Partido dividido, candidato atribulado
El mexiquense Enrique Peña Nieto llegó al segundo debate presidencial
atribulado por los problemas que han erosionado su campaña en las últimas
semanas. Su popularidad se ha visto afectada no sólo por la oleada juvenil del
movimiento #Yo Soy132, sino por los problemas que envuelven a su propio partido
por los presuntos vínculos de dos exgobernadores con el narcotráfico. Y aun
cuando la cúpula priista acordó mantener unido al partido, algunos personajes de
su entorno le están resultando muy incómodos.
El candidato del PRI-PVEM Enrique Peña Nieto, que el 6 de mayo último tenía
una holgada ventaja de 20 puntos sobre su más cercana competidora, la panista
Josefina Vázquez Mota, cuando asistió al primer debate presidencial, llega
desfondado al segundo encuentro de este domingo 10.
En sólo cinco semanas los integrantes del movimiento #YoSoy132 y las
acusaciones contra varios exgobernadores de su partido, el PRI, por presuntos
vínculos con el narcotráfico, le han restado popularidad. Su caída generó
desavenencias al interior del priismo, cuya dirigencia llegó incluso a proponer
un “cambio de candidato”, comentan a Proceso varios militantes que piden ocultar
su identidad.
Al final, dicen, el PRI recapacitó y sus líderes optaron por la “unidad” y
por dar más juego en la campaña del mexiquense a personajes que se habían
mantenido al margen.
Peña Nieto trae a cuestas las averiguaciones previas abiertas por la
Procuraduría General de la República (PGR) contra los exmandatarios de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores. El PRI y el
equipo de campaña temen una nueva embestida contra otros exgobernadores, como el
coahuilense Humberto Moreira.
“Si el gobierno hace nuevos señalamientos contra él o algún exgobernador del
centro del país o se amplían las acusaciones contra Moreira, el PRI simplemente
pierde la elección”, dice uno de los militantes consultados.
A la cúpula priista le preocupa no sólo el rostro alicaído del candidato,
sino la participación activa en su equipo de campaña y en los órganos del
partido de excolaboradores de Yarrington, como Baltazar Hinojosa, quien es el
coordinador de campaña en la primera circunscripción; Mercedes del Carmen
Guillén Vicente, quien fue secretaria general de Gobierno en Tamaulipas durante
la gestión de Yarrington y hoy se desempeña como coordinadora de campaña de la
tercera circunscripción.
Otro personaje incómodo es Homero Díaz Rodríguez, representante del gobierno
de Yarrington en el Distrito Federal entre 1999 y 2000, y luego secretario
general de Gobierno, cargo en el que se mantuvo hasta 2001. Actualmente preside
la Comisión de Justicia, la misma instancia que “suspendió en sus derechos de
militante” a Yarrington por instrucciones del presidente nacional del partido,
Pedro Joaquín Coldwell.
Una reunión singular
El 25 de mayo último, Enrique Peña Nieto se reunió con el Consejo Político
Nacional priista y aprovechó el foro para enviar un mensaje que causó escozor
entre los militantes de viejo cuño, sobre todo porque son los que lo
encumbraron:
“El PRI tiene que asumir el papel que le corresponde. No inspirado en la
nostalgia del ayer, sino en los retos del presente para ganar el futuro. Hoy los
mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas
formas”, expuso el candidato.
Y agregó: “En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción ni el
encubrimiento, mucho menos la impunidad”. Algunos le aplaudieron.
Durante el discurso del candidato se mostraba incómodo el senador Manlio
Fabio Beltrones Rivera, el único contendiente de Peña Nieto en la selección
interna. Al concluir el evento, el orador se acercó al legislador, lo tomó del
brazo y le habló al oído.
El senador le llamó la atención a Peña Nieto por su deslinde con el viejo
priismo, asegura uno de los priistas consultados; otro dice que Beltrones
simplemente le agradeció las alusiones a él, un tercero menciona que el
mexiquense tuvo un encuentro posterior con Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell,
en el cual culpó a varios priistas por su descenso en las encuestas y reclamó
falta de apoyo para contrarrestar la embestida juvenil en su contra.
