Argentina: un tropiezo para la megaminería
Marcha contra el proyecto en Loncopué.
Foto: Especial
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ROSARIO, Argentina (apro).- Un pueblito ignoto de la Patagonia acaba de
ingresar a la historia de las luchas ambientales en Argentina.
Loncopué, en la provincia de Neuquén, aprobó el pasado 3 de junio una
ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. La decisión se tomó a través
de un mecanismo de democracia directa. Se trató del primer referéndum de
carácter vinculante sobre megaminería que tiene lugar en Argentina. El gobierno
de Neuquén, que había hecho gran presión para evitar la consulta pública,
presentó un reclamo ante la justicia provincial, para que deje sin efecto el
resultado.
La decisión de Loncopué se inscribe dentro de un clima de inquietud social
frente a esta modalidad de explotación minera. En los últimos seis meses varias
poblaciones afectadas han llevado a cabo acciones de protesta en diferentes
provincias de Argentina. La minería a cielo abierto es denunciada como una
actividad altamente contaminante, que consume enorme cantidad de agua, casi no
genera empleo y deja al fisco sólo un porcentaje ínfimo de sus inmensas
ganancias. Los gobiernos provinciales han respondido a los reclamos con
represión policial y persecución judicial de los activistas.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apoya abiertamente la
megaminería. Los grandes medios de prensa, opuestos al gobierno, parecen
coincidir con la primera mandataria en este punto. Los diarios Clarín y La
Nación no dedicaron una sola línea al histórico referéndum efectuado en
Loncopué.
Mapuches
Lugar de caciques. Eso quiere decir Loncopué en lengua mapuche. Hoy es una
localidad de 7 mil habitantes, que vive de la ganadería y el turismo. Está a 300
kilómetros de la capital provincial, a mil 500 de Buenos Aires y a sólo 20 de la
frontera con Chile.
Loncopué es el primer municipio de Argentina que realiza un referéndum
vinculante de aceptación o rechazo a la megaminería. En la ciudad de Esquel,
provincia de Chubut, se había realizado en 2003 un plebiscito, en el que el 81%
de la población votó contra la megaminería. Pero el resultado no obligaba a las
autoridades a adoptar medida alguna.
En Loncopué, al igual que entonces en Esquel, ocho de cada diez habitantes
rechazaron la actividad extractiva. Para que el referéndum fuera válido, debía
sufragar el 50% de los 3 mil 600 empadronados. Finalmente, lo hizo el 72%,
desafiando el llamado a no votar del Movimiento Popular Neuquino que gobierna
tanto la provincia como el municipio. Una impactante mayoría de los votantes, el
82.08%, aprobó la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8 mil
hectáreas que corresponden al ejido municipal.
El Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia casi sin interrupción
desde hace 50 años. Su fundador, Felipe Sapag, fue cuatro veces gobernador por
medio de las urnas y se desempeñó como interventor durante la última dictadura
(1976-1983). Su sobrino, Jorge Sapag, es el actual gobernador de la provincia.
Otros integrantes de la familia ocupan altos cargos públicos. La negativa de
Loncopué afecta sus intereses de manera directa. “Los Sapag están presentes en
todos los negocios”, sostuvo lunes 4 el diario Página 12, único medio de alcance
nacional que cubrió la consulta popular. “Carlos Nuno Sapag, hermano del
gobernador, es titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en
cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.”
El gobernador Jorge Sapag –aliado de la presidenta en el orden nacional–
intentó impedir la consulta popular. La estatal Corporación Minera de Neuquén,
más conocida como Cormine, elevó dos presentaciones judiciales ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia. Ambas fueron desestimadas. Dos escribanos
se presentaron en la Escuela 168 mientras se llevaba a cabo el referéndum. Su
pretensión de constituirse en fiscales o veedores de la consulta fue rechazada,
ya que violentaba plazos y procedimientos. La misma explicación fue recibida por
el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza, quien se apersonó en la
Escuela 168, junto a dos policías, para reforzar esa demanda. El ministro pidió
que se retirara la prensa. Finalmente se fue con las manos vacías.
Durante toda la mañana de la votación, un grupo de hombres del partido de
gobierno se plantó junto a la escuela. Todo aquel que concurría a votar era
anotado en una lista y se le sacaban fotos. Claramente se buscaba amedrentar a
los vecinos que trabajan en reparticiones públicas o perciben algún
subsidio.
La escena simboliza el pensamiento anacrónico de los sectores que ostentan el
poder en la provincia. Puertas adentro, el ejercicio de la democracia directa
reconfortaba a los votantes. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple:
que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo
ninguna locura ¿no?”, le dijo Oscar Muñoz, de 32 años, al diario Página 12, en
el citado artículo.
