de las condiciones sociales y económicas, el crecimiento de la criminalidad y la violencia, más inseguridad y más incertidumbre. La propuesta del candidato Alexis Tsipras es contundente: no a la salida de la eurozona y no a las medidas impuestas de austeridad.

A dos días de los comicios, los electores se declaran desesperados, enojados, sin horizonte; de ahí, dicen, el castigo a los partidos que provocaron el colapso económico, empezando por el saliente socialista.

        La crisis en los pasados tres años ha significado que la mitad de la población no tenga trabajo o que sólo trabaje dos o tres días a la semana, la disminución significativa de los servicios de salud, la asfixia del sistema educativo, la pérdida de garantías sociales que se traduce, por ejemplo, en que un pensionado tenga que decidir si compra comida o medicamentos. Hay más de un millón de desocupados, sin contar a quienes trabajan por la mitad del salario. Y, lo peor, no pronostican que la situación cambie en los próximos años. Todos lo saben.

        La incertidumbre electoral predomina. Los encuestadores están confundidos. No saben, dicen, si hay un problema con las muestras; si las consultas están mal elaboradas, si la población no quiere responder y les toma el pelo o si los griegos se mueven de una elección a otra en cuestión de minutos. Esto, a menos de 48 horas de que se decida el futuro inmediato de Grecia, que repercutirá en el destino de la eurozona.

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