Según las fuentes consultadas, Beltrones le comentó que sólo él, como
candidato, era el responsable de su caída. Coldwell no sólo lo respaldó sino que
comentó: “Es difícil trabajar en coordinación con (Miguel Ángel) Osorio y (Luis)
Videgaray. Por ejemplo –dijo–, yo no manejo el dinero del partido, no coordino a
los delegados, así es muy difícil operar…”.
El senador sonorense, afirman los entrevistados, también le recordó a Peña
Nieto que él fue quien decidió que Humberto Moreira fuera el presidente del
partido y el coahuilense llevó a varios personajes que hoy son investigados por
la PGR.
“Le hiciste caso a la maestra (Elba Esther Gordillo) y ahí las
consecuencias”, dijo Beltrones, según la versión de un priista.
Consultado al respecto por Proceso, el senador lo niega.
En ese intercambio de reclamos entre Peña Nieto, Beltrones y Coldwell, éste
planteó varios escenarios, entre ellos la posibilidad de que el gobierno federal
insista en implicar a Moreira por la megadeuda que dejó en Coahuila y que acuse
a otro exgobernador priista del centro del país de tener presuntos nexos con el
narcotráfico.
Si esto acentúa la caída del candidato, si esto revienta, expuso el
presidente priista, según uno de los consultados, “tendríamos que hablar de un
cambio de candidato”. Dice que Peña Nieto lo atajó, molesto: “Ya no hay tiempo”,
y propuso a sus correligionarios “trabajar todos juntos”.
Después del ríspido encuentro, Beltrones apareció al lado de Peña Nieto en un
evento de la Fundación Colosio sobre “El futuro político de México”; incluso fue
el encargado de leer las conclusiones del apartado “Gobernabilidad y
democracia”. Desde entonces, al presidente del partido también se le ha visto
más activo en la campaña presidencial.
Los yerros del candidato
Antes de llegar a la gubernatura en su natal Coahuila, Humberto Moreira fue
profesor normalista y se le identificó políticamente con Elba Esther Gordillo.
Poco antes de terminar su administración, pidió licencia para postularse como
candidato a la presidencia del PRI y ganó. El 4 de marzo de 2011 tomó protesta,
pero las revelaciones sobre la deuda de 35 mil millones de pesos que heredó a su
estado y el enriquecimiento de algunos de sus colaboradores terminaron por minar
la confianza y afectos que el candidato le mostraba.
En noviembre pasado, en vísperas del inicio de las campañas, Moreira
renunció. Su lugar fue ocupado por Pedro Joaquín Coldwell. No obstante, se
quedaron con Peña Nieto varios personajes incómodos, incluidos seis
exgobernadores.
Uno de ellos, el tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, fungió un tiempo como
coordinador de la campaña de Peña Nieto en los estados de Chiapas, Tabasco,
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El chihuahuense Enrique Martínez y Martínez
estuvo como secretario regional del CEN del PRI en Baja California y Baja
California Sur, Chihuahua y Sinaloa.
Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango, fue responsable de su
campaña en la circunscripción que comprende Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes y Guanajuato; Fidel Herrera, que dejó el gobierno de Veracruz,
quedó a cargo de la logística en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila;
René Juárez Cisneros, quien terminó su gestión en Guerrero en marzo de 2005, se
desempeñó como responsable de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala,
Distrito Federal y Morelos; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa, hizo lo propio en
Veracruz, Puebla y Oaxaca, lo mismo que José Reyes Baeza en Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán y Guerrero.
Tras asumir la dirigencia nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell removió,
el 19 de enero de 2012, a los seis exgobernadores. Lo que no pudo revertir fue
la decisión de Peña Nieto, tomada una semana antes, de mantener a su lado a
Baltazar Hinojosa, María del Carmen Guillén Vicente y Homero Díaz Rodríguez,
todos ellos cercanos al exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Hinojosa quedó como coordinador de campaña en la primera circunscripción. Al
principio de la administración de Yarrington, Hinojosa se desempeñó como titular
de Desarrollo Social, de Educación y a partir de 2003 fue diputado federal,
cargo que dejó en 2004 para irse de presidente municipal a Matamoros.