Cianuro
El proyecto Campana Mahuida, 12 kilómetros al sur de Loncopué, fue
inicialmente desarrollado por la empresa estatal neuquina. La Cormine efectuó en
1998 una valuación de los recursos y reservas de la mina. En 2007, el consorcio
canadiense Golden Peaks se hizo cargo del proyecto. Se comprometió ante la
comunidad a presentar un estudio de impacto ambiental. Su incumplimiento motivó
la creación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), que
presentó un recurso de amparo contra la minera. La compañía tuvo que abandonar
el proyecto.
En 2008 la empresa china Emprendimientos Mineros SA y la estatal Cormine
firmaron un contrato. En Loncopué se instalaría una mina a cielo abierto para la
extracción de cobre. La asociación de vecinos AVAL se organizó junto con la
comunidad mapuche Mellao Morales, a la que el proyecto afectaba de manera
directa.
Presentaron un recurso de amparo ante la justicia, aduciendo que la compañía
vulneraba los derechos de los pueblos originarios. Pidieron la nulidad del
contrato firmado. Denunciaron que el gobierno provincial había cedido el
yacimiento sin licitación pública, por 3 millones de dólares, una cifra
irrisoria para un emprendimiento con al menos 15 años de vida útil y reservas
por mil 800 millones de dólares.
El rechazo a la megaminería pronto reunió a docentes, amas de casa, familias
campesinas, comunidades mapuches, pequeños estancieros. También se sumaron la
Iglesia Católica local y la radio Arco iris, cuya antena y sus equipos sufrieron
diversos atentados.
En diciembre de 2009, el Superior Tribunal Provincial ordenó frenar la
actividad minera hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, la legalidad o
no del contrato. La resolución fue festejada en Loncopué por 2 mil 500 personas.
El último orador fue Pedro Beroiza, lonko (cacique) de la comunidad mapuche
Mellao Morales. “Es histórico que haya salido este fallo en la provincia de
Neuquén a favor de una comunidad”, sostuvo, en declaraciones a la FM 103.7 de la
capital neuquina. Y cuestionó la actitud de ciertos políticos: “Demasiado han
abusado de nuestra comunidad, nos han tratado de ignorantes, y hoy les voy a
demostrar que por más estudios que tengan tienen menos dignidad que yo”,
dijo.
El gobierno provincial apeló la resolución con un recurso extraordinario. En
marzo de 2011, el máximo tribunal de Neuquén volvió a fallar contra el
gobierno.
La minería a cielo abierto es un proceso de explotación que se realiza en la
superficie de la tierra. Para sacar los minerales se remueve gran cantidad de
piedra con toneladas de explosivos. Así se van cavando inmensos cráteres, que
pueden alcanzar los 800 metros de profundidad. En las laderas se construye una
larga rampa con forma de espiral, por la que suben y bajan los camiones.
Para separar el oro de la roca se utilizan toneladas de cianuro. El proceso
insume diariamente cientos de miles de litros de agua potable. El agua
contaminada con cianuro y metales pesados se deposita en piletones llamados
diques de cola. Los diques de cola suelen fracturarse. Su contenido fluye hacia
napas, ríos y arroyos. En el año 2005, un derrame provocado por la minera La
Alumbrera, en la provincia de Catamarca, contaminó el río Vis-Vis. La ganancia
neta declarada de esta compañía supera los mil 200 millones de dólares anuales.
Un cuarto más que el presupuesto provincial en 2010, que ascendió a 900 millones
de dólares.
Protestas
Las leyes mineras aprobadas durante el mandato de Carlos Menem (1989-1999)
abrieron las puertas a empresas trasnacionales que buscan oro, plata, cobre y
uranio. En esa década se privatizaron todas las empresas públicas de Argentina.
Las decisiones estratégicas del Estado quedaron libradas al humor de los
mercados financieros internacionales.
El expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual mandataria, Cristina
Fernández de Kirchner, responsabilizaron al credo neoliberal por el colapso que
sufrió Argentina a comienzos de este siglo. Edificaron su legitimidad política
con base en este discurso. También con sus políticas de derechos humanos y de
fortalecimiento decidido del mercado interno, modelo que fue reparando las
profundas heridas infligidas al tejido social en las décadas anteriores. Ajeno a
las críticas, el gobierno ha reforzado el impulso de dos actividades económicas
de gran efecto contaminante: la agricultura transgénica y la megaminería.
“El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por
convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las
barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros
transnacionales”, dice un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina (Ocmal), presentado en noviembre de 2011. En él se consigna que
la cantidad de proyectos mineros en Argentina aumentó un 740% entre 2003 y
2007.
El informe proyectaba para Argentina la posibilidad de que “se insista en la
criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por
profundizar el modelo extractivo”.
Eso es justamente lo que ha ocurrido en los primeros meses de este año.