Guillén Vicente, quien fue secretaria general de Gobierno de Yarrington en
2003, es hoy la encargada de la campaña de Peña Nieto en la tercera
circunscripción.
Díaz Rodríguez, a quien la Drug Enforcement Administration (DEA) y la PGR
acusan de tener vínculos con el crimen organizado, llegó a la presidencia de la
Comisión de Justicia del PRI en octubre de 2011, cuando Moreira era el
presidente del partido.
Fue Díaz quien el pasado 23 de mayo recibió la instrucción de Joaquín
Coldwell para que le suspendiera sus derechos como militante del partido a su
exjefe Tomás Yarrington. Ese mismo día, el diario Reforma publicó una nota en la
que mencionaba que la DEA lo señalaba como presunto lavador del crimen
organizado.
El 1 de febrero anterior, el mismo diario informó que la PGR investigaba a
Díaz y al exgobernador Eugenio Hernández Flores por sus implicaciones en delitos
contra la salud, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-DCS/012/2009.
Días después, el 10 de febrero, Peña Nieto manifestó su respaldo a Yarrington
y se dijo sorprendido de que en tiempo electoral se hicieran señalamientos en
contra del exmandatario tamaulipeco. Tres meses más tarde, cuando se conoció la
investigación de la DEA, Joaquín Coldwell ordenó a Díaz que se le retiraran a
Yarrington sus derechos como militante del PRI.
Tensiones
El 26 de mayo, el PRI emitió un comunicado en el cual informaba que la
comisión que encabeza Homero Díaz “acordó de conformidad y ordenó darle trámite
estatutario (a la solicitud de Joaquín Coldwell), por lo que Tomás Jesús
Yarrington Ruvalcaba quedó suspendido en sus derechos de militante en tanto se
determina por los tribunales su situación legal”.
El proceso fue manejado con total hermetismo y con una celeridad inusual.
Este semanario solicitó el número de expediente del caso pero le fue negado. El
secretario de acuerdos, Juan Carlos Camacho, arguyó que durante dos días el
documento estuvo colocado en estrados, pero lo cierto es que nadie lo vio; luego
adujo que “internet no servía”.
La reportera insistió. Le preguntó también si existía algún procedimiento
contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores, quien está implicado en la
misma averiguación previa. Camacho dijo que no sabía nada.
Y el caso de Hernández Flores se complicó. A finales de mayo comenzó a
difundirse en YouTube un video en el que se observa a Pedro Argüelles Ramírez,
director general de Gobierno en la administración de Hernández Flores y
funcionario en el gobierno de Egidio Torre Cantú.
En el video, Argüelles, quien desapareció hace cuatro meses, clama ayuda a
Hernández Flores y vincula a funcionarios del actual gobierno de Tamaulipas de
tener vínculos con el crimen organizado:
“Soy Pedro Argüelles Ramírez y pertenezco al PRI. Le pido a Eugenio
Hernández, Egidio Torre, Ramón Ochoa, Morelos Canseco… las (únicas) personas que
me pueden ayudar a salir de este problema. Eugenio, tú bien sabes que yo me
relacioné con la delincuencia organizada por ti y por mi partido, ya que
queríamos un estado tranquilo, que no tuviera tanta violencia, y así tus
propósitos políticos fueran beneficiados…
“Ramón Ochoa, Morelos Canseco, ustedes también fueron beneficiados. ¡Ayúdenme
por favor! ¡Ayúdenme por mis hijos! Ya no quiero estar aquí.”
Hasta el cierre de edición, Homero Díaz no se había pronunciado sobre el caso
de Hernández Flores. La dirigencia del PRI tampoco define si este dirigente
continuará al frente de la Comisión de Justicia.
Díaz es uno de los notarios públicos favoritos de Peña Nieto. El 19 y 30 de
abril fue él quien dio fe de los “compromisos” firmados por el mexiquense para
crear el Instituto Nacional del Emprendedor y llevar computadoras a los niños de
primaria; también certificó la residencia de Beatriz Paredes Rangel en el
Distrito Federal.
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