Miembros de las asambleas socioambientales, que manifestaban o cortaban los
accesos a las minas de Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta, en la
provincia de Catamarca, y Amaicha del Valle, en Tucumán, sufrieron represión,
allanamientos y detenciones.
En enero de 2012 la Justicia de Catamarca aplicó la Ley Antiterrorista,
sancionada por Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011, para impedir
el bloqueo a los camiones de la minera La Alumbrera. “Nueve ambientalistas
detenidos el viernes en Santa María, Catamarca, fueron imputados bajo la Ley
Antiterrorista, sancionada en los últimos días de diciembre”, informó el diario
Perfil el pasado 20 de enero, citando las declaraciones de la abogada Selene
Herrera.
La dinámica que se vive en Argentina se repite en otros países de
Latinoamérica. “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del
sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad,
seguridad y derechos de las poblaciones nacionales”, sostiene el informe de
Ocmal. “La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos
neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
A lo largo de 180 páginas, el informe titulado Cuando tiemblan los derechos:
Extractivismo y criminalización en América Latina, analiza la situación en todos
los países de la región. En la página 137 se refiere a la situación en México:
“A lo largo del trabajo que realizamos en el Frente Opositor a la Minería de San
Luis, hemos constatado que se aplica la represión directa mediante la
utilización de la violencia física en sus diferentes formas contra los
movimientos y protestas sociales”, dice el informe.
“Hay varios casos de uso desproporcionado de la fuerza, secuestro exprés (la
policía detiene, tortura y libera sin poner a disposición de la autoridad),
abusos sexuales contra mujeres, uso de gases lacrimógenos, amenazas, vigilancia,
tortura, cateos ilegales, censura, restricciones para manifestarse, para
realizar asambleas, reuniones o marchas, discriminación. Todo esto con la
consecuente impunidad para quienes son responsables de cometer tales
abusos.”
Glaciares
El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en Argentina la Ley Nacional de
Protección de Glaciares, que establece restricciones a la actividad minera,
considerada como una de las principales causas de su deshielo. Cristina
Fernández de Kirchner había vetado en 2008 una ley similar. Tanto la oposición
como los ambientalistas acusaron al gobierno de dilatar la norma para favorecer
a la multinacional Barrick Gold, que lleva a cabo dos grandes emprendimientos en
Veladero y Pascua Lama (junto a Chile). La minera alegó que la ley perjudicaba
sus intereses. Consiguió seguir operando a través de medidas cautelares que
dejan su aplicación en suspenso.
“Esto pone de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar
controles estatales ni auditorías ambientales independientes”, escribió Clarín
en su edición del 7 de diciembre de 2010. El caso ha sido tomado por la Corte
Suprema de Justicia.
La crisis internacional ha hecho trepar los precios internacionales de
metales como el oro, la plata y el cobre. Pero las regalías que pagan las
mineras en Argentina ascienden sólo al 3%. Eso basta para que el gobierno
nacional y los provinciales apoyen la actividad.
“En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería y sin embargo ponen a
Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico”, dijo Cristina Kirchner
el 20 diciembre 2011, al asumir por seis meses, en Montevideo, la presidencia
del Mercosur. “Y yo les digo, pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha
sido el cobre, por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar
de este lado de la cordillera y tal vez en mayor medida porque la veta sigue
hasta el mar, no hay límites geográficos para la geología, no hay límites
políticos para la mineralogía.”
En enero pasado los pobladores de varias localidades aledañas al cerro
Famatina, en La Rioja, bloquearon su acceso durante 37 días. La canadiense
Osisko Mining Corporation planea instalar en Famatina una mina a cielo abierto
para extraer oro. La movilización popular forzó la detención del proyecto. El
conflicto evidenció una vez más la grieta que existe entre la voluntad de los
vecinos y los intereses de políticos y corporaciones.
El obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez, le pidió al gobierno de la
provincia que realice una consulta popular para que los ciudadanos tomen la
decisión sobre el modo de explotación de los minerales. Idéntica propuesta
deslizó la diputada nacional Victoria Donda, del Movimiento Libres del sur,
aunque esta vez dirigida al gobierno nacional: “¿Por qué no ordena un plebiscito
entre los pobladores de las provincias en las que se lleva a cabo la minería a
cielo abierto, para que ellos decidan si están de acuerdo o no con este tipo de
emprendimientos?”, planteó la diputada.
El gobierno de Neuquén ya sufrió en carne propia el resultado de la
democracia directa. Igualmente ha elevado una presentación ante el Tribunal
Superior de Justicia de la provincia, que apunta a demostrar que el municipio de
Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario.
En lo que sí se excedieron los pobladores de Loncopué fue en la celebración.
Tras conocerse el resultado del referéndum, se desató entre los vecinos una
verdadera fiesta.
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